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Archivos mensuales: mayo 2012

Modificaciones a la legislación migratoria, en correspondencia con el Decreto-Ley No. 288

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- Las propuestas de modificación a la legislación migratoria se iniciaron en la década del 80, dentro del período de gobierno de Fidel Castro. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,  circulaba  los  criterios emitidos por los Organismos de la Administración Central del Estado, la Asamblea Nacional, las Asambleas Provinciales del Poder Popular, y Organizaciones Políticas y de Masas, así como especialistas con experiencia  en el tema. Bajo la rectoría del Ministerio del Interior,  llegando hasta la versión No. 27 de propuestas al documento original,  quedaron archivadas, siempre con el criterio de que no era el momento apropiado, atendiendo a la agresividad del gobierno de Estados Unidos y grupos contrarrevolucionarios radicados en ese país. Esa primera pretensión sólo estaba dirigida a normar la emigración de cubanos residentes en el país.

El gobierno norteamericano, una vez creada la Sección de Intereses,  aprobó  modalidades  para el otorgamiento de visas por intermedio de  la Sección Consular, por conceptos de salidas temporales, definidas como:  reunificación familiar, casos humanitarios, otras causales y los Sorteos con cifras topes anuales, para el otorgamiento,  de 20 mil  visas, así como  el Programa para Refugiados, en virtud de las Proclamas Presidenciales-Derechos Humanos, siendo Estados Unidos el principal país receptor de la emigración cubana.

Los Tratados Migratorios, concertados entre Cuba y Estados Unidos, con las rondas de   conversaciones sobre el tema, así como muchos otros temas e intereses,  que por carecer de espacio de intercambio y reflexiones, utilizaban este marco, después del éxodo migratorio desordenado de cubanos por el Mariel, en el 80, y los Balseros en el 94, propició un estado de orden legal para la emigración. Posteriormente en Estados Unidos, se fueron aprobando normas migratorias, diseñadas  para cubanos que abandonaban el país de forma ilegal y bajo condiciones específicas.

Las salidas ilegales, se han comportado dentro de un marco irregular, aunque surgió una nueva y peligrosa modalidad: El tráfico de personas; no sólo para la emigración y la  reunificación familiar, sino también con fines de lucro, por ganancias económicas que, en no pocas veces, desencadenaron hechos criminales.  Tanto la salida ilegal como el tráfico de personas están sujetos a sanciones por la Ley No. 62 del Código Penal.

Existen pruebas que la justicia de Estados Unidos sanciona, con prisión y multas, el delito de tráfico de personas, así como dispone la repatriación de cubanos que intentan emigrar de forma ilegal y no cumplen con los requisitos previstos para ser aceptados.

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Ministerio de Relaciones Exteriores promovieron,  en la década del 90 y principios del 2000, eventos denominados Encuentros con Emigrados Cubanos, evidentemente con fines de apoyo a la revolución.  Los participantes,  plantearon la imperiosa  necesidad de lograr una sustancial modificación de la legislación migratoria, para acceder con todos sus derechos ciudadanos, y sin restricciones, al encuentro con su patria, su  familia,  su cultura, etc. que se resume en integración ciudadana. Con el decursar del tiempo, no hubo respuesta; siempre el gobierno reiteró  su desgastado alegato de: seguridad nacional.

En este mes de mayo,  se celebró una reunión en Estados Unidos,  promovida por la Sección de Intereses de Cuba en ese país, con la participación de un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos  -con afinidad manifiesta desde diferentes puntos y un marcado apoyo a la revolución cubana-  y funcionarios de la Cancillería cubana,  con el fin de debatir sobre el tema migratorio.  No se llegaron a conclusiones definitorias, pero el encuentro concluyó con muchas perspectivas, a corto  plazo, de modificar las normas migratorias, vigentes en Cuba desde la década del 60.

Se volvió a retomar el  tema de la seguridad nacional, ahora con un marcado señalamiento a la crisis económica que impera internacionalmente, y a la posición de Cuba como víctima  de las políticas  ejecutadas por el imperialismo, pero que el gobierno de Raúl Castro estaba interesado en la precitada modificación.

El Presidente de la Asamblea Nacional -en declaraciones   formuladas el 13  de  abril   del  presente año, a la prensa nacional e internacional- se refirió al asunto, con tanta  seguridad y dominio de las precitadas modificaciones, que creó  un estado de expectativas dentro y fuera del país,  con una visión de nación  agredida; y ahora pretende “dar un duro golpe de democracia y derechos civiles  al enemigo”, en referencia directa al gobierno de Estados Unidos, olvidando que el Presidente Obama, en su campaña pre-electoral se pronunció  por mejorar las relaciones bilaterales,  y  después de asumir la presidencia -entre otras propuestas-  promulgó un pliego de medidas muy positivas a favor del pueblo de Cuba, las que fueron rechazadas por Fidel, quien en pública  respuesta,  exigió el cese del embargo económico, la indemnización por los daños causados contra la economía y la población civil, así como el compromiso y obligación de  no atentar contra la integridad nacional y la no injerencia en los asuntos internos. Un punto extremo, además, fue exigir la devolución de la Base Naval de Guantánamo.

La negativa sirvió para reintroducirse en una nueva guerra política, ahora concertada con el gobierno de Hugo Chávez-Venezuela y posteriormente con el bloque político regional del ALBA-CELAC  contra el gobierno de Estados Unidos.

Esta intención del gobierno de Cuba  de modificar la legislación migratoria, viene con un espectro mucho más amplio que la iniciativa anterior; no es el hecho de aprobar cambios que permitan al cubano viajar de forma definitiva  o viajar al exterior, y regresar, sin un permiso-autorización que debe otorgar la Dirección  de Inmigración del Ministerio del Interior, sino que se requiere derogar las restricciones por vínculo profesional relacionados con la salud, la educación y otros sectores de la economía y los servicios, justificando el gobierno, haber brindado la educación-calificación  gratuita, unido al robo de cerebro, se impone además eliminar el cobro excesivo en moneda convertible (cuc) por concepto de trámites  documentales, chequeos médicos, etc. aunque ya con la promulgación del Decreto-Ley No. 288 se eliminó el trámite del expediente migratorio para la aprobación del modelo V-6 a la que se  accedía a  la salida definitiva  del país. Este último punto, con una repercusión sin precedentes,  es extremadamente significativo desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana el 14 de octubre de 1960.

Un detalle de interés, sin precedente en el país, es que más de millón y medio de cubanos tiene reconocida,  o está en trámite de reconocimiento, la ciudadanía de otro país,  especialmente la de España, aunque también la de otros países de Europa y Latinoamérica, siendo ésta una vía para poder emigrar y regresar a Cuba, muchas veces con ventajas económicas al propiciar un mercado ilegal de artículos personales y domésticos que en la actualidad se comercializan en el mercado legalizado al amparo de lo dispuesto por la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dispuso el trabajo por cuenta propia, por lo que la Aduana General de la República dispuso la promulgación de sus Resoluciones Nos. 320-2011 y 321-2011, Límites para determinar el carácter comercial de las importaciones y, Listado de valoraciones aduanales para la importación sin carácter comercial.

En Cuba no está regulada procesalmente la pérdida de la ciudadanía por haberse acogido a otra, aún cuando lo dispone el precepto Constitucional.

La pretensión de modificar la legislación migratoria  tiene otra connotación,  el  hecho significativo de cubanos residentes en el exterior, principalmente, muchos de ellos clasifican como posibles repatriados  definitivos,  tienen una edad avanzada y afectaría aún más el estado de planificación social de la proyección   del  envejecimiento  poblacional, requiriendo servicios específicos como el de la salud, y hasta respaldo económico.  Aún cuando esté modificado  por mandato del Decreto-Ley No. 288,  el tema de la vivienda,  por compraventa o arrendamiento, conlleva una preocupación oficial  la reubicación inmobiliaria, la readaptación a un país con una economía tan deprimida en relación con las necesidades esenciales de nivel de vida, con una reciente  modificación de la legislación sobre la  seguridad social que afectó a la población laboralmente activa, elevando en cinco años el derecho a la jubilación, con índices de incremento en el desempleo, mercado negro y corrupción.

La vigente Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, impidió a los cubanos residentes en el exterior el derecho  a invertir en el país, justificándolo como apátridas que abandonaron el país para refugiarse en el imperio, así como  el tantas veces  recurrente   tema de seguridad nacional. Fue una exigencia de  invertir, promover su capital en la isla, así como de acogerse a los fundamentos que establece el Decreto-Ley No. 288 sobre la transferencia de la propiedad de viviendas.

En este momento, muchos cubanos residentes en el exterior, tienen concertado compromisos de compra-venta de autos, inmuebles y otros bienes patrimoniales, conformando una asociación de intereses con familiares y amigos nacionales,  para el momento en que se permita el regreso tener un adelanto de gestión.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de  Estado y del Gobierno, en la clausura del  VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó: “Tras la autorización de la compraventa de autos particulares y viviendas, no pocos consideran urgente la aplicación de una nueva política migratoria, olvidándose de las circunstancias  excepcionales en que vive Cuba bajo el cerco que entraña la política injerencista y subversiva del gobierno de Estados Unidos, siempre a la caza de cualquier oportunidad para conseguir sus conocidos propósitos”,  y continúa la cita:

“El 1ro de agosto pasado, en este Parlamento abordé públicamente el tema y expuse que nos encontrábamos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente y que se avanza en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras, en correspondencia con las condiciones del presente y el futuro previsible. Hoy ratifico todos y cada uno de los planteamientos realizados en aquella oportunidad, al tiempo que reafirmo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su  integridad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos”.

La Ley No. 1312 Ley de Migración, y la Ley No. 1313, Ley de Extranjería, ambas de fecha  20 de septiembre de 1976, publicadas en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 19-1976, norman los elementos fundamentales sobre el tema, las normas complementarias no son públicas, por ser dictadas por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, por lo que los ciudadanos cubanos y extranjeros vinculados a trámites, quedan en total estado de indefensión al ser denegadas o archivadas las solicitudes de salida temporal o definitiva del país.

A mediados de la década del 90 el Ministerio del Interior aprobó una tarifa para la tramitación de la documentación migratoria y gestiones, derivada de ésta, en moneda libremente convertible (CUC) afectándose la población que carece de estos recursos económicos para que quede sustanciado el expediente,  por lo que necesariamente  los promoventes tenían que recurrir en trámites ilegales dentro de la proliferación de la corrupción administrativa, como la compra-venta de viviendas y otros bienes patrimoniales.

Los  Organismos de la Administración del Estado, fuera de sus facultades,  dictan a su vez normas procesales para la tramitación de solicitudes de salida del país temporal o definitiva, atendiendo al perfil  académico o laboral de los promoventes, es el caso muy puntual  del Ministerio de Salud Pública que fundamenta su negativa ante el precepto oficial de resguardar la fuerza de trabajo especializada.

No existe un procedimiento para abonar el pago de los estudios cursados de forma gratuita, proclama de la Revolución, convirtiendo a los profesionales en rehenes en frontera impidiendo viajar al exterior. Muchos de estos profesionales se incorporan a misiones internacionalistas y desertan de la precitada misión, se les incorporan a una lista negra que les imposibilita viajar a Cuba, en el caso de lograr un pasaje, al llegar al aeropuerto son deportados con el especial pronunciamiento que de reintentar la acción serían procesados en virtud de lo que establece la Ley No. 62, Código Penal.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado dictó su Decreto-Ley No. 288 de fecha, 28 de octubre del 2011, disponiendo la modificación de la vigente Ley No. 65, Ley  General de la Vivienda, con el fundamento de erradicar la corrupción administrativa y brindar un estrecho marco a los ciudadanos que acceden al permiso de salida del país, de liquidar su patrimonio y lograr el financiamiento para los trámites migratorios.

Desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960, el Estado dispuso la nacionalización y confiscación de los bienes patrimoniales de cubanos y extranjeros en materia inmobiliaria, por lo que el traspaso de esos bienes quedaron bajo la dirección exclusiva de las Oficinas Territoriales de la Reforma Urbana, subordinadas al Ministerio de Justicia. En los casos de propietarios con salidas definitivas, se disponía además la confiscación de sus bienes al amparo de la Ley No. 989  de 5 de diciembre de 1961, la que se mantuvo vigente hasta la promulgación del Decreto-Ley No. 288, de 28  de octubre del 2011.

El artículo 81 de la derogada Ley No. 65, que ratificó el precepto de la Ley No. 48, disponía la confiscación de los bienes patrimoniales de las personas que abandonaban definitivamente el país o no regresaban dentro del término establecido de once meses y veintinueve días contados a partir de vencerse el permiso de salida temporal.

El trámite de confiscación de bienes inmobiliarios por salida del país definitiva del titular, requería el pago del precio legal de la vivienda por parte de sus ocupantes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o haber mantenido más de diez años de convivencia ininterrumpida, aún así cuando la vivienda tenía un interés social para el gobierno o se encontraba dentro de las denominadas Zonas Especialmente Protegidas, bajo el control de la Seguridad del Estado, los ocupantes con derecho a la transferencia de la propiedad de la vivienda original eran reubicados en otras, aún con una diferencia sustancial de dimensiones y localización.

Como complementaria de este precepto de la Ley No. 65, se dispuso el Decreto-Ley No. 253  y se  fijaron más restricciones para la transmisión de la propiedad de la vivienda, como la Resolución Conjunta Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular-Instituto Nacional de la Vivienda,  de 22 de agosto de 1995, declarando nulos todos los actos civiles y judiciales en relación con la transferencia de la propiedad de viviendas dentro del término de cuatro años, anteriores al inicio de los trámites migratorios. Esta norma fue derogada mediante Resolución Conjunta No. 01.2011 rubricada por los máximos funcionarios de los organismos que la dispusieron.

El artículo 4, inciso 8 del Decreto-Ley No. 288, dispone: “Son válidos los actos de transmisión de la propiedad de viviendas, realizado por sus propietarios, conforme a la Ley, antes de la salida definitiva del país”, pudiendo el titular disponer el precitado bien.

Teniendo en cuenta lo anterior, con un estado de discrecionalidad extrema, que la inmensa mayoría de la población y hasta funcionarios,  desconocen que   la promulgación del Decreto-Ley No. 288 es el inicio paulatino de las modificaciones de la Legislación Migratoria a que hacía referencia el General-Presidente Raúl Castro.

Legislación a su consideración

Ley de Reforma Urbana, de  14 de octubre de 1960

Ley No. 48, de 23 de diciembre de 1983, Primera Ley General de la Vivienda

Ley No. 65, de 27 de diciembre de 1988, Segunda Ley General de la Vivienda

Ley No. 1312  Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976

Ley No. 1313  Ley de Extranjería, 20 de septiembre de 1976

Decreto-Ley No. 288, de  de octubre del 2011, Modificativo de la Ley No. 65

Decreto-LEY no. 253, modificativo de la Ley General de la Vivienda,

Resolución Conjunta,  Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular, Instituto Nacional de la Vivienda, de fecha

Resolución No. 32-2010, de 7 de octubre del 2010, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, disponiendo el Reglamento del Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio de la Legislación de la Aduana General de la República.

Ley No. 105-2010, de Seguridad Social

LEY no. 77, de Inversión Extranjera

Discurso del General-Presidente Raúl Castro Ruz, VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular,   de diciembre del 2011.

 

DR. RENÉ LÓPEZ BENITEZ

ABOGADO INDEPENIENTE.

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Decreto No. 217, Regulaciones Migratorias en La Habana

Por  Dr. René López Benítez.

El Decreto No. 217, de fecha 22 de abril de 1997, Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana, y sus contravenciones, estableció el procedimiento  atendiendo a la imposición  del gobierno de regular el movimiento migratorio interno hacia la capital, fundamentándolo en la grave situación habitacional y la dificultad de lograr empleo, además de la crisis del transporte, abasto de agua, electricidad, combustible doméstico y el índice de calidad en la prestación de los servicios.

En la nueva estructura de la  División Político- Administrativa del país, la antigua provincia de Ciudad de La Habana se denomina La Habana, por lo que el anterior territorio provincial de  La Habana se dividió en Artemisa y Mayabeque.

El promotor  y  ponente de este Decreto fue el  ex- Vicepresidente del Consejo de Estado, Dr. Carlos Lage Dávila, quien instrumentó el procedimiento, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de la Vivienda disponiendo, además, la erradicación de los asentamientos ilegales en los municipios de la periferia de la capital.  Se ejecutaron cientos de  mandatos de desahucio;  los afectados promovían recurso de amparo -ante el Gobierno y el Partido Comunista-  que no era atendido, por mandato del ex Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Las graves afectaciones de estas ejecuciones atentaron contra la integridad de  familias completas, incluyendo niños y personas de la tercera edad que con el decursar del tiempo habían logrado la estabilidad social y personal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el General-Presidente ha dado prioridad al orden y disciplina urbanística, principalmente en La Habana,  para lo cual nombró Presidente del Instituto de Planificación Física al General de División Samuel Rodiles Planas, con un equipo de altos oficiales y personal con calificación técnico-profesional de extrema confianza, para lograr una estrategia donde no impere la corrupción administrativa. En la actualidad, se iniciaron investigaciones sobre el desarrollo  urbanístico, y se plantea la necesidad de incrementar la construcción  de viviendas de forma organizada, fundamentalmente por esfuerzo propio de la población  y con respaldo material-técnico-constructivo, partiendo de planos y asesoría por parte de profesionales. Se aprobaron programas de créditos bancarios y subsidios, para las personas necesitadas de vivienda y que no cuentan con respaldo económico.

En los asentamientos ilegales que fueron demolidos, y otros  que están controlados por parte de la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana, las construcciones eran sólidas, respondiendo a los intereses de los ocupantes,  pero bajo condiciones urbanísticas inadecuadas, al no contar con respaldo de servicios propios, (servicios médicos, de abastecimiento-gastronomía, recreación, agua, electricidad, etc.) los ocupantes se proveían de agua y electricidad  conectándose de forma ilegal al  suministro  de las conexiones maestras.  Muchos de  los ocupantes habían tramitado su legalidad de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley N o. 65 , Ley  General de la Vivienda, previo Dictamen Técnico de Habitabilidad, expedido por el Arquitecto de la Comunidad y con el resultado-aprobación  de la Inspección Técnico-Legal por parte del funcionario actuante,  siendo notificados de la Resolución-Título de Propiedad al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 9na c) de la precitada Ley, por haber construido en terreno de ajeno o desconocido titular, a expensas propias.

Otra de las opciones de los ocupantes era recurrir a la corrupción administrativa que proliferó a niveles incalculables y lograr el reconocimiento mediante Resolución-Título de Propiedad.

El precitado Decreto No. 217, estableció el procedimiento para promover la solicitud de residencia permanente en la capital, con los requisitos que lo justifiquen, quedando a la determinación del Presidente del Consejo de la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular  la facultad de aprobar o denegar la pretensión, aún cuando el promovente contara  con la autorización del propietario de la vivienda en cuestión. Entre los índices a analizar, previa verificación de los antecedentes presentados por el solicitante, se encuentran los índices políticos-morales que establece el sistema oficialista.

El gobierno, anualmente ha diseñado -desde la década de los años 70 a la fecha-  movilizaciones, por el término de hasta cinco  años,  de residentes en provincias centrales y  orientales para que apoyen y laboren en tareas de la construcción y agropecuarias; maestros de escuelas primarias y secundarias; policías, etc.,  con el compromiso de retornar a su lugar de origen una vez concluido el período pactado. De esos miles de movilizados, retornan a sus provincias un número mínimo, logrando el resto -en cifra muy superior a los que retornan-  legalizarse; algunos, para lograrlo, se sirven de la corrupción administrativa; otros, obtienen la legalidad cumpliendo formalidades de excepcionalidad, aprobadas por los gobiernos municipales, y otros muchos, quedándose ilegales en viviendas de residentes legales o ilegales; y la inmensa mayoría, mediante la construcción, por esfuerzo propio, con materiales logrados de forma ilegal y en  espacios que no cuentan con las mínimas condiciones  de habitabilidad. Cuando estos ilegales son detectados por funcionarios de las Direcciones Municipales de la Vivienda y del  Instituto de Planificación Física se dispone la ejecución de la  demolición de lo construido, con la obligación de reintegrarse al lugar de origen. Muchos de ellos no cuentan con ese lugar de origen, atendiendo a que han creado una familia y procreado. De lo anterior se infiere que, de una gestión de gobierno, se derivan casos sociales que no se resuelven. Teniendo en cuenta lo expuesto -de la determinación del gobierno de movilizar fuerza de trabajo- se deriva un cúmulo incalculable de violaciones de las normas establecidas.

Una especial atención ha sido diseñada para las Zonas Especialmente Protegidas; éstas, son controladas por la Seguridad del Estado. Los oficiales encargados del tema tienen la obligación de  expedir la autorización de residencia, al verificar que el solicitante cumple con los requisitos establecidos al efecto. No basta la determinación del propietario del inmueble para quedar sustanciado el expediente en cuestión de residencia.

La Ley No. 1234 del  15 de junio de 1971, estableció el Carné de Identidad y el Registro de Direcciones, y posteriormente esta ley fue modificada por la Ley No. 1278 de 11 de septiembre de 1974 y su Reglamento. Este documento, y la base de datos que consta en el  Registro Único de Información del Gobierno, establecido por el Decreto-Ley No.  281, de 8 de febrero del 2011,  es el fundamento para detectar los ciudadanos ilegales en la capital.

Con fecha 7 de octubre de 2010, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, dictó su Resolución No. 32-2010, disponiendo la aprobación del Reglamento del Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia, así como la legislación complementaria que aprueba ejercer una ocupación; por lo que  las restricciones que conllevaron a la implementación del precitado Decreto No. 217 -entre otras causales por la falta de empleo-  no tienen justificación. De otros territorios, acuden a la capital personas  para ejercer el trabajo por cuenta propia, fundamentalmente en el  trabajo y el  suministro agropecuario, teniendo en cuenta que un requisito para el otorgamiento de licencias es probar la legalidad en una vivienda dentro del territorio de la demarcación del empleo.

Una cifra considerable de ciudadanos ejercen el trabajo por cuenta propia -al margen de la Ley- en empleos marginales, como la comercialización de artículos en la vía pública y otros lugares como parques, portales de viviendas, etc.; otros, en la prestación de servicios como: La construcción, plomería, limpieza de casas, cuidado de niños menores, etc.,  logrando un espacio dentro de la  economía participativa, aún cuando por parte de los Inspectores Integrales de las Direcciones Municipales y Provinciales de Trabajo, con el apoyo de la Policía, operan para dar por terminada estas acciones de trabajo, aplicándoles  una multa, en virtud de las Contravenciones dispuestas por el gobierno.

En el caso de los ilegales dentro de la capital  -que representan una cantidad considerable-  estos, son deportados a sus lugares de origen.

Con fecha 28 de octubre del 2011  se dispuso, mediante el Decreto-Ley No. 288, Modificaciones a la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, en lo referente a la transmisión de la propiedad de inmuebles, ratificando el concepto de arrendamiento de viviendas, cuartos, habitaciones y espacios. Este Decreto-Ley no derogó ni modificó la legislación complementaria de la Ley No. 65, que derogaba el Decreto-Ley en cuestión; por lo que, de hecho, al tramitar ante Notario Público una transferencia de la propiedad por concepto de compra-venta, permuta o donación se contradecía con lo preceptuado por el Decreto-Ley No. 217, entrando en total contraposición en lo referente a la ocupación de la vivienda adquirida en La Habana por personas con residencia legal en otras provincias, por lo que se dispuso modificar el tantas veces nombrado Decreto-Ley No. 217, por el Decreto-Ley No. 293, de 29 de octubre del 2011, con un mínimo de adecuaciones a favor de personas que comprenden al cónyuge, los hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos del titular; hijos menores del cónyuge no titular; personas declaradas jurídicamente con incapacidad, y el núcleo familiar de la persona a quien se le asigne un inmueble por interés estatal. Esta ley, mantuvo  las restricciones que atentan contra las proyecciones ciudadanas de lograr un mejor nivel de vida en la capital, considerando las crisis que se han creado en otras provincias. Atendiendo a la promulgación de este Decreto-Ley, no existen fundamentos para impedir la aprobación de la migración interna a la capital.

Es significativo, que en la actualidad se aplica  lo preceptuado por el Decreto No. 217, en la modalidad de destierro forzoso, a los opositores  cuando visitan la capital para mantener contacto con el resto de los miembros de la sociedad civil independiente, y a otras personas que  a la autoridad policial les llama la atención por sus características, y al solicitarles la identificación -carnet de identidad-, y comprobar que su lugar de residencia está ubicado en el interior del país, se procede  al traslado a su lugar de origen.

Está establecido por la Policía disponer,  mediante Acta de Advertencia, la prohibición de visitar la capital por un término de hasta tres años, así como la imposición de una multa.

Cifras no oficiales señalan, como  promedio, que más de 300 personas son trasladadas semanalmente  a su lugar de residencia oficial, en transporte automotor o por ferrocarril, con custodia policial.

Una vez más, queda probada la violación de los derechos ciudadanos.

Legislación a su disposición

Decreto No. 217 Regulaciones Migratorias Internas para La  Ciudad de La Habana y sus contravenciones.

Decreto-Ley No. 293, modificativo del Decreto No. 217.

Decreto-Ley No. 281, Sistema de Información de Gobierno, deroga la legislación referente al Carnét de Identidad y Registro de Direcciones.

Decreto-Ley No. 288, Modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda.

Resolución No. 32-2010, del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Reglamento sobre el Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio legislativo de la complementaria del Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio legislativo del Banco Central de Cuba, sobre el otorgamiento de créditos y subsidios para la construcción y reparación de viviendas por esfuerzo propio.

Anexo, Breve información estadística sobre la  aplicación del Decreto-Ley No. 217, Fuente: Centro de Información Hablemos Press.

 

 

El Presidente Evo Morales confisca bienes patrimoniales de España

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- El Presidente de Bolivia Evo Morales Aima dispuso mediante Decreto Presidencial de 1ero. de mayo, la expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Española (REEE), en el marco del 20% de las acciones de esta inversionista en la Transportadora de Electricidad, sin que se fije una compensación.

Referente a la compensacion, el pasado 7 de mayo, la representación de la inversionista epañola interesó al gobierno iniciar conversaciones para determinar la compensación y demás obligaciones subsidiarias del Decreto Presidencial.

No existen elementos probatorios que el gobierno bolivariano haya notificado a la parte española elementos de inconformidad en el desempeño de desarrollo que atente contra la integridad patrimonial del Estado, muy al contrario, la entidad confiscada había cumplido los cronogramas de inversiones en los niveles económicos previstos.

La determinación gubernamental se ejecutó con el mandato de militarizar las entidades asociadas al precitado Decreto Presidencial.

No es la primera vez que el Presidente Morales interviene entidades vinculadas a la inversión extranjera, a continuación un resumen sobre el tema:

01-05-2012  Expropiación de las acciones de la Red Eléctrica Española (REEE), en la Empresa Transportadora de Electricidad (TDE).

02-05-2010  Nacionalización de la pequeña Fundidora de Antimonio Empresa Metalúrgica Vinto-Antimonio, filial de la Suiza Glencore, que había dejado de operar en los últimos años.

01-05-2010   Nacionalización de cuatro empresas eléctricas, Corani con la participación de unn50% por Ecoenergy Internacional, subsidiaria de la Francesa CDF-Suez.Guarachi que tiene como principal accionista con el 5º% a la Brityanica Rurelec PLC. Valle Hermoso, donde la mitad del capital está en manos de The Bolivian Generating Group de la Panamerican de Bolivia, y Cooperativa Distribuidora Empresa Luis y Ferza Electrica de Cochabamba.

01-05-2009  Nacionalización de Air BO, filial Británica British Petyroleum, que reparte el combustible en aeropuertos bolivarianos.

06-02-2009  Expropiación de 36000 hectáreas de tierras a hacendados, 15000 hectáreas a la familia estadounidense Larsen Metenbrink, acusándolos de sostener a servidumbre a indios guaranies.

23-01-2009  Nacionalización de la Petrolera Chaco, participación de British Petroleum (BP) y por la Argentina-Bridas, a las que acusó de sacar del país 277 millones de dólares en el 2008.

15-10-2008  Repsol YPF firma un acuerdo con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivarianos (YPFB) para iniciar la gestión compartida en YPF-Andina, en que la empresa hispano-argentina tiene participación minoritaria.

01-05-2008   El Estado adquiere el 100% de la Compañía Logística de Hidrocarburos (en manos peruanas y alemanas) y de la Telefónica Entel, filial de la Italiana Chaco, de Panamerican Energy (del Grupo British Petrtoleum), Andina Filial de Repsol YPF y de Trasredes, Transportadora de hidrocarburos, participada por la británica Ahsmore y Anglo-Holandesa Shell.

11-04-2008 El Estado dispone transformar la estatal YPFB en una corporación para dirigir la nacionalización petrolera y crea la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH).

26-03-2008  El Estado dispone fijar el 30 de abril como plazo máximo para nacionalizar cuatro filiales de la hispano-argentina Repson YPF, las británicas Ashmore y British Petroleum y del consorcio peruano-alemán CLH.

02-2007 Nacionalización de la empresa  de propiedad suiza, fundición Vinto-

01-2007 Dispone la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), pero las conversaciones exploratorias se estancaron y la Matriz italiana Telecom planteo un arbitraje contra el gobierno de Bolivia en el CIADI del Banco.

10-2006  El gobierno  restataliza la mina de estaño de Huanuni.

Lo anterior, unido a la expropiación del 51% de las acciones de la Empresa  de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) subsidiaria de la compañía española Repsol, por parte de la Presidenta de Argentina, prueba la política del Bloque Alba de nacionalizar o confiscar los bienes patrimoniales de inversionista extranjeros,  es evidente después de la integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC), según expresó el General-Presidente Raúl Castro, por primera vez en la historia vamos a tener una organización de Nuestra América, sin la participación de Estados Unidos y  Canadá, en total desafío a la Organización de Estados Americanos (OEA).

La cumbre de la Organización de Estados Americanos, Cumbre de las Américas-Abril/2012, celebrada en Colombia, resultó un atentado contra la proyección del gobierno de Estados Unidos en relación con el continente Latinoamericano y Caribeño, todo estaba preparado para sabotear la realización del referido evento con el fin de exigir la participación del gobierno de Cuba, aun cuando este reiteradamente ha manifestado su determinación de no integrarse a la OEA, resultó marco propicio para exigir la devolución de Islas Malvinas a la República de Argentina. A toda luz, una vez terminada la cita, se llegó a la conclusión de proponer salidas para salvar la continuidad del tratado americano.

El gobierno de Cuba no se ha pronunciado por este nuevo acto confiscatorio de un gobierno miembro del Bloque ALBA-CELAC, contra la comunidad europea, por su parte,  el periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se pronunció por apoyar este acto reivindicatorio de los derechos patrimoniales, atendiendo a la acción de los inversionistas extranjeros en América de atentar contra la integridad de los pueblos.

Es significativo la confiscación dispuesta por el Presidente Evo Morales, en correspondencia con  la actualización de la demanda de Bolivia interpuesta en organismos internacionales contra el gobierno de Chile,  con la  pretensión de lograr la salida al mar.

La Presidenta de Argentina, por su parte actualizó la demanda de su país contra el gobierno de Gran Bretaña para lograr el reintegro de Islas Malvinas a Argentina.

Indiscutiblemente la cronología de los hechos prueba que la política trazada por Venezuela, país que le quitó el protagonismo y dirigencia política en la región a Cuba, y que  atenta sustancialmente contra los intereses de la comunidad europea.

El presente para el bloque ALBA-CELAC, es incierto ante el proceso electoral en Venezuela y la probada incapacidad de Hugo Chávez de continuar en el poder por su  deteriorado estado de salud, actualmente el gobierno promueve estrategias secretas con vista a la  sustitución del Comandante-Presidente en la fórmula de la candidatura electoral, por otro personaje afín.

Literatura a su disposición, Antecedentes de lo sucedido en Cuba.

Los Propietarios,  Cuba, 1958, Compendio de Propietarios al triunfo de la Revolución. Editorial Ciencias Sociales

Los Empresarios, Cuba, 1958, Compendio de los Empresarios  al triunfo de la Revolución.  Editorial Ciencias Sociales.

Compendio de Confiscaciones y Nacionalizaciones en el periodo 1960-1963,  Editorial Ministerio de Justicia.

EL Gobierno de Cuba respalda determinación argentina de expropiar YPF-REPSOL

Por. Dr. René López Benítez.

El Gobierno de Argentina dispuso la expropiación del 51% de las acciones e la empresa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, subsidiaria de la compañía española Repsol, la determinación de la Presidenta Cristina Fernández se fundamenta en que la inversionista atenta contra  el normal desarrollo y por tanto de la integridad de la nación.

El Presidente español, desde su visita a Colombia expresó, que la determinación argentina le  traerá a se país, muchas más dificultades que ganancias, que su gobierno está  analizando la situación creada, desde el punto de vista integral, se adoptaran medidas, descartando la posibilidad que en  otros países de la región latinoamericana repercutan la medida del gobierno argentino, teniendo en cuenta que los índices tecnológicos y demás indicadores asociados al desarrollo integral de la empresa expropiada realmente  tenían un comportamiento normal.

La Unión Europea, está analizando el desarrollo del acontecimiento, se presume que en el futuro se pronuncie en relación a sus actuales y futuras relaciones contractuales con Argentina, este país además, vine desarrollando un perfil de reclamaciones diplomáticas y políticas  a Gran Bretaña por la ocupación de Las Malvinas, extremo que también es monitoreado por el bloque europeo.

Países como México, Colombia y Perú se pronunciaron  en contra de la determinación Argentina, en especial México,  que su petrolera estatal Pemex, cuenta con el 9.5% de sus acciones de Repsol, el Bloque de Alba  como organismo latinoamericano-caribeño no ha presentado declaración oficial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, de inmediato, expresó su apoyo y solidaridad al gobierno de Argentina, aún cuando la entidad española tiene concertado contrato a riesgo con el gobierno cubano, para la exploración y explotación de petróleo en la zona económica en el Golfo de México, iniciando sus perforaciones en el mes de febrero pasado, el Viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Sr. Antonio Carricarte, descartó que el conflicto y el apoyo de Cuba a Argentina, afecte el normal desarrollo de la contratación Cuba-España-Repsol.

El gobierno cubano, que siempre  se excede en sus declaraciones, recuerda que en el período presidencial 1989-1999,  de Carlos Saúl Menen, que YPF-Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue una de las tantas entidades estatales argentina que fueron privatizadas y vendidas a un precio inferior al real.

El gobierno de Cuba a inicios de los 60 dispuso la expropiación de las grandes y medianas empresas y negocios,  propiedades que España y sus ciudadanos mantenían en Cuba al triunfo de la revolución, la deuda por las precitadas expropiaciones fueron  compensada  por el ex-presidente Felipe González, con la consiguiente afectación económica al acreedor, dentro de les negociaciones se dispuso la repatriación de los ciudadanos españoles que aún residían en Cuba y que reiteradamente habían manifestado y tramitado su interés de emigrar a España. Con posterioridad los niveles de los vínculos se desarrollan   normales como parte de las  relaciones contractuales-comerciales, en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 50 y posteriormente de la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, algunos inversionistas españoles han sido procesados y sancionados por delitos de corrupción administrativa y sus bienes han sido confiscados, aún así, España es uno de los principales socios comerciales de Cuba en varios reglones de la economía.

En relación con las relaciones económicas-comerciales-contractuales de Cuba con Argentina, la deuda rebaza miles de millones de pesos, basta señalar que los medios de transporte, inversión inmobiliaria y otros reglones ejecutados en la década de los 70 se adeudan actualmente, más todos los contratos concertados con posterioridad a la promulgación de la Ley No. 77.

Es significativo que el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en la década el 70, promocionó un gran movimiento de integración internacional con la denominación de ¨La deuda externa es impagable¨, pero el gobierno de Cuba, teniendo en cuenta la falta de liquidez económica, viene desarrollando la concertación de la renegociación de la deuda externa, para evitar la mora.

Por todo lo anterior, la declaración de apoyo de Cuba a Argentina es política, aún cuando después de la toma de poder del Presidente Mariano Rajoy, son varios los temas que España está revisando en sus relaciones económica-política con la isla, aunque mantengan los vínculos históricos y sociales que siempre se han teniendo en cuenta entre ambos países.

30.04.2012