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ADUANA GENERAL DE LA REPUBLICA: NUEVAS REGULACIONES QUE ATENTAN CONTRA CUBANOS Y EXTRANJEROS RESIDENTES

Por  Dr. René López Benítez.

El Jefe de la Aduana General de la República,  con fecha   27 de junio del 2012, adoptó su  Resolución No. 122-2012, estableciendo “la Alternativa de valor/peso, (ad valorem), para determinar la valoración de los artículos que se clasifican como misceláneas, que se importan sin carácter comercial, por personas naturales”, vigente a partir del próximo 3 de septiembre.

La Ministra de Finanzas y Precios, dictó con fecha 22 de junio del 2012, sus  Resoluciones Nos. 222-2012 y 223-29012, complementarias de la No. 122 del Jefe de la Aduana General de la República, referentes al “Pago de los derechos de aranceles, para los productos que se importan sin carácter comercial”, así como “Pago de  los derechos arancelarios por concepto de envíos de paquetería,  sin carácter comercial, aéreos, marítimos y postales”. La primera vigente a partir del 2 de agosto y la segunda a partir del 13 de septiembre, ambas del 2012.

Es de destacar que normas con el alcance que disponen estas regulaciones,  no se le brinda la publicidad requerida, la publicación en la Gaceta  Oficial de la República en formato impreso está  diseñado solo  para suscriptores, y  la publicación digital que  obra en su sitio-W, los destinatarios son  aquellos con acceso a Internet, en Cuba este servicio no está al alcance  de la población.

Es evidente que estas disposiciones  afectan sustancialmente a las cubanos  con pocos o ningún recurso económico, ahora viene a agravar aún más la crítica situación con las obligaciones de pago en moneda nacional (CUP) o en moneda convertible (CUC), según el caso,  marcadamente dirigido además,  a personas con vínculo filial con personas residentes en el exterior, catalogadas como refugiados políticos,  o con  ciertos compromisos  de ideología política,  que se apartan de la oficial y que en los últimos  tiempos presentaron serias dificultades con la recepción de los envíos de modestos paquetes de alimentos, atenta también contra los ciudadanos extranjeros residentes permanentemente en el país, muchos de ellos sin respaldo económico. El gobierno se aleja de la realidad con la que vive en ciudadano común,  por la carencia de todo tipo de recursos imprescindibles para la vida. Está diseñado para su aplicación a turistas extranjeros.

Como antecedentes de estas normas, la Aduana General de la República dispuso mediante las Resoluciones Nos.320-2011, “Límites para la determinación del carácter comercial a las importaciones que realizan las personas naturales y  sus notas generales para la interpretación” y la 321-2011, Listado de valoraciones en Aduana para la importación sin carácter comercial y sus notas generales para la interpretación” del mismo modo hizo pública  la Nota Informativa disponiendo que a partir del 18 de junio del 2012 se restablecía el pago de los derechos de aduana, para la importación de alimentos, por la vía de pasajeros, sin carácter comercial.

Los  artículos “Limita la Aduana General de la República las importaciones a Cuba.  Antecedentes para un análisis legislativo” y “Determinación del arancel sobre importaciones de  alimentos” de fecha 03 de enero del 2012 y 15 de junio del 2012, respectivamente,  se publicaron por el autor en su Blog https://referenciajuridica.wordpress.com, los que son tomados como referencia al tema que nos ocupa.

Atendiendo a la importancia del asunto, en el correo electrónico  enviado por el autor, dr.renelopez@Yahoo.es, a algunos destinatarios,   se le adjuntan  las normas dispuestas por la Aduana General de la República y el Ministerio de Finanzas y Precios, en el Blog,  se publica el viernes 5,  se hará referencia a la bibliografía, quedando a la disposición de los interesados la solicitud de las precitadas regulaciones.

BIBLIOGRAFIA Y SU DISPOSIC ION:

ADUANA GENERAL DE LA REPUBLICA, Resoluciones Nos,  320-2011 y 321-2011, 122-2012 

Nota Informativa

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS, Resoluciones Nos. 222-2012 y 223-2012                                 

Compendio legislativo de la Aduana General de la República.

Compendio legislativo del Ministerio de Finanzas y Precios.

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Dr. René López Benítez

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05.07.2012

Aduana General de la República: DETERMINACION DEL ARANCEL SOBRE IMPORTACION DE ALIMENTOS

Por  Dr. René López Benítez.

La Aduana General de la República  de Cuba emitió una nota informativa, disponiendo que a partir del 18 de junio del presente año, se restablecerá el pago de los derechos de aduana para la importación de alimentos por la vía de pasajeros, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 22, de 16 de abril de 1979, referente al Arancel de Aduana para las importaciones sin carácter comercial.

Se mantiene vigente lo establecido por la Resolución No. 11-2007, de la Aduana General de la República, en su resuelvo tercero,  disponiendo “que los alimentos son considerados como misceláneas, procediendo el pago del arancel”, además, según el resuelvo quinto, “reconoce la exención de  10Kg de medicamentos condicionado a que se traiga  separado del resto de los artículos”.

Como consecuencia de los daños y pérdidas ocasionadas por los ciclones que azotaron a  nuestro país y su incidencia en lo económico y social,  en el 2008 se autorizó temporalmente y de manera excepcional para los pasajeros cubanos residentes o no, la importación de alimentos exentos de pago de los derechos del arancel de aduana.

Es realmente alarmante que el gobierno determine el cobro de las importaciones de alimentos, cuando en buena medida estos  envíos están destinados a personas necesitadas y de bajos recursos que por tal motivo acceden a donativos  de familiares y amigos en el exterior, y  son transportados a Cuba por pasajeros  o personas dedicadas a estos fines. Es política del gobierno del General de Ejército Raúl Castro, eliminar lo denominado como gratuidades indebidas, por lo que se ha procedido como se determinó en la cuestionada nota informativa.

Las Agencias de Paqueterías  tienen previsto continuar y sin modificaciones  con el perfil  de transportar y comercializar el producto de un contrato del envío desde el exterior y su entrega en el país,  la carga,   viene a resolver en parte las calamidades y demás penurias que padece la población cubana.

Estos servicios que prestan las  Agencias de Paqueterías, para el envío de alimentos, otros artículos, y equipos electrodomésticos desde el exterior, con una marcada proliferación en  el abastecimiento al por mayor  a  cafeterías, restaurantes y otros negocios que al amparo de lo que estableció el Reglamento para el trabajo por cuenta-propia,  según la Resolución No, 32-2010 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. El gobierno está estudiando la modificación de la Ley No. 73, Ley Tributaria, y tiene previsto los aranceles comerciales sobre este tema.

Otras opciones  que están utilizando cubanos  residentes en el exterior y extranjeros, es la compra-venta de lotes de autos de alquiler, de los que circulan por La Habana y otras capitales de provincia, unidos a  inmuebles destinados a cafeterías, restaurantes, arrendamiento de casas y habitaciones, y otros negocios, los que son administrados a título de propietarios,  por familiares y amigos, cuando realmente media un contrato privado (verbal o escrito), el que podrá refrendarse ante los tribunales en el momento procesal en que se considere procedente.

La Ley No. 77, De la Inversión Extranjera, prohíbe a cubanos residentes en el exterior invertir en Cuba, del mismo modo la precitada Resolución No. 32-2010 se complementa de la anterior, por lo que se logran resquicios legales, establecidos por la vigente Ley No. 59, Código Civil, para la inversión en cuestión.  Para los cubanos con ciudadanía estadounidense o residentes en ese país, les está prohibido invertir en Cuba por la legislación que establece el embargo económico vigente desde 1961.

De la modificación de la legislación migratoria se desprende cambios sustanciales en la autorización de inversiones por parte de cubanos residentes en el exterior, una de las demandas que se hicieron presente en la reunión convocada por la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos

LEGISLACION A SU DISPOSICION

Ley No. 59, Código Civil.

Ley No. 77, De la Inversión Extranjera.

Ley No. 73, Ley Tributaria.

Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Compendio Legislativo de la Aduana General de la República de Cuba.

 12.06.2012

 

Modificaciones a la legislación migratoria, en correspondencia con el Decreto-Ley No. 288

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- Las propuestas de modificación a la legislación migratoria se iniciaron en la década del 80, dentro del período de gobierno de Fidel Castro. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,  circulaba  los  criterios emitidos por los Organismos de la Administración Central del Estado, la Asamblea Nacional, las Asambleas Provinciales del Poder Popular, y Organizaciones Políticas y de Masas, así como especialistas con experiencia  en el tema. Bajo la rectoría del Ministerio del Interior,  llegando hasta la versión No. 27 de propuestas al documento original,  quedaron archivadas, siempre con el criterio de que no era el momento apropiado, atendiendo a la agresividad del gobierno de Estados Unidos y grupos contrarrevolucionarios radicados en ese país. Esa primera pretensión sólo estaba dirigida a normar la emigración de cubanos residentes en el país.

El gobierno norteamericano, una vez creada la Sección de Intereses,  aprobó  modalidades  para el otorgamiento de visas por intermedio de  la Sección Consular, por conceptos de salidas temporales, definidas como:  reunificación familiar, casos humanitarios, otras causales y los Sorteos con cifras topes anuales, para el otorgamiento,  de 20 mil  visas, así como  el Programa para Refugiados, en virtud de las Proclamas Presidenciales-Derechos Humanos, siendo Estados Unidos el principal país receptor de la emigración cubana.

Los Tratados Migratorios, concertados entre Cuba y Estados Unidos, con las rondas de   conversaciones sobre el tema, así como muchos otros temas e intereses,  que por carecer de espacio de intercambio y reflexiones, utilizaban este marco, después del éxodo migratorio desordenado de cubanos por el Mariel, en el 80, y los Balseros en el 94, propició un estado de orden legal para la emigración. Posteriormente en Estados Unidos, se fueron aprobando normas migratorias, diseñadas  para cubanos que abandonaban el país de forma ilegal y bajo condiciones específicas.

Las salidas ilegales, se han comportado dentro de un marco irregular, aunque surgió una nueva y peligrosa modalidad: El tráfico de personas; no sólo para la emigración y la  reunificación familiar, sino también con fines de lucro, por ganancias económicas que, en no pocas veces, desencadenaron hechos criminales.  Tanto la salida ilegal como el tráfico de personas están sujetos a sanciones por la Ley No. 62 del Código Penal.

Existen pruebas que la justicia de Estados Unidos sanciona, con prisión y multas, el delito de tráfico de personas, así como dispone la repatriación de cubanos que intentan emigrar de forma ilegal y no cumplen con los requisitos previstos para ser aceptados.

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Ministerio de Relaciones Exteriores promovieron,  en la década del 90 y principios del 2000, eventos denominados Encuentros con Emigrados Cubanos, evidentemente con fines de apoyo a la revolución.  Los participantes,  plantearon la imperiosa  necesidad de lograr una sustancial modificación de la legislación migratoria, para acceder con todos sus derechos ciudadanos, y sin restricciones, al encuentro con su patria, su  familia,  su cultura, etc. que se resume en integración ciudadana. Con el decursar del tiempo, no hubo respuesta; siempre el gobierno reiteró  su desgastado alegato de: seguridad nacional.

En este mes de mayo,  se celebró una reunión en Estados Unidos,  promovida por la Sección de Intereses de Cuba en ese país, con la participación de un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos  -con afinidad manifiesta desde diferentes puntos y un marcado apoyo a la revolución cubana-  y funcionarios de la Cancillería cubana,  con el fin de debatir sobre el tema migratorio.  No se llegaron a conclusiones definitorias, pero el encuentro concluyó con muchas perspectivas, a corto  plazo, de modificar las normas migratorias, vigentes en Cuba desde la década del 60.

Se volvió a retomar el  tema de la seguridad nacional, ahora con un marcado señalamiento a la crisis económica que impera internacionalmente, y a la posición de Cuba como víctima  de las políticas  ejecutadas por el imperialismo, pero que el gobierno de Raúl Castro estaba interesado en la precitada modificación.

El Presidente de la Asamblea Nacional -en declaraciones   formuladas el 13  de  abril   del  presente año, a la prensa nacional e internacional- se refirió al asunto, con tanta  seguridad y dominio de las precitadas modificaciones, que creó  un estado de expectativas dentro y fuera del país,  con una visión de nación  agredida; y ahora pretende “dar un duro golpe de democracia y derechos civiles  al enemigo”, en referencia directa al gobierno de Estados Unidos, olvidando que el Presidente Obama, en su campaña pre-electoral se pronunció  por mejorar las relaciones bilaterales,  y  después de asumir la presidencia -entre otras propuestas-  promulgó un pliego de medidas muy positivas a favor del pueblo de Cuba, las que fueron rechazadas por Fidel, quien en pública  respuesta,  exigió el cese del embargo económico, la indemnización por los daños causados contra la economía y la población civil, así como el compromiso y obligación de  no atentar contra la integridad nacional y la no injerencia en los asuntos internos. Un punto extremo, además, fue exigir la devolución de la Base Naval de Guantánamo.

La negativa sirvió para reintroducirse en una nueva guerra política, ahora concertada con el gobierno de Hugo Chávez-Venezuela y posteriormente con el bloque político regional del ALBA-CELAC  contra el gobierno de Estados Unidos.

Esta intención del gobierno de Cuba  de modificar la legislación migratoria, viene con un espectro mucho más amplio que la iniciativa anterior; no es el hecho de aprobar cambios que permitan al cubano viajar de forma definitiva  o viajar al exterior, y regresar, sin un permiso-autorización que debe otorgar la Dirección  de Inmigración del Ministerio del Interior, sino que se requiere derogar las restricciones por vínculo profesional relacionados con la salud, la educación y otros sectores de la economía y los servicios, justificando el gobierno, haber brindado la educación-calificación  gratuita, unido al robo de cerebro, se impone además eliminar el cobro excesivo en moneda convertible (cuc) por concepto de trámites  documentales, chequeos médicos, etc. aunque ya con la promulgación del Decreto-Ley No. 288 se eliminó el trámite del expediente migratorio para la aprobación del modelo V-6 a la que se  accedía a  la salida definitiva  del país. Este último punto, con una repercusión sin precedentes,  es extremadamente significativo desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana el 14 de octubre de 1960.

Un detalle de interés, sin precedente en el país, es que más de millón y medio de cubanos tiene reconocida,  o está en trámite de reconocimiento, la ciudadanía de otro país,  especialmente la de España, aunque también la de otros países de Europa y Latinoamérica, siendo ésta una vía para poder emigrar y regresar a Cuba, muchas veces con ventajas económicas al propiciar un mercado ilegal de artículos personales y domésticos que en la actualidad se comercializan en el mercado legalizado al amparo de lo dispuesto por la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dispuso el trabajo por cuenta propia, por lo que la Aduana General de la República dispuso la promulgación de sus Resoluciones Nos. 320-2011 y 321-2011, Límites para determinar el carácter comercial de las importaciones y, Listado de valoraciones aduanales para la importación sin carácter comercial.

En Cuba no está regulada procesalmente la pérdida de la ciudadanía por haberse acogido a otra, aún cuando lo dispone el precepto Constitucional.

La pretensión de modificar la legislación migratoria  tiene otra connotación,  el  hecho significativo de cubanos residentes en el exterior, principalmente, muchos de ellos clasifican como posibles repatriados  definitivos,  tienen una edad avanzada y afectaría aún más el estado de planificación social de la proyección   del  envejecimiento  poblacional, requiriendo servicios específicos como el de la salud, y hasta respaldo económico.  Aún cuando esté modificado  por mandato del Decreto-Ley No. 288,  el tema de la vivienda,  por compraventa o arrendamiento, conlleva una preocupación oficial  la reubicación inmobiliaria, la readaptación a un país con una economía tan deprimida en relación con las necesidades esenciales de nivel de vida, con una reciente  modificación de la legislación sobre la  seguridad social que afectó a la población laboralmente activa, elevando en cinco años el derecho a la jubilación, con índices de incremento en el desempleo, mercado negro y corrupción.

La vigente Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, impidió a los cubanos residentes en el exterior el derecho  a invertir en el país, justificándolo como apátridas que abandonaron el país para refugiarse en el imperio, así como  el tantas veces  recurrente   tema de seguridad nacional. Fue una exigencia de  invertir, promover su capital en la isla, así como de acogerse a los fundamentos que establece el Decreto-Ley No. 288 sobre la transferencia de la propiedad de viviendas.

En este momento, muchos cubanos residentes en el exterior, tienen concertado compromisos de compra-venta de autos, inmuebles y otros bienes patrimoniales, conformando una asociación de intereses con familiares y amigos nacionales,  para el momento en que se permita el regreso tener un adelanto de gestión.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de  Estado y del Gobierno, en la clausura del  VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó: “Tras la autorización de la compraventa de autos particulares y viviendas, no pocos consideran urgente la aplicación de una nueva política migratoria, olvidándose de las circunstancias  excepcionales en que vive Cuba bajo el cerco que entraña la política injerencista y subversiva del gobierno de Estados Unidos, siempre a la caza de cualquier oportunidad para conseguir sus conocidos propósitos”,  y continúa la cita:

“El 1ro de agosto pasado, en este Parlamento abordé públicamente el tema y expuse que nos encontrábamos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente y que se avanza en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras, en correspondencia con las condiciones del presente y el futuro previsible. Hoy ratifico todos y cada uno de los planteamientos realizados en aquella oportunidad, al tiempo que reafirmo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su  integridad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos”.

La Ley No. 1312 Ley de Migración, y la Ley No. 1313, Ley de Extranjería, ambas de fecha  20 de septiembre de 1976, publicadas en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 19-1976, norman los elementos fundamentales sobre el tema, las normas complementarias no son públicas, por ser dictadas por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, por lo que los ciudadanos cubanos y extranjeros vinculados a trámites, quedan en total estado de indefensión al ser denegadas o archivadas las solicitudes de salida temporal o definitiva del país.

A mediados de la década del 90 el Ministerio del Interior aprobó una tarifa para la tramitación de la documentación migratoria y gestiones, derivada de ésta, en moneda libremente convertible (CUC) afectándose la población que carece de estos recursos económicos para que quede sustanciado el expediente,  por lo que necesariamente  los promoventes tenían que recurrir en trámites ilegales dentro de la proliferación de la corrupción administrativa, como la compra-venta de viviendas y otros bienes patrimoniales.

Los  Organismos de la Administración del Estado, fuera de sus facultades,  dictan a su vez normas procesales para la tramitación de solicitudes de salida del país temporal o definitiva, atendiendo al perfil  académico o laboral de los promoventes, es el caso muy puntual  del Ministerio de Salud Pública que fundamenta su negativa ante el precepto oficial de resguardar la fuerza de trabajo especializada.

No existe un procedimiento para abonar el pago de los estudios cursados de forma gratuita, proclama de la Revolución, convirtiendo a los profesionales en rehenes en frontera impidiendo viajar al exterior. Muchos de estos profesionales se incorporan a misiones internacionalistas y desertan de la precitada misión, se les incorporan a una lista negra que les imposibilita viajar a Cuba, en el caso de lograr un pasaje, al llegar al aeropuerto son deportados con el especial pronunciamiento que de reintentar la acción serían procesados en virtud de lo que establece la Ley No. 62, Código Penal.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado dictó su Decreto-Ley No. 288 de fecha, 28 de octubre del 2011, disponiendo la modificación de la vigente Ley No. 65, Ley  General de la Vivienda, con el fundamento de erradicar la corrupción administrativa y brindar un estrecho marco a los ciudadanos que acceden al permiso de salida del país, de liquidar su patrimonio y lograr el financiamiento para los trámites migratorios.

Desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960, el Estado dispuso la nacionalización y confiscación de los bienes patrimoniales de cubanos y extranjeros en materia inmobiliaria, por lo que el traspaso de esos bienes quedaron bajo la dirección exclusiva de las Oficinas Territoriales de la Reforma Urbana, subordinadas al Ministerio de Justicia. En los casos de propietarios con salidas definitivas, se disponía además la confiscación de sus bienes al amparo de la Ley No. 989  de 5 de diciembre de 1961, la que se mantuvo vigente hasta la promulgación del Decreto-Ley No. 288, de 28  de octubre del 2011.

El artículo 81 de la derogada Ley No. 65, que ratificó el precepto de la Ley No. 48, disponía la confiscación de los bienes patrimoniales de las personas que abandonaban definitivamente el país o no regresaban dentro del término establecido de once meses y veintinueve días contados a partir de vencerse el permiso de salida temporal.

El trámite de confiscación de bienes inmobiliarios por salida del país definitiva del titular, requería el pago del precio legal de la vivienda por parte de sus ocupantes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o haber mantenido más de diez años de convivencia ininterrumpida, aún así cuando la vivienda tenía un interés social para el gobierno o se encontraba dentro de las denominadas Zonas Especialmente Protegidas, bajo el control de la Seguridad del Estado, los ocupantes con derecho a la transferencia de la propiedad de la vivienda original eran reubicados en otras, aún con una diferencia sustancial de dimensiones y localización.

Como complementaria de este precepto de la Ley No. 65, se dispuso el Decreto-Ley No. 253  y se  fijaron más restricciones para la transmisión de la propiedad de la vivienda, como la Resolución Conjunta Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular-Instituto Nacional de la Vivienda,  de 22 de agosto de 1995, declarando nulos todos los actos civiles y judiciales en relación con la transferencia de la propiedad de viviendas dentro del término de cuatro años, anteriores al inicio de los trámites migratorios. Esta norma fue derogada mediante Resolución Conjunta No. 01.2011 rubricada por los máximos funcionarios de los organismos que la dispusieron.

El artículo 4, inciso 8 del Decreto-Ley No. 288, dispone: “Son válidos los actos de transmisión de la propiedad de viviendas, realizado por sus propietarios, conforme a la Ley, antes de la salida definitiva del país”, pudiendo el titular disponer el precitado bien.

Teniendo en cuenta lo anterior, con un estado de discrecionalidad extrema, que la inmensa mayoría de la población y hasta funcionarios,  desconocen que   la promulgación del Decreto-Ley No. 288 es el inicio paulatino de las modificaciones de la Legislación Migratoria a que hacía referencia el General-Presidente Raúl Castro.

Legislación a su consideración

Ley de Reforma Urbana, de  14 de octubre de 1960

Ley No. 48, de 23 de diciembre de 1983, Primera Ley General de la Vivienda

Ley No. 65, de 27 de diciembre de 1988, Segunda Ley General de la Vivienda

Ley No. 1312  Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976

Ley No. 1313  Ley de Extranjería, 20 de septiembre de 1976

Decreto-Ley No. 288, de  de octubre del 2011, Modificativo de la Ley No. 65

Decreto-LEY no. 253, modificativo de la Ley General de la Vivienda,

Resolución Conjunta,  Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular, Instituto Nacional de la Vivienda, de fecha

Resolución No. 32-2010, de 7 de octubre del 2010, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, disponiendo el Reglamento del Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio de la Legislación de la Aduana General de la República.

Ley No. 105-2010, de Seguridad Social

LEY no. 77, de Inversión Extranjera

Discurso del General-Presidente Raúl Castro Ruz, VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular,   de diciembre del 2011.

 

DR. RENÉ LÓPEZ BENITEZ

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El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España no visitará Cuba

Por Dr. René López Benítez.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, Sr. José Manuel García-Margallo, declaró el pasado 17 de abril, que no visitará Cuba, hasta tanto el gobierno del General-Presidente Raúl Castro de acceda que podrá reunirse, con miembros de la Sociedad Civil Independiente, especialmente con las Damas de Blanco, Premio Sajarov del Parlamento Europeo, además declaró que mientras Cuba  no pruebe de respeto debido   a las normas internacionales en materia  de  derechos humanos y democracia, España no apoyará un cambio referido a la Posición Común, dispuesto por mandato de la Unión Europea. La declaración en cuestión formó parte de la exposición del Ministro sobre las líneas generales del actual gobierno español en relación con Iberoamérica.

Sobre lo anterior, el Canciller García-Margallo aclaró que como esquema, su gobierno, no pretende modificar el actual marco de la Posición Común-Unión Europea-Cuba, promovido en su momento por el actual gobierno del Partido Popular en el año 1996, como respuesta a graves violaciones en materia de derechos humanos y democracia. El gobierno del ex presidente Rodríguez Zapatero, había promovido la modificación de la precitada Posición Común, sin lograr resultados positivos, por su parte, el gobierno de Cuba ha mantenido que tal estatus afecta el normal desarrollo entre ambas partes y atenta contra el respeto y la democracia.

El Viceministro de relaciones Exteriores de Cuba, Sr. Dagoberto Rodríguez, denunció mediante una Declaración Oficial, que el pronunciamiento del canciller español, prueba la intromisión e injerencia en asuntos internos, al referirse a temas vinculados a derechos humanos y democracia que se aplican en Cuba, así como vincular su anunciada visita a la pretensión en cuestión.

El gobierno de Cuba en un enmascarado diálogo con la Iglesia Católica de Cuba, dispuso en el 2010 poner fin a los actos de violencia y acoso contra la integridad de las Damas de Blanco, en su lucha por obtener la libertad de 52 presos, remanentes de los 75 que fueron sancionados en la primavera  del 2003, procesados al amparo de la Ley No. 62, Código Penal y su complementara Ley No. 88, por atentar contra los poderes de la seguridad del estado cubano, en ese momento, el gobierno de Rodríguez Zapatero se constituyó como garante-monitoreando del desarrollo del precitado acuerdo, logrando por tanto, la excarcelación de los presos y la salida del país, con destino a España, de estos y otros,  que cumplían largas penas en condiciones infrahumanas en las prisiones cubanas, viajaron  unidos a familiares y allegados.

Doce sancionados determinaron no emigrar, continuando la lucha contestataria contra el gobierno, a estos últimos se les aplicó la licencia extrapenal, violando lo establecido por la Ley No. 5,  De Procedimiento Penal, al no ajustarse el particular sobre la norma, teniendo en cuenta que este pronunciamiento se aplica solo  en casos de enfermedad y situaciones específicas, lo que deja la vía expedita a la autoridad para disponer la revocación de la licencia en cuestión y devolverlos a prisión, en el momento en que lo considere oportuno.

Las autoridades cubanas, al disponer la liberación de los presos que asumieron la salida del país, se violó lo dispuesto por la Ley, al pronunciarse el General de Ejercito Raúl Castro, que lo anterior se fundamenta en una determinación soberana, cuando debió haberse dispuesto un indulto, al amparo de lo que establece la Ley de Indultos de 15 de agosto de 1919, modificada por el Decreto-Ley No. 18 de 6 de diciembre de 1978, los liberados viajaron a España, en evidente destierro,  con pasaporte cubano y autorización de salida definitiva del país, lo que le imposibilita de regresar o viajar temporal al país, sin la debida autorización de la Dirección de Inmigración y Extranjería,  y de la Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior.

La situación  actual de violencia, acoso, arrestos, etc.,  constituyendo graves violaciones de las Leyes, por parte del gobierno, contra miembros de la sociedad civil independiente, es motivo de análisis por parte de la comunidad internacional, máxime cuando las modificaciones y aperturas dispuestas por el gobierno cubano no reflejan en lo más mínimo cambios que permitan resolver los graves problemas de la población cubana acumulados en más de cincuenta y tantos años de régimen totalitario.

En relación con los expresos cubanos radicados en España, los mismos demandan en la actualidad del gobierno español respaldo económico y logístico, teniendo en cuenta crisis económica internacional que afecta ese país en cuestión, al extremo , una  cifra significativa de nacionales se encuentran en paro, el Ministro García-Margallo se comprometió al análisis de los casos, para ser resueltos en lo posible, aunque con el pronunciamiento que la ayuda no puede ser eterna.

El Canciller español hizo el especial pronunciamiento que mantiene un fluido y permanente diálogo con el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con la esperanza que el país caribeño asista a la Cumbre Iberoamericana a celebrarse en Cádiz-España en noviembre próximo.

Como se expresa anteriormente, España formó parte de la sustanciación del acuerdo del diálogo,  por lo que los cubanos quedaron comprometidos por el éxito logrado, con visitas reiteradas del ex-canciller Miguel Angel Moratinos, este después interesó a Cuba el apoyo a su candidatura para la Presidencia de la FAO, el gobierno cubano desestimó el interés del español y apoyo la propuesta de Brasil.

Si bien, el General de Ejército Raúl Castro utilizó los servicios del Cardenal Jaime Ortega Alamino, en el período de gobierno de Fidel, este nunca hubiera vinculado al purpurado en esta gestión, teniendo en cuenta que el religioso fue sancionado a principios de la década del 60 en los campos de las Unidades Militares  de Apoyo a la  Producción y posteriormente fue relegado en el reconocimiento que el gobierno debió brindar en el momento de haber sido designado Cardenal por el Papa Juan Pablo II.

A toda luz, el gobierno de Cuba no da prueba de entenderse con las normas internacionales en materia de derechos humanos y democracia, prueba de ello es la negativa de ratificar los pactos en esta materia promovido por Naciones Unidas, la situación interna del país es alarmante por el estado de discrepancias de la población  con la oficialidad, por la crítica situación social, económica y política que pudiera provocar  acciones de desobediencia civil, al margen de la oposición interna.  

VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, propuesta de multipartidismo, transición a la democracia, organizaciones independientes, legislación

El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se inició con una parada militar-desfile popular en la Plaza de la Revolución, conmemorando el 50 aniversario de Girón, fue sin lugar a dudas la despedida a la “dirección histórica de la revolución”, estuvo dedicada a la juventud como continuadora de la lucha revolucionaria.

La sesión de inauguración del evento partidista se inició con un informe oficial, aprobado oportunamente por el Buró Político, presentado por el General-Presidente de los Consejos de Estado y del Gobierno, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, este último cargo en función de la delegación del poder del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, según su Proclama.

El informe estuvo comentado al margen de la letra del mismo, lo que permitió conocer hechos de suma importancia, como la celebración de la Conferencia Nacional del Partido en enero del 2012, para dar respuesta a la aprobación de los Lineamientos en Política Económica y Social, fundamentalmente a la base legal que permita los procedimientos de implementación, a su vez, la propuesta de la disposición que los cargos de dirección partidista, del estado y del gobierno podrán ser ejercidos por un máximo de hasta dos periodos consecutivos de cinco anos, las conclusiones del mismo culminaran con la presentación del nuevo Comité Central y sus organos del Buró Político y el Secretariado, así como la del Primer y Segundo Secretario, lo que atraen la atención nacional e internacional por la relevancia del hecho.

Es importante señalar la falta de un Plan Legislativo por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de los Consejos de Estado y de Ministros, en el país impera la expontaneidad legislativa, con el resultado de la aprobación de disposiciones que lejos de dar soluciones dan paso a prohibiciones y por tanto generan ilegalidades y violaciones por parte de la ciudadanía, debe constituirse un Organo o Equipo Legislativo subordinado al Gobierno que revise los proyectos y proponga su aprobación, con la correspondiente revision de estilo

En el Informe Central al Congreso expresa la ratificación del unipartidismo, impuesto por más de cincuenta y dos anos (1959-2011) de poder revolucionario, en éste período se han fundamentado en las necesidades históricas del Primer Partido Revolucionario Cubano de José Martí, hasta de la estrategia de preservar la integridad del proceso revolucionario-Partido Comunista de Cuba-Fidel Castro, donde varias generaciones de cubano se han visto privados del protagonismo de cambio en la vida política, económica y social del país.

El informe, como era de suponer, presento la retorica de la lucha revolucionaria contra el imperialismo, con el pronunciamiento de que el diseno del gobierno de Estados Unidos con las medidas adoptadas para ayuda al pueblo cubano no son suficientes, reclamando el cese del bloqueo, no hace referencia a los altos niveles de compra por parte del gobierno cubano a comercializadoras norteamericanas en materia agroalimenticia y otras, ratifica el marcado interes de negociaciones para el restablecimiento de relaciones diplomáticas, siempre que cumplan con el respeto y la no ingerencia en asuntos internos. reitera la exigencia por la libertad de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.

El documento recoge el tema de una apertura a la integración de las filas del partido comunista a personas vinculadas a congregaciones religiosas , extremo que en su momento fue analizado en el V Congreso, recoge una información sobre el proceso de excarcelación de presos políticos por “determinación soberana del gobierno” fundamento no recogido en los supuestos previstos por la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, utilizó para la sustanciación de este tramite los contactos-negociaciones con la Iglesia Católica y la participación del excanciller de Espana Sr. Miguel Angel Moratinos, agradeció a ambos por el éxito logrado. Este proceso sirvió además para que el gobierno pusiera fin al acoso y violencia generado contra el movimiento de Damas de Blanco que demandaban la libertad de los presos y el respeto a los derechos humanos de los cubanos.

Es significativo que durante décadas el gobierno diseno el sistema carcelario compuesto por una población sancionada por delitos comunes y hasta en eventos nacionales e internacionales ratificaban que en “Cuba no hay presos políticos”. En el marco de esta excarcelación aparecen los referidos presos políticos y otros tantos sancionados por delitos comunes, los que partiendo del hecho de las condiciones infrahumanas de las prisiones inician procesos de denuncias, se vinculan al tema derechos humanos y posteriormente a partidos o movimientos políticos opositores, de hecho se convierten en opositores, todos ellos para la política oficial se denominan CR.

Históricamente el gobierno ha utilizado estos segmentos para oxigenarse y salir de “elementos desafectos al régimen”, así sucedió a principios de 1959 y principios del 60, con las salidas por Playa Camarioca-Varadero en 1963, proceso de excarcelación de presos políticos durante el diálogo gobierno-comunidad cuba en el exterior en 1978, salidas del Mariel en 1980 y los Balseros en 1994, concesiones de libertad a solicitud de personalidades, instituciones o gobiernos, así como las salidas ilegales.

La crisis generacional de la actual dirección política, legislativa y ejecutiva, están imposibilitados de dar respuesta a la apertura de cambio, no tienen visión de futuro, debe terminar le concepto de simultanear el poder político con el gobierno, apartar a la actual cúpula de poder y dejar un espacio a un gobierno protempore, con facultades muy determinadas, con un programa de negociaciones con vista a la transición democrática, con poderes bien definidos, la constitución de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva Ley Fundamental, la modificación de la Ley No. 72, “Ley Electoral”, el reconocimiento de las organizaciones independientes dentro de la sociedad civil con plenos derechos ciudadanos, donde todos puedan elegir y ser elegidos para los cargos convocados para el proceso electoral correspondiente, Este período de transición debe estructurarse con vista a las elecciones generales del 2013. El desgaste social del pueblo de Cuba es alarmante, no hay justificación para un desenlace de violencia por demandas sociales.

El multipartidismo debe ser reconocido, es significativo el encuentro de la oposición al gobierno efectuado la semana pasada, con la participación de expresos políticos excarcelados y que valientemente determinaron continuar su lucha pacífica en Cuba, a fin de crear un frente de lucha pacífica, con una serie de demandas básicas por el cambio y donde se integren además un grupo de otros opositores que puedan aportar elementos valiosos al referido proceso, la oposición presenta problemas internos, hace falta limar asperezas y seguir adelante con un programa único, para esto último hace falta valentía y que no prevalezca el protagonismo personal, es una lucha de interés nacional. Raúl Castro ratificó la determinación de luchar por las conquistas de la revolución y no permitir espacio a la llama oposición-disidencia al gobierno, a toda luz el camino será difícil.

Para lograr el éxito del multipartidismo, el gobierno debe ratificar los Pactos “Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y el “Internacional de Derechos Civiles y Políticos” donde la comunidad internacional debe ejercer los fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual Cuba es país signatario, para lograr esta pretensión del pueblo cubano.

A su vez, el reconocimiento de las organizaciones independiente como parte de la sociedad civil es fundamental, Identificamos los preceptos legales que violan la sustanciación de este derecho ciudadano.

(1) La Constitución de la República de 24 de febrero de 1976 en su Capítulo VII, “Derechos, deberes y garantías fundamentales”, reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa, garantiza el derecho de reunión, manifestación y asociación conforme a los fines de la sociedad socialista, y dispone que la ley regula el ejercicio de estas libertades.

La Constitución fue modificada por Acuerdo V-74, adoptado en sesión extraordinaria de la V Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, teniendo en cuenta la determinación ciudadana, ‘’ratificando la Constitución de la República y dispone que el carácter socialista y el sistema político y social contenidos en la misma sean declarados irrevocables”.

(2) La Ley No. 54 “Ley de Asociaciones” de fecha 27 de diciembre de 1985, aprobada por la Asamblea Nacional en su noveno período ordinario de sesiones, establece las regulaciones en materia de asociaciones y en su Capítulo I, “Disposiciones Generales”, artículo 2, fundamenta que las asociaciones que podrán constituirse conforme a la precitada Ley son las siguientes:

  1. Científicas o técnicas, que persigan con sus trabajos contribuir al desarrollo de la investigación y la aplicación de los logros de la ciencia y la técnica;

  1. culturales y artísticas, que se propongan fomentar y desarrollar la educación artística, la vocación para la creación y el cultivo del arte y la cultura;

  1. deportivas, que tengan por finalidad el desarrollo y la práctica de los deportes, así como la educación y la recreación física;

  1. de amistad y la solidaridad, que se propongan desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos, y el estudio de su historia y cultura,

  1. cualesquiera otras conforme a la Constitución y la Ley se propongan fines de interés social.

No están comprendidas en las prescripciones de la Ley, las organizaciones de masas y sociales a que se refiere el artículo 7 de la Constitución, las asociaciones eclesiásticas o religiosas, las cooperativas de producción agropecuarias, las de créditos y servicios y otras autorizadas por la Ley.

(3) En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, el Ministro de Justicia dictó su Resolución No. 53 de fecha 14 de julio de 1986, “Reglamento de la Ley de Asociaciones” el que teniendo en cuenta la concepción de la Ley ratifica los sujetos previstos a asociarse y establece el procedimiento funcional de la misma.

(4) Por Resolución No. 78 dictada del Ministro de Justicia de fecha 13 de julio de 1987, expresa que teniendo en cuenta que surgimiento de agrupaciones de ciudadanos que reúnen en su seno a importantes sectores de la población, representan intereses específicos de éstos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista, resulta procedente establecer nuevas regulaciones que faciliten decidir cuáles de estas agrupaciones o las que se constituyan en el futuro deben ser consideradas organizaciones sociales, por lo que amplió los sujetos previstos al reconocimiento de asociación a las entidades que quedaron excluidas según el artículo 7 de la Constitución de la República, atendiendo a la necesidad de conformar el “sentido socialista de la sociedad civil” con el fin de apoyar al Gobierno en sus pronunciamientos y demandas nacionales e internacionales,. Ejemplo de ello son “los informes del Gobierno de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos, así como la formulación de la Resolución de poner fin al bloqueo Estados Unidos-Cuba ante La Asamblea General de Naciones Unidas”. Esta organización de la sociedad civil en la actualidad es presidida y organizada por la Asociación Cubana de Naciones Unidas, adscripta al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que prueba el carácter oficial de la misma.

(5) El Ministro de Justicia, dictó con fecha 19 de febrero del 2005, regulaciones en materia de Sociedad Civil, como siguen:

a) Resolución No. 43, de fecha 19 de febrero del 2005, fundamenta que la Ley de asociaciones en su Disposición Transitoria Quinta, establece que el Ministerio de Justicia, a través del Registro de Asociaciones Nacionales, atiende con carácter general y hasta tanto se dicte la legislación especial sobre la materia, las cuestiones legales relacionadas con instituciones eclesiásticas, religiosas y las basadas en el credo religioso de sus integrantes o relacionadas directamente con las expresadas instituciones.

b) Resolución No. 44, de fecha 19 de febrero del 2005, el Ministro de Justicia dispuso una nueva ”Metodología para la realización de inspecciones a las asociaciones” previstas y reconocidas por la Ley No. 54 y la Resolución No. 78, antes invocadas, para mantener el ejercicio de control de las precitadas instituciones.

c) Resolución No. 45, de igual fecha, actualizó la “Metodología para la realización de visitas a los Organos de Relaciones” por parte del Ministerio de Justicia.

d) Como colofón en el tema del ejercicio del control por parte de los Organos de la Seguridad del Estado y propiamente de las Direcciones Provinciales de Justicia y de Vivienda, el Ministro de Justicia dictó su Resolución No. 46, “Indicaciones para la solicitud de tramitación y autorización para celebrar cultos en viviendas de propiedad personal”

(6) De lo anterior se prueba que cada vez que el gobierno ha tenido necesidad de ampliar el sentido de Sociedad Civil para lograr sus intereses y el control a las instituciones y de sus integrantes, modifica la legislación

Los partidos y movimientos políticos en la oposición al gobierno, con carácter ilegal y perseguidos en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 62, Código Penal” y su complementaria Ley No. 88, han promovido reiteradamente al Ministerio de Justicia la solicitud de reconocimiento como asociaciones y por tanto parte de la sociedad civil, en algunos casos invocando la Ley No. 54 y su legislación complementaria, aún cuando estas no están previstas para este fin.

Ha quedado demostrado la falta de voluntad política del gobierno de reconocer las instituciones independientes como parte de la Sociedad Civil y por tanto su inscripción el Registro de asociaciones que estable la legislación antes invocada, quedando expedita la vía de la “iniciativa ciudadana” que establece el Capítulo X “Organos Superiores del Poder Popular”, artículo 88, inciso g) “a los ciudadanos, En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores, las experiencias sobre este aspecto procesal tiene como resultado acciones de la Seguridad del Estado contra los convocados.

Posteriormente con un gobierno constitucional, se debe aprobar un plan legislativo para ir modificando la legislación actual con un marcado fundamento socialista por una que responda plenamente a los derechos ciudadanos, una apertura política, económica y social que precisamente no son los Lineamientos aprobados por la magna reunión de los comunistas cubanos que acaba de concluir, la revisión de las obligaciones contraídas por el gobierno en materia de colaboración y solidaridad que afectan sustancialmente la economía nacional, así como la base contractual de los convenios