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Archivos mensuales: junio 2011

Procesos penales por corrupción administrativa

La Fiscalía General de la República, en cumplimiento por la Ley No. 83 de 11 de Julio de 1987 y su Reglamento, dispuso la ejecución de una verificación fiscal a la empresa estatal “Cubana de Aviación”, teniendo en cuenta los elementos de hecho y de derecho que referían graves violaciones de las normas legales, con interconexión con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Organismo de la Administración Central del Estado, los elementos aportados en el informe-conclusiones de la verificación fiscal, conllevó al gobierno a disponer que la Contraloría General de la República, a tenor de lo que establece la Ley No. 107 de fecha 1ero. De agosto del 2009, y con el total apoyo del General-Presidente Raúl Castro a la inmediata intervención de la administración interna de ambas entidades.

De esta acción se detectaron graves violaciones de las normas de contabilidad, finanzas y economía (recursos financieros y materiales así como recursos humanos) y con un especial pronunciamiento a la contratación económica vinculada con la economía nacional y con entidades mixtas y extranjeras, en especial con la Empresa Mixta Sol y Son, copropiedad del estado cubano y del inversionista extranjero chileno Max Marambio.

El elemento detonante fue la utilización reiterada del parque aéreo de Cubana de Aviación para operaciones al margen de las reglamentarias con el consiguiente afectación financiera a la línea aérea y por tanto al servicio previsto a los usuarios, pasajeros y cargas, como actividad prevista por la Resolución-Objeto Social de la Entidad aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación, para lograr lo anterior se falseaba la información y se reportaban reparaciones en el exterior, la pretensión era adquirir naves se segunda mano para esta utilización, con la consiguiente afectación millonaria al presupuesto estatal, estas naves estarían a nombre de personas naturales.

Los hechos se desarrollaron en lo fundamental después de la determinación del gobierno cubano de disponer el llamado “Corralito” como resultado de la escasez de divisas, lo que trajo consigo la inamobilidad de pagos, afectándose sustancialmente la ejecución del cumplimiento de los contratos económicos concertados, por lo que los inversionistas extranjeros y los funcionarios cubanos, al margen de lo dispuesto comenzaron a promover iniciativas propias para lograr ganancias, que no eran recogidas en los controles contables, en este caso, la Embajada de Chile en Cuba recibió a sus ciudadanos pidiendo resguardo a sus inversiones afectadas, teniendo en cuenta que el gobierno cubano había priorizado $800 millones USD para compra de alimentos a Estados Unidos. Es cuando en enero del 2010 la embajada chilena en La Habana tiene conocimiento extraoficial de una profunda investigación fiscal a la entidad mixta Río Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, se realizan contactos con el gerente Roberto Braudrand, de esta investigación-fiscal se relacionan otras en la Empresa Mixta Sol y Son, inversionista de la Empresa Estatal ”Cubana de Aviación” también copropiedad del antes mencionado Sr. Marambio. Desde un principio se definieron las acciones como violaciones de lo preceptuado por la Ley No. 62, Código Penal que se consideraban como constitutivas de delitos de corrupción administrativa.

Se produce el fallecimiento del Sr. Braudrand, en condiciones muy confusas , pero el gobierno chileno, luego de exigir claridad en el proceso de investigaciones necrológicas, aceptó las conclusiones, el cadáver fue incinerado y las cenizas trasladas a Chile, quedando cerrado el incidente en cuestión.

Avanzada la investigación, el General de División ® Rogelio Acevedo solicitó vacaciones o licencia para ser atendido por sus dolencias de enfermedad cardiovascular, la esposa de este Sra. Ofelia

se desempenaba como una de las principales funcionarias de la entidad mixta Sol y Son, vinculada a la empresa estatal Cubana de Aviación, manteniendo estrechos vínculos con la tambíen entidad mixta Rio Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, la referida esposa se mantuvo con limitación de libertad desde el mismo início de la investigación hasta la celebración del juicio, donde resultó sancionada, El hecho de acceder al pedido de vacaciones al General Acevedo, se le mantuvo un total control de sus acciones, fundamentalmente por el hecho de tomar medidas para impedir una salida ilegal del país, luego de haberse producido la salida ilegal del país del empresario Pedro Alvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sujeto a proceso penal, sin que hasta la fecha se tenga por esclarecida la forma utilizada en que burló a la seguridad cubana para lograr ingresar en Estados Unidos, extremo objeto de análisis y determinaciones para la sustitución de los altos mandos de la Seguridad del Estado, lo que ha sido utilizado por el General-Presidente para promover a otros oficiales de su entera confianza e intereses..

En un informe denominado “El reino de los come candelas millonarios” en relación a altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, así como de empresarios cubanos, texto que el gobierno cubano desmintió, hace relación a las millonarias cuentas bancarias que altos funcionarios y empresarios estatales cubanos mantienen en el exterior, entre ellos el General de División Acevedo y el exministro del Ministerio de la Industria Alimenticia Alejandro Roca, lo que en este proceso ha resultado probado lo detallado en la información señalada, la pretensión de mantener un caudal en el exterior se fundamenta el respaldo para cuando llegue el momento del final del actual sistema gubernamental cubano.

Como resultado de estas procesos investigativos, se dispuso la instrucción penal de directivos y funcionarios cubanos y de los hermanos Max y Marcell Marambio, inversionistas chilenos. El Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor Penal del Organo de Instrucción del Ministerio del Interior envió los requerimientos por intermedio de la Fiscalía General de la República de Chile, al decursar el término establecidos, ambos ciudadanos no respondieron ni se personaron a los requerimientos del proceso, fueron declarados en rebeldía. El Sr. Max Marambio promovió una demanda ante la Organización Mundial de Comercio en contra del Gobierno de Cuba por afectaciones a su patrimonio.

Fidel Castro propuso, atendiendo el desarrollo de la instrucción el sobreseimiento parcial de la causa a favor de Max, en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 5 de Procedimiento Penal fundamentando los estrechos vínculos y los servicios prestados por este a la política oficial del gobierno revolucionario, el General-Presidente desconoce la iniciativa de Fidel y dispone que continúe el proceso penal, declarados ambos en rebeldía, como establece la antes mencionada Ley de Procedimiento Penal, sujeto a las conclusiones provisionales dictadas por el Fiscal actuante.

Todo indica que el Sr. Marambio fue separando sus intereses personales como inversionista extranjero afectado de la política del gobierno cubano, realmente el referido Max fue catalogado como “el hombre de confianza de Fidel Castro” desde finales de la década del 60 a principios del 70, cuando la jefatura de la seguridad personal del expresidente chileno Salvador Allende, una vez radicado en cuba, llegó a ocupar importantes cargos en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, con una marcada participación en la firma comercial Cimex del Ministerio del Interior y de su Departamento MC, vinculado a los dramáticos hechos probados de narcotráfico, donde fueron sancionados y ejecutados varios altos militares, entre ellos el General Ochoa y el Coronel Tony La Guardia, este último muy vinculado a Max, después de la sustanciación del juicio manipulado por Fidel Castro. Un gran escándalo relacionado con la comercialización del oro y la plata a ciudadanos cubanos en los anos 1987-1989 por la financiera Cimex-MC-MININT, con destino de las valiosas joyas a altos dirigentes y militares cubanos y para el financiamiento de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ahora la situación creada, con un interés marcado por la izquierda y la derecha, el gobierno y los organos de la Fiscalía y los Tribunales chilenos en esclarecer los hechos concurrentes del fallecimiento de Salvador Allende, desmintiendo de hecho la versión del gobierno de Cuba, con la posibilidad real de una ejecución de crimen político por parte de oficiales de la inteligencia cubana siguiendo instrucciones directas de Fidel Castro.

Celebrada la vista del juicio oral, público pero controlada la asistencia a los intereses de la Seguridad del Estado, la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó sentencia contra el ex-ministro del Ministerio de la Industria Alimentícia Alejandro Roca Iglesias y el empresario chileno Max Marambio Rodríguez. sancionados a quince y veinte anos de privación de libertad, respectivamente, por delitos asociados a corrupción administrativa, en el caso del inversionista extranjero el proceso continúo en su contra al declararse en rebeldía, al incumplir los requerimientos de personaría del investigador-instructor y del propio tribunal.

Con fecha del 2011, la precitada Sala Segunda dictó sentencia contra los directivos y funcionarios de la empresa estatal Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol y Son, por delitos asociados a corrupción administrativa, atentando contra la economía nacional y los valores que establece el Código de Etica Profesional que debe primar en el desempeno de sus funciones, como sigue:

Oscar Pau leyva y Miguel Angel Almaguer, a diez anos de privación de libertad,

Ramón Valdivia Acosta, Oscar González Rodríguez y Reinaldo Torres Hernández a ocho anos de privación de libertad,

Roberto Hernández Iglesia a siete anos de privación de libertad

Lucy Hortensia Leal Díaz a seis anos de privación de libertad,

Francisco Lázaro Márquez Granda y Javier Sánchez Egozcue a cinco anos de privación de libertad,

Lourdes Esmeralda Fernández Díaz, Elio Hildo Mora Despaigne, Dagoberto Guerrero Cabrera y Sonia Alpizar López a cinco anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad,

Eugenio Serapio Civille Mejías a cuatro anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad

Y a Bárbara Alina Barrios Cabdevila a tres anos de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento

Al ciudadano chileno-inversionista extranjero en Cuba Marcell Marambio Rodríguez a quince anos de privación de libertad

La Sentencia fue notificada y fue recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular en recurso de casación, en la actualidad se encuentra en trámite.

Con fecha 9 de junio del 2011 la antes nombrada Sala de lo Penal dictó sentencia contra exdirectivos y exfuncionarios del Ministerio de la Industria Alimenticia y la empresa mixta Rio Zaza, sancionando a los mismos como sigue, por delitos relacionados con la corrupción administrativa como sigue:

Cecilio Hernández Rodríguez, exviceministro del Ministerio de la Industria Alimenticia, Maritza Ramos Hernández, Ofelia Grisell Lipak Rubí y a Rtafael Alonso Gutierrez, a cinco anos de privación de libertad,

Natividad Gisela Sánchez González, Alvadio Rafael Ruíz Vaquero y Jorge Luis Galván Pérez a cuatro anos de privación de libertad

Y a Lucy Hortensia Leal Díaz a tres anos de privación de libertad.

Asimismo resultaron sancionados Jorge Cabrera Torres a cinco anos de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional con internamiento,

Jesús Ignacio Montes Oliva y Juan Clemente Morgado Cancio a cuatro anos de privación de libertad, subsidiado por limitación de libertad.

En los tres procesos relacionados con la corrupción administrativa, quedan probados, según el Tribunal Provincial delitos de soborno en efectivo y otras dádivas ilegales, desviaron o permitieron la desviación de recursos de la economía nacional, falsificación de documentos públicos, privados, bancarios y de comercio, informacionales o documentos estatales, abuso de atribuciones y el ejercicio de los contenidos propios de los cargos que ocupaban para beneficios de intereses lucrativos, etc

En la información brindada por el Tribunal, teniendo en cuenta que las sentencias se notifican a las partes y a los representantes legales de estos, no se pronuncia sobre la confiscación de bienes y la pérdida de derechos ciudadanos, las sentencias en cuestión fueron recurridas dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, en recurso de casación está pendiente de ser resuelto.

En las notas informativas expedidas por el Tribunal no se hace referencia a las cuentas bancarias depositadas en el exterior, tampoco a los cuantiosos bienes materiales.

En el proceso investigativo-instrucción y en el propiamente penal seguido contra los inculpados, no constan acciones contra el General de División ® Rogelio Acevedo expresidente del Instituto de Aeronáutica Civil, el que fue liberado de sus funciones mediante Acuerdo del Consejo de Estado, a propuesta del General-Presidente Raúl Castro.

Lo anterior es el resultado del curriculum del General Acevedo con más de cincuenta y tantos anos como alto oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue liberado de sus funciones militares para desempeñar el cargo de Presidente del Instituto de Aeronática Civil, un cargo de confianza y seguridad al régimen. Los dos hermanos Rogelio y Enrique Acevedo fueron dignos de la confianza de Fidel y de Raúl hasta este momento .

Tampoco fueron procesados otros funcionarios, dirigentes y cuadros de la empresa estatal Cubana de Aviación, los Vicepresidentes y demás directivos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, los que tienen su obligación, entre otros, de controlar la gestión empresarial de Cuba de Aviación, así como los dirigentes del Departamento de Transporte del Comité Central y Provincial del Partido Comunista de Cuba en su obligación como Instructores de vincularse al Comité, los Núcleos y los propios militantes del Partido de la entidad, y los oficiales de control y seguridad que deben velar por el cumplimiento de las normas legales y políticas, así como las propias de la contrainteligencia militar, esto se justifica porque ninguno de ellos hubiera podido promover elementos contra el hombre de toda la confianza del General-Presidente y de Fidel, todos proceden del Ejercito rebelde y por tanto del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Es significativo estos procesos penales ejemplarizantes, y en especial donde se tienen como parte a inversionistas extranjeros, se analizan en detalles en el marco de las reuniones mensuales del Consejo de Ministros presididas por el General Raúl Castro, donde asisten además los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, de las Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General, así como los máximos dirigentes de las organizaciones política e invitados. Se presenta en cada sesión un informe-análisis promovido por la Controladora General de la República sobre la corrupción administrativa, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo informan sobre los procesos de investigación-instrucción penal y la sustanciación de los procesos en cuestión, respectivamente.

En los últimos días se presenta con marcada atención la ejecución de los contratos concertados entre los Gobiernos de Cuba y de Brasil del expresidente Lula, para el desarrollo del Puerto de El Mariel, hay informes que llaman la atención a que el origen de estos vínculos contractuales están fundamentado en intereses y acciones personales del expresidente Lula y de la familia Castro-Callejas, este ultimo condominio salta a la luz, con los traspasos de todo lo eficiente y con eficacia de resultados empresariales de entidades de la economía nacional al Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que dirige el Coronel Luis Alberto López Callejas y que su ejecutivo antecesor fue el General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, actual Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombre de confianza del General-Presidente

La Constitución de la República, Derechos de Ciudadanía

La Constitución de la República de 24 de febrero de 1974, en su capítulo II “Ciudadanía” dispone:
“Los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de ésta.

“No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana.

La Ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultades para decidirlo.”

El Decreto No. 354 del ano 1944, complementaria de la Constitución de 1940 vigente para la ejecución de lo preceptuado por la Constitución de la República de 24 de febrero de 1976, elemento en extremo incoherente con la situación imperante en el país,

referente a la pretensión de miles de cubanos que sin pretender emigrar definitivamente, optan por acogerse a la doble o múltiple ciudadanía, como un escape a la difícil situación económica, política y social que se vive en Cuba.

Es práctica la adopción de la doble o múltiple ciudadanía que le otorgan estados extranjeros a cubanos en virtud de sus respectivas legislaciones, sin que el estado cubano determine la pérdida de la ciudadanía en cumplimiento de lo que establece el mandato constitucional, en el proyecto de 1976 y las modificaciones del 2002 no hubo pretensión de pronunciarse sobre el particular, de hecho los que se acogen a otra ciudadanía, al mantener la cubana se someten a la Constitución, las Leyes y demás normas legales, el uso del pasaporte extranjero no tiene fuerza legal en Cuba, los trámites migratorios quedan sustanciados según las normas legales vigentes dispuestas por el Ministerio del Interior, las que no son públicas, y el abono de los altos impuestos sobre documentos se dispone en pesos convertibles.

Al amparo de lo que dispone el artículo 63 de la Constitución de la República, ciudadanos cubanos impusieron su pretensión por intermedio de la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior al Consejo de Estado, y en un sentido ético ciudadano demandaron el cumplimiento de la Ley Fundamental “de disponer la pérdida de la ciudadanía cubana por haberse acogido a otra u otras, no hubo respuesta., por tanto se continua en un limbo legal

El Dictamen No. 14-1996 del Ministerio de Justicia impide todo cuestionamiento a la demandada pérdida de la ciudadanía por el hecho que nos ocupa, teniendo en cuenta que la norma reglamentaria no se corresponde con la realidad actual, cabe senalar que este tema y otros en material inmigración-ciudadana han sido propuestos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Consejo de Estado y recientemente al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba en correspondencia con el debate de los Lineamientos, no hay respuesta.