Referencia Juridica

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Armamento destinado a Corea del Norte suministrado por el Gobierno de Cuba. Consejo de Seguridad ONU.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio a conocer el Informe Público con la conclusión que el suministro de armas, la transacción contractada con la simulación de un cargamento de azúcar que resguardaba la carga  fundamental del embarque como piso y tapa para evitar ser detectada, concluye en una  grave violación de lo dispuesto por se Órgano de ONU. El informe se hizo público el viernes y las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el particular.

 

Una introducción necesaria:

El General Kim Kyok Sik, Jefe del Ejército de la República   Popular de Corea del Norte visito Cuba antes de iniciarse el conflicto del suministro ilegal del armamento,  evidentemente el motivo de la visita se fundamentaba en el precitado suministro, fue recibido el 1ro. de julio del 2013  por el General de Ejército Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, el General  de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el General  de Cuerpo de Ejército Álvaro  López Miera, Viceministro Primero-Jefe del Estado Mayor,  el encargado de atender al visitante fue el General de División Pedro Mendiondo, Jefe de Dirección de Fuerza Aérea y  Defensa Anti-Aérea del MINFAR.  El 8 de agosto del 2013,  días después de la visita el General coreano, el General Mendiondo falleció como consecuencia de un accidente de tránsito, sin que se informara detalles de las investigaciones practicadas.

 

Al conocerse públicamente que la operación de suministro de armas había sido abordado por las autoridades del Canal de Panamá, abriendo un proceso investigativo, solicitando ayuda de  expertos de la  ONU, el General-Jefe del Ejercito de Corea del Norte, que había visitado Cuba y que se presume  concertó el pacto,  desapareció de los medios,  en un primer momento se comento por la prensa internacional  que había sido fusilado por orden presidencial, al igual que otros altos jefes y oficiales,  diplomáticos y efectivos del gobierno, extremo que fue ratificado al conocerse que el precitado General Kim había sido sustituido por dos Generales “de cuatro estrellas”. Posteriormente el gobierno de Corea del Norte  llamo en consulta a su embajador extraordinario y plenipotenciario en La Habana Sr. Jon Yong-Jin,  tío político (esposo de Kim Kyong Hui, tía del Presidente  Kim Jong-un)  días después se conoció que  también había sido fusilado en unión de otros familiares allegados y asesores, de forma tal que todos los implicados en el acuerdo bilateral de suministro de armamentos fueron ejecutados por determinación sumaria del Presidente de la República.  El embajador coreano en Malasia fue ejecutado de la misma forma.  Todos estos elementos prueban la responsabilidad de la parte coreana en los hechos. Estas acciones se consideran una grave violación de los Derechos Humanos y Democracia  en el país.

 

Los ejecutivos y la tripulación del barco  Chong Chon Gang, integrada por 35 personas,  en un  principio hicieron resistencia al abordaje,  fueron detenidos y sujetos a un proceso penal, el Capitán del Buque trato se suicidarse, otras acciones llamaron  poderosamente la atención, posteriormente la Administración de la Zona del Canal de Panamá impuso una multa de $1millonUSD que abono el gobierno coreano,  aun cuando la situación económica coreana es menos que deprimente, el barco zarpo rumbo a La Habana para el desembarco de las 10mil toneladas de  azúcar, el armamento quedo como pieza de prueba en el proceso seguido por el Consejo de Seguridad de ONU. Más de 45 barcos coreados o arrendados por el gobierno son objeto de rastreo y control de actividades ilegales, entre ellas las que violan las Resoluciones del Consejo de Seguridad con respecto a armas y al desarrollo del programa nuclear de Pyonyang.

 

El Presidente de Panamá no viajo a La Habana para participar en el Segunda Cumbre de CELAC como protesta a las acciones del gobierno de Cuba que lo vincula al terrorismo.  Martinelli tuvo un papel destacado en el inicio  de las  investigaciones,  dio espacio personalmente  a los medios informativos nacionales e internacionales, tuvo acceso a la carga, declaro que es inaceptable que hechos como este sucedan en el espacio del corredor interoceánico, que  es evidente el irrespeto a las leyes panameñas, un país que ama la paz y rechaza la guerra. En el referido evento regional no se hizo pronunciamiento alguno sobre el incidente. Los gobiernos de Panamá y Corea del Norte no han tenido vínculos diplomáticos.

 

El informe supone que el gobierno de la República Popular de Corea pudo haber violado el embargo  otras dos veces en el 2012 hasta la fecha,  la información referente al Informe secreto no hace referencia a recomendaciones de sanciones a las partes involucradas. El hecho en cuestión viola el embargo decretado por ONU, probando que  las 240 toneladas de armamento interceptado poseían una  calidad técnica máxima, con mantenimiento adecuado reciente, las insignias de los dos aviones les habían sido borradas con pintura especial,  una cantidad considerable de piezas de repuesto y otros medios de aseguramiento técnico-militar, existe la posibilidad del suministro cubano de un radar de misiles SA-2 tierra-aire no se hace referencia a la presencia de militares  cubanos o coreanos en misión de custodiar la preciosa y conflictiva carga.

 

El gobierno de Cuba  que inicialmente dio muestras de estar colaborando con las investigaciones, entre ellas las visitas de funcionarios ONU al país para entrevistarse con altos jefes y oficiales del ejército,  rechazo de plano  la denuncia, alegando acuerdos de las partes para la  reparación y mantenimiento del armamento que posteriormente  seria reintegrado a la Isla,  y que el azúcar encontrada responde al pago o compensación por los servicios pactados, no ha hecho pública su declaración sobre el precitado informe, pero medios informativos internacionales dieron a conocer la negativa de identificar a los Jefes y Oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias responsables de autorizar y ejecutar   la orden del suministro de armas a la República Popular de Corea.  Acciones de este tipo involucra al Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno en funciones de Comandante en Jefe, al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Viceministro Primero-Jefe del Estado Mayor y Jefes de Direcciones de ese Ministerio. En Cuba no hay antecedentes de acciones extrajudiciales contra militares, aun cuando prende el proceso seguido  en la Causa No. 1-89 contra el General de División Arnaldo Ochoa y otros Jefes y Oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior vinculados a la Droga.

 

La determinación del suministro de armas indiscutiblemente fue un  grave error, aun cuando el armamento estaba enmascarado  con sacos de azúcar, atendiendo al antecedente de la década del 60 cuando  el Sistema Satelital de Defensa de Estados Unidos detecto las ojivas nucleares suministradas por la Unión Soviética, posteriormente a este hecho con la puesta en marcha del Centro de Escucha Lourdes del Ministerio de Defensa  de la Unión Soviética, hasta mediados de la década de los 90, se incremento el rastreo satelital, era de esperar que el ejercicio de traslado  desde el lugar de almacenamiento y estiba

de las piezas del armamento fueran detectados,  desde hace días había evidencias de inteligencia sobre  acciones ilegales referente a que el Jefe del Ejercito coreano visitaría Cuba  para tratar temas vinculados con  el suministro de armamento, se dice que las autoridades estadounidense tenían conocimiento que el barco sería detenido dentro del Canal, Patrick Ventrell, vocero del Departamento de Estado comento que el barco tenia historial vinculado al tráfico de drogas, elemento con el cual se justificó la acción de detención. El Secretario de Estado ha hecho público  que sustentara una sanción apropiada por la violación que prueba el  Informe, no relacionando el asunto a un tema bilateral Estados Unidos – Cuba, sin hacer pronunciamientos al documento que  por más de veinte años vincula al gobierno de  Cuba al Terrorismo de Estado y que este rechaza y denuncia su improcedencia por falta de elementos probatorios.

 

La Sra. Ileana Ross-Lehtinen, republicana por Florida, expreso lo grave y preocupante de la acción, así  como el Sr. Mauricio Claver Carone insto a la administración Obama a tomar medidas drásticas contra el  gobierno cubano. Otras voces republicanas reclaman un papel preponderante en el proceso, teniendo en cuenta las pruebas obtenidas y el seguimiento de la ilegalidad.

 

Consideraciones finales:

El gobierno de Cuba tendrá que someterse a la sanción que impondrá el Comité del Consejo de Seguridad de ONU. Si no estaba actuando de mala fe, debió haber tramitado una licencia del precitado Comité para el traslado del armamento, a toda luz ha quedado probado que se ha violado las Resoluciones del Consejo de Seguridad.

 

El  Secretario General en el marco de la Cumbre de CELAC dio muestras de apoyo y estimulo  los planes de cambios implementados por el gobierno de Raúl Castro, este fundamento debe pesar en el balance de las sanciones las que  no deben corresponderse con el tema económico, en momentos en que se inicia el proceso de puesta en marcha de la Zona Especial  de Desarrollo Mariel y la promulgación de la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras, extremo reconocido como principal eslabón  de desarrollo del país. Esta probado además que la población civil ha enfrentado por más de cincuenta años un recio embargo comercial por parte del gobierno de Estados Unidos, afectando no solo en lo político, además en la económico y en lo social. El gobierno cubano no ha tenido reparo ante estas afectaciones para importar la ideología revolucionaria-marxista, derivado de esto en lo material que endurece aun más la agonía de la población.

 

 Este hecho viene a marcar negativamente el fin del último periodo presidencial del General-Presidente y la transmisión de una grave violación del derecho internacional al Primer Vicepresidente Díaz Canell, el que se supone asuma un gobierno de transición a la democracia, salvo que en el camino surjan otras alternativas de gobierno que responda a la actual Presidencia.

 

Llama la atención  que los principales países vinculados al CELAC han confrontado problemas internos, Cuba el caso que nos ocupa, Venezuela un total desbalance en asuntos internos con fragantes violaciones de democracia y derechos ciudadanos por parte del gobierno, Argentina y Ecuador confrontan serios problemas con los resultados electorales que ponen en suspenso la continuidad de sus proyectos de gobiernos de izquierda. Costa Rica y Nicaragua inician otro conflicto por temas fronterizos, Bolivia con sus problemas derivados de la llamada plurinacional y serias afectaciones sociales. Colombia con graves problemas heredados de gobiernos anteriores pero que se hacen presente con fuerza a punto extremo de lograr capacidad electoral, pueden verse afectado las actuales conversaciones en la capital cubana entre el  gobierno y la insurgencia.etc. La Organización de Estados Americanos debe establecerse con fuerza, por derecho propio, en el monitoreo de estas cuestiones internas pero que afectan la estabilidad regional. 

 

Ver: http://referenciajuridica.wordpress.com

Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento al terrorismo:

Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013,  De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.

Decreto No. 322, de 30 de diciembre del 2013, De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura.

Decreto-Ley No. 316, de 7 de diciembre del 2013, Modificativo del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, contra actos de terrorismo.

Resolución No, 1-2014, de 17 de enero del 2014, del Ministro del Interior, Establece la participación y responsabilidad del Ministerio del Interior en lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317.  

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es

dr.renelazaro@gmail.com  y http://referenciajuridica.wordpress.com

14.03-2014

Sancionado exasesor del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por delito de espionaje

Dr. René López Benítez

 

Miguel Álvarez Sánchez , exasesor del Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, ex presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue procesado y sancionado a treinta años de privación de libertad  por el Tribunal Provincial Popular de La Habana por delito de espionaje, la Dra. Mercedes Arce-Rodríguez, esposa de Álvarez Sánchez, fue sancionada a quince anos de prisión, por la misma causal, prevista por la Ley No. 62, Código Penal. Habían sido detenidos el 3 de marzo del 2012 y el juicio se efectuó en diciembre del 2013.

 

La sentencia dictada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana cobro firmeza, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo Popular, la misma es documento clasificado,  la Secretaria de la Sala solo notifica a las partes,  la certificación de la precitada sentencia, contentiva de datos generales del procesado, el delito por el cual ha sido procesado, el abogado que lo represento y la sanción impuesta, así como el término para recurrir por inconformidad,  de no recurrirla consta la fecha  de firmeza,  cabe procedimiento de revisión que se interpone ante el Ministro de Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo Popular y el Fiscal General de la República, el que puede ser interpuesto tantas veces sea del interés justificado de los sancionados y cualquier ciudadano o institución de origen cubano.

 

De lo anterior se  desconoce  en detalles el pronunciamiento de la Fiscalía en correspondencia con las conclusiones provisionales y los delitos imputados,  los pronunciamientos de la defensa, la identidad y pronunciamientos de los testigos de las partes, de la defensa y de la fiscalía, las conclusiones de la Dirección de Investigaciones Criminales y de la Seguridad del Estado, los delitos que resultaron probados, si hay otras personas procesadas y sancionadas, se desconoce además la participación externa o interna de extranjeros o miembros del cuerpo diplomático acreditado  en el país, el hecho de no publicarse esta información es para mantener en secreto los extremos del proceso a fin que no sean del conocimiento de instituciones extranjeras  de seguridad, todos estos elementos en virtud de lo que dispone la vigente Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal y en especial la Instrucción No.211, de 15 de junio del 2011, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo en lo referente a la Metodología para la realización del juicio oral en el procedimiento ordinario, con aplicación supletoria para el resto de los procedimientos especiales previstos en la Ley.

 

El historial de los sancionados,  proceden del Servicio Exterior y de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, posteriormente a la Asamblea Nacional del Poder Popular ocupándose de temas claves de la política interna y externa, en especial del diferendo Cuba-Estados Unidos,  las acciones para la liberación de los cinco cubanos en prisiones de Estados Unidos por delitos de espionaje,  además como catedráticos de Centros de Estudios e Investigaciones adscritos a la Universidad de La Habana, con vínculos académicos en el exterior, por lo que eran protegidos por su entera confianza,

 

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba                                   acordó libertar al Dr. Ricardo Alarcón de Quesada de la condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y por tanto del Buro Político, del mismo modo no apareció  en  la Candidatura a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su VIII Legislatura que tomo posesión el        de diciembre del 2013,  aun cuando ocupaba el cargo de Presidente del Legislativo. No ha aparecido en los medios de la prensa nacional e internacional pronunciándose sobre la batalla del gobierno cubano por el regreso de los cinco cubanos que cumplen sanciones en Estados Unidos por la comisión de delitos de espionaje y otros conexos, por lo que se desconoce si ha sido cesado en esas funciones. De hecho tuvo que haber prestado declaración en el proceso de investigación, instrucción y procesamiento contra el matrimonio Miguel Alvarez-Mercedes Arce.

 

No ha habido pronunciamientos sobre el particular por parte de la Sociedad Civil Independiente, y en especial en los informes mensuales que emiten los Srs.  Roberto de Jesús Guerra, Director del Centro de Prensa Hablemos Press y Elizardo Sánchez Santa-Cruz, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, instituciones ilegales, con un amplio  monitoreo al tema Derechos Humanos y Democracia.

 

 

La prensa nacional no  ha informado sobre el particular, aun cuando en los últimos meses el Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha hecho un llamado a los órganos de prensa nacional de la necesidad de mantener informada a la población de todos los temas de interés.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es y dr.renelazaro@gmail.com  también http://referenciajuridica.wordpress.com

03-03-2014

 

Recapitulación sobre la Libertad Condicional

Dr. René López Benítez

 

La Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987,  dispone en su Titulo VII, La Libertad Condicional, extremo que fue modificado por la Ley No. 87-99 y el Decreto-Ley No. 175-97 a su vez, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en virtud de lo que establece la Ley No, 82, Ley de los Tribunales Populares y su Reglamento, ha dispuesto las siguientes Instrucciones como complementaria de la Ley.

Instrucción No, 125, de 1ro. de noviembre de1988, Otorgamiento y reincidencia.

Instrucción No, 137, de 1ro. de noviembre de 1990, Otorgamiento.

Instrucción No. 156, de 30 de abril de 1997, Ejecución y control.

Instrucción No. 162, de 12 de octubre del 2000. Promoción por el Ministro de Justicia.

Instrucciones No. 163 (bis) de 24 de abril del 2002, Ejecución, Control del Juez de Ejecución.

Instrucción No. 170, de 11 de diciembre del 2002, Drogas.

Instrucción No. 175, de 21 de julio del 2004, Otorgamiento.

Dictamen No. 106, Acuerdo No. 327, de 5 de agosto del 1980, Otorgamiento, requisitos.

Dictamen No.225, Acuerdo No. 71, de 14 de mayo de 1985, Tramitación, Tribunal competente en caso de ciudadanos extranjeros.

Dictamen No. 243, Acuerdo No. 31 de 11 de marzo de 1986, Términos bonos de rebaja.

Dictamen No. 293, Acuerdo No. 90, de 29 de agosto de 1988, Otorgamiento, Menores de 20 años de edad,  Reincidencia y Multireincidencia. Requisitos.

Dictamen No. 316,  Acuerdo No. 6, de 19 de febrero de 1991, Informe de conducta. Contenido y parecer del Fiscal.

Dictamen No. 409, Acuerdo No. 168, de 6 de septiembre del 2001, Términos, bonos de rebaja.

Dictamen No. 410, Acuerdo No. 169, de 6 de septiembre del 2001, Otorgamiento y Reincidencia.

Acuerdo No. 204, de 24 de mayo de 1980, Promoción.

Acuerdo No. 166, de 30 de diciembre de 1986, Aplicación del Dictamen No. 160 de 1980.

Acuerdo No. 61, de 30 de junio de 1987, Ejecución, Control.

Acuerdo No. 92, de 30 de septiembre de 1987, Impugnabilidad.

Acuerdo No. 52, de 26 octubre de 1992, Tramitación, otorgamiento.

Circular No. 245, de 9 de marzo de 2009, Nuevo Reglamento Penitenciario. No está publicado en la Gaceta Oficial de la República.

 

DEL PROCEDIMIENTO:

El Tribunal, a propuesta de la institución subordinada a la  Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior puede disponer   la libertad condicional del sancionado, oído el parecer y dictamen del Ministerio Fiscal, apreciando sus características personales, su comportamiento durante el cumplimiento de la sanción y otros elementos que prueben haberse enmendado, considerando bastante y suficiente que se ha logrado los fundamentos de la sanción, siempre que se haya extinguido uno de los términos siguientes:

La tercera parte de la sanción impuesta, cuando se trate de un ciudadano que no haya arribado a los 20 años de edad a cumplir la sanción.

La mitad del término de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados primarios.

Las dos terceras partes  de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados reincidentes o multirreincidentes.

 

Cumpliendo  los términos según el caso. si la solicitud promovida por la representación letrada del sancionado o por la institución penitenciaria es denegada, esta puede ser interpuesta sin límite de promociones. No cabe otro recurso ni por la vía administrativa ni por la judicial.

 

El Ministro de Justicia, oyendo el criterio y  el parecer del Ministro del Interior puede proponer a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular  otorgar la libertad condicional del sancionado, sin que se cumplan los requisitos procesales de términos, la propuesta inicial se traslada al Ministerio Fiscal para conocer su criterio y consideraciones.

 

Para los casos de ciudadanos extranjeros sancionados por tribunales cubanos, por la comisión de cualquier delito, procede el mismo procedimiento,  pudiendo aplicar  lo convenido bilateralmente concertado por ambos gobiernos para el cumplimiento de sanciones, en  el supuesto que no exista convenio, se puede aplicar lo que establece la Instrucción Especial No. 9 de fecha 11 de noviembre del 2009, referido al procedimiento  a seguir a los extranjeros sancionados no residentes en Cuba, a los que se otorga los beneficios de excarcelación anticipada y que se encuentren imposibilitados de cumplir con el termino de la sanción, se le puede autorizar de manera excepcional la salida del territorio nacional, bajo las condiciones que resulten pertinentes,   adoptada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,  no publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  En los últimos meses se ha dispuesto la deportación de ciudadanos extranjeros radicados en Cuba vinculados a las inversiones extranjeras, sin cumplir el termino establecido,  el grueso de extranjeros que cumplen sanciones en el país se derivan de delitos vinculados a corrupción y otros delitos conexos  en las inversión extranjera, la  droga, trafico de persona, prostitución, en especial atentar contra el normal desarrollo del menor y otros.

 

En la actualidad, teniendo en cuenta elementos de derechos de sancionados en el cumplimiento de las sentencias y en especial para los beneficios de la libertad condicional, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dicto la Instrucción No. 201, de fecha 19 de octubre del 2012, referente a Procedimientos de Control de sentencias firmes en lo penal, beneficios de Libertad Condicional, Suspensión de trabajo correccional con internamiento y Licencia Extra-Penal,  en todo caso viene a establecer reglas que estimulan en lo posible la adopción de un cambio de medida de seguridad, sin llegar a una despenalización.

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Contraloría General de la República, Estrategia 2014, para la erradicación de graves violaciones detectadas

 

Dr. René López Benítez/ Referencia Jurídica.

 

LA HABANA.- La Contraloría General de la República -Vicepresidenta del Consejo de Estado y Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba-  ha dispuesto mediante su Resolución No. 512 de 30 de diciembre del 2013,  publicada el 22 de enero del 2014, vigente a los quince (15) días siguientes al de su publicación en la Gaceta Oficial de la República,  edición extraordinaria No, 7, “Sobre la identificación y cuantificación de los daños y perjuicios económicos causados al patrimonio público” como resultado de las acciones de auditorías, supervisión y control que ejecuten los Auditores del Sistema Nacional de Auditoria subordinado a la Contraloría General de la República.

La Contralora en su resuelta determinación de eliminar los actos de corrupción que de forma descontrolada viene proliferando en todas las actividades de la vida económica, política y social, donde impera el descontrol, la apropiación indebida, el desvío y comercialización de los recursos obligados a ser resguardados por funcionarios y empleados, los que en marcada acción delictiva se involucran en hechos punitivos, con la justificación de las necesidades y carencias de productos de primera necesidad, atentando sustancialmente contra la población.

La nueva regulación aprobada como Estrategia-2014, viene a instrumentar elementos de prueba en los procesos en fase de investigación que ejecutan los Órganos de Instrucción Económico-Penal, la Fiscalía y los Tribunales en su acción de impartir justicia, teniendo en cuenta las acciones delictivas conexas a la corrupción para evadir el encausamiento penal, entre ellas, falsificación de documentos privados,   públicos, bancarios y de comercio, omisión de información, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, incumplimiento de preservar los bienes patrimoniales, de seguridad e integridad de la entidad, uso indebido de recursos financieros, abuso en el ejercicio del cargo,  y otros previstos y sancionados por la Ley No. 62, Código Penal vigente.

La Sra. Gladys Bejerano ha modificado su lenguaje agresivo, resuelta a erradicar las infracciones con sanciones ejemplarizantes a los infractores, su actual política es de prevenir y pide la colaboración especial de los periodistas en la lucha contra el flagelo de la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, sin llegar a la noticia sensacionalista, pero sin renunciar a la verdad y profundidad en la política del partido, del Estado y del gobierno.

En la programación de la radio y televisión nacional-oficialista se presentan programas con severas críticas por parte de la población afectada a procedimientos de sistemas administrativos, al comercio, ejecución de normativas y sistemas de salud, educación, la cultura y procedimientos y servicios jurídicos. No hay resultado a esas críticas, igual camino recorre el deficiente sistema de Atención a la Población, por no estar sustentado en procedimientos sólidos  como una Ley,  tantas veces anunciada y justificada por el propio gobierno y hasta por el legislativo.

El Informe definitivo del Control Interno Nacional-2013 que conllevó la auditoria y supervisión a cientos de entidades estatales, gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, ministerial y empresarial, las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias recientemente constituidas, entidades del sector de la inversión extranjera con capital cubano, no ha sido publicado, aunque del mismo  se derivan cientos de procesos en fase preparatoria de dictar las conclusiones provisionales del Fiscal, al amparo de lo que establece la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, para enjuiciar a los responsables, de los que se derivan largas cadenas de responsables y delincuentes reincidentes.  Son hechos que se convierten en reiterativos.

El General de Ejército Raúl Castro, en su discurso ha denominado  el hecho de corrupción y los delitos conexos como actos de contrarrevolución, extremo que se divulga como principal flagelo que atenta contra la sociedad y los derechos ciudadanos.

Los Órganos del Partido Comunista de Cuba, las estructuras de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior e instituciones puntuales no son controladas por la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía General, por lo que gozan de total estado de impunidad, generando un estado de opinión desfavorable con el nivel de vida de sus dirigentes, funcionarios y miembros de estos órganos.

El flagelo de la corrupción, que hasta la década del 90 en Cuba se podía apreciar como acciones que jamás serían permitidas por un sistema socialista con rígidos sistemas de control y acción, llegó, y lejos de resultar erradicado prolifera bajo la mirada serena y firme de los revolucionarios que continúan repitiendo que Cuba es un bastión inexpugnable del Socialismo.

Anexo: ESTRATEGIA-2014, detalles de la identificación y cuantía de los daños y perjuicios causados al Patrimonio Público.

Daños y perjuicios al Presupuesto del Estado:

A) Ingresos:

A.1)  Incumplimiento del Plan de aportes en la cuantía y fecha establecida.

A.2) Incumplimiento en las obligaciones tributarias en la cuantía y fecha establecida.

A.3) Errores y omisiones en la determinación y pago del impuesto sobre utilidades.

A.4) Multas canceladas y devueltas por la Oficina de Control y Cobro de Multas por incorrecto llenado de la matriz por parte de la imposición.

A.5) Devoluciones indebidas de ingresos al Presupuesto del Estado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria del territorio.

A.6) Ingresos operacionales acreditados por el Banco y no aportados al Presupuesto del Estado por la Unidad Presupuestada

A.7) No ingresar al Presupuesto del Estado los salarios no reclamados por los trabajadores transcurrido 180 días después del pago.

B.) Gastos:

B.1) Pago de salarios indebidos.

B.2) Pagos derivados de operaciones fraudulentas.

B.3) Pagos de bienes y salarios en exceso.

B.4) Consumo material no previsto en el presupuesto.

B.5) Servicios recibidos no planificados.

B.6) Gastos por multas, en recargos y sanciones.

B.7) Realización de actividades y eventos en recursos asignados para otros destinos.

B.8) Gastos del año anterior contabilizados en el año corriente.

B.9) Gastos por faltantes y pérdidas en el año.

B.10) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

B.11) Gastos pagados por concepto de estadías.

B.12) Uso indebido del combustible.

B.13) Exceso de consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

B.14) Exceso de gastos en otras partidas directivas del presupuesto.

B.15) Gastos asumidos por servicios prestados a terceros.

B.16) Gastos financieros indebidos en relación con el presupuesto aprobado.

B.17) Gastos no contemplados en fichas de costos.

B.18) Gastos en exceso por inversiones ejecutadas con medios propios.

B.19) Uso indebido de la reserva del presupuesto provincial.

B.20) Uso indebido de transferencias de destino específico.

b.21) Compras de activos fijos, tangibles o intangibles sin respaldo financiero.

B.22) Transferencia de destino específico asignados a la entidad, que una vez investigadas no se ajustan a la realidad financiera de la institución.

B.23) Falta de ejecución financiera de los recursos recibidos con destino específico asignadas por ineficiente gestión de la entidad.

B.24) Uso indebido de trasferencias presupuestadas del capital.

C.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

C.1) Faltante en efectivo o documentos de valor detectados por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión y control.

C.2) Ejecución indebida o inejecución por negligencia del presupuesto aprobado para las inversiones.

C.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado.

C.4) Cuentas y efectos por cobrar vencidos según lo pactado en el contrato.

C.5) Cuentas y efectos por cobrar en litigios y en proceso judicial.

C.6) Aplicación incorrecta de las tasas de depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los activos fijos intangibles, de acuerdo con la legislación vigente.

C.7) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido la responsabilidad material.

C.8) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas por la legislación vigente.

C.9) Pagos a personas naturales que no cuentan con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

C.10) Pago en exceso de la seguridad social a corto plazo respecto al monto planificado.

C.11) Desvío de recursos financieros de Tesorería para gastos no previstos en el Presupuesto del Estado.

C.12) Inejecución financiera del presupuesto asignado,  originada por deficiente proceso de elaboración del presupuesto o la gestión de la entidad.

C.13) No devolución a la Tesorería al cierre del periodo fiscal de los recursos financieros no utilizados.

C.14) No aportar el superávit real obtenido en la fecha establecida al cierre del periodo.

C.15) Pago de las obligaciones no comprometidas del año anterior.

D.) Otras causas no nominalizadas:

D.1) Daños y perjuicios económicos causados contra la entidad.

E.) Gestión de la entidad:

E.1) Desviaciones provocadas por el incumplimiento del encargo estatal.

E.2) Incumplimiento en valores del Plan de Ventas (producciones, servicios y mercancías).

E.3) Exceso de costo planificado (producciones y servicios).

E.4) Pérdida de la  actividad autofinanciada superior a lo planificado.

E.5) Pago de mercancías y servicios en exceso.

E.6) Gastos indebidos

E.7) Gastos pagados por concepto de estadía en exceso.

E.8) Pérdidas en exceso sobre lo aprobado en el Plan de la Economía.

E.9) El software adquirido no está en explotación o no es utilizado en toda su magnitud.

E.10) Equipos de computo, depreciaciones por largo tiempo sin definirse su uso, reparación o baja técnica.

E.11) Uso indebido de combustible.

E.12) Pérdidas por roturas, mermas o deterioro que excedan las normas en los procesos productivos o de servicios, o que obedece a importaciones de recursos con fecha tope de vencimiento.

E.13) Desechos en los procesos productivos que no se venden a las Empresas de Recuperación de Materias Primas.

E.14) Bajas de productos vencidos y ociosas en los cuales no se haya aplicado por parte de la entidad la rotación correspondiente, o no haber tomado medidas establecidas en cada caso.

E.15) Daños por la manipulación indebida de materiales, monte o desmonte de equipos, demolición de edificaciones o partes de obras por mal trabajo en el proceso constructivo.

E.16) Exceso en el consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

E.17) Sobreproducciones a causa del incumplimiento de requisitos de calidad.

E.18) Equipos, maquinarias, vehículos o partes de estos que causan baja y no se venden oportunamente a las Empresas de Materias Primas.

F.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

F.1) Faltante de efectivo o documento de valor por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

F.2) Gastos por negligencia que provocan ejecución indebida o inejecución del presupuesto aprobado para las inversiones.

F.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado

F.4) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

F.5) Gastos por recargos y sanciones.

F.6) Realización de actividades y eventos con recursos destinados a otros recursos.

F.7) Gastos en exceso por incumplimiento en la contratación económica según lo establecido.

F.8) Cuentas y efectos por cobrar en litigio y en proceso judicial.

F.9) Cuentas y efectos por cobrar vencidos, según lo pactado en el contrato.

F.10) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido responsabilidad material.

F.11)  Rebajas y devoluciones de mercancías por ineficiencias o mala gestión de la entidad.

F.12) Ingresos dejados de percibir a partir del análisis realizado, al determinar favorecimiento a una de las partes.

F.13) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas en la legislación vigente.

F.14) Pagos a personas naturales que no cuenten con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

F.15) Monto de los expedientes de faltantes y pérdidas sujetos a investigación que  excedan el término para su cancelación.

F.16) Monto registrado a gastos por cancelación de expedientes por

faltantes y pérdidas de bienes.

F.17) Gratuidades indebidas de recursos materiales y financieros.

F.18) Pago por indemnización por laudo o sentencia firme de un tribunal,

Por Demandas recibidas, producto de incumplimientos de contratos o

convenios.

F.19) Para las empresas con esquemas cerrados de financiamiento en

Divisas aprobados, los gastos del año anterior pagados con el

financiamiento del año actual sin haberse planificado.

F.20) Desvió de recursos financieros aprobados para los esquemas cerrados Financiamiento en divisas.

F.21) Utilización indebida de recursos asignados para la realización de

proyectos financiados total o parcialmente con crédito externo.

F.22) Gastos asumidos por la parte cubana, no convenidos o

incorrectamente pactados en el contrato o los contratos firmados en los negocios de las diferentes modalidades de la inversión extranjera.

G) Legitimidad de las operaciones:

G.1) Diferencia entre los saldos de las cuentas de operaciones entre

Dependencias, a partir del análisis de las operaciones, sus causas y

Confirmación (Activos o pasivos).

G.2) Operaciones sin respaldo documental.

G.3) Ajustes indebidos a la cuenta de la Inversión Estatal.

G.4) Ajustes de expedientes por pérdidas y faltantes autorizados sin tener. Facultad delegada.

G.5) Bienes vendidos sin la autorización correspondiente.

G.6) Faltante de inventario o activos fijos tangibles que resulten del

Chequeo físico realizado por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

G.7) Bajas de activos fijos tangibles, que no estén depreciados totalmente sin el dictamen técnico y el documento del destino final sin las suficientes especificaciones.

G.8) Transferencias no autorizadas de recursos materiales entre entidades.

H.) Otras causas no nominalizadas:

H.1) Otras, las que se deben detallar.

Generalidades: En el modelo (Anexo Único del Informe) se deben de identificar los montos. En  pesos convertibles (CUC), según corresponda. En caso de otras monedas se debe reflejar en una columna aparte.

Intervención Especial en el Evento de Bibliotecarios (20 minutos) Viernes 21 de febrero del 2014, 9am

Dr. René López Benítez

1.-  Breve introducción sobre su experiencia como Coordinador del Centro de Referencia Jurídica.

2.-   Biblioteca

2.1. Periodo pre-revolucionario.

2.2  Posterior al triunfo revolucionario. Desarrollo del Sistema de Bibliotecas Públicas subordinadas al Consejo Nacional de Cultura (1959-1976) al Ministerio de Cultura (desde 1976) Bibliotecas Escolares subordinadas al Ministerio de Educación.

2.3 Curso de Técnico Medio en Bibliotecología. Licenciatura en Información Científica y Bibliotecología.

2.4  Periodo especial, fin del sistema de bibliotecas publicas y de los estudios de Técnico Medio en Bibliotecología, por carencias económicas.

2.5  Bibliotecas Independientes (Movimiento de Oposición al Gobierno).

3.-   Política de recuperación estatal del Sistema de Bibliotecas

3.1  Decreto Ley No. 271, De las Bibliotecas Públicas de la República de Cuba.

3.2  Resolución No. 80-2013 del Ministro de Cultura, Reglamento General del Sistema de Bibliotecas Públicas.

3.3  Resolución No. 81-2013, del Ministro de Cultura, Reglamento del Grupo Coordinador del Trabajo Cooperado de las Bibliotecas de la República de Cuba.

 

4.-    Riesgos

4.1   Por ineficacia

4.2  Por el control, acoso, eliminación del fondo bibliográfico y equipos por parte de la Seguridad del Estado.

4.3   Breve comentario sobre la Ley No. 62, Código Penal, No. 5 Ley de Procedimiento Penal y Ley No. 88.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com   y    http://referenciajuridica.wordpress.com

 

 

 

Negociaciones Unión Europea-Cuba

Dr. René López Benítez

 

Los embajadores permanentes de los veintiocho países miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado 5 de febrero el mandato para la negociación de un acuerdo bilateral con el estado y gobierno cubanos, quedando pendiente la aprobación  formal del referido acuerdo  para el próximo lunes  10 de febrero. Desde el 2012 la Sra. Catherine Ashton, a cargo de las relaciones exteriores,  había sido encargada de explorar el proceso negociador, manteniendo la Posición Común adoptada en el 1996, extremo que ha resultado el  factor clave, teniendo en cuenta que se mantienen  por la parte cubana las violaciones en materia de derechos humanos y democracia, aunque se ha superado en lo referente a vínculos  de colaboración económica-social.

 

Al promover el acuerdo bilateral, algunos países miembros del bloque europeo han mantenido   distancia en el levantamiento de la declaración de posición común, mensualmente miembros de la sociedad civil independiente presentan informes contentivo de violaciones de los derechos ciudadanos, elemento que es monitoreado por  las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, de lo que se desprenden pronunciamientos y denuncias, a lo que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos internos. El camino en cuestión no se ha despejado de un todo.

 

De hecho la Unión Europea como institución y la mayoría de los gobiernos que la conforman mantienen de forma sostenida y creciente las relaciones de colaboración en esferas sociales y productivas, el otorgamiento de créditos y asistencia profesional,  la que se inicio con proyectos de asistencia social a segmentos necesitados resumen resultados muy positivos.  El hecho de la aprobación del Decreto-Ley No. 313 y la inauguración de la Zona de Desarrollo Mariel, la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras que deroga la inoperante Ley No. 77 de 1995,  atraen a cambios de relaciones plenas entre las partes. Algunos analistas presentan sus criterios y discrepancias con lo adelantado de este  acuerdo, vigente desde el año 1996 a instancia del gobierno del Presidente español  José María Aznar, dejando  a   la realización   de los compromisos de la parte cubana y que pudieran afectar sustancialmente los vínculos directos  entre  los diplomáticos  europeos y los disidentes cubanos, La parte cubana pudiera comprometerse a erradicar las violaciones de los derechos humanos, pero no ha dejado prueba de su buena fe al no  ratificar los Pactos  en materia de Derechos Humanos y Democracia, aun cuando el propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas lo solicitara en el marco de su visita de realización de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

El futuro no se torna plenamente luminoso como para otorgar créditos políticos, aun cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba adopto los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución                                                   de lo que se deriva la aprobación  de un modelo de economía representativa con  la participación ciudadana, en el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinario de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General-Presidente reitero que el gobierno cubano no reconoce el capital de propiedad personal, prueba que la apertura económica es totalmente tutelada son las medidas adoptadas contra los cuentapropistas en el desempeño de sus funciones, aun cuando algunas estaban al margen de la legislación,  no contaban con el alcance de las licencias otorgadas, el gobierno nunca pierde.   En lo político el hecho de carecer de reconocimiento al derecho de asociación, manifestación, huelga, plenos derechos de realización funcional diseñados en la Declaración  Universal de Derechos Humanos adoptada  por ONU, la adopción del Decreto-Ley No. 302 sobre Tramites Migratorias y la derogación de ;las confiscaciones de bienes por salida definitiva del país, la transferencia de la propiedad de viviendas, autos, motos, en arrendamiento de tierras estatales ociosas, la constitución de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras,  no llena el vacío de derechos privados en cincuenta y tantos años de poder revolucionario, varias son las generaciones que han visto frustrado sus derechos y sueños personales y familiares.

 

La adopción del Acuerdo de la Unión Europea en sus relaciones con el estado y el gobierno cubano dejan un limbo en lo que se pudiera lograr en algo tan importante como el derecho a la realización plena de la vida.  Nuestro pronunciamiento es simplemente un llamado de atención al futuro del destino del pueblo cubano.

 

A  la Unión Europea, a los diplomáticos  monitorean de forma valiente y consecuente los derechos ciudadanos de los cubanos que a diario son violados, les expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su valentía en mantener relaciones con la sociedad civil independiente con total apego a derecho, en su momento  se escribirá la historia de estos años y se resaltara las relaciones humanas y profesionales que nos anima.

 

 

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7-02-2013

Dicta el Ministro de Interior reglamentación contra el terrorismo y otras acciones delictivas

Dr. René López Benítez

 

El Ministro del Interior, mediante su Resolución No. 1, de 17 de enero del 2014 dispuso la reglamentación “establece la participación y responsabilidad  del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos” en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317 my su complementaria Decreto No. 322,  designando los órganos y estructuras subordinadas al referido Ministerio.

 

El Consejo de Estado y el Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores han denunciado reiteradamente lo improcedente de los fundamentos del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en mantener a Cuba en la Lista de países patrocinadores  del terrorismo y terrorismo de estado, para lo cual la parte cubana  ha establecido disposiciones  funcionales para eliminar los elementos de hecho y de derecho que pesan en su contra.  En la esfera internacional la parte cubana ha logrado apoyo en su demanda contra el pronunciamiento estadounidense, dentro del propio gobierno y el legislativo, así como ciudadanos e instituciones involucradas en la política, habían propuesto la exclusión del documento en litis, fue la participación cubana en el suministro ilegal de armamentos prohibidos expresamente por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas,  detectado en el cruce del Canal de Panamá, en estado de investigaciones, consultas y conclusiones previas la que vino a entorpecer  la gestión cubana de inclusión  y mediadora ante la instancia estadounidense.

 

Llama la atención poderosamente las instrucciones del Ministro del Interior, designando a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR)

para centralizar el intercambio informativo y coordinar los intereses de los órganos de enfrentamiento a investigación penal que involucra a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, con facultades de representación ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional y ante el Comité Coordinador de estas acciones delictivas, mantener actualizado por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores  los listados de personas  interesadas o reclamadas en procesos penales, investigativos o de sospecha, así como la  colaboración mediante  instrumentos legales a fin de hacer valer los compromisos y obligaciones de la parte cubana ante Organismos Internacionales y bilaterales o multiláteras, en función de la legislación que aprueba el Consejo de Seguridad y otros mecanismos de la Organización de Naciones Unidas.  El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular adopto  la Instrucción No.  214 de fecha                              27 de marzo del 2012, referente a Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales,  dejando expedita la vía de colaboración en acciones procesales por parte de  los Tribunales cubanos,  hasta la fecha de muy poca ejecutoria.

 

En virtud de lo dispuesto por el Banco Central de Cuba en cumplimiento de sus regulaciones  complementarias del precitado Decreto-Ley No. 317 se subordina a la Dirección facultada por el Ministro del Interior  y rectorea las solicitudes para el monitoreo o congelación de operaciones bancarias de personas naturales o jurídicas que aparecen en los listados de sospechosos, investigados o responsables de acciones delictivas, o como resultado de la cooperación bilateral o multilateral, la parte cubana puede aportar elementos de sospecha o responsabilidad de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades.

 

Es reiterativo  que el momento es  propicio para que autoridades cubanas y estadounidense concilien sus criterios sobre acciones procesales en la detección de estas acciones atentatorias contra ambas partes, así como de forma puntual, responsable y sin que exista el más mínimo sentido de demandas alternativas de temas acumulados en más de cincuenta años de conflictos. Los casos acumulados se pueden tratar sobre la base del respeto mutuo. El gobierno de Presidente Obama  ha  puesto de manifiesto su marcado interés en ir allanando  el camino de rivalidades, del mismo modo el General-Presidente ha propuesto el entendimiento bajo posiciones de igualdad y respeto, ambas partes deben aprovechar las disposiciones, sin dejarse influenciar por políticas de gobiernos  anteriores.

 

El Ministro del Interior dispuso los nexos de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para la cooperación internacional a tres de la INTERPOL, estructurando un sistema informativo cubano que responda al mandato del Decreto-Ley No. 317.

 

El camino trazado en este último mandato presidencial del General de Ejército Raúl Castro responde a la política cubana de limpiar su imagen, máxime cuando se probó solidaridad y reconocimiento de derechos en el marco de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es, dr.renelazaro@gmail.com  y http://referenciajuridica.wordpress.com

 

11-02-2014

Respuesta a Consulta de fecha 23 de enero del 2014

Dr. René López Benítez

1.- La Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, se empleo en el 2003 con la encarcelación del llamado Grupo de los 75, a su saber, Se ha vuelto a emplear en las Cortes cubanas esta Ley desde entonces?.

La Ley No. 88 fue adoptada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria celebrada los días 15 y 16 febrero de 1999, esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la Independencia de Cuba (Articulo 1 de la Ley No. 88).

Desde su aplicación en  la primavera del 2003 contra 75 ciudadanos cubanos no se ha aplicado lo preceptuado por la Ley No.88, la que técnicamente es una norma complementaria de la Ley No. 62, Código Penal.

La mayoría de los sancionados fueron puestos en libertad, mediante un acuerdo concertado en extrañas circunstancias  entre el gobierno y la Iglesia Católica cubana, con el apoyo del Gobierno de España, los  que determinaron abandonar el país en compañía de su familia viajaron directamente a España con la categoría de Emigrantes, no les fue reconocida la categoría de Refugiados Políticos, aun cuando tenían el reconocimiento  de Presos de Conciencia,  el gobierno cubano les ha negado reiteradamente la autorización de visitar el país, aun ante reclamos por cuestiones humanitarias de familiares en grave estado de salud o fallecidos.

Doce de los setenta y cinco sancionados fueron liberados mediante la declaración de Licencia Extrapenal, condicional que no se ajusta a lo que establece la Ley  No. 5 de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta este particular les está prohibida la autorización de salida del país, en virtud de lo que dispone el Decreto-Ley No. 392, Modificativo de la Ley Migratoria. Todos ellos continúan luchando por las razones que fueron sancionados, ninguno han sido sancionados aunque el acoso y vigilancia extrema se actúa en su contra por los Órganos de la Seguridad del Estado Cubano y la Policía Nacional Revolucionaria.

La Ley No. 88 ha sido modificada mediante el Decreto-Ley No. 316, de 7 de diciembre del 2013,  siendo su pretensión  sancionar acciones que se tipifican como terroristas, con la justificación de atemperarse a las relaciones internacionales y brindar protección a los intereses de la sociedad cubana.

En la actualidad se viola sustancialmente la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, en lo referente a Detenciones  y Registros Arbitrarios, Tipificación  de Delitos, violación de términos procesales y del Reglamento de  Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.  Lo anterior viola los derechos ciudadanos de los sancionados y sus familiares.

El Consejo de Estado dispuso modificaciones a la Ley Penal y Procesal Penal para lograr mediante su Decreto-Ley No. 310, de 29 de mayo del 2013, como complementaria de este, el Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 313, de18 de junio del 2013, Sobre el Depósito, Conservación y Disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos,  así como la Resolución No, 71-2013 del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Resolución No. 283-2013 de la Ministra de Finanzas y Precios, Resolución No. 202 del Ministro de Energía y Minas, Resolución No. 252-2013 del Ministro de Comunicaciones, Resolución No. 60 del Ministro de Cultura, Resolución No. 405 del Ministro de Salud Pública, Resolución No, 57-2013 del Ministro de Industrias, Resolución No. 473-2013 del Ministro de la Agricultura y Resolución No, 261-2013 de la Ministra del Comercio Interior. Todas estas normas se fundamenta en atenuar la población penal, desplazar la radicación de causas penales en los Tribunales,  la que fue señalada en el año 2012,  por el Presidente del Tribunal Supremo Popular en 55mil, miembros de Organizaciones Civil Independiente, de oposición al gobierno la  catalogan en mas de 80mil y otras fuentes la elevan a más de 100mil sancionados en diferentes fases del Sistema Penitenciario Cubano.

2.- El nuevo Código de Trabajo no garantiza el derecho a la huelga, ni el derecho a formar sindicatos independientes. A su opinión, La Ley contiene algunas mejoras de protección a los derechos laborales en estos ámbitos?

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Sesión Ordinaria de 20 de diciembre del 2013, correspondiente al  Segundo Periodo de Sesiones de la VIII Legislatura  conoció y aprobó  la propuesta de Ley  No.  116,  Código de Trabajo. En esa misma Sesión se adopto el Acuerdo No. VIII-18  trasladando el texto aprobado a una Comisión de Estilo, encargada de examinar las propuestas de modificaciones  o adiciones que se formularon por varios diputados, en el momento del debate, a la redacción de determinados incisos de los artículos 2, 3, 61 y 146 del texto de la Ley, al no arribar a acuerdos de fondo a los planteamientos y requerimientos de los Diputados, se planteo que la constitución de una Comisión de Estilo y Concordancia  para que mediante su redacción  resolviera las discrepancias, extremo que viola el Reglamento de la Asamblea Nacional y al dejar en un limbo legal el debate y aprobación de lo requerido. No se dispuso el término para la publicación del texto en la Gaceta Oficial de la República.

Aun cuando los órganos de prensa publicaron el Ante-Proyecto de Ley, una vez propuesto en Proyecto de Ley con las modificaciones  que la Comisión de la Central de Trabajadores de Cuba, este no fue publicado para conocimiento de la ciudadanía, desconociendo el proyecto presentado  como proyecto definitivo, tampoco se publico el texto remitido a la Comisión de Estilo y Concordancia.

En el proyecto no se tiene en cuenta elementos de derechos laborales reclamados en los debates definidos como derecho asociación y  constitución de sindicatos independientes, derecho de manifestación y huelga. La concepción socialista de la ideología articula con  Central de Trabajadores de Cuba como único órgano de representación obrera en el país.  Dentro de la Sociedad Civil Independiente hay organizaciones de oposición al régimen  mantiene un monitoreo permanente de lo laboral, las propuestas legislativas no se tienen en cuenta, ejemplo es lo referente al tema trabajo por cuenta-propia y a toma de medidas adoptadas por el gobierno que afectaron a miles de cubanos, ante la incapacidad del Ministerio del Trabajo de prever el desarrollo de la economía alternativa aprobada por en el VI Congreso del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

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29.01.2013

 

Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de dinero, capitales ilícitos, terrorismo y proliferación de armas

Dr. René López Benítez/ Referencia Juridica.

El Consejo de Estado  mediante su Decreto-Ley No. 317 dispuso la “Estrategia de Prevención y Detección de Operaciones en el enfrentamiento al Lavado de Activos,  al Financiamiento del Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos” de fecha 7 de diciembre del 2013. El Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 322, “De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura”, de 30 de diciembre del 2013, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 8 de 23 de enero del 2014. Ambos textos no tienen transcendencia en el ciudadano común.

El Estado y Gobierno cubanos reiteradamente se manifiestan contra la Lista de Países que apoyan al Terrorismo, instrumento anual que expide el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América, el fundamento que incrimina a la parte cubana está dado el apoyar sistemático,  brindar asilo y protección a personas prófugas  de la justicia norteamericana por graves delitos criminales desde la década del 60 a la fecha, a miembros de movimientos denominados Los Macheteros, ETA, IRA, Narco-Guerrilleros Colombianos y otros tantos,   en su financiamiento y logística de armamentos y otros extremos violentos, algunos de ellos desistieron de sus acciones guerreristas y se incorporaron a procesos democráticos y obtuvieron victorias electorales. Otro tema que atenta contra Cuba es, el apoyo político a gobiernos con marcada proyección terrorista como Libia, Siria, Irán, Irak, Corea del Norte. Es de destacar que en los últimos anos la parte cubana ha dado muestra de haberse alejado de estas prácticas en algunos segmentos como el latinoamericano,  y apoya procesos democráticos como la inserción de la guerrilla colombiana a la sociedad civil, convirtiéndose  en garante del actual proceso de Dialogo que se celebra en La Habana.

El tema del lavado y desvió de dinero llama la atención en los últimos anos, producto de algunos desfalcos a  gerencias, programas y entidades norteamericanas, el destino de significativas sumas después de transitar por Bancos Internacionales, principalmente del área del Caribe,  el destino son entidades bancarias y financieras no bancarias de origen cubano, extremo que ha sido probado en procesos penales seguidos en las Cortes Estadounidenses contra criminales asociados a estas acciones principales, vinculados a las estafas  como al Programa del Medicarec, las Hipotecas Inmobiliarias, Seguros, etc.,  el desvío de otras fuertes sumas  de dinero de cubanos que viajan a ese país y regresan a Cuba con un capital sustancial,  toda esta vinculación que ha sido rechazada por la parte cubana.  Positivamente el Banco Central de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013, Normas Generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, con el fundamento de evitar el mal uso de las entidades bancarias y  financieras no bancarias cubanas, extremo que el Consejo de Estado, con la importancia que reviste en el interés de preservar la seguridad ciudadana, así como los compromisos y convenios de la ONU ha declarado que prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que proliferan  estas acciones criminales, El Consejo de Estado de la República de Cuba con  una importante fundamento de acción dispuso su Decreto-Ley  316 de 7 de diciembre del 2013, Modificando la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 88, Ley contra Actos de Terrorismo, alegando atemperarse a compromisos internacionales asumidos por el Estado y el Gobierno cubanos. No ha habido una divulgación en los Órganos de Prensa cubanos sobre este particular.

El pasado jueves 9 de enero, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron el La Habana para revisar la implementación de los Acuerdos Bilaterales  en materia Migratoria que tuvieron su origen en 1994 y ratificados posteriormente,  en este espacio se trato con toda justificación la pretensión de las partes del intercambio humanitario del ciudadano norteamericano Alan Gross y los cuatro cubanos procesados y sancionados por espionaje en Estados Unidos, pudiera tomarse  este espacio de diálogo para constituir un mecanismo permanente de análisis y consulta bilateral en materia de Fuentes criminales de Desvió de Dinero y Terrorismo, ambas partes quedaran inmensamente satisfechas de lograr la pretensión y de hecho el monitoreo y colaboración Jurídica, a la que en el caso que nos ocupa está prevista en la Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales, adoptada mediante la Instrucción No. 214, de 27 de marzo del 2012, con independencia de los conductos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Instituciones Policiales, de Contralorías, etc.

Esta propuesta será rechazada de plano por fracciones que continúan apostando por el rechazo de  la estabilidad de las relaciones plenas,  sería oportuno señalar  que para lograr la pretensión y sustanciación de conversaciones sobre este tema, las partes deben arribar despojada de una agenda contentiva de demandas y reclamos históricos resultado de cincuenta y tantos años de confrontaciones, que solo se lograría apartarse de la realidad y necesidad.

Retomando el Decreto-Ley No. 317, establece objetivos sobre el Fundamento de implementar compromisos internacionales, creación de estructuras de gestión, control, investigación y análisis de la información, establecer nuevas bases legales de prevención y ejecución de los elementos previsto. Establece claramente los sujetos sometidos, teniendo en cuenta la proliferación de entidades y personal vinculado a estas de carácter estatal, gubernamental, ministerial o gerencial, estos últimos en lo referente a la Ley de Inversiones Extranjera que será modificada  sustancialmente en marzo próximo. Se crea la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, siendo el Banco Central de Cuba el que actúa como autoridad rectora, subordinada al Superintendente, sin afectar en lo mas mínimo las funciones de los Organismos de Control de la Contraloría General de la República y las Direcciones Integrales del Ministerio del Interior,  se requiere diligencia y responsabilidad  en el pleno conocimiento de clientes radicados y promotores de operaciones, derivándose del análisis de Operaciones Sospechosas,  Registro de Operaciones en Efectivo, Otros Depósitos, así como el Régimen de Sanciones Financieras y la Prevención y Enfrentamiento.

Para todo el funcionamiento procesal de estas regulaciones se dispone la constitución del Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento presidido por Presidente del Banco Central de Cuba, sustituido en su ausencia por el Superintendente, integran el Comité, representantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, así como otros expertos de Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado. La Contraloría General de la República tiene facultades rectoras en la ejecución del Decreto-Ley, establece un término de sesenta (60) días naturales para que los Jefes de los Organismos que integran el sistema dispongan que normas procesales para su ejecución.

El tema  actual más escabroso el referente al papel de suministrador de armas por parte del gobierno cubano al de Corea del Norte, violando normas de prohibición adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La referida violación fue detectada materialmente al cruce del buque por la Zona del Canal de Panamá, el gobierno de ese país dispuso mediante su sistema jurídico la imposición de una multa de mil ($1000,00USD) a la tripulación coreara y el correspondiente procedimiento criminal para algunos de los tripulantes.  Funcionarios y peritos del sistema de ONU procedieron a la investigación   del hecho en cuestión, se conoció que el gobierno cubano aporto los elementos reclamados por los investigadores, sin determinar los responsables de la autorización y ejecución del suministro.  El gobierno de Panamá presenta serias reservas contra la ejecutoria procesal del gobierno cubano. En la actualidad el trámite está pendiente por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  El asunto en cuestión articula como una violación grave dentro del tema Terrorismo de Estado.

El Consejo de Ministros (Gobierno) dispuso mediante su Decreto No. 322, la Reglamentación del Decreto-Ley No. 317, en lo referente a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, referente a sus Funciones y Estructura con una marcada subordinación a la legislación de ONU sobre el particular, entre ellas: Resoluciones Nos. 126-99 y 1323-2001, del Consejo de Seguridad, Información y listados de identificaciones de sujetos, circulados a Organismos Naciones e Internacionales, en el marco de sus competencias.

Se impone el conocimiento y dominio control  de las estructuras del Banco Central de Cuba, (Decreto-Ley No. 172, modificado por el Decreto-Ley No. 294; Sobre Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Decreto-Ley No. 173); Estructura y Organización de la Banca Internacional Cubana (Decreto-Ley No. 181); Sobre el Otorgamiento de Licencias a Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Resolución No. 24-1999 del Presidente del Banco Central de Cuba); Sobre el procedimiento de otorgamiento de Tarjetas como Medios de Pago, (Resolución No. 64-1999, del Presidente del Banco Central de Cuba); Procedimiento sobre Licencia de Interrelación Financiera en la Zona Especial de El Mariel, (Resolución No. 872-2013 del Presidente del Banco Central de Cuba); Compendio de Licencias Operaciones otorgadas al Banco de Crédito y Comercio (Bandec), Banco Popular de Ahorro, Banco Nacional de Cuba, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Inversiones S.A., Banco Metropolitano S.A. Banco Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Internacional de Comercio S.A.  Estos Bancos mantienen  relaciones financieras no bancarias con otras instituciones de origen cubano y extranjeras radicadas en Cuba y en el exterior. En la actualidad se actualiza la política crediticia a sectores alternativos de la economía cubana. El Banco Central de Cuba mantiene el control de las negociaciones de la Deuda Externa y la Deuda Bilateral y Multilateral.

Indiscutiblemente la política y proyección del gobierno cubano en relación con el terrorismo y el  terrorismo de estado está siendo reestructurada o rediseñada ajustándose a normas internacionales, la inclusión en la Lista de Países Vinculados al Terrorismo es motivo bastante y suficiente para tomar medidas que justifiquen salir del monitoreo que ejecuta el Departamento de Estado, el suceso del barco norcoreano con el suministro de armas es el extremo que necesariamente habrá que esperar el fallo al que arribe el Consejo de Seguridad de ONU, la celebración de la Segunda Cumbre de CELAC ha sido utilizado por la parte cubana para probar su proyección democrática, siendo ponente de la Declaración de Región Libre de  Enfrentamientos, haber logrado un espacio fuera de la OEA seria utilizado como elemento probatorio de cambio de estrategia.

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29.01.2013

Disponen Régimen de Contravenciones para Trabajadores por Cuenta-Propia

Dr. René López Benítez

El gobierno dispuso para inicios del 2014 la implementación de severas medidas para erradicar el comercio ilegal al margen de la legislación referida al  Trabajo por Cuenta Propia, estas medidas traen como consecuencia  un total desabastecimiento en las redes del comercio oficial en moneda nacional (CUP) y  en divisas (CUC), faltan los  productos de primera necesidad y de útiles del hogar, que el propio gobierno se había desentendido de su comercialización, sin expectativas de ser ofertados por no existir reglones de abastecimientos del Ministerio de Comercio Interior . La estrategia utilizada por la Policía Nacional Revolucionaria y los Órganos de Instrucción  impidieron lo que se había anunciado como una desobediencia ciudadana ante la determinación gubernamental de erradicar el mercado en cuestión.

Como parte del proceso de restructuración del sistema legal, el Consejo de Estado dispuso mediante su Decreto-Ley No. 315, Sobre las infracciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta propia, de 4 de octubre del 2013, publicado en la Gaceta Oficial de la República, Edición Extraordinaria No. 3 de fecha 15 de enero del 2014, vigente a partir de su publicación, derogando el Decreto-Ley No. 174, de 9 de junio de 1997,  de igual denominación que el analizado, así como el Decreto-Ley No. 274 de 30 de septiembre del 2010, modificando el Decreto-Ley No. 174. Llama la atención  poderosamente que se publica y cobra vigencia tres meses posteriores a su aprobación. (Ver Análisis sobre Continua el Gobierno rediseñando restricciones a las regulaciones aprobadas, publicado por el autor el 16 de diciembre del 2013 en http://referenciajuridica,.wordpress.com ).

Es significativo que en la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros del mes de mayo del 2013 se analizo la imperiosa necesidad de  establecer normas jurídicas contravencionales que le permitan a los funcionarios actuantes y a los sujetos de la norma tener conocimiento de los derechos y obligaciones que se establecen, el hecho de lo disperso e inaccesible de lo legislado es motivo  para  su desconocimiento e  incumplimiento, aunque el precepto que el desconocimiento de la Ley no exime su cumplimiento, es obligación del legislador su  debida divulgación.

En la referida Reunión del Gobierno, la Dra. María Ester Reus, Ministra de Justicia reconocía la existencia de 80 normas contravencionales, de total desconocimiento por los sujetos, unido a 30 cuerpos de inspectores, con más de 1500 efectivos, algunos de los cuales no cuentan con capacidad ni conocimientos profesionales,  lo que ha facilitado la proliferación de actos de corrupción,  al paso de más de un ano, de incumplimiento del fundamento planteado de promover una Ley sobre Contravenciones  ha sido motivo bastante y suficiente para el estado  real de las llamadas indisciplinas sociales, las que trajeron como consecuencia la adopción del Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, publicado en el Periódico Granma el 2 de noviembre del 2013,  sobre las actividades económicas ilícitas y correcciones para ordenar el trabajo por cuenta-propia, las que tuvieron caldo de cultivo  en  el error procesal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al no diseñar  el alcance y fundamento de cada Licencia otorgada, extremo que quedo resuelto mediante las Resoluciones No.  41-2013, Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, derogando la Resolución No. 33 de 6 de septiembre del 2011 y la No. 42-2013, referente a la Denominación, alcance y entidades que autorizan el ejercicio del trabajo por cuenta-propia, todas de la Ministra de ese Organismo, resolviendo en principio lo viciado de origen, lo que motivo a finales del 2013 y principios del 2014 fuertes operativos de la Policía Económica contra los infractores y funcionarios asociados a la corrupción administrativa y otros delitos conexos.  Ver Perfeccionamiento del Sistema de Contravenciones, publicado el 21 de mayo del 2013 en http://referenciajuridica.wordpress.com)  con plena vigencia.

El precitado Decreto-Ley No.315 establece entre  en su Capítulo I, sus Generalidades: precisar las infracciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta-propia, las medidas aplicables a los infractores y las autoridades facultadas para imponerlas y resolver las infracciones que se promuevan.

 El alcance de la norma legal aprobada:

Notificación preventiva: acción profiláctica en el caso de infracciones menos graves.

Multa:  se aplica por cada infracción, en el caso que la persona cometa varias infracciones a la vez, se le aplica el doble de la multa más alta, cuando la infracción es cometida por varias personas a la vez, se les impone la multa individual, no está prevista la responsabilidad colectiva.

Prohibición para ejercer determinada o determinadas actividades por cuenta-propia: se aplica cuando  se comprueba que la infracción pone en riesgo la salud, la vida o las buenas costumbres de las personas, lo que no impide que el infractor pueda ser autorizado a ejercer otra actividad que no compromete riesgos.

Retiro de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta-propia: se aplica cuando el infractor no realice los pagos de la multa, transcurrido el plazo establecido o se niegue a cumplir lo que impida la continuación de la infracción, y a los reincidentes por un termino  de hasta dos anos, siempre que este comprobada la reincidencia en infracciones tipificadas por el Decreto-Ley

Decomiso de los instrumentos, herramientas de trabajo y materias primas: para situaciones predeterminadas en por el Decreto-Ley, es importante hacer un especial pronunciamiento a lo que establece el Decreto-Ley No.

Muy determinante es el Artículo 3, las infracciones prescriben al no procederse contra ellas en el momento de su comisión, o cuando ya cometidas, sus efectos han dejado de subsistir, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o de otra índole que se deriven del hecho.

Es muy importante llamar la atención de la necesidad de vincular cada vez más a los trabajadores por cuenta propia a Asesores y Consultores Jurídicos estatales o independientes en materia de Lo Laboral, para lograr un estado de seguridad funcional en el desempeño de cada una de las licencias otorgadas en la ejecución del Decreto-Ley 315, teniendo en cuenta que la referida norma es omisa a la capacitación y asesoría a los cuentapropistas y otros sujetos afines. En la práctica ha quedado demostrado que la falta de asesoría y conocimiento del procedimiento afecta sustancialmente a los vinculados al tema. La sindicalización  no conlleva la representación y asesoría de los cuentapropistas ante conflictos de cualquier  índole.

El Capitulo II norma sobre las Infracciones y Cuantías de las Multas:

Se consideran infracciones personales de las regulaciones  del ejercicio del trabajo por cuenta-propia:

Constituyen infracciones muy graves, imponiendo al infractor una multa de $1500,00mn y la obligación de hacer:

Ejercer una actividad que no este autorizada por la legislación,

Ejercer una actividad de las autorizadas y no estar inscripto o no demostrarlo mediante la documentación que lo acredite como trabajador por cuenta propia.

Arrojar desechos en lugares inadecuados o disponer de estos, ya sean sólidos o líquidos, orgánicos o inorgánicos, durante el ejercicio de su actividad comercial, de producción o de servicios,

No mostrar a la autoridad competente, en las actividades que legalmente se exigen, la licencia sanitaria,

Incumplir las normas higiénico-sanitarias vigentes o poner en riesgo las buenas costumbres de las personas y demás disposiciones dictadas al efecto por las autoridades competentes,

Utilizar para la elaboración, producción o prestación de servicios, materias primas o materiales que estén expresamente prohibidos por disposiciones de organismos competentes o sean de procedencia ilícita,

Ejercer una actividad de las autorizadas y no estar inscripto en el Registro de Contribuyentes de la Oficina Nacional de Administración Tributaria correspondiente,

Comercializar especímenes vivos, muertos o transformados de especies de la flora y la fauna silvestres prohibidas por estar especialmente protegidas,

Emplear o permitir el empleo de menores de 17 años sin la autorización excepcional establecida den la legislación,

Constituir cooperativas, asociaciones o cualquier otro tipo de organizaciones colectiva de producción, comercialización o prestación de servicios, sin estar expresamente autorizado por la autoridad correspondiente.

Constituyen infracciones graves, imponiendo al infractor una multa de $700,00mn y la obligación de hacer:

 Utilizar en las actividades que no estén autorizadas, mesas sillas y otros       medios alternativos para prestar el servicio o donde estén autorizadas, más de la capacidad establecida,

 No brindar la información que está obligado a ofrecer por la legalización vigente que le son solicitadas por la autoridad competente,

Obstaculizar o dificultar intencionalmente la actuación de la autoridad facultada al limitar el acceso a los lugares para comprobar la existencia de infracciones, no permita que se realicen las pruebas necesarias en el proceso de inspección y otros hechos similares,

Comercializar artículos o productos o prestar servicios no contemplados en la descripción del alcance de la actividad o actividades para la que está autorizada como trabajador por cuenta-propia, 

Utilizar un local, espacio o recorrido no autorizado, para las actividades en que corresponde, por la legislación, o sin observancia de las normas establecidas por el Consejo de la Administración Provincial o Municipal del Poder Popular, como sitio para producir, comercializar o prestar servicios,

Incumplir las condiciones de protección, seguridad e higiene del trabajo que acordó garantizar, Incumplir en la prestación de servicio de transportación de carga o de pasajeros,  las normas, regulaciones y demás disposiciones,

Emplear a una persona como trabajador contratado sin tener la autorización correspondiente,

No mostrar a la autoridad competente los documentos que acreditan su inscripción en el registro central comercial cuando correspondan,

Comercializar bebidas alcohólicas y cervezas en las actividades  no autorizadas o habilitar locales o instalaciones solamente para vender bebidas alcohólicas y cervezas,

Alterar el precio de los productos y servicios a la población para los cuales se han establecido, con amparo legal, tarifas o precios de aplicación obligatoria,

Constituyen una infracción menos grave, imponiendo al infractor una multa de $200,00mn y la obligación de hacer:

No actualizar por el trabajador por cuenta propia cualquier modificación que se produzcan en la información brindada  al organismo o dependencia correspondiente,

Las Autoridades Facultadas para imponer las medidas y resolver las inconformidades, está previsto en su Capítulo III:

Están facultados para realizar inspecciones e imponer las medidas, con respecto a las actividades por cuenta propia, los supervisores de las Direcciones Provinciales y Municipales Integrales e Supervisión, subordinadas a los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales del Poder Popular, con independencia del Órgano, Organismo y Entidad donde se autorizan e inscriben los trabajadores que las ejercen.

En las provincias de Mayabeque y Artemisa y en otras que en su momento corresponda, lo están los Inspectores Estatales Provinciales y Municipales de la Direcciones de Inspección Estatal, subordinadas al Consejo de la Administración Provinciales y Municipales del poder Popular, respectivos,

También pueden actuar los Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria designados por los Jefes de las unidades correspondientes.

Las autoridades facultadas hacen constar en el documento de notificación de las medidas, la oficina o dependencia en que la persona puede establecer recurso de apelación. 

La persona a la que le haya sido aplicada una de las medidas contenidas en el Decreto-Ley, puede establecer recurso de apelación ante el Director o Jefe de la Unidad, al que se subordina la autoridad facultada.

El recurso de apelación se interpone por escrito dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que recibió la notificación de la medida, exponiendo argumentos en que se sustenta. El funcionario que recibe el recurso deja constancia de la fecha de recepción. No obstante lo anterior, el infractor inconforme debe cumplir  dentro del término establecido  las medidas que se le haya aplicado, sin perjuicio que le sea reintegrado del importe de la multa, o le sean devuelto los instrumentos, herramientas de trabajo, materias primas, o restituidos los demás derechos, en dependencia de la decisión  que se haya adoptado.

El Director o Jefe de la Unidad resuelve el recurso mediante Resolución, dentro del término de veinte (20) días siguientes al de su recepción, lo que se notifica por escrito al reclamante en el término de tres (3) días hábiles siguientes, a la fecha de decisión, dejando copia, en la Oficina o Dependencia donde fue presentado el recurso, Contra este fallo no cabe recurso alguno. Si se declara con lugar o con lugar en parte el recurso, se notifica también a la Oficina de Cobros de Multas y a las Oficinas que se habiliten al efecto, a fin de que procedan a reintegrar la suma pagada o la diferencia, según corresponda.

 Sobre la Ejecución de lo dispuesto y otras definiciones, se refriere el Capítulo IV:

La multa se paga en la Oficina de Cobros de Multas y otras oficinas que se habiliten al efecto.

El infractor efectúa el pago de la multa dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la infracción,  acto en que presenta el comprobante de imposición y en el que se le entrega el comprobante de la realización del pago, donde se consigna el lugar y la fecha.

Si el pago se realiza dentro de los tres (3) días hábiles siguiente a la notificación de la infracción, el importe de la multa se reduce a la mitad.

Están exceptuados a recibir esta bonificación las personas que han  incurrido en infracciones catalogadas como  muy graves y los reincidentes. Se considera reincidente a las personas que incurren en una misma infracción dentro de un mismo ano calendario.

Si no se abona la multa después del plazo de treinta (30) días hábiles y se efectúa dentro de los treinta (30) días posteriores, su importe se duplica.  Si no paga dentro de este último plazo, el Director o el Jefe de la Unidad a que se le subordina la autoridad facultada que impuso la multa, notifica la medida de retiro de la autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia, la que se mantiene mientras no satisfaga esta obligación, con independencia de cualquier otra medida que legalmente le corresponda.

El Director o Jefe de la Unidad correspondiente notifica la medida de prohibición de ejercer determinadas actividades por cuenta propia o de retiro de la autorización para ejercerlas, e informa a la dependencia que  las autorizo para que las ejecute en un término de hasta cinco (5) días hábiles.  La autoridad facultada para imponer la medida, ocupa el documento de autorización y traslada a la entidad que la radico.

El decomiso consiste en la ocupación de los instrumentos, herramientas y materias primas  que se utilicen en el trabajo por cuenta propia y s aplica a las personas que ejercen sin ser autorizadas. Para los que ejercer la actividad legalmente, se aplica el decomiso de materias primas en caso que se demuestre que son dañinas a la salud o de procedencia ilícita.

Lo decomisado se entrega mediante acta a los organismos o entidades estatales que corresponda, por las Direcciones integrales de Supervisión o de Inspección Estatal o las Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria. (Ver : Análisis del autor sobre El Consejo de Estado mediante su Decreto-Ley No. 310, Modificaciones a la Ley Penal y Ley de Procedimiento Pena, El Consejo de Ministros establece su Decreto No. 313, Sobre el Depósito, Conservación y Disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos. Legislación complementaria establecida por el Banco Central de Cuba y Organismos de la Administración Central del Estrado, publicado en http://referenciajuridica.wotrdpress.com)

La Disposición Especial UNICA ratifica la vigencia de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 171, de 15 de mayo de 1997, Sobre el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, hasta tanto se actualice lo preceptuado, teniendo en cuenta que el Gobierno define acciones contravencionales en este tema, fundamentalmente en lo referente al arrendamiento de espacios, como soporte inmobiliario de otros reglones de licencias para el trabajo por cuenta-propia.

Las Disposiciones Finales, faculta al Ministerio de Finanzas y Precios para dictar la reglamentación complementaria en lo concerniente al control, cobro y devolución total o parcial de las multas cobradas.

A su vez, Los Consejos de la Administración Provinciales, de conjunto con los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Finanzas y Precios, Salud Pública, Construcciones, Transporte y del Interior, cada cual dentro de sus facultades y competencias, para emitir las indicaciones sobre la capacitación y actualización sistemática de las direcciones integrales de Supervisión, Inspección Estatal y la Policía Nacional Revolucionaria, en coordinación con los Consejos Municipales.

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es http://referenciajuridica.wordpress.com

20.01.2014 (3)

 

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