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Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cuba en relación con el Terrorismo de Estado

El Periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba publico con fecha 1ro. de mayo del 2014, la Declaración del Ministerio de Relaciones exteriores en relación a la publicación correspondiente al año 2013, del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América que vincula al gobierno cubano al Patrocinio del Terrorismo, por trigésima segunda oportunidad.

 

En el texto hace referencia a la declaración que el gobierno cubano nunca se ha vinculado a la práctica del terrorismo, impugnándole al de Estados Unidos su participación directa en más de cincuenta años de atentar contra la integridad del gobierno y pueblo cubanos, exponiendo como prueba documental la información relativa a estas agresiones que fueron refrendadas por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, en un proceso seguido en estado de ausencia-rebeldía contra el Gobierno de Estados Unidos, como resultado de la demanda interpuesta por Organizaciones Revolucionarias no gubernamentales y la población afectada, las sentencias cobraron firmeza, con el saldo financiero por concepto de indemnizaciones, daños y perjuicios causados.

 

La parte cubana viene denunciando reiteradamente a escala internacional este tema, como parte de la estrategia para lograr ser excluida del listado, con este pretexto el Consejo de Estado de la República de Cuba estableció mediante su Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos. El Consejo de Ministros dispuso su Decreto No. 322, de 30 de diciembre del 2013, referente a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, Sus funciones y Estructura, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 44. El Ministro del Interior regulo mediante su Resolución No. 1 de 17 de enero del 2014 la responsabilidad de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria en el control de la participación y responsabilidad del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos. El Banco Central de Cuba se subordina a la Policía Nacional Revolucionaria virtud de lo que establece el Decreto-Ley No. 317. Estructurando la cooperación de este órgano con INTERPOL, con un sistema de información que le permita al gobierno mantearse actualizado sobre el particular. La Fiscala General de la República y el Tribunal Supremo Popular informan al gobierno sobre la ejecutoria de la legislación vigente sobre el asunto en cuestión. Sería muy provechoso para ambas partes (cubanos-norteamericanos) se creara un canal de consultas y colaboración de la práctica jurídica para el tema lucha contra el terrorismo y procedimientos judiciales, tal y como sucede con otros temas puntuales como el Migratorio, Correo Postal, Asistencia Bilateral de Guarda-Costas EEUU y Guarda-Fronteras Cuba, Servicio de Salvamento Marítimo, Asistencia ante accidentes de hidrocarburos (petróleo), etc. Incorporar este tema positivamente además en las Conversaciones Migratoria donde se tratan asuntos de interés mutuo, teniendo en cuenta la ruptura de vínculos diplomáticos.

 

El tema espionaje es tomado por ambas partes, lo más significativo ha sido la denuncia cubana contra la parte estadounidense referente al proyecto Zunzuneo que data de años atrás, extremo significativo que se vinculo al cumplimiento de la sanción impuesta contra el ciudadano norteamericano Sr. Alan Gross, el que se declaro en huelga de hambre ante el temor de ser resentenciado, ambos gobiernos se pronunciaron según sus razones, el Sr. Gross afortunadamente interrumpió la huelga y la parte cubana reitero la formulación del intercambio humanitario de prisioneros a favor del norteamericano que alcance a los tres cubanos que cumplen sanciones por delitos de espionaje, única oportunidad con la que cuenta para lograr la liberación de estos, fallando todos los reclamos judiciales y de solidaridad política por parte de instituciones oficiales y familiares, los otros dos cubanos se encuentran residiendo en Cuba al haber extinguido la sanción impuesta. El gobierno de Estados Unidos está estudiando una solución ciudadana para lograr la excarcelación del Sr. Gross, el que por su parte fue visitado por su abogado norteamericano y este sostuvo un encuentro con el Canciller cubano.

 

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana sanciono a treinta y quince años de privación de libertad respectivamente, por delito de espionaje a Miguel Álvarez, y su esposa Mercedes Arce-Rodríguez, experimentados ex Analistas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, desde los cargos de ex Asesor del ex Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Catedrática-Investigadora en Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, pasaron información sensible al exterior, sin que se pueda conocer del sumario procesal de la Causa Penal, el origen, alcance y participación extranjera en las acciones, teniendo en cuenta que la sentencia ha sido clasificada como Secreto, se desconoce el letrado que asumió la defensa de ambos procesados, las pruebas que presentaron los procesados, las que presento la Dirección de Seguridad del Estado y otras instituciones de investigaciones criminales y especiales del Ministerio del Interior, en no menos de dos años de trabajos de investigaciones, los testigos de las partes, otros ciudadanos vinculados a la causa, si el ex Presidente del Legislativo tuvo incidencias, aunque fue sustituido de los cargo, se mantiene haciendo vida social y publica de apoyo al gobierno. Ninguna organización internacional se pronuncio o reclamo su vinculación con el hecho ni con los sancionados, elemento que indica que el sumario de las investigaciones no ha concluido y que el gobierno cubano puede utilizar en el momento propicio contra terceras personas o gobiernos involucrados.

 

En el sistema penitenciario cubano cumplen severas sanciones impuestas por Tribunales varios cubanos por la comisión de delitos de espionaje y otros conexos vinculados a este, sin que exista un reclamo internacional sobre ellos. Por la causal de espionaje en reiteradas ocasiones estos sancionados son excluidos de las Listas de Presos Políticos que emiten las organizaciones no gubernamentales (de oposición) demandando respaldo y apoyo.

 

Teniendo en cuenta las publicaciones de este Analista en relación en el tema Terrorismo de Estado, adjuntamos Algunas consideraciones, la información publicada en el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com referente Terrorismo de Estado I y Terrorismo de Estado II, con total vigencia, recomendando su relectura.

 

A su consideración, Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com y el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com

01-05-2014

Terrorismo de Estado (I)

El Departamento de Estado del  Gobierno de Estados Unidos circulo el Informe sobre países vinculados a prácticas terroristas,  por trigésimo año consecutivo, desde el año 1982,  el Gobierno de Cuba conforma, según el documento, el indicativo que lo relaciona con el terrorismo de estado.

El informe  en cuestión vincula al gobierno cubano de brindar solidaridad y apoyo a gobiernos como  el de Siria, Corea del Norte, Iraq y en su momento Libia, prueba de ello es que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, desde que accedió al cargo  en febrero del  2008, ha recibido  a enviados especiales de esos gobiernos terroristas con fines no justificados  ante  la opinión pública internacional, sin  representar ganancia alguna para el desarrollo económico y social del país.

Uno de los hechos más significativos del Informe es  el apoyo que Cuba brinda a ciudadanos norteamericanos con graves antecedentes criminales y  mantienen causas radicadas en las cortes estadounidenses,   ejemplo de ello es Joanne Chesimard, la más connotada fugitiva residente en Cuba,   también los señores Victor Manuel Gerena,  Charlie Hill y Michael Finney, entre otros  conforman una lista de casi ochenta delincuentes y criminales que son buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de origen estadounidense, cubanos, colombianos, dominicanos, italianos, y de origen desconocido.

En los últimos tiempos, aparte de los vínculos con el terrorismo, otros ciudadanos norteamericanos, cubanos-norteamericanos cubanos con residencia o sin este estatus migratorio, reciben autorización y apoyo de las autoridades cubanas,  después de haber gestado grandes robos y estafas a entidades oficiales, gerenciales y de propiedad personal en territorio de Estados Unidos, para radicarse en la Isla,  antes con una licencia discrecional, ahora legalmente, al amparo de lo que dispone el Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, prueba de ello es la investigación que realiza el Departamento del Tesoro y  que vincula estos sujetos  a  millonarios depósitos y trasferencias  a Bancos que conforman el Sistema Bancario Cubano,  violando lo dispuesto por el Presidente del Banco Central de Cuba, mediante su Resolución No. 17-2012, de fecha 1ero. de marzo del 2012.

De las investigaciones practicadas por el Departamento del Tesoro y el Grupo Especial de Acción Financiera, (ALD/CFT) resulto que las entidades bancarias cubanas tienen serias deficiencias procesales en sus  controles de activos depositados, el gobierno cubano se niega a participar de conjunto con entidades  estadounidenses, tampoco se compromete a responder formulaciones para no llamarla investigaciones entandares. Las Direcciones de Investigaciones de lo Criminal del Ministerio del Interior de Cuba se apartan de verificar e investigar el alto nivel de vida de extranjeros, norteamericanos y cubanos con diferentes categorías migratorias repatriados de Estados Unidos, que por lo anterior se deciden  a  residir definitivamente en el país.

La legislación vigente, Ley No. 62, Código Penal de fecha 29 de diciembre de 1987, modificado y actualizado,  tipifica delitos sujetos a severas sanciones para su aplicación,  a toda luz las autoridades cubanas enmascaran estas conductas criminales para no encausar a los delincuentes internacionales, porque utilizan no solo territorios de Estados Unidos y Cuba, sino a su vez, de América, el Caribe y de otros continentes.

No hay ningún procedimiento concertado entre ambas partes  para lograr investigaciones que permitan acceder a los elementos probatorios para incriminar a los responsables, mucho menos recursos de deportaciones y otras figuras jurídicas que permitan que las cortes estadounidenses puedan aplicar la ley quebrantada.

Desde la década del 60, el gobierno revolucionario cubano brindó apoyo logístico, financiero, de asesoría e integración militar a los movimientos revolucionarios en América Latina, el Caribe y otras latitudes, estos movimientos o grupos dentro de su marcada agresividad tenían tendencia al terrorismo, como los ETA, IRA,  los Macheteros, puertorriqueños,  narcos-guerrilleros  de Colombia,  remanentes de esta nefasta política  se mantienen residiendo permanentemente en Cuba, con identidad falsa y con el estricto control del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,

Ejemplo de estos terroristas residentes en Cuba es el caso del Sr. José Ignacio Echarte, fugitivo de la ley española, vinculo a la ETA,   y se presume que por sus vínculos  con el gobierno cubano, se relaciono directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo extremadamente terrorista, eso justifica en parte, el manifiesto intereses del gobierno cubano en monitorear el actual proceso de negociaciones entre esa fracción de tendencia terrorista y el gobierno colombiano.

Desde los últimos años  de la década del 90, el gobierno cubano trato de distanciarse públicamente de algunos vínculos con grupos terroristas, ejemplo de ello fue que  tres  miembros de la ETA que residen en Cuba,  trataron de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y fueron detenidos en Venezuela, posteriormente entregados a las autoridades cubanas, los motivos por los cuales   el gobierno cubano los mantiene como rehenes y no les ofrece autorización de salida del país no está definido. Para los extranjeros residentes en Cuba, se mantiene vigente la Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, la que se ejecuta en virtud de la legislación complementaria que establece la Dirección de Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior, y que no se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cumpliendo sentencias a cinco espías cubanos que actuaban ilegalmente en ese país, el gobierno cubano ha reiterado su disposición de un canje humanitario de los cinco espías con el ciudadano  norteamericano  Alan Gross, sentenciado en Cuba por atentar contra los poderes del estado, el gobierno del General-Presidente  nunca ha propuesto  a los sujetos que residen bajo su autorización y amparo en el país  y que son reclamados por la justicia estadounidense como parte del referido canje,  cabe la interrogante, hasta donde llega el compromiso concertado con estos delincuentes y cuál fue el acuerdo de estos con el Comandante en jefe Fidel Castro­­, aunque muy puntualmente el General-Presidente ha asumido conductas que posibilitan la entrega de prófugos a la justicia estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos a su vez,  no se ha pronunciado por un canje entre los cinco espías cubanos y estos delincuentes criminales, han sido infructuosas los reclamos a las autoridades cubanas sobre la entrega de estos prófugos, extremo que tampoco  resulto positivo  al ser interpuesta una solicitud de la  gobernadora de New Jersey al Santo Padre Juan Pablo II, para que gestionara durante su visita a Cuba el retorno de la fugitiva Chesimard,  las autoridades de ese estado norteamericano elevaron la suma de la recompensa por la su entrega de 150 mil a un millón de USD, fiel prueba de la lucha contra el terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba ha demandado reiteradamente  al gobierno de Estados Unidos se abstenga de continuar relacionado a Cuba con las practicas del terrorismo.

Es hora que ambos gobiernos intercambien fórmulas  de entendimiento para asuntos de interés mutuos o particulares, sin una agenda predeterminada con temas  desgastados en estos cincuenta y tantos años de férrea lucha de poderes.  El General de Ejercito Raúl Castro manifestó como ultimo de su mandato presidencial el  periodo legislativo 2013-2018, que no fue elegido en el 2008 para entregar al capitalismo las conquistas de la Revolución,  pero debe interpretar de lo anterior, dejar libre el camino de las relaciones pueblo a pueblo, el Presidente Barac Obama ha manifestado reiteradamente su mayor interés en lograr un total y definitivo acercamiento de ambos pueblos. SOLO FALTA ABRIR LOS OJOS A LA ESPERANZA Y A LA FELICIDAD, recordar siempre las palabras de nuestro querido Papa Juan Pablo II, QUE CUBA SE ABRA AL MUNDO, COMO EL MUNDO SE ABRA A CUBA.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION

–         Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, de 20 de septiembre de 1976.

–         Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, Ley de Extranjería

–         Ley No. 62, Código Penal

–         Constitución de la República de Cuba

04.03.2013

Terrorismo de Estado (II)

El gobierno cubano mediante una declaración de fecha 30 de mayo del 2013 de su Ministerio de Relaciones Exteriores protestó por la inclusión reiterada desde la década del 80 en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo Internacional, en su conclusión hace referencia a la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de continuar promoviendo la contradictoria Lista al ejecutar el embargo económico que afecta sustancialmente la economía del país y en especial a la población civil, extremo que es repudiado por la comunidad internacional, con una marcada y significada mancha en atentar contra los principios del pueblo y gobierno cubanos.
La lista en cuestión reitera elementos probatorios contra la parte cubana consistentes en el apoyo injustificado pero consistente y reiterado a los gobiernos tiránicos de Siria, Corea del Norte, Irán y Sudán, y otros, continúa manteniendo el apoyo a miembros de grupos terroristas como los Macheteros, IRA y ETA, aunque en la práctica se ha tratado de deslindar de sus compromisos históricos, apoyo logístico, financiero y político a miembros de los Narcos-Guerrilleros colombianos, devenido en copatrocinador de un Dialogo Gobierno-Guerrilla con perspectivas de avance. Asunto de extrema gravedad es el apoyo que brinda desde la década del 70 a prófugos por graves delitos criminales de la justicia norteamericana, todos ellos pactados en su momento por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y en los últimos tiempos no colaborar con investigaciones de elementos que prueban el desvió al sistema bancario cubano de millonarias cuentas que provienen de estafas.
Inicialmente el Sr. Jonh Kerry, Secretario de Estado se había pronunciado por la posibilidad funcional de eliminar al gobierno cubano de la lista, finalmente, aún con cambios y modificaciones en la situación actual del gobierno del General-Presidente Raúl Castro, persisten elementos de peso que finalmente determinaron la permanencia en el cuestionado documento, fundamentos de destacados hombres de la política norteamericana, pudiera en el futuro modificar la política hacia Cuba del gobierno del Presidente Barck Obama, “ pero los fundamentos tienen que ser consistentes y justificados y no se ve claro el cambio de este rumbo”.
El autor- del presente análisis hizo referencia al tema en su artículo ´´El Gobierno Cubano vinculado al terrorismo de estado” publicado con fecha 4 de marzo del 2013 en su Blog Referencia Jurídica – Abogado Independiente https://referenciajuridica.wordpress.com.

El Banco Central del Estado dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013 y publicada en la Gaceta Oficial de la República en edición ordinaria No. 29 de 7 de junio del 2013, un texto tan importante, con repercusión nacional e internacional, y con una demora injustificada en su publicación, “Las normas generales para la detención y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos” con el fundamento de evitar el uso indebido de los servicios bancarios cubanos, aunque en la práctica los elementos procesales de la normativa pudieran ampliarse en la colaboración bilateral con gobiernos interesados en esclarecer presuntas operaciones criminales. Ver http://gacetaoficial.cu
La aprobación de la precitada Resolución Bancaria es traída a colación como resultado de los Informes y las Listas de Países Patrocinadores del Terrorismo de Estado, Cuba ha dado muestra de acceder a restringir, aunque sea teóricamente a los servicios bancarios de capital de dudosa o probada procedencia ilegal, pudiera dar pruebas de elemento de rectificación en una conducta unilateral, vinculándose al menos a las Normativas de la Organización de Naciones Unidas, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y demás entidades regionales e internacionales, así como la colaboración bilateral o multilateral en el tema. Existen elementos probatorios en informaciones promovidas por el Departamento del Tesoro y del Grupo Especial de Acciones Financieras (ALD/CFT).
La determinación del gobierno cubano de repatriar en el menor término posible a dos menores que habían sido secuestrados por sus padres y trasladados a Cuba, así como la entrega a las autoridades de los dos responsables del hecho en cuestión, en el marco de un exitoso entendimiento entre ambos gobiernos. Ver análisis sobre el tema publicado con fecha 9 de abril del 2013 con el título “Cuba responde a pedido del Gobierno de Estados Unidos en relación con el secuestro de menores norteamericanos” en el Blog Referencia Legislativa-Abogados Independientes, http://referencialegislatica.wordpress.com
Estos temas pudieran quedar resueltos dentro del marco del mejor entendimiento, en los últimos días la Sra. Josefina Vidal, Directora de América del Norte de la Cancillería Cubana realizó una visita para conversar con altos funcionarios del Departamento de Estado, logrando “algunos acuerdos y consideraciones” el más significativo fue la determinación el gobierno de Cuba de acceder a la verificación de los resultados de investigaciones clínicas realizadas al Sr. Alan Gross. Al menos, la reapertura de las Conversaciones Migratorias pudieran ser sin lugar a dudas el comienzo de las tantas veces propuestas del General de Ejercito Raúl Castro de sostener intercambios bilaterales, aunque para esto se necesita despejar el camino de agendas con temas que solo vendrían a entorpecer las nuevas intenciones.

Legislación sobre Derecho de Asociación. Compendio Legislativo. Algunas consideraciones.

La Constitución de la República de Cuba, Promulgada el 24 de febrero de 1976. Capítulo VII, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales:

Artículo 54: Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador (interprétese instituciones oficialistas: Federación de Mujeres Cubanas, Central de Trabajadores de Cuba, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Unión de jóvenes Comunistas, Federación de Estudiantes Universitarios y de la Enseñanza Media, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, etc.) para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las Organizaciones de masas y sociales disponen de todas las facultades para el desenvolvimiento de dichas actividades, en la que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

 

Recientemente los trabajadores por cuenta-propia legalmente estructurados mediante el Decreto-Ley No. 141, de 8 de septiembre de 1993, Sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, regulado procesalmente por la Resolución No. 41-2013, Reglamento del Ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, y la Resolución No. 42-2013, Denominación, Alcance y Entidades que autorizan el Ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, ambas de 22 de agosto del 2013, dictadas por la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, demandaron en el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba el derecho de integrar un “Sindicato Independiente o de Trabajadores por Cuenta-propia”, siéndole denegada la pretensión con la justificación que la Central de Trabajadores de Cuba tiene estructurado Sindicatos ramales para quedar sustanciada la iniciativa que fue catalogada de atentar contra los principios de integración del movimiento histórico-revolucionario, seria sentar la precedencia para otras demandas de asociación.

 

La Sociedad Civil Independiente (de oposición al gobierno) ha promovido reiteradamente al Ministerio de Justicia las pretensiones de reconocimiento, en algunos pocos casos se pronuncian por “No haber lugar” teniendo en cuenta la dualidad de funciones con instituciones oficialistas, en otros casos no responden a la solicitud documentalmente interpuesta, sin que los afectados hagan uso del derecho a apelar al “silencio administrativo”, sin que esto resulte que prospere la acción, extremo que prueba la falta de valores democráticos que sustentan al estado y al gobierno. Hasta tanto se disponga la derogación o modificación favorable de la legislación invocada en este análisis, es técnicamente imposible que prospere acceder a un reconocimiento de derecho de asociación, con todos los derechos y obligaciones que este conlleva.

 

Ley de Asociaciones No. 54, de27 de diciembre de 1985, publicada en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 19 de de 27 de diciembre de 1985. Capítulo I, Disposiciones Generales:

Artículo 2.- Podrán constituirse como Asociaciones:

. Científicas o técnicas, que persigan con sus trabajos contribuir al desarrollo de la investigación y la aplicación de los logros de la ciencia y la técnica.

. Culturales y artísticas que se propongan fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la cultura.

. Deportivas que tengan por finalidad el desarrollo y la práctica de los deportes, así como la educación y la recreación física.

. De amistad y solidaridad, que se propongan desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos y el estudio de su historia y cultura.

. Cualesquiera otras que conforme a la Constitución y a esta Ley se propongan fines de interés social.

 

No están comprendidas en la Ley, las organizaciones políticas y de masas a que hace referencia la Constitución de la República, tampoco las instituciones religiosas, eclesiásticas u otros cultos religiosos, las cooperativas de créditos y de servicios y otras.

 

Reglamento de la Ley de Asociaciones, Resolución No. 53 del Ministro de Justicia, de 14 de julio de 1986, publicada en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 56 de 23 de julio de 1986.

Teniendo en cuenta la necesidad del Gobierno y por tanto del Partido Comunista de Cuba para contar con una probada representación de la sociedad civil para apoyar entre tantos temas, la repatriación del menor Elián González, la liberación de los Cinco Cubanos presos en Estados Unidos por espionaje y otros delitos conexos, las Demandas contra el Embargo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos al Gobierno de Cuba, ante el Plenario de ONU, Informes sobre Derechos Humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU, Violación de Derechos establecidos en normativas de ONU, de interés manifiesto del gobierno, etc. el Ministro de Justicia otorgo en la década del 90 a instituciones afines, sin que medie instrumentos legales que les reconozcan este derecho, teniendo en cuenta que la Constitución de la República de Cuba regula un estrecho marco diseñado por La Ley de Asociaciones, no existe un documento público que se acredite la formulación del llamado Fórum de la Sociedad Civil Cubana.

 

El Ministerio de Justicia establece a través del Registro de Asociaciones Nacionales, “con carácter general y hasta tanto se dicte la legislación especial sobre la materia”, las cuestiones relacionas con las instituciones eclesiásticas, religiosas y las basas en el credo religioso de sus integrantes o relacionadas directamente con las expresadas instituciones, dicto las siguientes regulaciones procesales, publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 8 de 19 de abril del 2005, vigentes a los treinta días siguientes a su publicación , al paso de ocho años no se ha actualizado la legislación, lo que denota la falta de responsabilidad y de interés en solucionar el gran vacío que dejo la Constitución de la República al promulgarse en febrero de 1976.

 

Resolución No. 43 del Ministro de Justicia, de 19 de febrero de 2005, Relativa a la solicitud de inicio de obras nuevas de inmuebles, locales o terrenos que ocupan las instituciones eclesiásticas, religiosas o las basadas en el credo religioso, que tramitan según lo que se establece procesalmente.

 

Resolución No. 44 del Ministro de Justicia, de 19 de febrero del 2005, Metodología para la realización de inspecciones a las Asociaciones constituidas al amparo de la Ley y de su Reglamento, con el fin de comprobar el cumplimiento por parte de estas, de las disposiciones vigentes en la materia, contenidas en sus Reglamentos o Estatutos, así como en las Normas de Relaciones suscritas entre estas Asociaciones y el Órgano, el Organismo o dependencia que actúa como su Órgano de Relaciones. Generalidades. Preparación para la inspección. Objetivos de la Inspección. Evaluación de la Inspección.

 

Resolución No. 45, de 19 de febrero del 2005, del Ministro de Justicia. Metodología para la realización de visitas de los Órganos de Relaciones, para velar por el adecuado cumplimiento de los objetivos y fines que determinaron la constitución de la asociación, por lo dispuesto por las Normas de Relaciones. Generalidades. Preparación para la Visita. Aspectos a Valorar en la Visita. Acta de la Visita.

 

Resolución No. 46, de 19 de febrero del 2005, del Ministro de Justicia. Indicaciones para solicitud, tramitación y autorización para la celebrar cultos en viviendas de propiedad personal. Resultando necesario establecer el procedimiento. De la Autorización. De la Solicitud. De la Tramitación de las Solicitudes. De la Supervisión. De la Actualización.

 

 

Algunas consideraciones generales:

 

La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, otorga Licencias de Autorización numeradas consecutivamente, firmada por la Jefa de la Oficina, sin que medie su publicación para conocimiento general de la ciudadanía, con el fin de reconocerlas como miembros plenos, conformando el Fórum de la Sociedad Civil Cubana. Queda probado que el tema Asociaciones de Instituciones Religiosas, que procesalmente se debe al Ministerio de Justicia, es facultad exclusiva de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba “la que determina el nivel de autorización o revocación de los márgenes de derechos” según los intereses puntuales. Esta determinación es ilegal por no contar con procedimiento jurídico que faculte tales atribuciones que en la práctica ejecuta.

 

La ratificación por parte del gobierno cubano de los Pactos en materia de Derechos Humanos seria elemento bastante y suficiente para lograr un marco legal para el tema Asociaciones, derecho alcanzado por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

 

A su disposición: Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante dr.reneloepz@yahpoo.es y dr.renelazaro@gmail.con y el Blog Referencia Jurídica http://referenciajuridica,wordpress.com

El Código de Trabajo sin vigencia

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión del día 20 de diciembre del 2013, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, en votación ordinaria adopto el Acuerdo No. VIII-18, el que textualmente dice “Aprobar la Ley No. 116, Código de Trabajo” y el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Trabajo de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, con la indicación que una Comisión de Estilo examine las propuestas de modificaciones o adiciones que formularon varios diputados en el momento del debate a la redacción de determinados incisos de los artículos 2, 3,61 y 46 del texto de la Ley. Se adopto a su vez el Acuerdo No. VIII-19, que dice “Aprobar la Comisión de Estilo presidida por el diputado José Luis Toledo Santander e integrada además por las diputadas Rosa Fernanda Charró Ruiz y Belkis María Pérez Cruz, para que proceda a la revisión del texto de la Ley No. 116, Código de Trabajo, antes de su publicación en la Gaceta Oficial de la República”. Ninguno de los dos acuerdos establece término de cumplimiento del mandato y por tanto su publicación en la Gaceta Oficial de la República con el especial pronunciamiento de fecha de vigencia.

 

El XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba tenía como punto fundamental de su agenda el análisis y proyección del referido texto legal, vinculándolo al movimiento sindical, no pudo insertarlo a la única organización sindical con capacidad legal y de representatividad en su ejecutoria, por no contar con el texto publicado y con disposición de vigencia.

 

Los Consejos de Estado y de Ministros, así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social continúan aprobando normas legales complementarias del Código de Trabajo, las que no tuvieron en cuenta en el momento procesal de la aprobación del Código de Trabajo. Continua la deficiencia de la legislación dispersa.

 

La legislación en Cuba tiene el grave problema conceptual de no tener en cuenta el sentido de codificación de la materia, en el caso que nos ocupa el Código de Trabajo, el estado se sirve del derecho de trabajo como instrumento esencial de organización y dirección, se disponen normas complementarias que modifican o derogan la Ley, cuando debería disponerse desde la letra del Código su actualización, logrando de esta forma la sistematización del trabajo y del conocimiento de lo establecido. Para los especialistas y dirigentes sindicales, para los trabajadores, estudiantes y conocedores del tema derecho laboral confrontan lo disperso de lo legislado y al paso de los anos, la cantidad d disposiciones no tienen una cordura por las diferentes temáticas de la especialidad, la aprobación de la Ley No. 116, Código de Trabajo continuara con este sensible error procesal.

 

Falta de democracia por la imposición oficialista.

 

El Sr. Ulises Guillarte de Nacimiento que se desempeñaba en el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba fue liberado de sus funciones, reconociéndole su excelente funcionalidad en el cargo, con la coletilla de que al mismo le serian asignada nuevas responsabilidades. Al paso de los días el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba informaba que había sido designado Presidente del Comité Organizador del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, articulando directamente a Secretario General en el marco de una candidatura sin fundamento de experiencia ni vinculación con el movimiento obrero, resulto electo mediante un proceso dirigido, con candidatura única, probando la imposición oficialista y el control que se ejerce también sobre el movimiento obrero. El 29 de marzo del 2014 fue elegido Miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba, extremo que reitera la política oficialista y la falta de perspectivas de Organizaciones Independientes (Sindicatos Independientes) de lograr su espacio merecido imposibilitado por la vigente ley No. 54, Ley de Asociaciones y su Reglamento.

 

Hasta la fecha Carmen Rosa López Rodríguez, desde el cargo de Segunda Secretaria de la CTC integro el Consejo de Estado, siguiendo instrucciones impartida por el General-Presidente, al cesar en el cargo de Secretaria General tuvo que presentar su renuncia, dejando expedita la elección a favor de Guilarte de Nacimiento.

 

Sería oportuno recordar que el Sr. Salvador Valdés Mesa, fue miembro del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, ocupando el cargo de Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios y Forestales, fue designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social, posteriormente ocupo el cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Camagüey, fue designado nuevamente como Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba hasta su elección como Vicepresidente del Consejo de Estado, simultaneando siempre las funciones antes expresadas con la de Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Indiscutiblemente es un hombre de la entera confianza del General-Presidente.

 

Todo lo anterior prueba la falta de democracia en las organizaciones sociales que conforman el status de Organizaciones No Gubernamentales reconocidas por la Organización de Naciones Unidas, extremo que es utilizado por el gobierno para lograr sus propósitos, lejos de los intereses ciudadanos.

 

Bibliografía. Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es

dr.renelazaro@gmail.com y https://referenciajuridica.wordpress.com

Armamento destinado a Corea del Norte suministrado por el Gobierno de Cuba. Consejo de Seguridad ONU.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio a conocer el Informe Público con la conclusión que el suministro de armas, la transacción contractada con la simulación de un cargamento de azúcar que resguardaba la carga  fundamental del embarque como piso y tapa para evitar ser detectada, concluye en una  grave violación de lo dispuesto por se Órgano de ONU. El informe se hizo público el viernes y las autoridades cubanas no se han pronunciado sobre el particular.

 

Una introducción necesaria:

El General Kim Kyok Sik, Jefe del Ejército de la República   Popular de Corea del Norte visito Cuba antes de iniciarse el conflicto del suministro ilegal del armamento,  evidentemente el motivo de la visita se fundamentaba en el precitado suministro, fue recibido el 1ro. de julio del 2013  por el General de Ejército Raúl Castro, Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, el General  de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cintra Frías, Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el General  de Cuerpo de Ejército Álvaro  López Miera, Viceministro Primero-Jefe del Estado Mayor,  el encargado de atender al visitante fue el General de División Pedro Mendiondo, Jefe de Dirección de Fuerza Aérea y  Defensa Anti-Aérea del MINFAR.  El 8 de agosto del 2013,  días después de la visita el General coreano, el General Mendiondo falleció como consecuencia de un accidente de tránsito, sin que se informara detalles de las investigaciones practicadas.

 

Al conocerse públicamente que la operación de suministro de armas había sido abordado por las autoridades del Canal de Panamá, abriendo un proceso investigativo, solicitando ayuda de  expertos de la  ONU, el General-Jefe del Ejercito de Corea del Norte, que había visitado Cuba y que se presume  concertó el pacto,  desapareció de los medios,  en un primer momento se comento por la prensa internacional  que había sido fusilado por orden presidencial, al igual que otros altos jefes y oficiales,  diplomáticos y efectivos del gobierno, extremo que fue ratificado al conocerse que el precitado General Kim había sido sustituido por dos Generales “de cuatro estrellas”. Posteriormente el gobierno de Corea del Norte  llamo en consulta a su embajador extraordinario y plenipotenciario en La Habana Sr. Jon Yong-Jin,  tío político (esposo de Kim Kyong Hui, tía del Presidente  Kim Jong-un)  días después se conoció que  también había sido fusilado en unión de otros familiares allegados y asesores, de forma tal que todos los implicados en el acuerdo bilateral de suministro de armamentos fueron ejecutados por determinación sumaria del Presidente de la República.  El embajador coreano en Malasia fue ejecutado de la misma forma.  Todos estos elementos prueban la responsabilidad de la parte coreana en los hechos. Estas acciones se consideran una grave violación de los Derechos Humanos y Democracia  en el país.

 

Los ejecutivos y la tripulación del barco  Chong Chon Gang, integrada por 35 personas,  en un  principio hicieron resistencia al abordaje,  fueron detenidos y sujetos a un proceso penal, el Capitán del Buque trato se suicidarse, otras acciones llamaron  poderosamente la atención, posteriormente la Administración de la Zona del Canal de Panamá impuso una multa de $1millonUSD que abono el gobierno coreano,  aun cuando la situación económica coreana es menos que deprimente, el barco zarpo rumbo a La Habana para el desembarco de las 10mil toneladas de  azúcar, el armamento quedo como pieza de prueba en el proceso seguido por el Consejo de Seguridad de ONU. Más de 45 barcos coreados o arrendados por el gobierno son objeto de rastreo y control de actividades ilegales, entre ellas las que violan las Resoluciones del Consejo de Seguridad con respecto a armas y al desarrollo del programa nuclear de Pyonyang.

 

El Presidente de Panamá no viajo a La Habana para participar en el Segunda Cumbre de CELAC como protesta a las acciones del gobierno de Cuba que lo vincula al terrorismo.  Martinelli tuvo un papel destacado en el inicio  de las  investigaciones,  dio espacio personalmente  a los medios informativos nacionales e internacionales, tuvo acceso a la carga, declaro que es inaceptable que hechos como este sucedan en el espacio del corredor interoceánico, que  es evidente el irrespeto a las leyes panameñas, un país que ama la paz y rechaza la guerra. En el referido evento regional no se hizo pronunciamiento alguno sobre el incidente. Los gobiernos de Panamá y Corea del Norte no han tenido vínculos diplomáticos.

 

El informe supone que el gobierno de la República Popular de Corea pudo haber violado el embargo  otras dos veces en el 2012 hasta la fecha,  la información referente al Informe secreto no hace referencia a recomendaciones de sanciones a las partes involucradas. El hecho en cuestión viola el embargo decretado por ONU, probando que  las 240 toneladas de armamento interceptado poseían una  calidad técnica máxima, con mantenimiento adecuado reciente, las insignias de los dos aviones les habían sido borradas con pintura especial,  una cantidad considerable de piezas de repuesto y otros medios de aseguramiento técnico-militar, existe la posibilidad del suministro cubano de un radar de misiles SA-2 tierra-aire no se hace referencia a la presencia de militares  cubanos o coreanos en misión de custodiar la preciosa y conflictiva carga.

 

El gobierno de Cuba  que inicialmente dio muestras de estar colaborando con las investigaciones, entre ellas las visitas de funcionarios ONU al país para entrevistarse con altos jefes y oficiales del ejército,  rechazo de plano  la denuncia, alegando acuerdos de las partes para la  reparación y mantenimiento del armamento que posteriormente  seria reintegrado a la Isla,  y que el azúcar encontrada responde al pago o compensación por los servicios pactados, no ha hecho pública su declaración sobre el precitado informe, pero medios informativos internacionales dieron a conocer la negativa de identificar a los Jefes y Oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias responsables de autorizar y ejecutar   la orden del suministro de armas a la República Popular de Corea.  Acciones de este tipo involucra al Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno en funciones de Comandante en Jefe, al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, al Viceministro Primero-Jefe del Estado Mayor y Jefes de Direcciones de ese Ministerio. En Cuba no hay antecedentes de acciones extrajudiciales contra militares, aun cuando prende el proceso seguido  en la Causa No. 1-89 contra el General de División Arnaldo Ochoa y otros Jefes y Oficiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior vinculados a la Droga.

 

La determinación del suministro de armas indiscutiblemente fue un  grave error, aun cuando el armamento estaba enmascarado  con sacos de azúcar, atendiendo al antecedente de la década del 60 cuando  el Sistema Satelital de Defensa de Estados Unidos detecto las ojivas nucleares suministradas por la Unión Soviética, posteriormente a este hecho con la puesta en marcha del Centro de Escucha Lourdes del Ministerio de Defensa  de la Unión Soviética, hasta mediados de la década de los 90, se incremento el rastreo satelital, era de esperar que el ejercicio de traslado  desde el lugar de almacenamiento y estiba

de las piezas del armamento fueran detectados,  desde hace días había evidencias de inteligencia sobre  acciones ilegales referente a que el Jefe del Ejercito coreano visitaría Cuba  para tratar temas vinculados con  el suministro de armamento, se dice que las autoridades estadounidense tenían conocimiento que el barco sería detenido dentro del Canal, Patrick Ventrell, vocero del Departamento de Estado comento que el barco tenia historial vinculado al tráfico de drogas, elemento con el cual se justificó la acción de detención. El Secretario de Estado ha hecho público  que sustentara una sanción apropiada por la violación que prueba el  Informe, no relacionando el asunto a un tema bilateral Estados Unidos – Cuba, sin hacer pronunciamientos al documento que  por más de veinte años vincula al gobierno de  Cuba al Terrorismo de Estado y que este rechaza y denuncia su improcedencia por falta de elementos probatorios.

 

La Sra. Ileana Ross-Lehtinen, republicana por Florida, expreso lo grave y preocupante de la acción, así  como el Sr. Mauricio Claver Carone insto a la administración Obama a tomar medidas drásticas contra el  gobierno cubano. Otras voces republicanas reclaman un papel preponderante en el proceso, teniendo en cuenta las pruebas obtenidas y el seguimiento de la ilegalidad.

 

Consideraciones finales:

El gobierno de Cuba tendrá que someterse a la sanción que impondrá el Comité del Consejo de Seguridad de ONU. Si no estaba actuando de mala fe, debió haber tramitado una licencia del precitado Comité para el traslado del armamento, a toda luz ha quedado probado que se ha violado las Resoluciones del Consejo de Seguridad.

 

El  Secretario General en el marco de la Cumbre de CELAC dio muestras de apoyo y estimulo  los planes de cambios implementados por el gobierno de Raúl Castro, este fundamento debe pesar en el balance de las sanciones las que  no deben corresponderse con el tema económico, en momentos en que se inicia el proceso de puesta en marcha de la Zona Especial  de Desarrollo Mariel y la promulgación de la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras, extremo reconocido como principal eslabón  de desarrollo del país. Esta probado además que la población civil ha enfrentado por más de cincuenta años un recio embargo comercial por parte del gobierno de Estados Unidos, afectando no solo en lo político, además en la económico y en lo social. El gobierno cubano no ha tenido reparo ante estas afectaciones para importar la ideología revolucionaria-marxista, derivado de esto en lo material que endurece aun más la agonía de la población.

 

 Este hecho viene a marcar negativamente el fin del último periodo presidencial del General-Presidente y la transmisión de una grave violación del derecho internacional al Primer Vicepresidente Díaz Canell, el que se supone asuma un gobierno de transición a la democracia, salvo que en el camino surjan otras alternativas de gobierno que responda a la actual Presidencia.

 

Llama la atención  que los principales países vinculados al CELAC han confrontado problemas internos, Cuba el caso que nos ocupa, Venezuela un total desbalance en asuntos internos con fragantes violaciones de democracia y derechos ciudadanos por parte del gobierno, Argentina y Ecuador confrontan serios problemas con los resultados electorales que ponen en suspenso la continuidad de sus proyectos de gobiernos de izquierda. Costa Rica y Nicaragua inician otro conflicto por temas fronterizos, Bolivia con sus problemas derivados de la llamada plurinacional y serias afectaciones sociales. Colombia con graves problemas heredados de gobiernos anteriores pero que se hacen presente con fuerza a punto extremo de lograr capacidad electoral, pueden verse afectado las actuales conversaciones en la capital cubana entre el  gobierno y la insurgencia.etc. La Organización de Estados Americanos debe establecerse con fuerza, por derecho propio, en el monitoreo de estas cuestiones internas pero que afectan la estabilidad regional. 

 

Ver: https://referenciajuridica.wordpress.com

Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento al terrorismo:

Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013,  De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.

Decreto No. 322, de 30 de diciembre del 2013, De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura.

Decreto-Ley No. 316, de 7 de diciembre del 2013, Modificativo del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, contra actos de terrorismo.

Resolución No, 1-2014, de 17 de enero del 2014, del Ministro del Interior, Establece la participación y responsabilidad del Ministerio del Interior en lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317.  

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es

dr.renelazaro@gmail.com  y https://referenciajuridica.wordpress.com

14.03-2014

Sancionado exasesor del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por delito de espionaje

Dr. René López Benítez

 

Miguel Álvarez Sánchez , exasesor del Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, ex presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular fue procesado y sancionado a treinta años de privación de libertad  por el Tribunal Provincial Popular de La Habana por delito de espionaje, la Dra. Mercedes Arce-Rodríguez, esposa de Álvarez Sánchez, fue sancionada a quince anos de prisión, por la misma causal, prevista por la Ley No. 62, Código Penal. Habían sido detenidos el 3 de marzo del 2012 y el juicio se efectuó en diciembre del 2013.

 

La sentencia dictada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana cobro firmeza, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo Popular, la misma es documento clasificado,  la Secretaria de la Sala solo notifica a las partes,  la certificación de la precitada sentencia, contentiva de datos generales del procesado, el delito por el cual ha sido procesado, el abogado que lo represento y la sanción impuesta, así como el término para recurrir por inconformidad,  de no recurrirla consta la fecha  de firmeza,  cabe procedimiento de revisión que se interpone ante el Ministro de Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo Popular y el Fiscal General de la República, el que puede ser interpuesto tantas veces sea del interés justificado de los sancionados y cualquier ciudadano o institución de origen cubano.

 

De lo anterior se  desconoce  en detalles el pronunciamiento de la Fiscalía en correspondencia con las conclusiones provisionales y los delitos imputados,  los pronunciamientos de la defensa, la identidad y pronunciamientos de los testigos de las partes, de la defensa y de la fiscalía, las conclusiones de la Dirección de Investigaciones Criminales y de la Seguridad del Estado, los delitos que resultaron probados, si hay otras personas procesadas y sancionadas, se desconoce además la participación externa o interna de extranjeros o miembros del cuerpo diplomático acreditado  en el país, el hecho de no publicarse esta información es para mantener en secreto los extremos del proceso a fin que no sean del conocimiento de instituciones extranjeras  de seguridad, todos estos elementos en virtud de lo que dispone la vigente Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal y en especial la Instrucción No.211, de 15 de junio del 2011, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo en lo referente a la Metodología para la realización del juicio oral en el procedimiento ordinario, con aplicación supletoria para el resto de los procedimientos especiales previstos en la Ley.

 

El historial de los sancionados,  proceden del Servicio Exterior y de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, posteriormente a la Asamblea Nacional del Poder Popular ocupándose de temas claves de la política interna y externa, en especial del diferendo Cuba-Estados Unidos,  las acciones para la liberación de los cinco cubanos en prisiones de Estados Unidos por delitos de espionaje,  además como catedráticos de Centros de Estudios e Investigaciones adscritos a la Universidad de La Habana, con vínculos académicos en el exterior, por lo que eran protegidos por su entera confianza,

 

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba                                   acordó libertar al Dr. Ricardo Alarcón de Quesada de la condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y por tanto del Buro Político, del mismo modo no apareció  en  la Candidatura a Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular para su VIII Legislatura que tomo posesión el        de diciembre del 2013,  aun cuando ocupaba el cargo de Presidente del Legislativo. No ha aparecido en los medios de la prensa nacional e internacional pronunciándose sobre la batalla del gobierno cubano por el regreso de los cinco cubanos que cumplen sanciones en Estados Unidos por la comisión de delitos de espionaje y otros conexos, por lo que se desconoce si ha sido cesado en esas funciones. De hecho tuvo que haber prestado declaración en el proceso de investigación, instrucción y procesamiento contra el matrimonio Miguel Alvarez-Mercedes Arce.

 

No ha habido pronunciamientos sobre el particular por parte de la Sociedad Civil Independiente, y en especial en los informes mensuales que emiten los Srs.  Roberto de Jesús Guerra, Director del Centro de Prensa Hablemos Press y Elizardo Sánchez Santa-Cruz, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, instituciones ilegales, con un amplio  monitoreo al tema Derechos Humanos y Democracia.

 

 

La prensa nacional no  ha informado sobre el particular, aun cuando en los últimos meses el Comité Central del Partido Comunista de Cuba ha hecho un llamado a los órganos de prensa nacional de la necesidad de mantener informada a la población de todos los temas de interés.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es y dr.renelazaro@gmail.com  también https://referenciajuridica.wordpress.com

03-03-2014

 

Recapitulación sobre la Libertad Condicional

Dr. René López Benítez

 

La Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987,  dispone en su Titulo VII, La Libertad Condicional, extremo que fue modificado por la Ley No. 87-99 y el Decreto-Ley No. 175-97 a su vez, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular en virtud de lo que establece la Ley No, 82, Ley de los Tribunales Populares y su Reglamento, ha dispuesto las siguientes Instrucciones como complementaria de la Ley.

Instrucción No, 125, de 1ro. de noviembre de1988, Otorgamiento y reincidencia.

Instrucción No, 137, de 1ro. de noviembre de 1990, Otorgamiento.

Instrucción No. 156, de 30 de abril de 1997, Ejecución y control.

Instrucción No. 162, de 12 de octubre del 2000. Promoción por el Ministro de Justicia.

Instrucciones No. 163 (bis) de 24 de abril del 2002, Ejecución, Control del Juez de Ejecución.

Instrucción No. 170, de 11 de diciembre del 2002, Drogas.

Instrucción No. 175, de 21 de julio del 2004, Otorgamiento.

Dictamen No. 106, Acuerdo No. 327, de 5 de agosto del 1980, Otorgamiento, requisitos.

Dictamen No.225, Acuerdo No. 71, de 14 de mayo de 1985, Tramitación, Tribunal competente en caso de ciudadanos extranjeros.

Dictamen No. 243, Acuerdo No. 31 de 11 de marzo de 1986, Términos bonos de rebaja.

Dictamen No. 293, Acuerdo No. 90, de 29 de agosto de 1988, Otorgamiento, Menores de 20 años de edad,  Reincidencia y Multireincidencia. Requisitos.

Dictamen No. 316,  Acuerdo No. 6, de 19 de febrero de 1991, Informe de conducta. Contenido y parecer del Fiscal.

Dictamen No. 409, Acuerdo No. 168, de 6 de septiembre del 2001, Términos, bonos de rebaja.

Dictamen No. 410, Acuerdo No. 169, de 6 de septiembre del 2001, Otorgamiento y Reincidencia.

Acuerdo No. 204, de 24 de mayo de 1980, Promoción.

Acuerdo No. 166, de 30 de diciembre de 1986, Aplicación del Dictamen No. 160 de 1980.

Acuerdo No. 61, de 30 de junio de 1987, Ejecución, Control.

Acuerdo No. 92, de 30 de septiembre de 1987, Impugnabilidad.

Acuerdo No. 52, de 26 octubre de 1992, Tramitación, otorgamiento.

Circular No. 245, de 9 de marzo de 2009, Nuevo Reglamento Penitenciario. No está publicado en la Gaceta Oficial de la República.

 

DEL PROCEDIMIENTO:

El Tribunal, a propuesta de la institución subordinada a la  Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior puede disponer   la libertad condicional del sancionado, oído el parecer y dictamen del Ministerio Fiscal, apreciando sus características personales, su comportamiento durante el cumplimiento de la sanción y otros elementos que prueben haberse enmendado, considerando bastante y suficiente que se ha logrado los fundamentos de la sanción, siempre que se haya extinguido uno de los términos siguientes:

La tercera parte de la sanción impuesta, cuando se trate de un ciudadano que no haya arribado a los 20 años de edad a cumplir la sanción.

La mitad del término de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados primarios.

Las dos terceras partes  de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados reincidentes o multirreincidentes.

 

Cumpliendo  los términos según el caso. si la solicitud promovida por la representación letrada del sancionado o por la institución penitenciaria es denegada, esta puede ser interpuesta sin límite de promociones. No cabe otro recurso ni por la vía administrativa ni por la judicial.

 

El Ministro de Justicia, oyendo el criterio y  el parecer del Ministro del Interior puede proponer a la Sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular  otorgar la libertad condicional del sancionado, sin que se cumplan los requisitos procesales de términos, la propuesta inicial se traslada al Ministerio Fiscal para conocer su criterio y consideraciones.

 

Para los casos de ciudadanos extranjeros sancionados por tribunales cubanos, por la comisión de cualquier delito, procede el mismo procedimiento,  pudiendo aplicar  lo convenido bilateralmente concertado por ambos gobiernos para el cumplimiento de sanciones, en  el supuesto que no exista convenio, se puede aplicar lo que establece la Instrucción Especial No. 9 de fecha 11 de noviembre del 2009, referido al procedimiento  a seguir a los extranjeros sancionados no residentes en Cuba, a los que se otorga los beneficios de excarcelación anticipada y que se encuentren imposibilitados de cumplir con el termino de la sanción, se le puede autorizar de manera excepcional la salida del territorio nacional, bajo las condiciones que resulten pertinentes,   adoptada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,  no publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.  En los últimos meses se ha dispuesto la deportación de ciudadanos extranjeros radicados en Cuba vinculados a las inversiones extranjeras, sin cumplir el termino establecido,  el grueso de extranjeros que cumplen sanciones en el país se derivan de delitos vinculados a corrupción y otros delitos conexos  en las inversión extranjera, la  droga, trafico de persona, prostitución, en especial atentar contra el normal desarrollo del menor y otros.

 

En la actualidad, teniendo en cuenta elementos de derechos de sancionados en el cumplimiento de las sentencias y en especial para los beneficios de la libertad condicional, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dicto la Instrucción No. 201, de fecha 19 de octubre del 2012, referente a Procedimientos de Control de sentencias firmes en lo penal, beneficios de Libertad Condicional, Suspensión de trabajo correccional con internamiento y Licencia Extra-Penal,  en todo caso viene a establecer reglas que estimulan en lo posible la adopción de un cambio de medida de seguridad, sin llegar a una despenalización.

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es

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Contraloría General de la República, Estrategia 2014, para la erradicación de graves violaciones detectadas

 

Dr. René López Benítez/ Referencia Jurídica.

 

LA HABANA.- La Contraloría General de la República -Vicepresidenta del Consejo de Estado y Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba-  ha dispuesto mediante su Resolución No. 512 de 30 de diciembre del 2013,  publicada el 22 de enero del 2014, vigente a los quince (15) días siguientes al de su publicación en la Gaceta Oficial de la República,  edición extraordinaria No, 7, “Sobre la identificación y cuantificación de los daños y perjuicios económicos causados al patrimonio público” como resultado de las acciones de auditorías, supervisión y control que ejecuten los Auditores del Sistema Nacional de Auditoria subordinado a la Contraloría General de la República.

La Contralora en su resuelta determinación de eliminar los actos de corrupción que de forma descontrolada viene proliferando en todas las actividades de la vida económica, política y social, donde impera el descontrol, la apropiación indebida, el desvío y comercialización de los recursos obligados a ser resguardados por funcionarios y empleados, los que en marcada acción delictiva se involucran en hechos punitivos, con la justificación de las necesidades y carencias de productos de primera necesidad, atentando sustancialmente contra la población.

La nueva regulación aprobada como Estrategia-2014, viene a instrumentar elementos de prueba en los procesos en fase de investigación que ejecutan los Órganos de Instrucción Económico-Penal, la Fiscalía y los Tribunales en su acción de impartir justicia, teniendo en cuenta las acciones delictivas conexas a la corrupción para evadir el encausamiento penal, entre ellas, falsificación de documentos privados,   públicos, bancarios y de comercio, omisión de información, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, incumplimiento de preservar los bienes patrimoniales, de seguridad e integridad de la entidad, uso indebido de recursos financieros, abuso en el ejercicio del cargo,  y otros previstos y sancionados por la Ley No. 62, Código Penal vigente.

La Sra. Gladys Bejerano ha modificado su lenguaje agresivo, resuelta a erradicar las infracciones con sanciones ejemplarizantes a los infractores, su actual política es de prevenir y pide la colaboración especial de los periodistas en la lucha contra el flagelo de la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, sin llegar a la noticia sensacionalista, pero sin renunciar a la verdad y profundidad en la política del partido, del Estado y del gobierno.

En la programación de la radio y televisión nacional-oficialista se presentan programas con severas críticas por parte de la población afectada a procedimientos de sistemas administrativos, al comercio, ejecución de normativas y sistemas de salud, educación, la cultura y procedimientos y servicios jurídicos. No hay resultado a esas críticas, igual camino recorre el deficiente sistema de Atención a la Población, por no estar sustentado en procedimientos sólidos  como una Ley,  tantas veces anunciada y justificada por el propio gobierno y hasta por el legislativo.

El Informe definitivo del Control Interno Nacional-2013 que conllevó la auditoria y supervisión a cientos de entidades estatales, gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, ministerial y empresarial, las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias recientemente constituidas, entidades del sector de la inversión extranjera con capital cubano, no ha sido publicado, aunque del mismo  se derivan cientos de procesos en fase preparatoria de dictar las conclusiones provisionales del Fiscal, al amparo de lo que establece la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, para enjuiciar a los responsables, de los que se derivan largas cadenas de responsables y delincuentes reincidentes.  Son hechos que se convierten en reiterativos.

El General de Ejército Raúl Castro, en su discurso ha denominado  el hecho de corrupción y los delitos conexos como actos de contrarrevolución, extremo que se divulga como principal flagelo que atenta contra la sociedad y los derechos ciudadanos.

Los Órganos del Partido Comunista de Cuba, las estructuras de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior e instituciones puntuales no son controladas por la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía General, por lo que gozan de total estado de impunidad, generando un estado de opinión desfavorable con el nivel de vida de sus dirigentes, funcionarios y miembros de estos órganos.

El flagelo de la corrupción, que hasta la década del 90 en Cuba se podía apreciar como acciones que jamás serían permitidas por un sistema socialista con rígidos sistemas de control y acción, llegó, y lejos de resultar erradicado prolifera bajo la mirada serena y firme de los revolucionarios que continúan repitiendo que Cuba es un bastión inexpugnable del Socialismo.

Anexo: ESTRATEGIA-2014, detalles de la identificación y cuantía de los daños y perjuicios causados al Patrimonio Público.

Daños y perjuicios al Presupuesto del Estado:

A) Ingresos:

A.1)  Incumplimiento del Plan de aportes en la cuantía y fecha establecida.

A.2) Incumplimiento en las obligaciones tributarias en la cuantía y fecha establecida.

A.3) Errores y omisiones en la determinación y pago del impuesto sobre utilidades.

A.4) Multas canceladas y devueltas por la Oficina de Control y Cobro de Multas por incorrecto llenado de la matriz por parte de la imposición.

A.5) Devoluciones indebidas de ingresos al Presupuesto del Estado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria del territorio.

A.6) Ingresos operacionales acreditados por el Banco y no aportados al Presupuesto del Estado por la Unidad Presupuestada

A.7) No ingresar al Presupuesto del Estado los salarios no reclamados por los trabajadores transcurrido 180 días después del pago.

B.) Gastos:

B.1) Pago de salarios indebidos.

B.2) Pagos derivados de operaciones fraudulentas.

B.3) Pagos de bienes y salarios en exceso.

B.4) Consumo material no previsto en el presupuesto.

B.5) Servicios recibidos no planificados.

B.6) Gastos por multas, en recargos y sanciones.

B.7) Realización de actividades y eventos en recursos asignados para otros destinos.

B.8) Gastos del año anterior contabilizados en el año corriente.

B.9) Gastos por faltantes y pérdidas en el año.

B.10) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

B.11) Gastos pagados por concepto de estadías.

B.12) Uso indebido del combustible.

B.13) Exceso de consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

B.14) Exceso de gastos en otras partidas directivas del presupuesto.

B.15) Gastos asumidos por servicios prestados a terceros.

B.16) Gastos financieros indebidos en relación con el presupuesto aprobado.

B.17) Gastos no contemplados en fichas de costos.

B.18) Gastos en exceso por inversiones ejecutadas con medios propios.

B.19) Uso indebido de la reserva del presupuesto provincial.

B.20) Uso indebido de transferencias de destino específico.

b.21) Compras de activos fijos, tangibles o intangibles sin respaldo financiero.

B.22) Transferencia de destino específico asignados a la entidad, que una vez investigadas no se ajustan a la realidad financiera de la institución.

B.23) Falta de ejecución financiera de los recursos recibidos con destino específico asignadas por ineficiente gestión de la entidad.

B.24) Uso indebido de trasferencias presupuestadas del capital.

C.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

C.1) Faltante en efectivo o documentos de valor detectados por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión y control.

C.2) Ejecución indebida o inejecución por negligencia del presupuesto aprobado para las inversiones.

C.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado.

C.4) Cuentas y efectos por cobrar vencidos según lo pactado en el contrato.

C.5) Cuentas y efectos por cobrar en litigios y en proceso judicial.

C.6) Aplicación incorrecta de las tasas de depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los activos fijos intangibles, de acuerdo con la legislación vigente.

C.7) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido la responsabilidad material.

C.8) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas por la legislación vigente.

C.9) Pagos a personas naturales que no cuentan con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

C.10) Pago en exceso de la seguridad social a corto plazo respecto al monto planificado.

C.11) Desvío de recursos financieros de Tesorería para gastos no previstos en el Presupuesto del Estado.

C.12) Inejecución financiera del presupuesto asignado,  originada por deficiente proceso de elaboración del presupuesto o la gestión de la entidad.

C.13) No devolución a la Tesorería al cierre del periodo fiscal de los recursos financieros no utilizados.

C.14) No aportar el superávit real obtenido en la fecha establecida al cierre del periodo.

C.15) Pago de las obligaciones no comprometidas del año anterior.

D.) Otras causas no nominalizadas:

D.1) Daños y perjuicios económicos causados contra la entidad.

E.) Gestión de la entidad:

E.1) Desviaciones provocadas por el incumplimiento del encargo estatal.

E.2) Incumplimiento en valores del Plan de Ventas (producciones, servicios y mercancías).

E.3) Exceso de costo planificado (producciones y servicios).

E.4) Pérdida de la  actividad autofinanciada superior a lo planificado.

E.5) Pago de mercancías y servicios en exceso.

E.6) Gastos indebidos

E.7) Gastos pagados por concepto de estadía en exceso.

E.8) Pérdidas en exceso sobre lo aprobado en el Plan de la Economía.

E.9) El software adquirido no está en explotación o no es utilizado en toda su magnitud.

E.10) Equipos de computo, depreciaciones por largo tiempo sin definirse su uso, reparación o baja técnica.

E.11) Uso indebido de combustible.

E.12) Pérdidas por roturas, mermas o deterioro que excedan las normas en los procesos productivos o de servicios, o que obedece a importaciones de recursos con fecha tope de vencimiento.

E.13) Desechos en los procesos productivos que no se venden a las Empresas de Recuperación de Materias Primas.

E.14) Bajas de productos vencidos y ociosas en los cuales no se haya aplicado por parte de la entidad la rotación correspondiente, o no haber tomado medidas establecidas en cada caso.

E.15) Daños por la manipulación indebida de materiales, monte o desmonte de equipos, demolición de edificaciones o partes de obras por mal trabajo en el proceso constructivo.

E.16) Exceso en el consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

E.17) Sobreproducciones a causa del incumplimiento de requisitos de calidad.

E.18) Equipos, maquinarias, vehículos o partes de estos que causan baja y no se venden oportunamente a las Empresas de Materias Primas.

F.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

F.1) Faltante de efectivo o documento de valor por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

F.2) Gastos por negligencia que provocan ejecución indebida o inejecución del presupuesto aprobado para las inversiones.

F.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado

F.4) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

F.5) Gastos por recargos y sanciones.

F.6) Realización de actividades y eventos con recursos destinados a otros recursos.

F.7) Gastos en exceso por incumplimiento en la contratación económica según lo establecido.

F.8) Cuentas y efectos por cobrar en litigio y en proceso judicial.

F.9) Cuentas y efectos por cobrar vencidos, según lo pactado en el contrato.

F.10) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido responsabilidad material.

F.11)  Rebajas y devoluciones de mercancías por ineficiencias o mala gestión de la entidad.

F.12) Ingresos dejados de percibir a partir del análisis realizado, al determinar favorecimiento a una de las partes.

F.13) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas en la legislación vigente.

F.14) Pagos a personas naturales que no cuenten con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

F.15) Monto de los expedientes de faltantes y pérdidas sujetos a investigación que  excedan el término para su cancelación.

F.16) Monto registrado a gastos por cancelación de expedientes por

faltantes y pérdidas de bienes.

F.17) Gratuidades indebidas de recursos materiales y financieros.

F.18) Pago por indemnización por laudo o sentencia firme de un tribunal,

Por Demandas recibidas, producto de incumplimientos de contratos o

convenios.

F.19) Para las empresas con esquemas cerrados de financiamiento en

Divisas aprobados, los gastos del año anterior pagados con el

financiamiento del año actual sin haberse planificado.

F.20) Desvió de recursos financieros aprobados para los esquemas cerrados Financiamiento en divisas.

F.21) Utilización indebida de recursos asignados para la realización de

proyectos financiados total o parcialmente con crédito externo.

F.22) Gastos asumidos por la parte cubana, no convenidos o

incorrectamente pactados en el contrato o los contratos firmados en los negocios de las diferentes modalidades de la inversión extranjera.

G) Legitimidad de las operaciones:

G.1) Diferencia entre los saldos de las cuentas de operaciones entre

Dependencias, a partir del análisis de las operaciones, sus causas y

Confirmación (Activos o pasivos).

G.2) Operaciones sin respaldo documental.

G.3) Ajustes indebidos a la cuenta de la Inversión Estatal.

G.4) Ajustes de expedientes por pérdidas y faltantes autorizados sin tener. Facultad delegada.

G.5) Bienes vendidos sin la autorización correspondiente.

G.6) Faltante de inventario o activos fijos tangibles que resulten del

Chequeo físico realizado por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

G.7) Bajas de activos fijos tangibles, que no estén depreciados totalmente sin el dictamen técnico y el documento del destino final sin las suficientes especificaciones.

G.8) Transferencias no autorizadas de recursos materiales entre entidades.

H.) Otras causas no nominalizadas:

H.1) Otras, las que se deben detallar.

Generalidades: En el modelo (Anexo Único del Informe) se deben de identificar los montos. En  pesos convertibles (CUC), según corresponda. En caso de otras monedas se debe reflejar en una columna aparte.

Intervención Especial en el Evento de Bibliotecarios (20 minutos) Viernes 21 de febrero del 2014, 9am

Dr. René López Benítez

1.-  Breve introducción sobre su experiencia como Coordinador del Centro de Referencia Jurídica.

2.-   Biblioteca

2.1. Periodo pre-revolucionario.

2.2  Posterior al triunfo revolucionario. Desarrollo del Sistema de Bibliotecas Públicas subordinadas al Consejo Nacional de Cultura (1959-1976) al Ministerio de Cultura (desde 1976) Bibliotecas Escolares subordinadas al Ministerio de Educación.

2.3 Curso de Técnico Medio en Bibliotecología. Licenciatura en Información Científica y Bibliotecología.

2.4  Periodo especial, fin del sistema de bibliotecas publicas y de los estudios de Técnico Medio en Bibliotecología, por carencias económicas.

2.5  Bibliotecas Independientes (Movimiento de Oposición al Gobierno).

3.-   Política de recuperación estatal del Sistema de Bibliotecas

3.1  Decreto Ley No. 271, De las Bibliotecas Públicas de la República de Cuba.

3.2  Resolución No. 80-2013 del Ministro de Cultura, Reglamento General del Sistema de Bibliotecas Públicas.

3.3  Resolución No. 81-2013, del Ministro de Cultura, Reglamento del Grupo Coordinador del Trabajo Cooperado de las Bibliotecas de la República de Cuba.

 

4.-    Riesgos

4.1   Por ineficacia

4.2  Por el control, acoso, eliminación del fondo bibliográfico y equipos por parte de la Seguridad del Estado.

4.3   Breve comentario sobre la Ley No. 62, Código Penal, No. 5 Ley de Procedimiento Penal y Ley No. 88.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com   y    https://referenciajuridica.wordpress.com

 

 

 

Negociaciones Unión Europea-Cuba

Dr. René López Benítez

 

Los embajadores permanentes de los veintiocho países miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado 5 de febrero el mandato para la negociación de un acuerdo bilateral con el estado y gobierno cubanos, quedando pendiente la aprobación  formal del referido acuerdo  para el próximo lunes  10 de febrero. Desde el 2012 la Sra. Catherine Ashton, a cargo de las relaciones exteriores,  había sido encargada de explorar el proceso negociador, manteniendo la Posición Común adoptada en el 1996, extremo que ha resultado el  factor clave, teniendo en cuenta que se mantienen  por la parte cubana las violaciones en materia de derechos humanos y democracia, aunque se ha superado en lo referente a vínculos  de colaboración económica-social.

 

Al promover el acuerdo bilateral, algunos países miembros del bloque europeo han mantenido   distancia en el levantamiento de la declaración de posición común, mensualmente miembros de la sociedad civil independiente presentan informes contentivo de violaciones de los derechos ciudadanos, elemento que es monitoreado por  las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, de lo que se desprenden pronunciamientos y denuncias, a lo que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos internos. El camino en cuestión no se ha despejado de un todo.

 

De hecho la Unión Europea como institución y la mayoría de los gobiernos que la conforman mantienen de forma sostenida y creciente las relaciones de colaboración en esferas sociales y productivas, el otorgamiento de créditos y asistencia profesional,  la que se inicio con proyectos de asistencia social a segmentos necesitados resumen resultados muy positivos.  El hecho de la aprobación del Decreto-Ley No. 313 y la inauguración de la Zona de Desarrollo Mariel, la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras que deroga la inoperante Ley No. 77 de 1995,  atraen a cambios de relaciones plenas entre las partes. Algunos analistas presentan sus criterios y discrepancias con lo adelantado de este  acuerdo, vigente desde el año 1996 a instancia del gobierno del Presidente español  José María Aznar, dejando  a   la realización   de los compromisos de la parte cubana y que pudieran afectar sustancialmente los vínculos directos  entre  los diplomáticos  europeos y los disidentes cubanos, La parte cubana pudiera comprometerse a erradicar las violaciones de los derechos humanos, pero no ha dejado prueba de su buena fe al no  ratificar los Pactos  en materia de Derechos Humanos y Democracia, aun cuando el propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas lo solicitara en el marco de su visita de realización de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

El futuro no se torna plenamente luminoso como para otorgar créditos políticos, aun cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba adopto los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución                                                   de lo que se deriva la aprobación  de un modelo de economía representativa con  la participación ciudadana, en el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinario de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General-Presidente reitero que el gobierno cubano no reconoce el capital de propiedad personal, prueba que la apertura económica es totalmente tutelada son las medidas adoptadas contra los cuentapropistas en el desempeño de sus funciones, aun cuando algunas estaban al margen de la legislación,  no contaban con el alcance de las licencias otorgadas, el gobierno nunca pierde.   En lo político el hecho de carecer de reconocimiento al derecho de asociación, manifestación, huelga, plenos derechos de realización funcional diseñados en la Declaración  Universal de Derechos Humanos adoptada  por ONU, la adopción del Decreto-Ley No. 302 sobre Tramites Migratorias y la derogación de ;las confiscaciones de bienes por salida definitiva del país, la transferencia de la propiedad de viviendas, autos, motos, en arrendamiento de tierras estatales ociosas, la constitución de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras,  no llena el vacío de derechos privados en cincuenta y tantos años de poder revolucionario, varias son las generaciones que han visto frustrado sus derechos y sueños personales y familiares.

 

La adopción del Acuerdo de la Unión Europea en sus relaciones con el estado y el gobierno cubano dejan un limbo en lo que se pudiera lograr en algo tan importante como el derecho a la realización plena de la vida.  Nuestro pronunciamiento es simplemente un llamado de atención al futuro del destino del pueblo cubano.

 

A  la Unión Europea, a los diplomáticos  monitorean de forma valiente y consecuente los derechos ciudadanos de los cubanos que a diario son violados, les expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su valentía en mantener relaciones con la sociedad civil independiente con total apego a derecho, en su momento  se escribirá la historia de estos años y se resaltara las relaciones humanas y profesionales que nos anima.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com  y     https://referenciajuridica.wordpress.com

7-02-2013

Dicta el Ministro de Interior reglamentación contra el terrorismo y otras acciones delictivas

Dr. René López Benítez

 

El Ministro del Interior, mediante su Resolución No. 1, de 17 de enero del 2014 dispuso la reglamentación “establece la participación y responsabilidad  del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos” en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317 my su complementaria Decreto No. 322,  designando los órganos y estructuras subordinadas al referido Ministerio.

 

El Consejo de Estado y el Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores han denunciado reiteradamente lo improcedente de los fundamentos del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en mantener a Cuba en la Lista de países patrocinadores  del terrorismo y terrorismo de estado, para lo cual la parte cubana  ha establecido disposiciones  funcionales para eliminar los elementos de hecho y de derecho que pesan en su contra.  En la esfera internacional la parte cubana ha logrado apoyo en su demanda contra el pronunciamiento estadounidense, dentro del propio gobierno y el legislativo, así como ciudadanos e instituciones involucradas en la política, habían propuesto la exclusión del documento en litis, fue la participación cubana en el suministro ilegal de armamentos prohibidos expresamente por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas,  detectado en el cruce del Canal de Panamá, en estado de investigaciones, consultas y conclusiones previas la que vino a entorpecer  la gestión cubana de inclusión  y mediadora ante la instancia estadounidense.

 

Llama la atención poderosamente las instrucciones del Ministro del Interior, designando a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR)

para centralizar el intercambio informativo y coordinar los intereses de los órganos de enfrentamiento a investigación penal que involucra a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, con facultades de representación ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional y ante el Comité Coordinador de estas acciones delictivas, mantener actualizado por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores  los listados de personas  interesadas o reclamadas en procesos penales, investigativos o de sospecha, así como la  colaboración mediante  instrumentos legales a fin de hacer valer los compromisos y obligaciones de la parte cubana ante Organismos Internacionales y bilaterales o multiláteras, en función de la legislación que aprueba el Consejo de Seguridad y otros mecanismos de la Organización de Naciones Unidas.  El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular adopto  la Instrucción No.  214 de fecha                              27 de marzo del 2012, referente a Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales,  dejando expedita la vía de colaboración en acciones procesales por parte de  los Tribunales cubanos,  hasta la fecha de muy poca ejecutoria.

 

En virtud de lo dispuesto por el Banco Central de Cuba en cumplimiento de sus regulaciones  complementarias del precitado Decreto-Ley No. 317 se subordina a la Dirección facultada por el Ministro del Interior  y rectorea las solicitudes para el monitoreo o congelación de operaciones bancarias de personas naturales o jurídicas que aparecen en los listados de sospechosos, investigados o responsables de acciones delictivas, o como resultado de la cooperación bilateral o multilateral, la parte cubana puede aportar elementos de sospecha o responsabilidad de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades.

 

Es reiterativo  que el momento es  propicio para que autoridades cubanas y estadounidense concilien sus criterios sobre acciones procesales en la detección de estas acciones atentatorias contra ambas partes, así como de forma puntual, responsable y sin que exista el más mínimo sentido de demandas alternativas de temas acumulados en más de cincuenta años de conflictos. Los casos acumulados se pueden tratar sobre la base del respeto mutuo. El gobierno de Presidente Obama  ha  puesto de manifiesto su marcado interés en ir allanando  el camino de rivalidades, del mismo modo el General-Presidente ha propuesto el entendimiento bajo posiciones de igualdad y respeto, ambas partes deben aprovechar las disposiciones, sin dejarse influenciar por políticas de gobiernos  anteriores.

 

El Ministro del Interior dispuso los nexos de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para la cooperación internacional a tres de la INTERPOL, estructurando un sistema informativo cubano que responda al mandato del Decreto-Ley No. 317.

 

El camino trazado en este último mandato presidencial del General de Ejército Raúl Castro responde a la política cubana de limpiar su imagen, máxime cuando se probó solidaridad y reconocimiento de derechos en el marco de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es, dr.renelazaro@gmail.com  y https://referenciajuridica.wordpress.com

 

11-02-2014