Referencia Juridica

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Acuerdos VIII-89, 90 y 91, de fecha 21 de diciembre de 2017

De la Asamblea Nacional del Poder Popular, Sobre los Informes de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, sobre el trabajo desarrollado en el periodo 2011-2017. Recomendaciones formuladas por el Legislativo. Circulado el 14 de marzo del 2018. (Transcripción literal).

Dr. René Lopez Benítez

I.- Introducción:

Teniendo en cuenta la importancia de este documento para el desarrollo de la actividad de Tribunales y Fiscalía, a ejecutar en los próximos cinco anos, aun cuando es un documento público, no tiene la divulgación necesaria para que la ciudadanía se proyecte, se vincula a la determinación del Ministerio de Educación de aprobar los estudios de Técnico Medio en Derecho, pendiente de reglamentare procesalmente mediante la Resolución del Ministro de Educación,

En la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular a celebrarse el próximo 2 de junio, quedara constituido el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo, se debe nombrar el Vicepresidente que atienda entre otras la actividad jurídica. El Abogado y exPresidente de la República Dr. Osvaldo Dorticos Torrado, ocupo diligentemente el cargo de Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia, atendió la actividad jurídica y otros organismos de la Administración Central del Estado, desde 1976 a 1983.

El presente Acuerdo debió haber vinculado a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, a las Notarias Estatales y las Sociedades Civiles, los sistemas de la Vivienda y Planificación Física, el Sistema de Atención a la Ciudadania, entre otros organismos y entidades, como factor determinante en el desarrollo de las funciones de Tribunales y Fiscalía. No se tuvo en cuenta además las condiciones materiales que aun enfrentan estos dos órganos de justicia y que atentan contra el resultado estatal y social.

VIII-89, Aprobar por unanimidad el informe de rendición de cuentas presentado por el Tribunal Supremo Popular, sobre los resultados de la labor realizada en el periodo comprendido desde la última ocasión que rindió cuenta en diciembre de 2011, hasta hoy, con especial énfasis en aquellos que caracterizan el estado actual de su gestión, incluyendo el cumplimiento dado a las recomendaciones formuladas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en esa ocasión. La Habana, 21 de diciembre de 2017.

VIII-90, Aprobar por unanimidad el informe de rendición de cuenta presentado por la Fiscalía General de la república, sobre el trabajo desarrollado en el periodo comprendido desde la última ocasión que rindió cuenta, en diciembre de 2011, hasta hoy, incluyendo el cumplimiento dado a las recomendaciones formuladas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en esa ocasión. La Habana, 21 de diciembre del 2017.

VIII-91, Atendiendo al cronograma de trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos y aprobado por el Presidente de esta Asamblea Nacional, en cada una de las provincias del país se ha venido desarrollando, previo a esta sesión, un intenso intercambio entre los diputados, jueces, fiscales y demás trabajadores de ambas entidades.

Cada tribunal y fiscalía fueron visitados y se pudo constatar de primera mano los resultados del trabajo, sus aciertos y dificultades. Del mismo modo se pudo apreciar las transformaciones operadas en beneficio de las condiciones de vida y trabajo de jueces, fiscales y trabajadores en general de estas instituciones, lo que en gran medida se alcanza por las indicaciones en tal sentido de la dirección del país y el permanente apoyo y atención que el Partido y el Gobierno en cada localidad brindan a ello, así como las medidas adoptadas por ambos órganos.

De manera general, tanto en los Tribunales Populares como en la Fiscalía General, se aprecian avances en su gestión, impresionando positivamente la consagración al trabajo de sus integrantes y la labor desarrollada para el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la Asamblea Nacional en el anterior rendición de cuenta. No obstante, es común a ambas instituciones:

– El no completamiento de sus plantillas, tanto de personal técnico como auxiliar.
– Se aprecia, en sentido general, la falta de estabilidad de personal.
– La necesidad trabajando por imprimir mayor calidad a su trabajo.-
– La incorporación a su gestión de nuevas estructuras y procedimientos.

En atención a lo anterior se propone a la Asamblea Nacional formular, para ambas instrucciones, las siguientes:

RECOMENDACIONES:

1.-Continuar trabajando en el completamiento de sus plantillas de personal técnico y auxiliar.

2.- Se hace necesario garantizar mayor estabilidad en sus cargos de personal técnico, teniendo en cuenta que la profesionalidad requerida para que jueces y fiscales desempeñen eficientemente su labor, se adquiere, además de con la preparación técnica, logrando una alta permanencia en sus cargos, en los que se conjugue la experiencia personal y la derivada del ejercicio profesional.

3.- El Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República en coordinación con los ministerios de Educación Superior, Trabajo y Seguridad Social y Justicia, evaluaran y pondrán en práctica los requisitos y condiciones necesarias para garantizar de manera particular, desde el inicio de la carrera, el proceso de selección y asignación de estudiantes de Derecho para estas instituciones.

4.- Los Tribunales y Fiscalía, e conjunto con los ministerios de Educación y Justicia evaluaran y precisaran las medidas pertinentes para el inicio de la enseñanza de Técnico Medio en Derecho y garantizar que estas y otras instituciones reciban el personal auxiliar requerido para el mejor desempeño de su gestión.

5.- Los Tribunales y la Fiscalía deben valorar incorporar en sus estructuras una categoría de Juez y Fiscal, con carácter consultante para lograr mantener en su seno a aquellos compañeros que al arribar a la edad de jubilación estén en condiciones de mantenerse en el organismo aportando sus experiencias y contribuyendo a la formación de valores y conocimientos técnicos en los jóvenes incorporados.

6.- Ambas instituciones, en ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo 88, incisos e) y f) de la Constitución de la República de Cuba, procederán a promover, ante los órganos legislativos facultados, las correspondientes normas jurídicas, que les permitan institucionalizar estructuras y procedimientos que se han venido estableciendo en su labor con resultados favorables.

7.- Continuar fortaleciendo una estrategia comunicacional encaminada a levar la educación jurídica del pueblo.

En atencional señalamiento antes realizado, referente a la necesidad de imprimir mayor calidad a la gestión de ambos órganos, se considera oportuno recomendar lo siguiente:

AL TRIBUNAL SUPREMO POPULAR:

1.- Continuar trabajando por incrementar la calidad en la solución de los asuntos que conocen, exigiendo un análisis profundo e individualizado en cada caso presentado. En la materia penal se requiere además, garantizar la existencia de un material probatorio de calidad que permita arribar a una decisión acertada y consecuente con el hecho justificable, las características de su comiso y otras circunstancias concurrentes.

2.- Garantizar y consolidar los niveles de celeridad alcanzados en la tramitación de los procesos judiciales en cada una de las materias.

3.- Exigir la oportuna ejecución de sus sentencias en todas las materias, velando especialmente por las referidas a los asuntos penales y a los administrativos relacionados con temas viviendas.

4.- Continuar perfeccionando la actividad de control sobre los mecanismos de excarcelación anticipada previstos en la Ley, garantizado la respuesta oportuna y pertinente a los que la interesen, del mismo modo, el trabajo de influencia y control a las personas que reciben ese beneficio.

5.- En coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado correspondientes y los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo y estimulación moral de sus integrantes, así como en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su labor.

A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1.- Lograr una mayor concentración de la actividad de los fiscales en los procesos penales que le permitan incrementar la exigencia y análisis individualizada en los mismos, garantizando, de conjunto con los órganos pertinentes del Ministerio del Interior, que los expedientes, instruidos con la calidad y garantías legales exigidas, cuenten con el material probatorio requerido para poder sustentar adecuadamente su acusación, reduciendo con esto los niveles de devolución de asuntos por los tribunales y coadyuvando a una decisión acertada por los órganos judiciales.

2.- Velar porque se cumplan los términos legales establecidos para la tramitación de los procesos penales, consolidando los niveles de celeridad alcanzados.

3.- Incrementar el control sobre la imposición de medidas cautelares, en especial la referida a la prisión provisional, garantizando la racionalidad de su aplicación.

4.- Lograr que los fiscales en los actos de juicios orales desempeñen un papel efectivo, donde se conjugue la inteligencia con la capacidad técnica y la debida ponderación socio-política del hecho justiciable, trasladando un mensaje preventivo y profiláctico.

5.- Continuar elevando la atención, calidad investigativa y las respuestas debidas y oportunas a las quejas formuladas por la población.

6.- Trabajar por erradicar las deficiencias que aún persisten en la realización de las verificaciones fiscales, garantizando la preparación previa de fiscales y especialistas, así como el empleo adecuado de la información preliminar que se dispone, para alcanzar una mayor eficacia de esta actividad.

7.- Perfeccionar e incrementar la labor de control de la legalidad por el Fiscal en los establecimientos penitenciarios, alcanzando una presencia efectiva a la labor que realizan los tribunales con las personas que reciben el beneficio de excarcelación anticipada.

8.- En coordinación con los organismos de la Administración Central del Estado correspondiente y los gobiernos locales, continuar trabajando en el mejoramiento de las condiciones de vida, trabajo y estimulación moral de sus integrantes, así cono en el suministro de los recursos requeridos para el desarrollo de su labor.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y jurídicos considera oportuno proponer, atendiendo a la necesidad de perfeccionar y elevar la calidad del trabajo a planos superiores en ambas instituciones, teniendo e cuenta el papel que están llamados a desempeñar en el proceso de implementación del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y los reiterados señalamientos del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, referente al perfeccionamiento del orden institucional, la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear un estado de orden y disciplina en la nación, ratificar al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía General de la República, que de conjunto con el Ministerio del Interior, continúen trabajando en el estudio y análisis integral del sistema de justicia penal del país, con vista a incorporar formas y procedimientos de enfrentamiento al delito que permitan una valoración individualizada de los hechos, concentrar el poder sancionador del Estado en aquellos que por su elevada peligrosidad social lo requieran y a su vez establecer otros tratamientos jurídicos, con vías más expeditas y menos gravosas a la sociedad, para los casos que no tengan dimensión, del mismo modo conformar sus estructuras y competencias para el mejor desempeño de su gestión y servicio al pueblo, proponiendo en tal sentido, en el momento en que procedan las nomas legales correspondientes.

07.07.2018

Dr. René Lopez Benítez
Abogado Independiente
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Consideraciones sobre el ejercicio ciudadano del derecho constitucional de la iniciativa legislativa

.Dr. René Lopez Benítez.

En los últimos tiempos miembros de la Sociedad Civil Independiente promueven proyectos de Leyes, sin tener en cuenta las disposiciones establecidas para la iniciativa legislativa que no están previstas por la Constitución de la República y el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, acción solo se fundamenta en el desconocimiento de la Ley,

Un proyecto de norma jurídica conlleva el estudio de la necesidad de implementación, así como la valoración de la legislación vigente y los pronunciamientos para su derogación, el estudio la bibliografía temática, se requiere además un trabajo en equipo para llegar a consideraciones generales.

Los proyectos de Leyes se presentan ante el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o ante los funcionarios del Departamento Jurídico o la Secretaria General del Legislativo, designados al efecto. En ningún caso el presunto proyecto puede colgarse-publicarse en redes de comunicación internet y tenerse como presentado, actuar de esta forma pone de manifiesto la falta de conocimiento, la ética profesional del promovente y del equipo o movimiento con que se relaciona,

Basta recapitular que desde el 2 de diciembre de 1976, fecha en que se constituyo la Asamblea Nacional del Poder Popular a la fecha la actividad legislativa es como sigue:
Leyes (facultad exclusiva de la Asamblea Nacional del Poder Popular): 187
Decretos-Leyes (facultad del Consejo de Estado): 352
Decretos (facultad del Consejo de Ministros): 281
Iniciativa ciudadana: 0
El único antecedente de promoción es la Ley “Proyecto Varela” presentada por Osvaldo Paya Sardinas, y solo logro la represión por parte de la Seguridad del Estado, La Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular no se pronuncio sobre la iniciativa.

Según el artículo 88 de la Constitución de la República de Cuba, promulgada el 24 de febrero y modificada en los años 1992 y 2002, en lo referente a
dispone: La iniciativa de las Leyes compete:
• a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular;
• al Consejo de Estado;
• al Consejo de Ministros;
. a las Comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular;
• al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales;
• al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia.
• a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia,
• a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos, que tengan la condición de electores.

Como norma complementaria de lo anterior, el Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, adoptado el 15 de diciembre de l996, derogando su anterior adoptado el 5 de agosto de 1982 y el Acuerdo III-60, de 22 de diciembre de 1988. El Capitulo V del vigente Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, regula que los llamados a ejercer la iniciativa legislativa de conformidad con lo establecido por el artículo 88 de la Ley, presentaran los proyectos de Leyes al Presidente de la Asamblea Nacional, acompañado de de la fundamentación en la que se exprese:

• Las relaciones que son objeto de regulación jurídica, sus objetivos y los presupuestos económicos, políticos y sociales que aconsejen su aprobación.
• Las materias que se regulan y las soluciones que se proponen, con indicación de las modificaciones que se introducen en la legislación vigente, las disposiciones jurídicas que se ordenan o sistematizan y los antecedentes de la materia.
• Las consecuencias económicas previsibles que se derivan de la aplicación de la disposición jurídica propuesta.
• La enumeración de las disposiciones jurídicas de igual o inferior jerarquía que se modificaran, complementan o derogaran.
• La fundamentación del rango normativo de la disposición jurídica propuesta.
• Los resultados de las coordinaciones efectuadas con los órganos y organismos que deben cumplir o hacer cumplir las regulaciones propuestas.
• Las condiciones y mecanismos necesarios que garanticen la aplicación, la efectividad, el cumplimiento y del control de la disposición jurídica cuyo proyecto se presenta.

Si la iniciativa procede de los ciudadanos, conforme a lo que se establece en el inciso g) del artículo 88, de la Constitución, además de la fundamentación consignada anteriormente, los ciudadanos promoventes del proyecto, acompañan declaración jurada ante notario, donde se acreditara la identidad personal mediante los datos del carne de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como que no está invalidada para ejercer el sufragio activo o pasivo.

Queda claro que lo dispuesto por el Reglamento de la Asamblea Nacional atenta contra las mínimas posibilidades de tramitar el requisito de identificación de los co-promoventes del proyecto ante Notario Público, atendiendo a lo materialmente probado de lo que establece la Ley No. 50, Ley de las Notarias Estatales, de 28 de diciembre de 1984, así como el Código de Ética del Notariado Cubano, de 28 de noviembre de 2000. Materialmente las Notarias Estatales no cuentan con un dispositivo profesional ni material en función de una iniciativa legislativa.

Publicar proyectos de Leyes viene a agravar la situación imperante en lo referente a la falta de los derechos ciudadanos de ejercer la iniciativa legislativa, da la impresión que es posible insertarse lo que no resulta por más de sesenta años de poder revolucionario.

El inicio de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la constitución de una Comisión Parlamentaria para la Reforma Constitucional, con el especial pronunciamiento que temas, como el que nos ocupa, no serán objeto de análisis para su aprobación en un referendo en que la ciudadanía no tendrá derecho a pronunciarse en la fundamentación final de la propuesta a modificar.

Al paso de varias décadas de haberse promulgado la Constitución de 24 de febrero de 1976, el vacio de derecho atenta sustancialmente contra la nación.
A su disposición: Bibliografía, Consejería y Asesoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es y http://referenciajuridica.wordopress.es
Constitución de la República de Cuba, 1976, 1992 y 2000
Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Ley de Notarias Estatal

Dr. René Lopez Benítez
Abogado Independiente
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Dispone el Ministerio de Educación la apertura de la especialidad de Técnico Medio en Derecho.

Dr. René Lopez Benítez

Por su importancia analizamos el tema de la especialidad de técnico medio en derecho, la falta de información pública, y la posibilidad que le permite continuar estudios pre-universitarios a los jóvenes que culminan sus estudios de secundaria básica, así como el conocimiento de la disposición Ministerial.

La Asamblea Nacional el Poder Popular, por intermedio de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, así como con el apoyo de instituciones jurídicas territoriales, ha instrumentado un intenso intercambio entre diputados, jueces, fiscales y funcionarios afines a las actividades jurídicas, para lograr un consenso inicial que permitió arribar a la determinación de crear la especialidad de Técnicos Medios en Derecho, pretensión de muchos jóvenes que veían frustradas sus aspiraciones de vincularse a la actividad jurídica.

Funcionarios de los Ministerios de Educación, Justicia, el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República se pronunciaron por la apertura en el curso escolar 2018-2019 de la especialidad de Técnicos Medios en Derecho, teniendo en cuenta la demanda de los procesos y trámites judiciales que genera la población en todos los segmentos de los Organismos de la Administración Central del Estado y dependencias independientes,

Antes del triunfo revolucionario de enero de 1959 y hasta 1973, el Dr. Alfredo Yaburt, ejerció como Ministro de Justicia, una de sus primeras determinaciones, la mayoría desacertadas, fue eliminar las funciones y ejecutoria de los Procuradores Públicos, todos fueron cesanteados. El Dr. Armando Torres Santrayll, sustituto del primero, logro la reubicación de esos funcionarios en cargos de auxiliares en los Tribunales Revolucionarios y en los Bufetes recién nacionalizados.

En diciembre de 1977, Blas Roca Calderio, Primer Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, llevo al plenario la propuesta de instituir estudios de Técnico Medio en Derecho, extremo que fue rechazado de plano por José Ramón Machado Ventura, el que ocupaba el cargo de Miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y del Secretariado, a cargo del Departamento de Órganos Estatales y Judiciales, alegando que sería deformar el sistema jurídico que se iniciaba reestructurar una vez institucionalizado el país, con la constitución de los Órganos del Poder Popular, (diciembre de 1976), aquella determinación desacertada ha sido históricamente arrastrada hasta la presente determinación institucional.

El Ministerio del Interior siempre mantuvo el sistema de estudios de Técnicos Medios y de Pre-Grados. Los Bufetes Colectivos con el antecedente de la determinación del Dr. Torres Santrayll, reconoció laboralmente a los Auxiliares de Abogados, sin facultades de representación letrada. Las Notarias y los Tribunales mantuvieron los Auxiliares-Cartularios y auxiliares con contenidos muy específicos. Las Asesorías Jurídicas de los Organismos de la Administración Central del Estado y de su Sistema Empresarial crearon plazas afines.

Las Facultades de Derecho del Sistema de Universidades del Ministerio de Educación Superior promovían con muchas restricciones y requisitos políticos-morales las matriculas en algunos segmentos de los graduados de enseñanza media, fue a principios de la década del 80 cuando se dispuso la aprobación de la Educación a Distancia, solo con requisitos académicos, eliminando requisitos antes expresados, extremo que una vez graduado venia la pretensión de lograr empleo afín que si conllevaba los tantas veces nombrados requisitos políticos-morales que parecían que perseguían hasta la sepultura, en la actualidad se ha flexibilizado ese particular, pero se mantiene a contrapelo los criterios de las Comisiones de Cuadros que analizan las propuestas de otorgamiento de plazas que son las que en definitiva ejecutan, algún día se eliminara esta macabra estructura se poder.

La Ministra de Justicia, Dra. María Esther Reus, declaro ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Legislativo “Proponemos que los nuevos técnicos medios en Derecho ocupen en las instituciones judiciales del país un grupo de funciones técnicas, auxiliares, para facilitar que los profesionales de esta rama se dediquen a la evolución y toma de decisiones que se les presenten”

Eugenio González, Director Nacional de Enseñanza Técnica y Profesional del Ministerio de Educación expreso: Deseamos formar en estos jóvenes los conocimientos técnicos-jurídicos para apoyar las gestiones que desarrollan los jueces, fiscales, notarios y registradores, entre otros actores de la rama. Un técnico medio en Derecho asistirá al licenciado en la organización, elaboración y control de los documentos jurídicos resultantes de procesos, auxiliará la gestión y ejecución de trámites procesales, ordenara, clasificara, coordinara y comprobara documentos se archivos automatizados, desarrollara controles estadísticos, partes notariales y testamentarios, aplicara diferentes sistemas informáticos, entre otras gestiones administrativas.

La Dirección de Enseñanza Técnica y Profesional del Ministerio de Educación, encargada de la formación de obreros calificados de nivel medio, organiza junto al resto de los organismos involucrados, un sistema de educación e información a los estudiantes interesados que culminan el 9no grado en este curso escolar.

El proceso de otorgamiento de plazas tendrá lugar durante los meses de mayo y junio del 2018, el primer curso se impartirá solo en cuatro provincias del país, La Habana, Villa-Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, contara con una matrícula de 30 estudiantes, asociada a las necesidades de los territorios. Los institutos politécnicos que acogerán a los estudiantes son: Osvaldo Herrera, en La Habana, Lázaro Cardona, de Santa Clara, Villa-Clara, Álvaro Barba en Camagüey y José Téllez en Santiago de Cuba. Estos centris tienen las condiciones necesarias para recibir en septiembre a los futuros técnicos medios en Derecho. Para el próximo ano se tiene previsto con los resultados que se obtengan, instrumentar la apertura en todas las provincias. Especialistas del Ministerio de Justicia, de Tribunales, Fiscalía y otras instituciones jurídicas formaran parte del claustro de profesores.

La Ministra de Educación informo que la formación del Técnico Medio en Derecho durara tres años y medio. El curso tendrá 5320 horas clases, de ellas se destinaran 1960 a la formación general y 3360 a la profesionalidad. Como asignaturas básicas de la profesión judicial recibirán, por ejemplo, Teoría del Estatal y del Derecho, taquigrafía y redacción de instrumentos jurídicos de acuerdo con el vocabulario técnico de la especialidad, entre otros. Los estudiantes podrán insertarse en actividad laborales durante seis meses. Tendrán vínculos con especialistas del derecho.

Indiscutiblemente será un segmento para jóvenes y una solución al gran vacío técnico-profesional en las actividades jurídicas. Solución de emergencia además para enfrentar el grave problema que representa la juventud desvinculada del estudio y del trabajo, una variante al problema generacional en las actividades del derecho.

A su disposición: Bibliografía, Asesoría y Consultoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es y http://referenciajuridica.wordpress.es
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Movimiento de cuadros del Partido Comunista de Cuba, junio 25 del 2018.

Dr. René Lopez Benítez

José Ramón Machado Ventura, Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba presidio los Plenos de los Comités Provinciales de La Habana y Holguín, resolviendo movimiento de cuadros:
Liberar a Lazara Mercedes Lopez Acea, del cargo de Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en La Habana, la que asumirá funciones de miembro del Secretariado del Comité Central. Anteriormente había sido liberada del cargo de Vicepresidenta del Consejo de Estado, manteniendo su condición de Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Liberar a Luis Antonio Torres Iribar del cargo de Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín y trasladarlo con igual cargo para el Comité Provincial del Partido en La Habana. Elegir a Ernesto Santisteban Velázquez, que se desempeñaba como miembro profesional del precitado Comité Provincial en Holguín, para ocupar el cargo de Primer Secretario en el precitado Comité Provincial. Leer más de esta entrada

Compendio legislativo: Migratorio. Regulaciones procesales.

Dr. René Lopez Benítez

Atendiendo al interés ciudadano de conocer y dominar las regulaciones establecidas para adquisición del Pasaporte corriente, así como para lograr la autorización de entrada y salida al territorio nacional, transcribimos literalmente lo dispuesto por los artículos 23 al 25, ambos inclusive del Decreto-Ley No. 302.

En la actualidad, miembros de la sociedad civil independiente son notificados de la determinación oficial (del Ministerio del Interior y en especial de la Seguridad del Estado) de la imposibilidad de viajar a Cuba y al exterior, según el caso, la única opción que brindan los empleados de las líneas aéreas para reclamar es el proceso que se establece ante la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, extremo que no resuelve la afectación causada. Hasta la fecha ninguno de los afectados a iniciado proceso legal ante los Tribunales de Justicia, no hay antecedentes de reclamaciones ante Agencias de Seguro al viajero.

1.- Decreto-Ley No. 302, de 11 de enero del 2012, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976.
Deroga la Ley No. 989, de 5 de diciembre de 1961, que dispone la nacionalización mediante confiscación a favor del Estado cubano, de los bienes, derechos y acciones de los que se ausenten con carácter definitivo del país, y cuantas otras disposiciones ilegales que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto-Ley

Artículo 23: Los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional no pueden obtener pasaporte corriente mientras se encuentren comprendido en alguno de los supuestos siguientes: Leer más de esta entrada

De las contradicciones en las declaraciones del ex-Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (1) en relación a la sindicalización independiente. Mis consideraciones afines.

Dr. René Lopez Benítez

El Dr. Ricardo Alarcón de Quesada, Asesor referente en la política interna y externa del gobierno cubano, su experiencia en materia de relaciones exteriores y procedimientos parlamentarios le permiten abordar temas vinculados a la Sociedad Civil, lo que prueban las sustanciales contradicciones en relación a sindicalización independiente. Otros temas los abordaremos en próximas consideraciones.

Entrevistas publicadas en el libro Fidel Castro, Cuba y los Estados Unidos, Conversaciones con Ricardo Alarcón de Quesada, ex-Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, publicado por la Editora José Martí, con prólogos de Ignacio Ramonet y Max Lesnik.

Salim Lamrani, reconocido periodista francés, profesor, escritor, graduado en la Universidad de La Sorbona, regularmente escribe artículos y consideraciones sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, así como temas vinculados a Derechos Humanos.

SL: Existe en Cuba el derecho a estar sindicalizado?
RA: Por su puesto, existen diecinueve sindicatos nacionales en Cuba. Están presentes en todos los centros de trabajo. La actividad sindical es muy dinámica en nuestro país.
A diferencia de otros países en lo que los diferentes sindicatos están divididos –esa es la razón por la que son débiles y no constituyen un contrapeso creíble frente al gobierno- en nuestro país, los sindicatos están unidos en una única central sindical, la Central dr Trabajadores de Cuba (CTC). Leer más de esta entrada

Establece el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Vigencia del Arancel Consular y Normas Generales para su aplicación.

Dr. René Lopez Benítez

El Ministro en Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 328-2017, de 28 de diciembre del 2017, vigente a partir el 1ro. de enero del 2018, derogar la Resolución Ministerial No. 5-2011 y actualizar el Arancel Consular, respondiendo los servicios que se prestan y los derechos que se cobran por las oficinas consulares cubanas, los cuales se fijan en dólares estadounidense, o en euros, según proceda, atendiendo a los siguientes criterios.

a) En los países comprendidos en la zona euro, se aplica la tasa establecida en euros, y
b) En el resto de los países, salo en Estados Unidos de América, se aplica la tasa establecida en dólares estadounidenses, pudiendo cobrarse en esta moneda o en su equivalente, según la moneda oficial del país donde se encuentre radicada la oficina consular.
c) En Estados Unidos de América se aplica la tasa establecida para este país.

Es significativo que las tarifas establecidas y que se adjuntan a la presente, es de total desconocimiento de los ciudadanos cubanos que por diversas razones viajaron o residen en el exterior, también se aplica a los ciudadanos extranjeros que interesan los tramites objeto de regulaciones, las que alcanzan cuantías desmedidas que afectan económicamente a los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, los que al modificarse se ajustaron a la legislación migratoria, mediante el Decreto-Ley No. 302, de 11 de octubre del 2012, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, así como el Decreto No. 305, de 11 e octubre del 2012, Modificativo del Decreto No. 26, Reglamento de la Ley de Migración. Leer más de esta entrada

Interpreta Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular sobre la utilización de medios tecnológicos de computación en los procesos judiciales.

Dr. René López Benítez

La Falta de actualización de la legislación vigente afecta sustancialmente en el desempeño de las funciones de los Abogados, de Fiscales y hasta del propio Tribunal, en el caso que nos ocupa, se fundamenta en consultas formuladas por el Presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y el Fiscal General de la República, en lo referente a la necesidad de utilizar medios digitales para la reproducción de documentos contenidos en las actuaciones procesales en todas las materias, según las fases del proceso, esta posición se sustenta en la interpretación de los artículos 249 y 283 de la Ley No. 5 de Procedimiento Penal y el artículo 214 de la Ley No. 7 de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, se limitan a referir que el Abogado y las partes podrán examinar las actuaciones o instruirse de su contenido, pero no se definen como hacerlo. Leer más de esta entrada

Los antecedentes penales, Constitución y proceso de cancelación, legislación complementaria.

Dr. René Lopez Benítez

La cancelación de los antecedentes penales constituye un derecho ciudadano, partiendo del hecho de la determinación ministerial de acceder a la pretensión, para uso en el territorio nacional o vinculado al derecho de emigrar que establece el Decreto-Ley No. 302 y sus complementarias, resulta procedente la tramitación del expediente en cuestión y la legalización de la resolución que accede, antes de iniciar el trámite migratorio, por lo que las dudas sobre el particular requieren de una respuesta con la fundamentación legal.

Teniendo en cuentas las consultas referidas al tema que nos ocupa, según la Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987, en su Titulo IX, artículos 66 al 69, ambos inclusive, denominado Los antecedentes penales, establecen: Leer más de esta entrada

Vigencia del procedimiento para la tramitación de servicios…

…Modalidades de cobro y tarifas en pesos convertibles (CUC) a utilizar por las entidades autorizadas a prestar asuntos jurídicos. Importantes y sustanciales tarifas de prestación de servicios en asistencia jurídica en pesos convertibles Leer más de esta entrada