Referencia Juridica

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Archivos mensuales: marzo 2013

Modifican denominacion del instituto superior de arte (isa) por Universidad de las artes

El Secretario del Consejo de Ministros y de su Comité Ejecutivo, certificó con fecha 28 de febrero del 2013, el Acuerdo adoptado, en virtud de lo establecido por la Constitución de la República y el Decreto-Ley No. 272, De la Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, la aprobación de lo interesado por el Ministerio de Cultura, referente a la transformación del Instituto Superior de Arte, en Universidad de las Artes, teniendo en cuenta el desarrollo alcanzado por la institución en la formación de profesionales en las distintas  esferas del arte y perfeccionamiento de su labor en función de un mayor reconocimiento internacional. La Universidad de las Artes quedará subordina al Ministerio de Cultura, inicialmente se había propuesto transferirla al Ministerio de Educación Superior.

 

Es de destacar que la anterior denominación de Instituto Superior se justificaba por la nomenclatura establecida por los países que integraban el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) el que quedo disuelto de hecho al desaparecer el campo socialista.

 

22.03.2013

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Se establece el Decreto-Ley No. 309, sobre la seguridad química

El Consejo de Estado, mediante su Decreto-Ley No. 309, de 1ro. de marzo del 2013, dispuso la reglamentación sobre la SEGURIDAD QUIMICA, fijando el término de seis meses a partir de la entrada en vigor del referido Decreto-Ley, para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dictará el Reglamento del Registro Nacional de Productos Químicos Peligrosos y el Reglamento sobre la Gestión de Riesgos a la Seguridad de los procesos en instalaciones industriales con Peligro Mayor. Es de destacar que esta importante regulación no fuera asignado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como rector del tema, teniendo en cuenta que al Estado Mayor de la Defensa Civil le está asignado funciones muy específicas en lo referente a la salud humana y riesgos al medio ambiente.

Los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias adecuaran las normas del presente Decreto-Ley, a sus intereses relacionados con la defensa, el orden interior y la seguridad, pero en principio asumen las responsabilidad que les tiene prevista la norma legal.

El Decreto-Ley No. 309 es complementario de la Ley No. 81, Ley del Medio Ambiente, de 11 de julio de 1997, y a su vez de la Estrategia Ambiental Nacional 2010-2015, no se hace referencia al precepto constitucional del Estado de Emergencia, el que ha quedado supeditado al Consejo Nacional de Defensa, por su importancia debe tener la pretensión de ser objeto de análisis para la implementación de convenios bilaterales o multilaterales con los países de la región, especialmente por la cercanía, sin excluir al gobierno de Estados Unidos, los que se pudieran verse afectados por accidentes de productos sujetos a las regulaciones que por la precitada norma legal deben sustentarse métodos de entendimiento sobre el particular, con la experiencia alcanzada derivado del derrame de petróleo en el Caribe el pasado año, cabe recordar que en ese preciso momento existieron planteamientos de buenas intenciones sobre colaboración reclamadas por congresistas, senadores, entidades oficiales del gobierno estadounidense para brindar colaboración y asesoría al gobierno cubano.

El gobierno cubano muestra interés en proteger la salud humana de la ciudadanía y el medio ambiente, de los efectos adversos que se derivan del manejo inadecuado de los productos y desechos químicos peligrosos, a fin de contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia, aún cuando se expresa que el mismo no es objeto sobre las sustancias y los desechos radioactivos y los de uso militar, con el propósito de reducir los riesgos a la salud humana, el medio ambiente y la integridad de las instalaciones; verificar que las instalaciones sean diseñadas y funcionen de acuerdo con la norma y los requisitos aplicables vigentes; y evaluar los procedimientos y prácticas relativos al cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Se establece que el Sistema está conformado bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como por autoridades competentes, otros Organismos de la Administración Central del Estado que se relacionan a continuación, y los Órganos Locales del Poder Popular, integrando además por los operadores e instituciones especificas que ejecutan el manejo de los productos, todos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las regulaciones especificas.

a) Ministerio de la Agricultura
b) Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
c) Ministerio de Salud Pública
d) Ministerio del Comercio Interior
e) Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
f) Ministerio del Interior
g) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
h) Ministerio del Transporte
i) Aduana General de la República de Cuba
j) Estado Mayor de la Defensa Civil (MINFAR)
k) Instituto de Planificación Física

Para garantizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Química se establecen los mecanismos siguientes:

a) El Registro Nacional de productos químicos peligrosos
b) Las autorizaciones para las diferentes fases del ciclo de vida de los productos químicos peligrosos y las instalaciones
c) La Inspección Estatal
d) La información y la participación pública

El Registro Nacional de Productos Químicos y la Autorización sobre ejecución del procedimiento:
Es una entidad de carácter público donde se inscriben los productos químicos peligrosos que se utilizan por parte de los Organismos de la Administración Central del Estado y del Gobierno, de los Sistemas Ministerial y Empresarial, no hace referencia a las producciones independientes del recién creado Sistema de Trabajo por Cuenta Propia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de la organización, instrumentación y ejecución, para lo cual aprobará el Reglamento del Registro, estableciéndose la obligación de solicitar la inscripción del uso de los productos en el precitado Registro, quedando expedita la autorización para el manejo de los mismos. En el Reglamento se determinarán los productos que quedan sujeto a os procedimientos.

La Inspección Estatal:
Son objeto de inspección en materia de seguridad química, las instalaciones y las actividades que se realicen con la utilización de los productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida. La inspección comprobará el cumplimiento de los objetivos de la seguridad química, los inspectores pertenecen a las autoridades que conforman el Sistema, se delega en los Inspectores Integrales pertenecientes a la Administración Provincial, pero estos no cumplen con los requisitos de conocimiento y dominio del tema, por lo que la inspección no cumplirá con la pretensión del importante control de los productos, lo anterior justifica los objetivos de las inspecciones:
a) Verificar el cumplimiento de las regulaciones vigentes relacionadas con los productos y desechos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida.
b) Verificar la inscripción en el registro Nacional de Productos Químicos Peligrosos, según corresponda
c) Detectar y analizar las deficiencias y violaciones de las exigencias de seguridad en las instalaciones, así como verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas para su erradicación.
d) Dar seguimiento al estado de ejecución de las inversiones involucradas con el manejo de productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida.
e) Comprobar la veracidad de las declaraciones formuladas acerca del manejo de productos químicos a lo largo de su ciclo de vida
f) Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas.

De la información y la participación pública:
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de recibir información sobre la naturaleza y los riesgos que representa el manejo de los productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida, así como el plan de medidas a adoptar en caso de emergencia química, esta información es documental según de un sistema de etiquetado, teniendo en cuenta que estos sujetos aportan seguridad e información sobre hechos violatorios, emergencias y violaciones de la norma, para lo cual se dispone de los siguientes mecanismos
a) Audiencias y asambleas establecidas para información y consultas públicas.
b) Talleres de sensibilización, capacitación y comunicación, también sobre el manejo de esos productos.
c) Campañas de comunicación y concientización a través de los medios masivos de difusión.
d) Convenios, contratos o cualquier instrumento jurídico que vincule la comunidad en riesgo con la ejecución de los planes de riesgo.

lo que permite.
a) El diseño, aprobación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas e instrumentos normativos correspondientes a las diferentes autoridades competentes.
b) La adopción de decisiones que admitan o autoricen el inicio de una actividad de riesgo asociada al manejo de productos químicos peligrosos
c) En cualquier momento que las autoridades competentes lo consideren o la población lo demande, como consecuencia del aumento del riesgo, por dificultades tecnológicas, mal manejo o incumplimiento de las medidas de seguridad que hagan peligrar la salud humana, la instalación de las propias instalaciones o el medio ambiente.

Las instalaciones con peligro mayor, del manejo de los desechos químicos peligrosos y la prevención y respuesta a emergencias químicas:

Los operadores de las instalaciones con peligro mayor, deben presentar un informe de seguridad mediante el cual demuestren que se están cumpliendo las medidas necesarias para prevenir accidentes mayores y limitar por tanto afectaciones a la salud humana, la integridad de las instalaciones y el medio ambiente. Este informe es un requisito necesario para operar las instalaciones con peligro de accidente mayor. Los intereses que debe recoger cada informe, indistintamente por entidad, es prioridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, según el Reglamento.

El manejo integral de los desechos químicos peligrosos es la ejecución de todas las operaciones asociadas a cada una de las etapas del ciclo de vida de los desechos, que incluyen la prevención de su generación, las manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, con el fin de preservar el medio ambiente, la calidad de la población, asegurando su bienestar y la seguridad de las generaciones presente y futuras.

Se requiere de una licencia ambiental para todo el manejo de desechos químicos peligrosos, la licencia está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las entidades generadoras de estos desechos químicos peligrosos, deben prever los recursos económicos necesarios para prevenir afectaciones.

La prevención y respuesta a emergencias químicas:
El tema viene dado en la obligación de prevención y las medidas derivadas de estudios sobre peligrosidad, riesgos y vulnerabilidad. Toda persona natural o jurídica, asociada o no al Reglamento que tenga conocimiento o posea información que pueda originar un accidente químico, está en la obligación de informarlo al Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba, en primera instancia o a cualquier institución de los Ministerios del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La respuesta es responsabilidad de las instituciones involucradas, y de inmediato se procederá de manera conjunta y oportuna en coordinación con el estado Mayor de la Defensa Civil, posteriormente se ejecutan procesos investigativos y de sus conclusiones s procede a la toma de medidas procedentes.

La Responsabilidad Civil:
Toda persona natural o jurídica que por la acción u omisión en el manejo de productos y desechos químicos que dañe la salud humana, el medio ambiente o el patrimonio, está obligada a cesar de inmediato en su conducta y a reparar los daños e indemnizar los perjuicios que ocasione, con independencia de negligencia o culpabilidad que haya obrado. , los daños los asume el causante del daño.

Están facultados para exigir la responsabilidad que corresponda acorde al Decreto-Ley y como referente la Ley, la Fiscalía General de la República, las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, así como cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada, en todo caso se tendrá en cuenta los documentos procesales vinculantes al Decreto-Ley, muy especialmente lo pactado y la responsabilidad de las actividades que conllevan riesgos. Lo anterior se vincula a lo que dispone la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 59, Código Civil, en ambos casos la legislación procesal.

El término para reclamar daños es de cinco años, cuando se afecto el patrimonio personal y el medio ambiente, contados a partir del momento en que el afectado tuvo conocimiento del hecho. La acción para reclamar no prescribe cuando la afectación daña la salud de las personas.

Finalmente se define en un Anexo, los productos químicos según sus propiedades que quedan sujeto a esta normativa, quedando abierta la posibilidad de continuar incorporando otros.

El presente Decreto-Ley viene a llenar un vacío dentro de la legislación, pero el mismo no tiene la profundidad y extensión que requiere la pretensión del tema, se hace necesario una actualización de la vigente Ley del Medio Ambiente con detalles sobre afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas que no fueron previstos en su momento, como el ruido y emanación de sustancias que pudieran ser constitutivas de afectaciones, la ciudadanía se siente totalmente desprotegida de temas sustanciales, la falta de una cultura general sobre el tema afecta el desarrollo, en los planes de estudios no se incorporaron temas modulares como el medio ambiente y la legislación.

Aun cuando la vigente Ley Tributaria tiene previsto el tema del medio ambiente, el desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades y la ciudadanía afecta la prevención de un futuro libre de impurezas, el hecho de haber convivido con las concepciones socialistas que el pueblo es el dueño absoluto de todos los bienes, afecto sustancialmente el nivel de derechos y obligaciones ciudadanas e institucionales.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:
Decreto-Ley No. 309, DE 1ro. de marzo del 2013
Ley No. 81, Ley de Medio Ambiente, 11 de julio de 1997
Estrategia Ambiental Nacional, período 2010-2015
Constitución de la República de Cuba
Diversidad Biológica de Cuba, editora Pablo de la Torriente, 2012
Cambio Climático, RUTH-casa editorial, 2011
Derecho y Medio Ambiente, editora Pablo de la Torriente, 2012
Compendio legislativo sobre Medio Ambiente, Dr. Angel Fernández Rubio-Legrá.

Los que pueden ser solicitados mediante dr.renelopez@yahoo.es y al Blog
https://referenciajuridica.wordpress.com

25.03.2013

DISPONE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD NO LABORABLE

En virtud de lo que dispone la Resolución No.  12 de  16 de marzo del 2013,

de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social estableció el cese de las actividades laborables el viernes 29 de marzo del 2013, como una facultad que justifica la  determinación gubernamental, que permite sin que se haga constar en el texto regulador,  la conmemoración del Viernes Santo, se presume por tanto   como un acto de buena voluntad del estado y el gobierno con las instituciones religiosas, en especial con la Iglesia Católica que desde  el pasado 14 de marzo asumió el pontificio su Santidad Francisco, primer latinoamericano que alcanza la sucesión de Pedro. Desde que el General-Presidente asumió sus funciones, ha logrado un acercamiento sustancial con las autoridades de la Iglesia Católica, prueba de ello fue el Dialogo Gobierno-Iglesia que logro la encarcelación de presos políticos,  la construcción del Seminario San Carlos y San Ambrosio con precios muy estimulantes, la devolución de  iglesias y otras edificaciones que habían sido confiscadas a favor del estado cubano a principios del periodo revolucionario.

 

Lo anterior se fundamenta en lo que estableció en su momento la Resolución No. 124, de 4 de diciembre del 2009, del  también Ministro de Trabajo y Seguridad Social, la facultad para regular el cese de las actividades laborales por determinación gubernamental, con pago del salario, en adición a lo regulado para los días de conmemoración nacional y los feriados, para una actividad, territorio o el país.

 

Quedan exceptuados de lo anterior, las labores relacionadas con la zafra azucarera y otros trabajos agropecuarios urgentes, industrias en proceso de producción continua,  labores urgentes de carga y descarga, servicios de transporte  y  su aseguramiento, técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, y expendios de gasolina, funerarias y jardines vinculados a estas  y cementerios, servicios de hospedaje, comunicaciones, transmisiones de radio y televisión, centros de recreación y atracciones turísticas, acopio y distribución de leche y demás servicios públicos básicos y actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.  Las  Administraciones de los centros de trabajo que recesan sus actividades abonan a los trabajadores el salario escala y los pagos adicionales establecidos legalmente, salvo que dicho día coincida con los de su descanso semanal o  con aquellos en que  disfrutan de vacaciones anuales pagadas, licencia no retribuida o subsidio de seguridad social. Los trabajadores que están exceptuados  de recesar reciben su salario según las formas y sistemas de pago aplicados en su centro de trabajo.

 

El hecho en cuestión es objeto de reconocimiento al posibilitar participar activamente en  el triduo de la semana santa, pero cabe hacer presente  la necesidad de continuar implementando, por parte del Consejo de Estado,  como gesto también  de buena  voluntad , indultar  a personas que cumplen sanciones por delitos cometidos. El último indulto, dispuesto por el Decreto No. 1, de 23 de diciembre del 2011,  por mandato Constitucional y lo procesalmente regulado por la Ley de Indultos de 15 de agosto de 1919 y su complementaria el Decreto-Ley No. 18 de 6 de diciembre de 1978,   alcanzo  beneficios a cubanos y extranjeros.

 

El evento Abogacía 2012, propicio que  las autoridades del Ministerio de Justicia, La Fiscalía General de la República, el Tribunal  Supremo Popular  y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, analizaron la problemática de más de 57mil sancionados, organizaciones independientes fundamentan en mas de 80mil los sancionados en Centros Penitenciarios, extremo que conllevó   la aprobación  del Acuerdo  No. 309, en correspondencia con la Instrucción No. 201 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, “Referente al Procedimiento para el Control de Sentencias Firmes dictadas por los Tribunales y que los sancionados cumplen las penas impuestas en régimen domiciliario sin internamiento”. 

 

Proponemos continuar estimulando acciones legales que justifiquen  la encarcelación de sancionados, fundamentalmente indultandolos, cuestión  que les permita acogerse a lo establecido por el Decreto-Ley No.  302, Modificaciones a las Regulaciones Migratorias, ya que las medidas de libertad condicional, licencia extrapenal y otras no vinculan al ciudadano con la autorización de salida del país, quedando el favorecido  en libertad de determinar viajar temporal o definitivamente al exterior, y muy especialmente a los extranjeros que  en el cumplimiento de  sanciones impuestas por los Tribunales Cubanos, se convierten en una carga para el sistema penitenciario subsidiado del gobierno cubano, de los diplomáticos extranjeros que en visitas consulares tienen que acceder a dietas alimenticias, de vestuario en general y otros gastos,  por parto para sus respectivos gobiernos.

 

La conmemoración de  esta Semana Santa en Cuba,  seria momento propicio para que las autoridades del estado y el gobierno dispongan otorgar el indulto a sancionados, en relación al hecho  que mantiene los más altos sentimientos humanos, la Resurrección de Jesús del Nazaret,

 

18.03.2013

 

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION

Puede solicitarse mediante https://referenciajuridica.wordpress.com y al correo electrónico dr.renelopez@yahoo.es

Resolución No. 124-2009 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Resolución No. 12-2013 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Constitución de la República de Cuba

Decreto-Ley No. 18 de 6 de diciembre de 1978, referente a la Ley de Indulto de 15 de agosto de 1919.

 

 

 

 

CAMBIA DENOMINACION DEL MINISTERIO DE INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 308 de 23 de febrero del 2013, se dispone cambiar la denominación actual del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones por la de Ministerio de Comunicaciones, encargado de proponer,  y una vez aprobada, dirigir y controlar la política del Estado y del Gobierno para el Sistema Único de Comunicaciones del País, que comprende las comunicaciones, la informática, las radiocomunicaciones, los servicios de comunicaciones, la gestión del espectro radioelectrónico y el aseguramiento técnico y de soporte asociado, asegurando, desde tiempo de paz , la infraestructura y los servicios para la seguridad y la defensa nacional.

 

Establece subrogarse en lugar y grado de su predecesor, el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, por lo que el Consejo de Ministros dispondrá de 30 días  a partir de la promulgación en la Gaceta Oficial de la República, 15 de marzo del 2013, para establecer las funciones específicas del Ministerio de Comunicaciones, definir  su estructura, así como los límites máximos de plantillas,  de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos Económicos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba,  así como dictar las normas complementarias del referido Decreto-Ley No. 308. Se deroga el Decreto-Ley No. 204 de 11 de enero del 2000, que dispuso la anterior denominación.

 

Es de destacar que el texto del Sistema Único de Comunicaciones no se ha hecho público, el que a toda luz se refiere entre tantos aspectos a la estrategia de gobierno contra  la  recepción de las comunicaciones extranjeras al país, así como todo lo relacionado con INTERNET, después que fueron transferidos todos los derechos operacionales a ETECSA.

 

La Universidad de las Ciencias Informáticas que estaba subordinada al precitado Ministerio, fue traspasada al Ministerio de Educación Superior.

 

Bibliografía a su disposición,  mediante dr.renelopez@yahoo.es y

https://referenciajuridica.wordpress.com

1.- Decreto-Ley No. 308,

2.- Decreto-Ley No. 204

3.- Decreto-Ley No. 303, Modificativo del Decreto-Ley No. 67

4.- Constitución de la República de Cuba

 

 

15.03.2013

SE EXTINGUE EL INSTITUTO DE AERONAUTICA CIVIL DE CUBA

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 296, de 1ro. de agosto del 2012, se extingue el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, como Organismo de la Administración Central del Estado, las funciones y atribuciones se transfieren al Ministerio del Transporte, el cual será el encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno relativa al transporte aéreo, la navegación aérea civil y sus servicios auxiliares y conexos, por lo que el precitado Ministerio ostenta y ejerce la Autoridad Aeronáutica en el ámbito nacional e internacional y sobre terceros públicos y privados.

Dentro de la estructura del Ministerio del Transporte, se continuara denominando Instituto de Aeronáutica Civil y en el termino de treinta días se propuso al Consejo de Ministros las funciones, atribuciones, estructura y plantilla de cargos, pendiente de estructurar.

La política de actualización del modelo económico aprobada como Lineamientos de la Política, Económico y Social de la Revolución Cubana, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, dispuso el perfeccionamiento de las estructuras y entidades, mediante un proceso paulatino para lograr la total independencia de funciones del estado, del gobierno, del sistema ministerial y del empresarial, ganando en eficiencia y eficacia, cumpliendo con lo establecido por el Decreto-Ley No. 252, Sobre la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano y su Reglamento, el Decreto No. 281.

El Ministerio del Transporte es continuador de las obligaciones y derechos del referido Instituto, se considera subrogado en lugar y grado a todos los efectos legales, tanto en lo nacional como en lo internacional, de manera especial en lo concerniente a los convenios, protocolos y acuerdos sobre la aeronáutica civil de los que la República de Cuba es parte, así como la integración del mismo en organismos y organizaciones internacionales, por lo que toda referencia funcional estatal del Instituto se entenderán referidas al Ministerio del Transporte.

El General de División Leonardo Andoyo, Segundo Jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, fundamentó la determinación del Decreto-Ley No. 296, en un depurado análisis del trabajo y resultados de la Oficina Central del Instituto, la Unidad de Apoyo y Entidades Menores, estas últimas aprobadas fuera de los límites estructurales dispuestos por el Consejo de Ministros, además del superestructurado sistema empresarial y otro adjunto encargado de operar las aeronaves, administrar los aeródromos, todo referente a un sistema de seguridad, regularidad y eficiencia. De conformidad con lo dispuesto por la desfasada en el tiempo y su acción procesal, Ley No. 77 Ley de la Inversión Extranjera de fecha 5 de septiembre de 1995, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba operaba tres empresas mixtas, una fuente sustancial para el autofinanciamiento del Instituto, en monedas libremente convertibles, aportando financiamientos a programas priorizados por el gobierno como uniformes escolares, aportes al sector de la salud, construcción de viviendas para programas sociales, subsidios a productos de primera necesidad, etc.

La Fiscalía General de la República, la Dirección de Técnicas de Investigaciones del Ministerio del Interior y posteriormente la Contraloría General de la República, ejecutaron indistintamente verificaciones fiscales, controles, comprobaciones y auditorias, con la presunciones de acciones delictivas contra el patrimonio estatal, arribando a conclusiones con los resultados de investigaciones e instrucción penal contra los principales ejecutivos y funcionarios del instituto y sus entidades subordinadas, así como de las entidades inversionistas extranjeras, los que fueron sancionados por corrupción administrativa y otros delitos conexos, al amparo de lo que establece el vigente Código Penal.

El General de División Rogelio Acevedo Gonzalez, fue designado Presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba mediante Acuerdo del Consejo de Estado, en el año 2006, fue liberado de sus funciones el 8 de marzo del 2010, no fue procesado penalmente por los delitos de corrupción y abuso en sus funciones de dirección, aún cuando pesaba contra él los principales fundamentos de las acciones delictivas, con serias afectaciones al estado cubano y sus obligaciones con terceros.

Los inversionistas chilenos Max y Marcell Marambio fueron sancionados a veinte y quince años de privación de libertad, en ausencia, los bienes, derechos y acciones fueron confiscados en el orden millonarios en efectivo y estructuras, el primero interpuso una demanda ante la Organización Mundial de Comercio, pendiente aún de resolver la litis contra el gobierno cubano, era hombre de toda confianza del Comandante en Jefe Fidel Castro, procedía de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y su origen data de las relaciones del exgobernante cubano con el expresidente chileno Salvador Allende, Max nunca estuvo vinculado al General de Ejercito Raúl Castro, por lo que se comentó que la sanción impuesta por los Tribunales respondía a la falta de compromisos entre ambos.

Vale recordar que en el año 2008 el Gobierno dispuso el llamado corralito económico a las cuentas y bienes de los inversionistas extranjeros radicados en el país, teniendo en cuenta la difícil situación financiera del gobierno, esa determinación influyo negativamente en la credibilidad de los compromisos del estado y del gobierno cubano con los inversionistas. En la actualidad se evalúan propuestas y criterios sobre la modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras donde se disponga la obligación del estado cubano con respecto a las inversiones en cuestión.

De lo anterior, se justifica la falta de recursos financieros y materiales que el Instituto ha confrontado, afectándose sustancialmente los servicios que presta, con los consiguientes incumplimientos pactados o históricamente asumidos, por lo que el 16 de febrero pasado fue publicada la nota que justifica la compra de seis nuevos aviones DAN-158 de fabricación ruso-ucraniano, con capacidad para 97 pasajeros para vuelos nacionales, con el especial pronunciamiento que tres de ellos deben comenzar a operar en abril próximo y el resto el próximo año, por lo que la crítica situación operacional se mantiene, se trabaja en la actualidad en un fuerte proceso inversionista en la Terminal No. 3 del Aeropuerto José Martí, así como en la pista de rodaje y plataforma del Aeropuerto de Santa Clara, lo que fue aprobado con prioridad atendiendo a la falta de financiamiento, por lo general todos los aeródromos cubanos presentan una situación crítica en lo referente a lo operacional y a las prestaciones de servicios en general al viajero. En el proceso de redimensionamiento del organismo se manifestó, el criterio de la Comunidad Aeronáutica Internacional favorable del alto nivel de perfeccionamiento de la seguridad aeronáutica cubana.

Al ejecutar estas modificaciones en el sistema de integración de los Organismos de la Administración Central del Estado, buscando eliminar estructuras centrales y a su vez dar una adecuada y funcional independencia a las entidades, especialmente en el Instituto de Aeronáutica Civil, se enfrentan con situaciones como los recursos humanos, ajustándose a lo dispuesto por las Resoluciones Nos. 35-2010 y 32-2010, ambas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo referente a la Disponibilidad Laboral y en consecuencia el Reglamento para el Trabajo por Cuenta Propia. Teniendo en cuenta que este Instituto requiere sostener además todo un esquema comercial en el exterior, no se ha aprobado estructuras organizativas.

El Ministerio del Transporte no cuenta con los recursos financieros ni materiales para afrontar la crisis del transporte en todas sus variantes, ómnibus territoriales y nacionales, el ferrocarril y el marítimo, ahora se le suma la aviación, se debe monitorear este tema que afecta sustancialmente a la ciudadanía. El Gobierno estará en la obligación de lograr alternativas económicas para superar esta crisis, con altas y bajas pero que se mantienen desde los años del denominado periodo especial, la población utiliza los servicios de autos de alquiler de propietarios vinculados al trabajo por cuenta propia.

Por el presente Decreto-Ley No. 256 se deroga el Decreto-Ley No. 85 que dispuso con fecha 12 de junio de 1985 la constitución del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, como Organismo de la Administración Central del Estado, es de destacar que el Presidente-fundador Luis Orlando Domínguez Muñiz, hombre de toda confianza de Fidel Castro, en el año 1987 fue separado del cargo y sancionado a veinte años de privación de libertad por delitos de corrupción administrativa, de esa fecha al presente fueron nombrado otros tres Presidentes, los que fueron liberados del cargo por falta de perspectivas y proyección en las funciones, el único que había logrado una estabilidad orgánica en el Instituto fue el General de División Acevedo, después de la separación del primer Presidente, el resto siempre han sido Generales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

08.03.2013

DISPOSICIONES SOBRE REGULACIONES CONTRACTUALES DEL SERVICIO TELEFONICO A SUJETOS

El Ministro de la Informática y las Comunicaciones, con fecha 21 de enero del 2013, emitió su Resolución Ministerial No. 12-2013, estableciendo el Procedimiento de ejecución y regulaciones del control financiero,  para la concesión del Contrato de Prestación de Servicio Telefónico Básico a los Trabajadores por Cuenta-Propia en Locales Arrendados por Entidades Estatales, para lo cual pone en vigencia las proformas de los precitados contratos.

Para estas concesiones de servicio se aplican las tarifas establecidas para el sector residencial,

Lo anterior prueba la determinación del gobierno de continuar estableciendo los procedimientos para la economía emergente al sistema unipolar que existió hasta la promulgación de la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, disponiendo la Reglamentación del Trabajo por Cuenta-Propia, en esta oportunidad con un espacio propio y presto a expandirse.

Entre las trabas que afectan el desarrollo de la economía alterna, se encuentra además la demora en proporcionar a los sujetos involucrados,  el comercio al por mayor, el que vendría a aligerar las actuales estructuras del mercado en divisas y erradicar violaciones de compra-venta ilegal de productos, muchas veces al extremo de atentar contra la salud de los consumidores, pues se desconocen las fórmulas para el reenvase de los precitados productos, con una libre apertura a acciones delictivas, desde hace algún tiempo es un llamado y un reclamo a las autoridades gubernamentales.

A su disposición, la Resolución invocada, con sus anexos, la que puede ser solicitada mediante dr.reneloepz@yahoo.es y https://referenciajuridica.wordpress.com

04.03.2012

NUEVAS REGULACIONES MONETARIAS PARA TRANSACCIONES COMERCIALES

El gobierno cubano está redefiniendo su política monetaria en virtud de las nuevas tendencias establecidas por los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, a fin de lograr un mayor movimiento en sus activos y estimular la deprimida economía nacional, entre ellas las pocas inversiones extranjeras que continúan en el país.

El Presidente del Banco Central de Cuba, mediante su Resolución No. 131-2012, de 28  de diciembre del 2012, dispuso dejar sin efecto el Apartado Decimo de la Resolución No. 65-23, de 23 de julio del 2003, que estableció el uso del peso convertible (CUC) como único medio de pago para denominar y ejecutar las transacciones que hasta ese momento se realizaban entre entidades cubanas en dólares estadounidenses (USD) y otras monedas extranjeras, disponiendo con  fin de contribuir al equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda extranjera, se le aplicándole  un recargo a la compra de la precitada moneda.

A  su disposición, en el Centro de Referencia Legislativa- Consultoría Jurídica de servicios a necesitados,  mediante dr.renelopez@yahoo.es y https://referenciajuridica.wordpress.com las dos resoluciones invocadas, ambas emitidas por el Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba.

 

 

 

04.03.2012

 

 

El gobierno cubano vinculado al terrorismo de estado

El Departamento de Estado del  Gobierno de Estados Unidos circulo el Informe sobre países vinculados a prácticas terroristas,  por trigésimo año consecutivo, desde el año 1982,  el Gobierno de Cuba conforma, según el documento, el indicativo que lo relaciona con el terrorismo de estado.

El informe  en cuestión vincula al gobierno cubano de brindar solidaridad y apoyo a gobiernos como  el de Siria, Corea del Norte, Iraq y en su momento Libia, prueba de ello es que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, desde que accedió al cargo  en febrero del  2008, ha recibido  a enviados especiales de esos gobiernos terroristas con fines no justificados  ante  la opinión pública internacional, sin  representar ganancia alguna para el desarrollo económico y social del país.

Uno de los hechos más significativos del Informe es  el apoyo que Cuba brinda a ciudadanos norteamericanos con graves antecedentes criminales y  mantienen causas radicadas en las cortes estadounidenses,   ejemplo de ello es Joanne Chesimard, la más connotada fugitiva residente en Cuba,   también los señores Victor Manuel Gerena,  Charlie Hill y Michael Finney, entre otros  conforman una lista de casi ochenta delincuentes y criminales que son buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de origen estadounidense, cubanos, colombianos, dominicanos, italianos, y de origen desconocido.

En los últimos tiempos, aparte de los vínculos con el terrorismo, otros ciudadanos norteamericanos, cubanos-norteamericanos cubanos con residencia o sin este estatus migratorio,  reciben autorización y apoyo de las autoridades cubanas,  después de haber gestado grandes robos y estafas a entidades oficiales, gerenciales y de propiedad personal en territorio de Estados Unidos, para radicarse en la Isla,  antes con una licencia discrecional, ahora legalmente, al amparo de lo que dispone el Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, prueba de ello es la investigación que realiza el Departamento del Tesoro y  que vincula estos sujetos  a  millonarios depósitos y trasferencias  a Bancos que conforman el Sistema Bancario Cubano,  violando lo dispuesto por el Presidente del Banco Central de Cuba, mediante su Resolución No. 17-2012, de fecha 1ero. de marzo del 2012.

De las investigaciones practicadas por el Departamento del Tesoro y el Grupo Especial de Acción Financiera, (ALD/CFT) resulto que las entidades bancarias cubanas tienen serias deficiencias procesales en sus  controles de activos depositados, el gobierno cubano se niega a participar de conjunto con entidades  estadounidenses, tampoco se compromete a responder formulaciones para no llamarla investigaciones entandares. Las Direcciones de Investigaciones de lo Criminal del Ministerio del Interior de Cuba se apartan de verificar e investigar el alto nivel de vida de extranjeros, norteamericanos y cubanos con diferentes categorías migratorias repatriados de Estados Unidos, que por lo anterior se deciden  a  residir definitivamente en el país.

La legislación vigente, Ley No. 62, Código Penal de fecha 29 de diciembre de 1987, modificado y actualizado,  tipifica delitos sujetos a severas sanciones para su aplicación,  a toda luz las autoridades cubanas enmascaran estas conductas criminales para no encausar a los delincuentes internacionales, porque utilizan no solo territorios de Estados Unidos y Cuba, sino a su vez, de América, el Caribe y de otros continentes.

No hay ningún procedimiento concertado entre ambas partes  para lograr investigaciones que permitan acceder a los elementos probatorios para incriminar a los responsables, mucho menos recursos de deportaciones y otras figuras jurídicas que permitan que las cortes estadounidenses puedan aplicar la ley quebrantada.

Desde la década del 60, el gobierno revolucionario cubano brindó apoyo logístico, financiero, de asesoría e integración militar a los movimientos revolucionarios en América Latina, el Caribe y otras latitudes, estos movimientos o grupos dentro de su marcada agresividad tenían tendencia al terrorismo, como los ETA, IRA,  los Macheteros, puertorriqueños,  narcos-guerrilleros  de Colombia,  remanentes de esta nefasta política  se mantienen residiendo permanentemente en Cuba, con identidad falsa y con el estricto control del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,

Ejemplo de estos terroristas residentes en Cuba es el caso del Sr. José Ignacio Echarte, fugitivo de la ley española, vinculo a la ETA,   y se presume que por sus vínculos  con el gobierno cubano, se relaciono directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo extremadamente terrorista, eso justifica en parte, el manifiesto intereses del gobierno cubano en monitorear el actual proceso de negociaciones entre esa fracción de tendencia terrorista y el gobierno colombiano.

Desde los últimos años  de la década del 90, el gobierno cubano trato de distanciarse públicamente de algunos vínculos con grupos terroristas, ejemplo de ello fue que  tres  miembros de la ETA que residen en Cuba,  trataron de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y fueron detenidos en Venezuela, posteriormente entregados a las autoridades cubanas, los motivos por los cuales   el gobierno cubano los mantiene como rehenes y no les ofrece autorización de salida del país no está definido. Para los extranjeros residentes en Cuba, se mantiene vigente la Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, la que se ejecuta en virtud de la legislación complementaria que establece la Dirección de Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior, y que no se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cumpliendo sentencias a cinco espías cubanos que actuaban ilegalmente en ese país, el gobierno cubano ha reiterado su disposición de un canje humanitario de los cinco espías con el ciudadano  norteamericano  Alan Gross, sentenciado en Cuba por atentar contra los poderes del estado, el gobierno del General-Presidente  nunca ha propuesto  a los sujetos que residen bajo su autorización y amparo en el país  y que son reclamados por la justicia estadounidense como parte del referido canje,  cabe la interrogante, hasta donde llega el compromiso concertado con estos delincuentes y cuál fue el acuerdo de estos con el Comandante en jefe Fidel Castro­­, aunque muy puntualmente el General-Presidente ha asumido conductas que posibilitan la entrega de prófugos a la justicia estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos a su vez,  no se ha pronunciado por un canje entre los cinco espías cubanos y estos delincuentes criminales, han sido infructuosas los reclamos a las autoridades cubanas sobre la entrega de estos prófugos, extremo que tampoco  resulto positivo  al ser interpuesta una solicitud de la  gobernadora de New Jersey al Santo Padre Juan Pablo II, para que gestionara durante su visita a Cuba el retorno de la fugitiva Chesimard,  las autoridades de ese estado norteamericano elevaron la suma de la recompensa por la su entrega de 150 mil a un millón de USD, fiel prueba de la lucha contra el terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba ha demandado reiteradamente  al gobierno de Estados Unidos se abstenga de continuar relacionado a Cuba con las practicas del terrorismo.

Es hora que ambos gobiernos intercambien fórmulas  de entendimiento para asuntos de interés mutuos o particulares, sin una agenda predeterminada con temas  desgastados en estos cincuenta y tantos años de férrea lucha de poderes.  El General de Ejercito Raúl Castro manifestó como ultimo de su mandato presidencial el  periodo legislativo 2013-2018, que no fue elegido en el 2008 para entregar al capitalismo las conquistas de la Revolución,  pero debe interpretar de lo anterior, dejar libre el camino de las relaciones pueblo a pueblo, el Presidente Barac Obama ha manifestado reiteradamente su mayor interés en lograr un total y definitivo acercamiento de ambos pueblos. SOLO FALTA ABRIR LOS OJOS A LA ESPERANZA Y A LA FELICIDAD, recordar siempre las palabras de nuestro querido Papa Juan Pablo II, QUE CUBA SE ABRA AL MUNDO, COMO EL MUNDO SE ABRA A CUBA.

 

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION

–         Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, de 20 de septiembre de 1976.

–         Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, Ley de Extranjería

–         Ley No. 62, Código Penal

–         Constitución de la República de Cuba

04.03.2013