Referencia Juridica

Centro de referencia y consultoria jurídica.

Archivos mensuales: febrero 2014

Contraloría General de la República, Estrategia 2014, para la erradicación de graves violaciones detectadas

 

Dr. René López Benítez/ Referencia Jurídica.

 

LA HABANA.- La Contraloría General de la República -Vicepresidenta del Consejo de Estado y Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba-  ha dispuesto mediante su Resolución No. 512 de 30 de diciembre del 2013,  publicada el 22 de enero del 2014, vigente a los quince (15) días siguientes al de su publicación en la Gaceta Oficial de la República,  edición extraordinaria No, 7, “Sobre la identificación y cuantificación de los daños y perjuicios económicos causados al patrimonio público” como resultado de las acciones de auditorías, supervisión y control que ejecuten los Auditores del Sistema Nacional de Auditoria subordinado a la Contraloría General de la República.

La Contralora en su resuelta determinación de eliminar los actos de corrupción que de forma descontrolada viene proliferando en todas las actividades de la vida económica, política y social, donde impera el descontrol, la apropiación indebida, el desvío y comercialización de los recursos obligados a ser resguardados por funcionarios y empleados, los que en marcada acción delictiva se involucran en hechos punitivos, con la justificación de las necesidades y carencias de productos de primera necesidad, atentando sustancialmente contra la población.

La nueva regulación aprobada como Estrategia-2014, viene a instrumentar elementos de prueba en los procesos en fase de investigación que ejecutan los Órganos de Instrucción Económico-Penal, la Fiscalía y los Tribunales en su acción de impartir justicia, teniendo en cuenta las acciones delictivas conexas a la corrupción para evadir el encausamiento penal, entre ellas, falsificación de documentos privados,   públicos, bancarios y de comercio, omisión de información, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, incumplimiento de preservar los bienes patrimoniales, de seguridad e integridad de la entidad, uso indebido de recursos financieros, abuso en el ejercicio del cargo,  y otros previstos y sancionados por la Ley No. 62, Código Penal vigente.

La Sra. Gladys Bejerano ha modificado su lenguaje agresivo, resuelta a erradicar las infracciones con sanciones ejemplarizantes a los infractores, su actual política es de prevenir y pide la colaboración especial de los periodistas en la lucha contra el flagelo de la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, sin llegar a la noticia sensacionalista, pero sin renunciar a la verdad y profundidad en la política del partido, del Estado y del gobierno.

En la programación de la radio y televisión nacional-oficialista se presentan programas con severas críticas por parte de la población afectada a procedimientos de sistemas administrativos, al comercio, ejecución de normativas y sistemas de salud, educación, la cultura y procedimientos y servicios jurídicos. No hay resultado a esas críticas, igual camino recorre el deficiente sistema de Atención a la Población, por no estar sustentado en procedimientos sólidos  como una Ley,  tantas veces anunciada y justificada por el propio gobierno y hasta por el legislativo.

El Informe definitivo del Control Interno Nacional-2013 que conllevó la auditoria y supervisión a cientos de entidades estatales, gubernamentales a nivel nacional, provincial y municipal, ministerial y empresarial, las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias recientemente constituidas, entidades del sector de la inversión extranjera con capital cubano, no ha sido publicado, aunque del mismo  se derivan cientos de procesos en fase preparatoria de dictar las conclusiones provisionales del Fiscal, al amparo de lo que establece la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, para enjuiciar a los responsables, de los que se derivan largas cadenas de responsables y delincuentes reincidentes.  Son hechos que se convierten en reiterativos.

El General de Ejército Raúl Castro, en su discurso ha denominado  el hecho de corrupción y los delitos conexos como actos de contrarrevolución, extremo que se divulga como principal flagelo que atenta contra la sociedad y los derechos ciudadanos.

Los Órganos del Partido Comunista de Cuba, las estructuras de los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior e instituciones puntuales no son controladas por la Contraloría General de la República, ni la Fiscalía General, por lo que gozan de total estado de impunidad, generando un estado de opinión desfavorable con el nivel de vida de sus dirigentes, funcionarios y miembros de estos órganos.

El flagelo de la corrupción, que hasta la década del 90 en Cuba se podía apreciar como acciones que jamás serían permitidas por un sistema socialista con rígidos sistemas de control y acción, llegó, y lejos de resultar erradicado prolifera bajo la mirada serena y firme de los revolucionarios que continúan repitiendo que Cuba es un bastión inexpugnable del Socialismo.

Anexo: ESTRATEGIA-2014, detalles de la identificación y cuantía de los daños y perjuicios causados al Patrimonio Público.

Daños y perjuicios al Presupuesto del Estado:

A) Ingresos:

A.1)  Incumplimiento del Plan de aportes en la cuantía y fecha establecida.

A.2) Incumplimiento en las obligaciones tributarias en la cuantía y fecha establecida.

A.3) Errores y omisiones en la determinación y pago del impuesto sobre utilidades.

A.4) Multas canceladas y devueltas por la Oficina de Control y Cobro de Multas por incorrecto llenado de la matriz por parte de la imposición.

A.5) Devoluciones indebidas de ingresos al Presupuesto del Estado por la Oficina Nacional de Administración Tributaria del territorio.

A.6) Ingresos operacionales acreditados por el Banco y no aportados al Presupuesto del Estado por la Unidad Presupuestada

A.7) No ingresar al Presupuesto del Estado los salarios no reclamados por los trabajadores transcurrido 180 días después del pago.

B.) Gastos:

B.1) Pago de salarios indebidos.

B.2) Pagos derivados de operaciones fraudulentas.

B.3) Pagos de bienes y salarios en exceso.

B.4) Consumo material no previsto en el presupuesto.

B.5) Servicios recibidos no planificados.

B.6) Gastos por multas, en recargos y sanciones.

B.7) Realización de actividades y eventos en recursos asignados para otros destinos.

B.8) Gastos del año anterior contabilizados en el año corriente.

B.9) Gastos por faltantes y pérdidas en el año.

B.10) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

B.11) Gastos pagados por concepto de estadías.

B.12) Uso indebido del combustible.

B.13) Exceso de consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

B.14) Exceso de gastos en otras partidas directivas del presupuesto.

B.15) Gastos asumidos por servicios prestados a terceros.

B.16) Gastos financieros indebidos en relación con el presupuesto aprobado.

B.17) Gastos no contemplados en fichas de costos.

B.18) Gastos en exceso por inversiones ejecutadas con medios propios.

B.19) Uso indebido de la reserva del presupuesto provincial.

B.20) Uso indebido de transferencias de destino específico.

b.21) Compras de activos fijos, tangibles o intangibles sin respaldo financiero.

B.22) Transferencia de destino específico asignados a la entidad, que una vez investigadas no se ajustan a la realidad financiera de la institución.

B.23) Falta de ejecución financiera de los recursos recibidos con destino específico asignadas por ineficiente gestión de la entidad.

B.24) Uso indebido de trasferencias presupuestadas del capital.

C.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

C.1) Faltante en efectivo o documentos de valor detectados por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión y control.

C.2) Ejecución indebida o inejecución por negligencia del presupuesto aprobado para las inversiones.

C.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado.

C.4) Cuentas y efectos por cobrar vencidos según lo pactado en el contrato.

C.5) Cuentas y efectos por cobrar en litigios y en proceso judicial.

C.6) Aplicación incorrecta de las tasas de depreciación de los activos fijos tangibles y la amortización de los activos fijos intangibles, de acuerdo con la legislación vigente.

C.7) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido la responsabilidad material.

C.8) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas por la legislación vigente.

C.9) Pagos a personas naturales que no cuentan con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

C.10) Pago en exceso de la seguridad social a corto plazo respecto al monto planificado.

C.11) Desvío de recursos financieros de Tesorería para gastos no previstos en el Presupuesto del Estado.

C.12) Inejecución financiera del presupuesto asignado,  originada por deficiente proceso de elaboración del presupuesto o la gestión de la entidad.

C.13) No devolución a la Tesorería al cierre del periodo fiscal de los recursos financieros no utilizados.

C.14) No aportar el superávit real obtenido en la fecha establecida al cierre del periodo.

C.15) Pago de las obligaciones no comprometidas del año anterior.

D.) Otras causas no nominalizadas:

D.1) Daños y perjuicios económicos causados contra la entidad.

E.) Gestión de la entidad:

E.1) Desviaciones provocadas por el incumplimiento del encargo estatal.

E.2) Incumplimiento en valores del Plan de Ventas (producciones, servicios y mercancías).

E.3) Exceso de costo planificado (producciones y servicios).

E.4) Pérdida de la  actividad autofinanciada superior a lo planificado.

E.5) Pago de mercancías y servicios en exceso.

E.6) Gastos indebidos

E.7) Gastos pagados por concepto de estadía en exceso.

E.8) Pérdidas en exceso sobre lo aprobado en el Plan de la Economía.

E.9) El software adquirido no está en explotación o no es utilizado en toda su magnitud.

E.10) Equipos de computo, depreciaciones por largo tiempo sin definirse su uso, reparación o baja técnica.

E.11) Uso indebido de combustible.

E.12) Pérdidas por roturas, mermas o deterioro que excedan las normas en los procesos productivos o de servicios, o que obedece a importaciones de recursos con fecha tope de vencimiento.

E.13) Desechos en los procesos productivos que no se venden a las Empresas de Recuperación de Materias Primas.

E.14) Bajas de productos vencidos y ociosas en los cuales no se haya aplicado por parte de la entidad la rotación correspondiente, o no haber tomado medidas establecidas en cada caso.

E.15) Daños por la manipulación indebida de materiales, monte o desmonte de equipos, demolición de edificaciones o partes de obras por mal trabajo en el proceso constructivo.

E.16) Exceso en el consumo de energía de acuerdo con el plan aprobado.

E.17) Sobreproducciones a causa del incumplimiento de requisitos de calidad.

E.18) Equipos, maquinarias, vehículos o partes de estos que causan baja y no se venden oportunamente a las Empresas de Materias Primas.

F.) Disponibilidad y uso del financiamiento:

F.1) Faltante de efectivo o documento de valor por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

F.2) Gastos por negligencia que provocan ejecución indebida o inejecución del presupuesto aprobado para las inversiones.

F.3) Ingresos depositados indebidamente o en exceso al Presupuesto del Estado

F.4) Gastos por concepto de cobros automáticos en exceso.

F.5) Gastos por recargos y sanciones.

F.6) Realización de actividades y eventos con recursos destinados a otros recursos.

F.7) Gastos en exceso por incumplimiento en la contratación económica según lo establecido.

F.8) Cuentas y efectos por cobrar en litigio y en proceso judicial.

F.9) Cuentas y efectos por cobrar vencidos, según lo pactado en el contrato.

F.10) Pérdida de tarjetas magnéticas, si no se ha exigido responsabilidad material.

F.11)  Rebajas y devoluciones de mercancías por ineficiencias o mala gestión de la entidad.

F.12) Ingresos dejados de percibir a partir del análisis realizado, al determinar favorecimiento a una de las partes.

F.13) Pagos a personas naturales por actividades no aprobadas en la legislación vigente.

F.14) Pagos a personas naturales que no cuenten con sustento documental que permita demostrar la legitimidad.

F.15) Monto de los expedientes de faltantes y pérdidas sujetos a investigación que  excedan el término para su cancelación.

F.16) Monto registrado a gastos por cancelación de expedientes por

faltantes y pérdidas de bienes.

F.17) Gratuidades indebidas de recursos materiales y financieros.

F.18) Pago por indemnización por laudo o sentencia firme de un tribunal,

Por Demandas recibidas, producto de incumplimientos de contratos o

convenios.

F.19) Para las empresas con esquemas cerrados de financiamiento en

Divisas aprobados, los gastos del año anterior pagados con el

financiamiento del año actual sin haberse planificado.

F.20) Desvió de recursos financieros aprobados para los esquemas cerrados Financiamiento en divisas.

F.21) Utilización indebida de recursos asignados para la realización de

proyectos financiados total o parcialmente con crédito externo.

F.22) Gastos asumidos por la parte cubana, no convenidos o

incorrectamente pactados en el contrato o los contratos firmados en los negocios de las diferentes modalidades de la inversión extranjera.

G) Legitimidad de las operaciones:

G.1) Diferencia entre los saldos de las cuentas de operaciones entre

Dependencias, a partir del análisis de las operaciones, sus causas y

Confirmación (Activos o pasivos).

G.2) Operaciones sin respaldo documental.

G.3) Ajustes indebidos a la cuenta de la Inversión Estatal.

G.4) Ajustes de expedientes por pérdidas y faltantes autorizados sin tener. Facultad delegada.

G.5) Bienes vendidos sin la autorización correspondiente.

G.6) Faltante de inventario o activos fijos tangibles que resulten del

Chequeo físico realizado por la entidad o como resultado de las acciones de auditoría, supervisión  y control.

G.7) Bajas de activos fijos tangibles, que no estén depreciados totalmente sin el dictamen técnico y el documento del destino final sin las suficientes especificaciones.

G.8) Transferencias no autorizadas de recursos materiales entre entidades.

H.) Otras causas no nominalizadas:

H.1) Otras, las que se deben detallar.

Generalidades: En el modelo (Anexo Único del Informe) se deben de identificar los montos. En  pesos convertibles (CUC), según corresponda. En caso de otras monedas se debe reflejar en una columna aparte.

Intervención Especial en el Evento de Bibliotecarios (20 minutos) Viernes 21 de febrero del 2014, 9am

Dr. René López Benítez

1.-  Breve introducción sobre su experiencia como Coordinador del Centro de Referencia Jurídica.

2.-   Biblioteca

2.1. Periodo pre-revolucionario.

2.2  Posterior al triunfo revolucionario. Desarrollo del Sistema de Bibliotecas Públicas subordinadas al Consejo Nacional de Cultura (1959-1976) al Ministerio de Cultura (desde 1976) Bibliotecas Escolares subordinadas al Ministerio de Educación.

2.3 Curso de Técnico Medio en Bibliotecología. Licenciatura en Información Científica y Bibliotecología.

2.4  Periodo especial, fin del sistema de bibliotecas publicas y de los estudios de Técnico Medio en Bibliotecología, por carencias económicas.

2.5  Bibliotecas Independientes (Movimiento de Oposición al Gobierno).

3.-   Política de recuperación estatal del Sistema de Bibliotecas

3.1  Decreto Ley No. 271, De las Bibliotecas Públicas de la República de Cuba.

3.2  Resolución No. 80-2013 del Ministro de Cultura, Reglamento General del Sistema de Bibliotecas Públicas.

3.3  Resolución No. 81-2013, del Ministro de Cultura, Reglamento del Grupo Coordinador del Trabajo Cooperado de las Bibliotecas de la República de Cuba.

 

4.-    Riesgos

4.1   Por ineficacia

4.2  Por el control, acoso, eliminación del fondo bibliográfico y equipos por parte de la Seguridad del Estado.

4.3   Breve comentario sobre la Ley No. 62, Código Penal, No. 5 Ley de Procedimiento Penal y Ley No. 88.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com   y    https://referenciajuridica.wordpress.com

 

 

 

Negociaciones Unión Europea-Cuba

Dr. René López Benítez

 

Los embajadores permanentes de los veintiocho países miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado 5 de febrero el mandato para la negociación de un acuerdo bilateral con el estado y gobierno cubanos, quedando pendiente la aprobación  formal del referido acuerdo  para el próximo lunes  10 de febrero. Desde el 2012 la Sra. Catherine Ashton, a cargo de las relaciones exteriores,  había sido encargada de explorar el proceso negociador, manteniendo la Posición Común adoptada en el 1996, extremo que ha resultado el  factor clave, teniendo en cuenta que se mantienen  por la parte cubana las violaciones en materia de derechos humanos y democracia, aunque se ha superado en lo referente a vínculos  de colaboración económica-social.

 

Al promover el acuerdo bilateral, algunos países miembros del bloque europeo han mantenido   distancia en el levantamiento de la declaración de posición común, mensualmente miembros de la sociedad civil independiente presentan informes contentivo de violaciones de los derechos ciudadanos, elemento que es monitoreado por  las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, de lo que se desprenden pronunciamientos y denuncias, a lo que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos internos. El camino en cuestión no se ha despejado de un todo.

 

De hecho la Unión Europea como institución y la mayoría de los gobiernos que la conforman mantienen de forma sostenida y creciente las relaciones de colaboración en esferas sociales y productivas, el otorgamiento de créditos y asistencia profesional,  la que se inicio con proyectos de asistencia social a segmentos necesitados resumen resultados muy positivos.  El hecho de la aprobación del Decreto-Ley No. 313 y la inauguración de la Zona de Desarrollo Mariel, la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras que deroga la inoperante Ley No. 77 de 1995,  atraen a cambios de relaciones plenas entre las partes. Algunos analistas presentan sus criterios y discrepancias con lo adelantado de este  acuerdo, vigente desde el año 1996 a instancia del gobierno del Presidente español  José María Aznar, dejando  a   la realización   de los compromisos de la parte cubana y que pudieran afectar sustancialmente los vínculos directos  entre  los diplomáticos  europeos y los disidentes cubanos, La parte cubana pudiera comprometerse a erradicar las violaciones de los derechos humanos, pero no ha dejado prueba de su buena fe al no  ratificar los Pactos  en materia de Derechos Humanos y Democracia, aun cuando el propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas lo solicitara en el marco de su visita de realización de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

El futuro no se torna plenamente luminoso como para otorgar créditos políticos, aun cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba adopto los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución                                                   de lo que se deriva la aprobación  de un modelo de economía representativa con  la participación ciudadana, en el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinario de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General-Presidente reitero que el gobierno cubano no reconoce el capital de propiedad personal, prueba que la apertura económica es totalmente tutelada son las medidas adoptadas contra los cuentapropistas en el desempeño de sus funciones, aun cuando algunas estaban al margen de la legislación,  no contaban con el alcance de las licencias otorgadas, el gobierno nunca pierde.   En lo político el hecho de carecer de reconocimiento al derecho de asociación, manifestación, huelga, plenos derechos de realización funcional diseñados en la Declaración  Universal de Derechos Humanos adoptada  por ONU, la adopción del Decreto-Ley No. 302 sobre Tramites Migratorias y la derogación de ;las confiscaciones de bienes por salida definitiva del país, la transferencia de la propiedad de viviendas, autos, motos, en arrendamiento de tierras estatales ociosas, la constitución de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras,  no llena el vacío de derechos privados en cincuenta y tantos años de poder revolucionario, varias son las generaciones que han visto frustrado sus derechos y sueños personales y familiares.

 

La adopción del Acuerdo de la Unión Europea en sus relaciones con el estado y el gobierno cubano dejan un limbo en lo que se pudiera lograr en algo tan importante como el derecho a la realización plena de la vida.  Nuestro pronunciamiento es simplemente un llamado de atención al futuro del destino del pueblo cubano.

 

A  la Unión Europea, a los diplomáticos  monitorean de forma valiente y consecuente los derechos ciudadanos de los cubanos que a diario son violados, les expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su valentía en mantener relaciones con la sociedad civil independiente con total apego a derecho, en su momento  se escribirá la historia de estos años y se resaltara las relaciones humanas y profesionales que nos anima.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com  y     https://referenciajuridica.wordpress.com

7-02-2013

Dicta el Ministro de Interior reglamentación contra el terrorismo y otras acciones delictivas

Dr. René López Benítez

 

El Ministro del Interior, mediante su Resolución No. 1, de 17 de enero del 2014 dispuso la reglamentación “establece la participación y responsabilidad  del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos” en virtud de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 317 my su complementaria Decreto No. 322,  designando los órganos y estructuras subordinadas al referido Ministerio.

 

El Consejo de Estado y el Gobierno por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores han denunciado reiteradamente lo improcedente de los fundamentos del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en mantener a Cuba en la Lista de países patrocinadores  del terrorismo y terrorismo de estado, para lo cual la parte cubana  ha establecido disposiciones  funcionales para eliminar los elementos de hecho y de derecho que pesan en su contra.  En la esfera internacional la parte cubana ha logrado apoyo en su demanda contra el pronunciamiento estadounidense, dentro del propio gobierno y el legislativo, así como ciudadanos e instituciones involucradas en la política, habían propuesto la exclusión del documento en litis, fue la participación cubana en el suministro ilegal de armamentos prohibidos expresamente por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas,  detectado en el cruce del Canal de Panamá, en estado de investigaciones, consultas y conclusiones previas la que vino a entorpecer  la gestión cubana de inclusión  y mediadora ante la instancia estadounidense.

 

Llama la atención poderosamente las instrucciones del Ministro del Interior, designando a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR)

para centralizar el intercambio informativo y coordinar los intereses de los órganos de enfrentamiento a investigación penal que involucra a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba, con facultades de representación ante la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera Internacional y ante el Comité Coordinador de estas acciones delictivas, mantener actualizado por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores  los listados de personas  interesadas o reclamadas en procesos penales, investigativos o de sospecha, así como la  colaboración mediante  instrumentos legales a fin de hacer valer los compromisos y obligaciones de la parte cubana ante Organismos Internacionales y bilaterales o multiláteras, en función de la legislación que aprueba el Consejo de Seguridad y otros mecanismos de la Organización de Naciones Unidas.  El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular adopto  la Instrucción No.  214 de fecha                              27 de marzo del 2012, referente a Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales,  dejando expedita la vía de colaboración en acciones procesales por parte de  los Tribunales cubanos,  hasta la fecha de muy poca ejecutoria.

 

En virtud de lo dispuesto por el Banco Central de Cuba en cumplimiento de sus regulaciones  complementarias del precitado Decreto-Ley No. 317 se subordina a la Dirección facultada por el Ministro del Interior  y rectorea las solicitudes para el monitoreo o congelación de operaciones bancarias de personas naturales o jurídicas que aparecen en los listados de sospechosos, investigados o responsables de acciones delictivas, o como resultado de la cooperación bilateral o multilateral, la parte cubana puede aportar elementos de sospecha o responsabilidad de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades.

 

Es reiterativo  que el momento es  propicio para que autoridades cubanas y estadounidense concilien sus criterios sobre acciones procesales en la detección de estas acciones atentatorias contra ambas partes, así como de forma puntual, responsable y sin que exista el más mínimo sentido de demandas alternativas de temas acumulados en más de cincuenta años de conflictos. Los casos acumulados se pueden tratar sobre la base del respeto mutuo. El gobierno de Presidente Obama  ha  puesto de manifiesto su marcado interés en ir allanando  el camino de rivalidades, del mismo modo el General-Presidente ha propuesto el entendimiento bajo posiciones de igualdad y respeto, ambas partes deben aprovechar las disposiciones, sin dejarse influenciar por políticas de gobiernos  anteriores.

 

El Ministro del Interior dispuso los nexos de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para la cooperación internacional a tres de la INTERPOL, estructurando un sistema informativo cubano que responda al mandato del Decreto-Ley No. 317.

 

El camino trazado en este último mandato presidencial del General de Ejército Raúl Castro responde a la política cubana de limpiar su imagen, máxime cuando se probó solidaridad y reconocimiento de derechos en el marco de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería mediante dr.renelopez@yahoo.es, dr.renelazaro@gmail.com  y https://referenciajuridica.wordpress.com

 

11-02-2014

Negociaciones Unión Europea-Cuba

Los embajadores permanentes de los veintiocho países miembros de la Unión Europea aprobaron el pasado 5 de febrero el mandato para la negociación de un acuerdo bilateral con el estado y gobierno cubanos, quedando pendiente la aprobación formal del referido acuerdo para el próximo lunes 10 de febrero. Desde el 2012 la Sra. Catherine Ashton, a cargo de las relaciones exteriores, había sido encargada de explorar el proceso negociador, manteniendo la Posición Común adoptada en el 1996, extremo que ha resultado el factor clave, teniendo en cuenta que se mantienen por la parte cubana las violaciones en materia de derechos humanos y democracia, aunque se ha superado en lo referente a vínculos de colaboración económica-social.

 

Al promover el acuerdo bilateral, algunos países miembros del bloque europeo han mantenido distancia en el levantamiento de la declaración de posición común, mensualmente miembros de la sociedad civil independiente presentan informes contentivo de violaciones de los derechos ciudadanos, elemento que es monitoreado por las representaciones diplomáticas acreditadas en el país, de lo que se desprenden pronunciamientos y denuncias, a lo que el gobierno considera una intromisión en sus asuntos internos. El camino en cuestión no se ha despejado de un todo.

 

De hecho la Unión Europea como institución y la mayoría de los gobiernos que la conforman mantienen de forma sostenida y creciente las relaciones de colaboración en esferas sociales y productivas, el otorgamiento de créditos y asistencia profesional, la que se inicio con proyectos de asistencia social a segmentos necesitados resumen resultados muy positivos. El hecho de la aprobación del Decreto-Ley No. 313 y la inauguración de la Zona de Desarrollo Mariel, la aprobación de la Ley de Inversiones Extranjeras que deroga la inoperante Ley No. 77 de 1995, atraen a cambios de relaciones plenas entre las partes. Algunos analistas presentan sus criterios y discrepancias con lo adelantado de este acuerdo, vigente desde el año 1996 a instancia del gobierno del Presidente español José María Aznar, dejando a la realización de los compromisos de la parte cubana y que pudieran afectar sustancialmente los vínculos directos entre los diplomáticos europeos y los disidentes cubanos, La parte cubana pudiera comprometerse a erradicar las violaciones de los derechos humanos, pero no ha dejado prueba de su buena fe al no ratificar los Pactos en materia de Derechos Humanos y Democracia, aun cuando el propio Secretario General de la Organización de Naciones Unidas lo solicitara en el marco de su visita de realización de la Segunda Cumbre de CELAC.

 

El futuro no se torna plenamente luminoso como para otorgar créditos políticos, aun cuando el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba adopto los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución                                                 de lo que se deriva la aprobación de un modelo de economía representativa con la participación ciudadana, en el marco del Segundo Periodo de Sesiones Ordinario de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el General-Presidente reitero que el gobierno cubano no reconoce el capital de propiedad personal, prueba que la apertura económica es totalmente tutelada son las medidas adoptadas contra los cuentapropistas en el desempeño de sus funciones, aun cuando algunas estaban al margen de la legislación, no contaban con el alcance de las licencias otorgadas, el gobierno nunca pierde.  En lo político el hecho de carecer de reconocimiento al derecho de asociación, manifestación, huelga, plenos derechos de realización funcional diseñados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por ONU, la adopción del Decreto-Ley No. 302 sobre Tramites Migratorias y la derogación de ;las confiscaciones de bienes por salida definitiva del país, la transferencia de la propiedad de viviendas, autos, motos, en arrendamiento de tierras estatales ociosas, la constitución de cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras, no llena el vacío de derechos privados en cincuenta y tantos años de poder revolucionario, varias son las generaciones que han visto frustrado sus derechos y sueños personales y familiares.

 

La adopción del Acuerdo de la Unión Europea en sus relaciones con el estado y el gobierno cubano dejan un limbo en lo que se pudiera lograr en algo tan importante como el derecho a la realización plena de la vida. Nuestro pronunciamiento es simplemente un llamado de atención al futuro del destino del pueblo cubano.

 

A la Unión Europea, a los diplomáticos monitorean de forma valiente y consecuente los derechos ciudadanos de los cubanos que a diario son violados, les expreso mi reconocimiento y agradecimiento por su valentía en mantener relaciones con la sociedad civil independiente con total apego a derecho, en su momento se escribirá la historia de estos años y se resaltara las relaciones humanas y profesionales que nos anima.

 

 

Bibliografía, Asesoría y Consejería, mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com y     https://referenciajuridica.wordpress.com

Respuesta a Consulta de fecha 23 de enero del 2014

Dr. René López Benítez

1.- La Ley No. 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, se empleo en el 2003 con la encarcelación del llamado Grupo de los 75, a su saber, Se ha vuelto a emplear en las Cortes cubanas esta Ley desde entonces?.

La Ley No. 88 fue adoptada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria celebrada los días 15 y 16 febrero de 1999, esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley Helms Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la Independencia de Cuba (Articulo 1 de la Ley No. 88).

Desde su aplicación en  la primavera del 2003 contra 75 ciudadanos cubanos no se ha aplicado lo preceptuado por la Ley No.88, la que técnicamente es una norma complementaria de la Ley No. 62, Código Penal.

La mayoría de los sancionados fueron puestos en libertad, mediante un acuerdo concertado en extrañas circunstancias  entre el gobierno y la Iglesia Católica cubana, con el apoyo del Gobierno de España, los  que determinaron abandonar el país en compañía de su familia viajaron directamente a España con la categoría de Emigrantes, no les fue reconocida la categoría de Refugiados Políticos, aun cuando tenían el reconocimiento  de Presos de Conciencia,  el gobierno cubano les ha negado reiteradamente la autorización de visitar el país, aun ante reclamos por cuestiones humanitarias de familiares en grave estado de salud o fallecidos.

Doce de los setenta y cinco sancionados fueron liberados mediante la declaración de Licencia Extrapenal, condicional que no se ajusta a lo que establece la Ley  No. 5 de Procedimiento Penal, teniendo en cuenta este particular les está prohibida la autorización de salida del país, en virtud de lo que dispone el Decreto-Ley No. 392, Modificativo de la Ley Migratoria. Todos ellos continúan luchando por las razones que fueron sancionados, ninguno han sido sancionados aunque el acoso y vigilancia extrema se actúa en su contra por los Órganos de la Seguridad del Estado Cubano y la Policía Nacional Revolucionaria.

La Ley No. 88 ha sido modificada mediante el Decreto-Ley No. 316, de 7 de diciembre del 2013,  siendo su pretensión  sancionar acciones que se tipifican como terroristas, con la justificación de atemperarse a las relaciones internacionales y brindar protección a los intereses de la sociedad cubana.

En la actualidad se viola sustancialmente la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, en lo referente a Detenciones  y Registros Arbitrarios, Tipificación  de Delitos, violación de términos procesales y del Reglamento de  Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior.  Lo anterior viola los derechos ciudadanos de los sancionados y sus familiares.

El Consejo de Estado dispuso modificaciones a la Ley Penal y Procesal Penal para lograr mediante su Decreto-Ley No. 310, de 29 de mayo del 2013, como complementaria de este, el Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 313, de18 de junio del 2013, Sobre el Depósito, Conservación y Disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos,  así como la Resolución No, 71-2013 del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, Resolución No. 283-2013 de la Ministra de Finanzas y Precios, Resolución No. 202 del Ministro de Energía y Minas, Resolución No. 252-2013 del Ministro de Comunicaciones, Resolución No. 60 del Ministro de Cultura, Resolución No. 405 del Ministro de Salud Pública, Resolución No, 57-2013 del Ministro de Industrias, Resolución No. 473-2013 del Ministro de la Agricultura y Resolución No, 261-2013 de la Ministra del Comercio Interior. Todas estas normas se fundamenta en atenuar la población penal, desplazar la radicación de causas penales en los Tribunales,  la que fue señalada en el año 2012,  por el Presidente del Tribunal Supremo Popular en 55mil, miembros de Organizaciones Civil Independiente, de oposición al gobierno la  catalogan en mas de 80mil y otras fuentes la elevan a más de 100mil sancionados en diferentes fases del Sistema Penitenciario Cubano.

2.- El nuevo Código de Trabajo no garantiza el derecho a la huelga, ni el derecho a formar sindicatos independientes. A su opinión, La Ley contiene algunas mejoras de protección a los derechos laborales en estos ámbitos?

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en su Sesión Ordinaria de 20 de diciembre del 2013, correspondiente al  Segundo Periodo de Sesiones de la VIII Legislatura  conoció y aprobó  la propuesta de Ley  No.  116,  Código de Trabajo. En esa misma Sesión se adopto el Acuerdo No. VIII-18  trasladando el texto aprobado a una Comisión de Estilo, encargada de examinar las propuestas de modificaciones  o adiciones que se formularon por varios diputados, en el momento del debate, a la redacción de determinados incisos de los artículos 2, 3, 61 y 146 del texto de la Ley, al no arribar a acuerdos de fondo a los planteamientos y requerimientos de los Diputados, se planteo que la constitución de una Comisión de Estilo y Concordancia  para que mediante su redacción  resolviera las discrepancias, extremo que viola el Reglamento de la Asamblea Nacional y al dejar en un limbo legal el debate y aprobación de lo requerido. No se dispuso el término para la publicación del texto en la Gaceta Oficial de la República.

Aun cuando los órganos de prensa publicaron el Ante-Proyecto de Ley, una vez propuesto en Proyecto de Ley con las modificaciones  que la Comisión de la Central de Trabajadores de Cuba, este no fue publicado para conocimiento de la ciudadanía, desconociendo el proyecto presentado  como proyecto definitivo, tampoco se publico el texto remitido a la Comisión de Estilo y Concordancia.

En el proyecto no se tiene en cuenta elementos de derechos laborales reclamados en los debates definidos como derecho asociación y  constitución de sindicatos independientes, derecho de manifestación y huelga. La concepción socialista de la ideología articula con  Central de Trabajadores de Cuba como único órgano de representación obrera en el país.  Dentro de la Sociedad Civil Independiente hay organizaciones de oposición al régimen  mantiene un monitoreo permanente de lo laboral, las propuestas legislativas no se tienen en cuenta, ejemplo es lo referente al tema trabajo por cuenta-propia y a toma de medidas adoptadas por el gobierno que afectaron a miles de cubanos, ante la incapacidad del Ministerio del Trabajo de prever el desarrollo de la economía alternativa aprobada por en el VI Congreso del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Bibliografía, Asesoría y Consultoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es y

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29.01.2013

 

Estrategia del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de dinero, capitales ilícitos, terrorismo y proliferación de armas

Dr. René López Benítez/ Referencia Juridica.

El Consejo de Estado  mediante su Decreto-Ley No. 317 dispuso la “Estrategia de Prevención y Detección de Operaciones en el enfrentamiento al Lavado de Activos,  al Financiamiento del Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de Capitales Ilícitos” de fecha 7 de diciembre del 2013. El Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 322, “De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura”, de 30 de diciembre del 2013, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 8 de 23 de enero del 2014. Ambos textos no tienen transcendencia en el ciudadano común.

El Estado y Gobierno cubanos reiteradamente se manifiestan contra la Lista de Países que apoyan al Terrorismo, instrumento anual que expide el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América, el fundamento que incrimina a la parte cubana está dado el apoyar sistemático,  brindar asilo y protección a personas prófugas  de la justicia norteamericana por graves delitos criminales desde la década del 60 a la fecha, a miembros de movimientos denominados Los Macheteros, ETA, IRA, Narco-Guerrilleros Colombianos y otros tantos,   en su financiamiento y logística de armamentos y otros extremos violentos, algunos de ellos desistieron de sus acciones guerreristas y se incorporaron a procesos democráticos y obtuvieron victorias electorales. Otro tema que atenta contra Cuba es, el apoyo político a gobiernos con marcada proyección terrorista como Libia, Siria, Irán, Irak, Corea del Norte. Es de destacar que en los últimos anos la parte cubana ha dado muestra de haberse alejado de estas prácticas en algunos segmentos como el latinoamericano,  y apoya procesos democráticos como la inserción de la guerrilla colombiana a la sociedad civil, convirtiéndose  en garante del actual proceso de Dialogo que se celebra en La Habana.

El tema del lavado y desvió de dinero llama la atención en los últimos anos, producto de algunos desfalcos a  gerencias, programas y entidades norteamericanas, el destino de significativas sumas después de transitar por Bancos Internacionales, principalmente del área del Caribe,  el destino son entidades bancarias y financieras no bancarias de origen cubano, extremo que ha sido probado en procesos penales seguidos en las Cortes Estadounidenses contra criminales asociados a estas acciones principales, vinculados a las estafas  como al Programa del Medicarec, las Hipotecas Inmobiliarias, Seguros, etc.,  el desvío de otras fuertes sumas  de dinero de cubanos que viajan a ese país y regresan a Cuba con un capital sustancial,  toda esta vinculación que ha sido rechazada por la parte cubana.  Positivamente el Banco Central de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013, Normas Generales para la detección y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, con el fundamento de evitar el mal uso de las entidades bancarias y  financieras no bancarias cubanas, extremo que el Consejo de Estado, con la importancia que reviste en el interés de preservar la seguridad ciudadana, así como los compromisos y convenios de la ONU ha declarado que prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que proliferan  estas acciones criminales, El Consejo de Estado de la República de Cuba con  una importante fundamento de acción dispuso su Decreto-Ley  316 de 7 de diciembre del 2013, Modificando la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 88, Ley contra Actos de Terrorismo, alegando atemperarse a compromisos internacionales asumidos por el Estado y el Gobierno cubanos. No ha habido una divulgación en los Órganos de Prensa cubanos sobre este particular.

El pasado jueves 9 de enero, funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron el La Habana para revisar la implementación de los Acuerdos Bilaterales  en materia Migratoria que tuvieron su origen en 1994 y ratificados posteriormente,  en este espacio se trato con toda justificación la pretensión de las partes del intercambio humanitario del ciudadano norteamericano Alan Gross y los cuatro cubanos procesados y sancionados por espionaje en Estados Unidos, pudiera tomarse  este espacio de diálogo para constituir un mecanismo permanente de análisis y consulta bilateral en materia de Fuentes criminales de Desvió de Dinero y Terrorismo, ambas partes quedaran inmensamente satisfechas de lograr la pretensión y de hecho el monitoreo y colaboración Jurídica, a la que en el caso que nos ocupa está prevista en la Metodología para la tramitación de solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales, adoptada mediante la Instrucción No. 214, de 27 de marzo del 2012, con independencia de los conductos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Instituciones Policiales, de Contralorías, etc.

Esta propuesta será rechazada de plano por fracciones que continúan apostando por el rechazo de  la estabilidad de las relaciones plenas,  sería oportuno señalar  que para lograr la pretensión y sustanciación de conversaciones sobre este tema, las partes deben arribar despojada de una agenda contentiva de demandas y reclamos históricos resultado de cincuenta y tantos años de confrontaciones, que solo se lograría apartarse de la realidad y necesidad.

Retomando el Decreto-Ley No. 317, establece objetivos sobre el Fundamento de implementar compromisos internacionales, creación de estructuras de gestión, control, investigación y análisis de la información, establecer nuevas bases legales de prevención y ejecución de los elementos previsto. Establece claramente los sujetos sometidos, teniendo en cuenta la proliferación de entidades y personal vinculado a estas de carácter estatal, gubernamental, ministerial o gerencial, estos últimos en lo referente a la Ley de Inversiones Extranjera que será modificada  sustancialmente en marzo próximo. Se crea la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, siendo el Banco Central de Cuba el que actúa como autoridad rectora, subordinada al Superintendente, sin afectar en lo mas mínimo las funciones de los Organismos de Control de la Contraloría General de la República y las Direcciones Integrales del Ministerio del Interior,  se requiere diligencia y responsabilidad  en el pleno conocimiento de clientes radicados y promotores de operaciones, derivándose del análisis de Operaciones Sospechosas,  Registro de Operaciones en Efectivo, Otros Depósitos, así como el Régimen de Sanciones Financieras y la Prevención y Enfrentamiento.

Para todo el funcionamiento procesal de estas regulaciones se dispone la constitución del Comité Coordinador para la Prevención y Enfrentamiento presidido por Presidente del Banco Central de Cuba, sustituido en su ausencia por el Superintendente, integran el Comité, representantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores,  la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, así como otros expertos de Órganos y Organismos de la Administración Central del Estado. La Contraloría General de la República tiene facultades rectoras en la ejecución del Decreto-Ley, establece un término de sesenta (60) días naturales para que los Jefes de los Organismos que integran el sistema dispongan que normas procesales para su ejecución.

El tema  actual más escabroso el referente al papel de suministrador de armas por parte del gobierno cubano al de Corea del Norte, violando normas de prohibición adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La referida violación fue detectada materialmente al cruce del buque por la Zona del Canal de Panamá, el gobierno de ese país dispuso mediante su sistema jurídico la imposición de una multa de mil ($1000,00USD) a la tripulación coreara y el correspondiente procedimiento criminal para algunos de los tripulantes.  Funcionarios y peritos del sistema de ONU procedieron a la investigación   del hecho en cuestión, se conoció que el gobierno cubano aporto los elementos reclamados por los investigadores, sin determinar los responsables de la autorización y ejecución del suministro.  El gobierno de Panamá presenta serias reservas contra la ejecutoria procesal del gobierno cubano. En la actualidad el trámite está pendiente por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  El asunto en cuestión articula como una violación grave dentro del tema Terrorismo de Estado.

El Consejo de Ministros (Gobierno) dispuso mediante su Decreto No. 322, la Reglamentación del Decreto-Ley No. 317, en lo referente a la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, referente a sus Funciones y Estructura con una marcada subordinación a la legislación de ONU sobre el particular, entre ellas: Resoluciones Nos. 126-99 y 1323-2001, del Consejo de Seguridad, Información y listados de identificaciones de sujetos, circulados a Organismos Naciones e Internacionales, en el marco de sus competencias.

Se impone el conocimiento y dominio control  de las estructuras del Banco Central de Cuba, (Decreto-Ley No. 172, modificado por el Decreto-Ley No. 294; Sobre Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Decreto-Ley No. 173); Estructura y Organización de la Banca Internacional Cubana (Decreto-Ley No. 181); Sobre el Otorgamiento de Licencias a Bancos e Instituciones Financieras no Bancarias (Resolución No. 24-1999 del Presidente del Banco Central de Cuba); Sobre el procedimiento de otorgamiento de Tarjetas como Medios de Pago, (Resolución No. 64-1999, del Presidente del Banco Central de Cuba); Procedimiento sobre Licencia de Interrelación Financiera en la Zona Especial de El Mariel, (Resolución No. 872-2013 del Presidente del Banco Central de Cuba); Compendio de Licencias Operaciones otorgadas al Banco de Crédito y Comercio (Bandec), Banco Popular de Ahorro, Banco Nacional de Cuba, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Inversiones S.A., Banco Metropolitano S.A. Banco Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Internacional de Comercio S.A.  Estos Bancos mantienen  relaciones financieras no bancarias con otras instituciones de origen cubano y extranjeras radicadas en Cuba y en el exterior. En la actualidad se actualiza la política crediticia a sectores alternativos de la economía cubana. El Banco Central de Cuba mantiene el control de las negociaciones de la Deuda Externa y la Deuda Bilateral y Multilateral.

Indiscutiblemente la política y proyección del gobierno cubano en relación con el terrorismo y el  terrorismo de estado está siendo reestructurada o rediseñada ajustándose a normas internacionales, la inclusión en la Lista de Países Vinculados al Terrorismo es motivo bastante y suficiente para tomar medidas que justifiquen salir del monitoreo que ejecuta el Departamento de Estado, el suceso del barco norcoreano con el suministro de armas es el extremo que necesariamente habrá que esperar el fallo al que arribe el Consejo de Seguridad de ONU, la celebración de la Segunda Cumbre de CELAC ha sido utilizado por la parte cubana para probar su proyección democrática, siendo ponente de la Declaración de Región Libre de  Enfrentamientos, haber logrado un espacio fuera de la OEA seria utilizado como elemento probatorio de cambio de estrategia.

Bibliografía. Asesoría y Consultoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es y

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29.01.2013