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Archivos mensuales: abril 2012

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España no visitará Cuba

Por Dr. René López Benítez.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Sr. José Manuel García-Margallo, declaró el pasado 17 de abril, que no visitará Cuba, hasta tanto el gobierno del General-Presidente Raúl Castro de acceda que podrá reunirse, con miembros de la Sociedad Civil Independiente, especialmente con las Damas de Blanco, Premio Sajarov del Parlamento Europeo, además declaró que mientras Cuba  no pruebe de respeto debido   a las normas internacionales en materia  de  derechos humanos y democracia, España no apoyará un cambio referido a la Posición Común, dispuesto por mandato de la Unión Europea. La declaración en cuestión formó parte de la exposición del Ministro sobre las líneas generales del actual gobierno español en relación con Iberoamérica.

Sobre lo anterior, el Canciller García-Margallo aclaró que como esquema, su gobierno, no pretende modificar el actual marco de la Posición Común-Unión Europea-Cuba, promovido en su momento por el actual gobierno del Partido Popular en el año 1996, como respuesta a graves violaciones en materia de derechos humanos y democracia. El gobierno del ex presidente Rodríguez Zapatero, había promovido la modificación de la precitada Posición Común, sin lograr resultados positivos, por su parte, el gobierno de Cuba ha mantenido que tal estatus afecta el normal desarrollo entre ambas partes y atenta contra el respeto y la democracia.

El Viceministro de relaciones Exteriores de Cuba, Sr. Dagoberto Rodríguez, denunció mediante una Declaración Oficial, que el pronunciamiento del canciller español, prueba la intromisión e injerencia en asuntos internos, al referirse a temas vinculados a derechos humanos y democracia que se aplican en Cuba, así como vincular su anunciada visita a la pretensión en cuestión.

El gobierno de Cuba en un enmascarado diálogo con la Iglesia Católica de Cuba, dispuso en el 2010 poner fin a los actos de violencia y acoso contra la integridad de las Damas de Blanco, en su lucha por obtener la libertad de 52 presos, remanentes de los 75 que fueron sancionados en la primavera  del 2003, procesados al amparo de la Ley No. 62, Código Penal y su complementara Ley No. 88, por atentar contra los poderes de la seguridad del estado cubano, en ese momento, el gobierno de Rodríguez Zapatero se constituyó como garante-monitoreando del desarrollo del precitado acuerdo, logrando por tanto, la excarcelación de los presos y la salida del país, con destino a España, de estos y otros,  que cumplían largas penas en condiciones infrahumanas en las prisiones cubanas, viajaron  unidos a familiares y allegados.

Doce sancionados determinaron no emigrar, continuando la lucha contestataria contra el gobierno, a estos últimos se les aplicó la licencia extrapenal, violando lo establecido por la Ley No. 5,  De Procedimiento Penal, al no ajustarse el particular sobre la norma, teniendo en cuenta que este pronunciamiento se aplica solo  en casos de enfermedad y situaciones específicas, lo que deja la vía expedita a la autoridad para disponer la revocación de la licencia en cuestión y devolverlos a prisión, en el momento en que lo considere oportuno.

Las autoridades cubanas, al disponer la liberación de los presos que asumieron la salida del país, se violó lo dispuesto por la Ley, al pronunciarse el General de Ejercito Raúl Castro, que lo anterior se fundamenta en una determinación soberana, cuando debió haberse dispuesto un indulto, al amparo de lo que establece la Ley de Indultos de 15 de agosto de 1919, modificada por el Decreto-Ley No. 18 de 6 de diciembre de 1978, los liberados viajaron a España, en evidente destierro,  con pasaporte cubano y autorización de salida definitiva del país, lo que le imposibilita de regresar o viajar temporal al país, sin la debida autorización de la Dirección de Inmigración y Extranjería,  y de la Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior.

La situación  actual de violencia, acoso, arrestos, etc.,  constituyendo graves violaciones de las Leyes, por parte del gobierno, contra miembros de la sociedad civil independiente, es motivo de análisis por parte de la comunidad internacional, máxime cuando las modificaciones y aperturas dispuestas por el gobierno cubano no reflejan en lo más mínimo cambios que permitan resolver los graves problemas de la población cubana acumulados en más de cincuenta y tantos años de régimen totalitario.

En relación con los expresos cubanos radicados en España, los mismos demandan en la actualidad del gobierno español respaldo económico y logístico, teniendo en cuenta crisis económica internacional que afecta ese país en cuestión, al extremo , una  cifra significativa de nacionales se encuentran en paro, el Ministro García-Margallo se comprometió al análisis de los casos, para ser resueltos en lo posible, aunque con el pronunciamiento que la ayuda no puede ser eterna.

El Canciller español hizo el especial pronunciamiento que mantiene un fluido y permanente diálogo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con la esperanza que el país caribeño asista a la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Cádiz-España en noviembre próximo.

Como se expresa anteriormente, España formó parte de la sustanciación del acuerdo del diálogo,  por lo que los cubanos quedaron comprometidos por el éxito logrado, con visitas reiteradas del ex-canciller Miguel Angel Moratinos, este después interesó a Cuba el apoyo a su candidatura para la Presidencia de la FAO, el gobierno cubano desestimó el interés del español y apoyo la propuesta de Brasil.

Si bien, el General de Ejército Raúl Castro utilizó los servicios del Cardenal Jaime Ortega Alamino, en el período de gobierno de Fidel, este nunca hubiera vinculado al purpurado en esta gestión, teniendo en cuenta que el religioso fue sancionado a principios de la década del 60 en los campos de las Unidades Militares  de Apoyo a la  Producción y posteriormente fue relegado en el reconocimiento que el gobierno debió brindar en el momento de haber sido designado Cardenal por el Papa Juan Pablo II.

A toda luz, el gobierno de Cuba no da prueba de entenderse con las normas internacionales en materia de derechos humanos y democracia, prueba de ello es la negativa de ratificar los pactos en esta materia promovido por Naciones Unidas, la situación interna del país es alarmante por el estado de discrepancias de la población  con la oficialidad, por la crítica situación social, económica y política que pudiera provocar  acciones de desobediencia civil, al margen de la oposición interna.  

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Detenciones arbitrarias contra la sociedad civil independiente. Consideraciones legales según la Ley de Procedimiento Penal

Dr. René López Benítez.

La Habana.- Reiteradamente la Sociedad Civil Independiente denuncia acciones del gobierno, por intermedio de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con el apoyo de tropas paramilitares, denominadas de acción y respuesta rápida.

Movimientos y partidos ilegales demandan el respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba, con una marcada represión en los últimos meses, como fuente de información que prueba lo anterior,  el compendio de las denuncias publicadas por la Agencia de Prensa Hablemos Press.

Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2010/1499
  Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2011/3835

 

Mes Cantidad de arrestos por meses Acumulado Total
Enero/2012                     428  
Febrero                     387 815
Marzo                      760 1575

Las acciones de los órganos encargados de la represión ciudadana están destinadas a detenciones domiciliarias, en Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria previa citación con obligación de personarse,  secuestros en la vía pública y posteriormente ser abandonados en lugares distantes a su domicilio sin acceso al transporte que permite su regreso al hogar, esas acciones por un término de horas-días, con el resultado de imposibilitar la asistencia a eventos o actos sociales convocados por organizaciones contestatarias al régimen.

Los procedimientos antes señalados son ilegales. No están amparados en lo dispuesto por la vigente Ley No. 5, de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151.

El precepto constitucional, referido al Capítulo III, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, en su artículo 58 dispone que “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma  y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, en su Título IV “De la Detención y Aseguramiento del Imputado”, Capítulo I, “de la Detención” establece que ningún ciudadano  puede ser detenido, sino en los casos y con las formalidades que las Leyes prescriben.

La autoridad o agente de la policía, tiene a obligación de detener:

A cualquier detenido por haber cometido una acción delictiva y fuera conducido a la autoridad policial y entregado a esta, además el  que se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional, o  exista contra él orden de detención.

Acusado por un delito de atentar contra la seguridad del estado:

Acusado de un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad.

Acusado de haber cometido delito, siempre que las circunstancias concurrentes sean:

Que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio.

Que existan  elementos bastantes para estimar fundamentalmente que el acusado trata de evadir la acción de la justicia.

A los efectos de la detención, se extenderá de inmediato un acta en que se consigne la fecha, hora, motivo de la detención, así como cualquier otro particular que resulte de interés.

El acta será firmada por el oficial actuante y el detenido. A instancia del detenido o de sus familiares, la Policía o la  autoridad que lo tenga a su disposición informarán la detención, así como facilitará la comunicación entre ellos en los plazos y en la  forma establecida en las correspondientes disposiciones.

Estos requisitos iníciales de la detención se violan, teniendo en cuenta que los detenidos se someten a un régimen de incomunicación. La autoridad policial o de otro órgano de investigación o instrucción no ofrece la posibilidad de comunicarse con los familiares o amigos, a fin de poder lograr en un corto plazo la representación letrada.

El Capítulo II, Aseguramiento del Acusado, establece procedimientos  procesales que justifiquen la detención del ciudadano. La Policía no podrá mantener a una persona por más de veinticuatro horas, dentro de este término estará obligada a adoptar alguna de las determinaciones siguientes.

Poner en libertad al detenido:

Imponerle alguna de las medidas cautelares previstas en la Ley, excepto la de prisión provisional, que solo podrá aplicarse por el Fiscal que corresponda.

Dar cuenta al Instructor con el detenido y las actuaciones:

La medida cautelar impuesta al acusado, le será notificada de inmediato por la Policía, mediante la propia resolución que la dispuso, teniendo por ejecutada dicha notificación, con la consignación de la fecha y firmas del oficial actuante y el acusado.

El Instructor, una vez recibida las actuaciones que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adoptará en un término que no excedan las setenta y dos horas, alguna de las decisiones siguientes.

Dejar sin efecto la detención:

Imponer alguna de las medidas cautelares no retentivas, o revocar o modificar las que haya impuesto la policía.

Proponer al Fiscal la imposición de una medida cautelar de prisión provisional.

El Fiscal, recibida la propuesta del Instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, adoptará, dentro del término de setenta y dos horas, la decisión  que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley o disponer la libertad del acusado.

Para adoptar su decisión, el Fiscal podrá entrevistar al acusado y practicar cualquier otra diligencia necesaria.

El Fiscal comunicará su decisión, de inmediato, al instructor a los efectos de su notificación al acusado.

La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de sanciones privativas de libertad.

Si en fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar de las previstas en la Ley, el Instructor o el Fiscal, según los casos.

Desde el momento en que se dicte la resolución  decretando cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley Procesal Penal, el acusado será parte en el proceso y podrá proponer pruebas a su favor.

El defensor, a partir del momento procesal en que se pronuncie el Fiscal.

Establecer comunicación con su representado y entrevistarse con el mismo con la debida privacidad, si se hallare detenido.

Examinar las actuaciones correspondientes al expediente de fase preparatoria, excepto en los casos en que se reservan elementos para las conclusiones definitivas.

Proponer pruebas y presentar documentos a favor de su representado.

Solicitar la revocación o modificación de la medida cautelar impuesta a su representado:

Si el Instructor deniega la práctica de alguna prueba por el defensor o la solicitud de revocación o modificación de la  medida cautelar, se le notificara a este, en el término de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud del defensor, quien podrá recurrir en queja ante el fiscal.

El Defensor tiene las facultades legales necesarias para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad material y para ello está obligado a proponer o presentar todas las pruebas a su alcance que favorezcan a su defendido.

El Defensor vendrá obligado a comunicar a la brevedad posible a su representado, el contenido de aquellas notificaciones que reciba.

Cuando se trate de sentencias definitivas, si el acusado se encuentra en prisión provisional por cualquier proceso y a su Defensor le resulta materialmente  imposible comunicarle lo resuelto antes de que decurse el termino para establecer el recurso correspondiente, podrá el Abogado comunicárselo a un familiar allegado o a una persona de la confianza del sancionado, mayores de edad, previamente indicados por este.

El defensor firmará las diligencias en que participe, como constancia de su intervención en ellas.

Los Abogados que representan a los acusados podrán delegar, mediante escrito, en u técnico auxiliar la práctica de las diligencias de presentación de escritos, asimismo aceptar notificaciones, recibir despachos y cualquier otra de mero trámite, las que surtirán los mismos efectos que si se realizan por el Abogado.

La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar solo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que la originaron.  Durante la tramitación del expediente en fase preparatoria la modificación de la medida se decreta por el Fiscal o el Instructor, según los casos, y abierto el proceso a juicio oral, se dispone por el tribunal.

El acusado o su defensor podrán solicitar en cualquier momento la modificación de la medida cautelar aplicad. Durante la sustanciación de la fase preparatoria la solicitud se presentará a la autoridad que la haya dispuesto o que este conociendo el proceso, según corresponda.

La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no exceda de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud. En caso de que se deniegue la notificación de la medida cautelar de prisión provisional dispuesta por el Fiscal se notificará inmediatamente al acusado o su Defensor, pudiendo el solicitante establecer el recurso correspondiente.

Procede la prisión provisional, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Que conste en las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito.

Que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el tribunal pueda conformar su convicción en el acto de dictar sentencias.

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares que establece la Ley, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que:

El delito que se le imputa no haya producido alarma.

El delito no sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio.

No existan elementos suficientes para estimular fundamentalmente que el acusado tratara de evadir la acción de la justicia.

Cuando el fiscal formule conclusiones provisionales contra una persona que no haya sido objeto de medida cautelar alguna y existan motivos suficientes para presumir que tratará de evadir la acción de la justicia, el tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley.

Si el que fue objeto de medida cautelar se halla en libertad  y existen en cuanto al motivo suficientes para presumir que tratará de eludir la acción de la justicia, el Tribunal puede sustituir la medida dispuesta por otra más adecuada que la de prisión provisional.

Las medidas cautelares a aplicar pudieran ser:

Fianza en efectivo.

Fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a la que pertenezca.

Reclusión domiciliaria.

Obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale.

En los casos en que se dispongan cualquiera de las medidas cautelares señaladas, el acusado tendrá la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al Instructor o al Tribunal, en su caso.

La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal, según, a fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir de su centro de trabajo o de estudio, en el horario habitual, o para atender su salud.

Mientras el acusado no constituya la fianza que se le haya fijado para gozar de libertad provisional sufrirá prisión provisional.

Están excluidos del beneficio de gozar de la libertad provisional bajo fianza los acusados,

En delitos contra la seguridad del Estado,

En los delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad,

Quien preste fianza moral se compromete a asegurar la comparecencia del acusado y asume también la obligación de presentarlo a requerimiento del Instructor o del tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer dato suficiente que permitan su detención.

Si el acusado a quien se haya impuesto alguna medida cautelar la quebrantada, se sustituye por una más severa, si la medida quebrantada es de fianza en efectivo, esta, además se incauta.

Cuando el quebrantamiento se produce en la fase preparatoria, la modificación de la medida la dispone el Fiscal, con la aprobación del Tribunal. En caso de ocurrir después de la apertura a juicio oral, la modifica el Tribunal.

Legislación a su disposición

Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

Modificaciones

Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994

Decreto-Ley No. 128, de 18 de junio de 1991

Decreto-Ley No. 87, de 22 de julio de 1985, Sobre Procedimiento de Revisión en materia penal.

 

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22 April, 2012 07:17

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Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. Max Marambio

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, mediante Providencia de fecha 1ero. de marzo del 2012, dispuso publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No. 11,  el Aviso, disponiendo que en el expediente No. 194-2010, radicado en proceso ordinario sobre la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. establecido por la Corporación Alimentaria S.A. perteneciente al Ministerio de la Industria Alimenticia.

En atención a lo interesado, la Sala dispuso emplazar a la demandada Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A.  para que se persone y responda a la demanda, en el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación del Aviso en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, por ser  desconocido el domicilio legal, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá como conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 768 de la citada Ley, del mismo modo, se notifica a la demandada, Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A. el Auto de fecha 13 de julio del 2011 que dispuso la modificación de las medidas cautelares. A la vez, convoca a las partes para la vista para analizar la modificación de las medidas cautelares, la que se celebrará el 30 de julio del 2012, a las diez de la mañana. No se determina el lugar de la vista, grave error procesal, que impide la asistencia de los convocados.

El proceso en cuestión viene a resolver  la provisionalidad de las medidas cautelares, en virtud de lo que dispone la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, teniendo en cuenta que el Sr. Max Marambio, en el mes de mayo del 2011, fue sancionado, en ausencia, declarado en rebeldía de conformidad con lo que establece el artículo 442 y siguientes de la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, en un proceso seguido por corrupción administrativa, tipificado de cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios.

La sentencia que dispone sanción de veinte años de privación de libertad, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.

Las autoridades dispusieron además la búsqueda y captura internacional, como prófugo de la justicia cubana. Marambio, por su parte, interpuso demanda ante la Organización Internacional de Comercio, la que aún se encuentra en proceso, sin pronunciamiento procesal. Como sanción accesoria el Tribunal se pronunció por la confiscación de todos los bienes, derechos y acciones de los bienes patrimonio personal del precitado Marambio.

La Corporación Alimentaria S.A. conforma el patrimonio del estado cubano representado por el Ministerio de la Industria Alimenticia, organismo que quedó fusionado con el Ministerio de la Pesca,  después  de haber sido reestructurado, con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y verificaciones fiscales por parte de la Fiscalía General de la República, al organismo central y todo su sistema empresarial, resultando sancionado Alejandro Roca, quien ocupaba el cargo de Ministro de la Industria Alimenticia, y  otros  funcionarios cubanos  por delitos asociados a la corrupción administrativa.

Max y su hermano Marcell, sancionado en ausencia por los tribunales cubanos, a quince años de prisión por delitos asociados a la corrupción administrativa, también estuvieron vinculados a esta tipificación delictiva en la gestión de inversiones y negocios con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, en especial su Empresa Cubana de Aviación y la Empresa Mixta Comercializadora Sol y Son, donde resultaron sancionados un grupo de funcionarios y empleados. El General de División Rogelio Acevedo, Presidente del referido Instituto no fue procesado penalmente.

En este proceso no se había hecho referencia a los vínculos financieros-comerciales de Max con el Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para apoyar la actividad técnica específica, así como la propiamente derivada de sus proyectos de inversión, hace tres meses, fueron detenidos y encausados altos oficiales que dirigían la Empresa TECNOTEX-GAESA-MINFAR, por corrupción administrativa, vinculados a los hermanos Marambio, se desconoce la sustanciación del proceso penal.

En el año 2008, el gobierno dispuso la adopción del llamado corralito económico, congelando todos los fondos y activos de las inversiones extranjeras que operaban en el país, con la adopción de  estas medidas que impidieron operar las cuentas bancarias, las inversiones quedaron bloqueadas en sus indicadores según las licencias otorgadas por la Cámara de Comercio, el Banco Central y el objeto empresarial aprobado para las instituciones estatales cubanas.

El gobierno ha dado instrucciones al Banco Central de estructurar formas de pago con compensación para el reintegró de los referidos fondos. Es significativo que varios de los inversionistas extranjeros con fuertes negocios en Cuba, fueron sancionados por corrupción administrativa, confiscando  sus bienes, en virtud de lo dispuesto por la Ley penal, y posteriormente  expulsados del país, por lo que todo el capital pasó al patrimonio del gobierno cubano.

Uno de los hechos más significativos fue la salida ilegal del país de Pedro Álvarez, el que había ocupado el cargo de Director de la Empresa ALIMPORT, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, posteriormente promovido a Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que se encontraba en proceso de investigación por graves delitos de corrupción administrativa, se radicó en Estados Unidos, en Cuba se abrió un proceso investigativo dentro del Ministerio del Interior para conocer el móvil utilizado para burlar los operativos de vigilancia que habían sido activados para evitar que evadiera la justicia. Marambio pudo haber estado detrás de este significativo hecho donde primó la estrategia con la consolidación de la acción.

La empresa ALIMPORT es la única comercializadora con facultades para invertir en Estados Unidos, según acuerdos entre ambos países, previa aprobación de licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.

Max Marambio. Chile, Santa Cruz, 1947.

Max conoció a Fidel Castro en el año 1966, de visita a Cuba con su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Fidel apadrinó al muchacho y lo alista en las Tropas Especiales. A principio de los setenta lo envía a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, a cargo de la seguridad presidencial. La confianza se puso a prueba al defender a tiros la embajada de Cuba en Santiago. En septiembre de 1973 se establece definitivamente en la isla. Asciende a cargos preferenciales en la Jefatura de la Dirección de Inteligencia Cubana, fundamentalmente en el apoyo  logístico y financiero a los movimientos revolucionarios que proliferaban en América Latina, y que apoyaba el Partido Comunista de Cuba, con la estrategia aprobada por  Fidel Castro,  y junto a los hermanos La Guardia, participó en misiones directamente encomendadas por el Comandante en Jefe.

A finales de la década del 70, Marambio liquidó los bienes patrimoniales de Cuba en Chile, como parte de la Inmobiliaria Santa Cruz, con buenos resultados y excelentes comisiones, este hecho lo hizo público al acceder a declaraciones periodísticas al ex canciller cubano Alcibiades Hidalgo, el que logró evadir el control de la seguridad cubana y radicarse posteriormente en Estados Unidos.

La consagración al vínculo Max Marambio con Cuba se destacan en el libro autobiográfico Las Armas de Ayer, con el prólogo a cargo del escritor Gabriel García Márquez y criterios positivos de Fidel Castro.

 

Max colaboró como productor ejecutivo, por instrucciones de Fidel, en la filmación de la serie televisiva Nazca–1990 y en  la película Me alquilo para Soñar-1992,  basadas ambas en textos del Gabo, colaboró con la logística y el financiamiento de la constitución de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, como forma de estimular los vínculos con la insurgencia de los movimientos revolucionarios, ya en estado de decadencia como paso al proceso de democratización.

Posteriormente, integra la Corporación Cimex con resultados muy positivos en burlar el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, separado del cargo por corrupción administrativa, es designado a cargo de la técnica automovilística de la Seguridad del Estado.

Después de un período de tiempo es rehabilitado personalmente por Fidel, este le encomienda la misión de estructurar la inversión extranjera en Cuba, al aprobarse  el Decreto-Ley No. 50, como antecedente de la vigente Ley No.77, le entregan un millonario capital para abrir el  camino a las inversiones extranjeras, crean entidades fantasmas con sede en Panamá, donde radicó inicialmente la Corporación Cimex y el  Banco Internacional Financiero S.A. Habanatur ejecutó acciones en Miami, con la fachada de una gerencia panameña, con la presidencia de Carlos Alfonso González, identidad falsa de Max.

El ex general José Abrante Fernández, Ministro del Interior. El Coronel Tony la Guardia y otros Oficiales conformaron el Departamento MC estructurando   las actividades de comercio ilegal, para evadir el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, como tuvieron éxito, el negocio proliferó a Europa, este desempeño que a finales de la década del 80 los llevaron a comercializar el oro y la plata en poder de la población cubana,  desarrollaron el turismo extranjero con varias alternativas, se enrolaron en el mercado de la droga y  corrupción administrativa, la que tuvo como resultado el proceso penal, radicado la Causa No. 1-89, siendo sancionados a la pena máxima el General de División Ochoa y el Coronel La Guardia, así como los ayudantes de ambos, los demás oficiales recibieron sanciones de privación de libertad, posteriormente fueron liberados en licencia extrapenal y condicional. Marambio fue investigado pero  no fue instruido de cargos.

Max es el hombre que conoce y domina los secretos de la revolución cubana en múltiples variantes históricas, todas ellas en las que Fidel había tenido el papel protagónico de las estrategias. Fidel se ha sentido comprometido con Max.

En el proceso penal seguido contra Max, inicialmente, por orden de Fidel, se propuso el sobreseimiento parcial de la causa, determinación que fue revocada por Raúl, atendiendo al extremo que Marambio nunca tuvo vínculos con el General-Presidente.

Regulaciones de control monetario, dispuestas por el Banco Central de Cuba

Por: Dr. René López Benítez

El Control Monetario por parte del gobierno,  fue analizado  en la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros, celebrada en el mes de 27 de febrero pasado. Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar el tema en cuestión, se recomendó al Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, dictar normas de procedimiento al respecto:

a.- Mediante la Resolución No. 17-2012, dictada con fecha 1ero. de marzo del 2012, deroga su Resolución No. 235 de 3 de octubre de 1994 y establece que la importación de moneda libremente convertible, en lo adelante MLC, por personas naturales es libre, en efectivo, cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.

b.- Las personas naturales que a su entrada al territorio nacional porten una cantidad superior a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000.USD, o su equivalente en MLC, en efectivo , quedan obligados a declararlo ante los funcionarios de la Aduana General de la República.

c.- Las personas naturales a su salida del país pueden exportar libremente hasta cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC en efectivo o mediante cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.

d.- El Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, podrá autorizar a las personas naturales que soliciten exportar sumas superiores a la establecida, previa la presentación por el interesado de documentos que acrediten su lícita adquisición. Las personas naturales que exporten a su salida del país sumas superiores a la establecida en el acápite c, deben proceder a declararlo ante el funcionario de la Aduana General de la República, mediante la prueba que acredite lo lícito.

e.- Las personas naturales extranjeras residentes en Cuba, con permiso de trabajo y que perciban ingresos en MLC, podrán remesar, vía bancaria MLC al exterior, y para exportar en efectivo cantidades superiores a su equivalente a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC, deberán presentar ante los funcionarios de la Aduana General de la República, la prueba de lo lícito de la importación, o la autorización expedida por el Banco Central de Cuba, según proceda.

f.- La Secretaría del Banco Central de Cuba, tramitará en un término de  de siete, 7, días hábiles, las solicitudes de exportación de MLC, mediante Resolución, notificada al promovente y a la Aduana General de la República, el otorgamiento o la denegación de autorización.

La Resolución No. 18-2012, de 1ero. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga  su Resolución No. 75, de 2 de septiembre de 1999, y establece,

a.- Los ciudadanos cubanos y extranjeros resientes en Cuba, pueden exportar e importar a su salida o entrada, sumas que no excedan de dos mil pesos cubanos (CUP) de curso legal, en efectivo y en cualquier denominación,

b.- Queda prohibida la exportación del medio de pago denominado pesos convertibles de curso legal (CUC) en cualquiera de sus denominaciones, así como la exportación de pesos cubanos mediante envíos sin carácter comercial.

c.- La exportación e importación de piezas desmonetizadas y especímenes de pesos cubanos o pesos convertibles, con carácter numismático o patrimonial, serán sometidas a las regulaciones actuales específicas dictadas al efecto.

d.- La Aduana General de la República queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto para su ejecución en frontera,

Otras regulaciones e interpretaciones en materia de control monetario,

Nuevas Regulaciones del Servicio Bancario, no se publican en la Gaceta Oficial de la República.  Los Bancos Metropolitanos y Popular de Ahorro, que brindan servicio a la población, ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en Cuba, titulares de cuentas bancarias de cualquier denominación (de ahorro, a plazos fijos, etc., están siendo controlados con formularios enmascarados en “conocer al cliente” con una serie de datos personales y financieros, a fin de dominar la fuente de sus  ingresos legales, como fuente  de información primaria para procesos de investigación  e instrucción al amparo de lo que establece el Decreto-Ley No. 149, Sobre Enriquecimiento Indebido.

Resolución No. 19, de 1ero,. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga su Resolución No. 51’de 8 de marzo del 2003 y dispone que  el Banco Central, atendiendo a los niveles de corrupción administrativa, relacionados con recursos monetarios en entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, como respuesta a las críticas de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, dispuso “que trimestralmente (primera quincena de los meses de enero, abril, julio, octubre de cada ano) estas entidades vienen obligadas a presentar una conciliación-certificada , según la pro-forma de certificación aprobada, por el Jefe de la entidad y el Contador. Los bancos conservaran esta documentación  por el término de tres anos a partir de su emisión, en caso de incumplimiento, los bancos se reservan el derecho de interrumpir el servicio  hasta que se cumpla lo indicado, ante incumplimientos reiterados, los bancos podrán  cerrar las cuentas operacionales, acreditando su saldo  favor del Presupuesto Nacional, en casos de los CUP, en efectivo en CUC o moneda libremente convertible, se transfiere a la cuenta de Financiamiento Central. Adjunto a la conciliación trimestral, se adjuntará copia certificada del Balance que se presenta ante la Oficina de Administración Tributaria, así como al Organismo de la Administración Central del Estado al que está subordinado.

Actualmente el Banco Central de Cuba,  en coordinación con órganos especializados del Ministerio del Interior y la Aduana General de la República,  depuran el modus-operandi de falsificaciones de efectivo y otros soportes dispuestos para la práctica de la banca internacional.

Legislación a su disposición, Disposiciones dictadas por el Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba.

Resolución No. 107, de 1ero. de marzo del 2012

Resolución No. 108, de 1ero. de marzo del 2012

Resolución No. 109, de 1ero. de marzo del 2012.

Movimientos de cuadros del Ejército para el Gobierno. General de División Samuel Rodiles Planas

Por: Dr. René López Benítez

En la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros, celebrada el pasado 30 de marzo, el General-Presidente presentó al General de División Samuel Rodiles Planas, para ocupar el cargo de Presidente del Instituto de Planificación Física.

Esta designación no es nomenclatura del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el Instituto de Planificación Física (IPF) no es un Organismo de la Administración Central del Estado, con la denominación de Instituto, está subordinado al Ministerio de Economía y Planificación, que dirige el ex coronel de las FAR, Abel Yzquierdo, simultaneando con las funciones de Vicepresidente del Gobierno.

El General Rodiles Planas, uno de los principales combatientes de la lucha insurreccional, miembro del Movimiento 26 de julio en Guantánamo, Jefe de la Columna No. 6 del II Frente Oriental al mando del Comandante Raúl Castro, en 1961-Girón, dirigió el Batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, continuo estudios y ocupo cargos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desde 1975 a 1989 designado Segundo Jefe de Misión, Jefe de Estado Mayor y Jefe de la  Misión Militar de Cuba en Angola, formó parte de las conversaciones Cuba-África-ONU para la retirada Cubana del continente africano, posteriormente designado Jefe del Ejército Occidental, Inspector Principal y Jefe del Órgano de Inspección del MINFAR, subordinado directamente al Ministro, actualmente Preside la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, ratificado miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba, con otros tantos reconocimientos, medallas y ordenes.

Esta designación,  sin experiencia técnico-profesional en un tema tan específico, al margen de estar priorizado como Lineamiento de la Economía, aprobado en el VI Congreso del Partido , para lograr un orden urbanístico y de planificación de construcciones, como necesidad de estructurar el Plan de Inversiones como complemento a los Planes de la Economía Nacional, no se justifica, por cuando se impone promover a dos altos oficiales con experiencia y confianza extrema  para reemplazarlo como Jefe del Órgano de Inspección del MINFAR y como Presidente de la Asociación Nacional de Combatientes de la República de Cuba.

En los últimos tiempos, el Proyecto Académico Sats, muy acertadamente dirigido por Antonio Rodiles, pudiera haber sido el detonante para el final de una vida tan profesional  y con experiencia extrema y confianza absoluta, como militar del General Rodiles Planas.

La Dirección de Contra-inteligencia Militar, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias controla no solo a Jefes y Oficiales, sino también a familiares, amigos  y allegados.

Entrada y Registro en domicilio privado

Por Dr. Rene Lopez Benitez

Teniendo en cuenta las reiteradas denuncias y consultas sobre la ejecución de registros en domicilio privado, por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado y otros órganos de investigación e instrucción, según la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994, tratamos sobre los preceptos procesales para su ejecución. El desconocimiento de la Ley por parte de la ciudadanía en relación con sus derechos fundamentales, así como del procedimiento para la implementacion de lo dispuesto por la legislación por la autoridad, unido a los actos de acoso, violencia y otras tendencias afines en la violación de los derechos civiles y de la democracia, justifican por nuestra parte la interpretación de lo legislado y la asesoría a los sujetos de la Ley.

La Constitución de la República, en su Capitulo VII, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, articulo 56, establece que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la Ley.

Según el articulo 215 de la Ley de Procedimiento Penal, el Instructor o el Fiscal pueden decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, cualquiera que sea su localización en el territorio nacional, cuando existan indicios de encontrarse en ellos el acusado, los efectos o instrumentos del delito y otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación.

Se consideran edificios o lugares públicos, en atención a lo que establece el articulo 216, para la observancia de lo anterior.

1.- Los destinados a cualquier servicio oficial, civil o militar del Estado, de la provincia o del municipio, aunque habiten en ellos los encargados del servicio o de la conservación y custodia del edificio o lugar. Para la ejecución del registro, en el acto de practicarlo, el funcionario de rango superior que se desempeñé será notificado, si se trata de edificio o instalación militar, se requerirá el auxilio de su Jefe a fin de que se lleve a efecto la diligencia o que autorice su práctica,

2.- Los que estén destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo,

3.- Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no contribuya domicilio de un particular,

4.- Las naves marítimas y aéreas cubanas,

Para la entrada y registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, según el articulo 217, bastará pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

De suma importancia es lo dispuesto por el articulo 218, cuando dispone que en el domicilio de ciudadanos cubanos o extranjeros residentes en Cuba, se practicará la entrada y registro de día o de noche, si la urgencia lo requiere, pero con el consentimiento del titular, a falta de este consentimiento, se requiere el mandato mediante Resolución fundada, con aprobación del Fiscal, copia del documento será notificado al propietario o persona interesada en conocer del requerimiento, con el especial pronunciamiento que este registro no puede ejecutarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche. Según la Ley, se garantiza el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

Los Artículos 219 y 220, establece que La Resolución disponiendo la entrada y registro, contendrá los elementos de razones que justifiquen la acción,la identidad de los funcionarios o agentes designados para la práctica, ejecutándose de la forma menos gravosa, evitando diligencias inútiles, así como extenderlo a particulares ajenos.

Los agentes de la policía, pueden de propia autoridad al registro de un domicilio cuando haya orden de detención o mandato de prisión contra una persona y al tratar de llevar a efectos su captura se refugia en el inmueble en cuestión, cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito, o cuando un delincuente o presunto delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes, se oculte y refugie en alguna vivienda, como queda establecido por el articulo 221.

Cumplido lo anterior, se procede a la entrada y registro, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Se ejecuta con la presencia del propietario o del morador principal, si no es habido o se rehúsa concurrir a la diligencia, puede nombrar una persona que lo represente, en su defecto con la presencia de una persona mayor de edad y en todos los casos, asistidos por testigos, en especial de vecinos próximos, extendiéndose un acta con todas las incidencias de la ejecución, en especial de la ocupación de bienes. La legislación no expresa la procedencia de estos testigos, queda descartada la obligatoriedad de miembros del partido o de la juventud comunista o de organizaciones oficialistas como los Comités de Defensa o la Federación de Mujeres, por lo que el afectado del mandato puede proponer y hacerse valer de sus testigos.

De la entrada y registro, lo mas importante es el acta de la actuación, así como de la ejecución, evitando en todo momento que la autoridad actuante pueda ejecutar acciones contra el ciudadano, como la aplicación de técnicas de escuchas o introducir objetos que puedan afectar la integridad del ejecutado.

En todos los casos, el titular de la vivienda objeto de entrada y registro, en su defecto, las personas a cargo de su representación en la diligencia, serán notificados de una copia del acta, la que será firmada por los presentes, de no ser notificado, el documento en cuestión será reclamado y la autoridad actuante está en la obligación de acceder a la demanda en el momento, bajo ningún concepto esa notificación puede ser postergada.

Cualquier violación de la norma interpretada, pude ser objeto de reclamación ante el Órgano superior del que ejecutó la entrada y registro, así como en la Fiscalía General de la República y sus estructuras provinciales y municipales, atendiendo al precepto constitucional invocado.

Los establecimientos comerciales no se consideran domicilios, según establece el articulo 223

El articulo 224 dispone que a los inmuebles que ocupan las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba, no es permitido ejercer acciones del tema, sin el consentimiento de del Jefe de la Misión, las mismas gozan de inviolabilidad al igual que las residencias de diplomáticos. Las misiones especiales, las consulares y las demás organismos internacionales acreditadas en Cuba, gozaran de inviolabilidad que le reconozcan las convenciones internacionales respectivas, de las que el gobierno cubano sea parte.

Otras regulaciones según el articulo 225, son las referidas para las naves, aeronaves civiles y militares extranjeras, en territorio nacional, incluidas las aguas jurisdiccionales cubanas.

Este tema, conforma la prueba documental en los expedientes en fase de investigación y de instrucciones en procesos penales y los testigos pueden ser llamados en los procesos como testigos, por lo que de la acción de lo dispuesto por la Ley, es parte del resultado de un proceso que puede llevarse con apego a la Ley o en condiciones sumamente violatorias a sus derechos.

Legislación a su disposición

  1. Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

  2. Decreto-Ley No. 151. Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal

  3. Constitución de la República de Cuba