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Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Cuba en relación con el Terrorismo de Estado

El Periódico Granma, Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba publico con fecha 1ro. de mayo del 2014, la Declaración del Ministerio de Relaciones exteriores en relación a la publicación correspondiente al año 2013, del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América que vincula al gobierno cubano al Patrocinio del Terrorismo, por trigésima segunda oportunidad.

 

En el texto hace referencia a la declaración que el gobierno cubano nunca se ha vinculado a la práctica del terrorismo, impugnándole al de Estados Unidos su participación directa en más de cincuenta años de atentar contra la integridad del gobierno y pueblo cubanos, exponiendo como prueba documental la información relativa a estas agresiones que fueron refrendadas por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, en un proceso seguido en estado de ausencia-rebeldía contra el Gobierno de Estados Unidos, como resultado de la demanda interpuesta por Organizaciones Revolucionarias no gubernamentales y la población afectada, las sentencias cobraron firmeza, con el saldo financiero por concepto de indemnizaciones, daños y perjuicios causados.

 

La parte cubana viene denunciando reiteradamente a escala internacional este tema, como parte de la estrategia para lograr ser excluida del listado, con este pretexto el Consejo de Estado de la República de Cuba estableció mediante su Decreto-Ley No. 317, de 7 de diciembre del 2013, De la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos. El Consejo de Ministros dispuso su Decreto No. 322, de 30 de diciembre del 2013, referente a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, Sus funciones y Estructura, publicadas ambas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 44. El Ministro del Interior regulo mediante su Resolución No. 1 de 17 de enero del 2014 la responsabilidad de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria en el control de la participación y responsabilidad del Ministerio del Interior en la prevención y detección de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas y movimiento de capitales ilícitos. El Banco Central de Cuba se subordina a la Policía Nacional Revolucionaria virtud de lo que establece el Decreto-Ley No. 317. Estructurando la cooperación de este órgano con INTERPOL, con un sistema de información que le permita al gobierno mantearse actualizado sobre el particular. La Fiscala General de la República y el Tribunal Supremo Popular informan al gobierno sobre la ejecutoria de la legislación vigente sobre el asunto en cuestión. Sería muy provechoso para ambas partes (cubanos-norteamericanos) se creara un canal de consultas y colaboración de la práctica jurídica para el tema lucha contra el terrorismo y procedimientos judiciales, tal y como sucede con otros temas puntuales como el Migratorio, Correo Postal, Asistencia Bilateral de Guarda-Costas EEUU y Guarda-Fronteras Cuba, Servicio de Salvamento Marítimo, Asistencia ante accidentes de hidrocarburos (petróleo), etc. Incorporar este tema positivamente además en las Conversaciones Migratoria donde se tratan asuntos de interés mutuo, teniendo en cuenta la ruptura de vínculos diplomáticos.

 

El tema espionaje es tomado por ambas partes, lo más significativo ha sido la denuncia cubana contra la parte estadounidense referente al proyecto Zunzuneo que data de años atrás, extremo significativo que se vinculo al cumplimiento de la sanción impuesta contra el ciudadano norteamericano Sr. Alan Gross, el que se declaro en huelga de hambre ante el temor de ser resentenciado, ambos gobiernos se pronunciaron según sus razones, el Sr. Gross afortunadamente interrumpió la huelga y la parte cubana reitero la formulación del intercambio humanitario de prisioneros a favor del norteamericano que alcance a los tres cubanos que cumplen sanciones por delitos de espionaje, única oportunidad con la que cuenta para lograr la liberación de estos, fallando todos los reclamos judiciales y de solidaridad política por parte de instituciones oficiales y familiares, los otros dos cubanos se encuentran residiendo en Cuba al haber extinguido la sanción impuesta. El gobierno de Estados Unidos está estudiando una solución ciudadana para lograr la excarcelación del Sr. Gross, el que por su parte fue visitado por su abogado norteamericano y este sostuvo un encuentro con el Canciller cubano.

 

La Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana sanciono a treinta y quince años de privación de libertad respectivamente, por delito de espionaje a Miguel Álvarez, y su esposa Mercedes Arce-Rodríguez, experimentados ex Analistas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, desde los cargos de ex Asesor del ex Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Catedrática-Investigadora en Asuntos Económicos, Políticos y Sociales, pasaron información sensible al exterior, sin que se pueda conocer del sumario procesal de la Causa Penal, el origen, alcance y participación extranjera en las acciones, teniendo en cuenta que la sentencia ha sido clasificada como Secreto, se desconoce el letrado que asumió la defensa de ambos procesados, las pruebas que presentaron los procesados, las que presento la Dirección de Seguridad del Estado y otras instituciones de investigaciones criminales y especiales del Ministerio del Interior, en no menos de dos años de trabajos de investigaciones, los testigos de las partes, otros ciudadanos vinculados a la causa, si el ex Presidente del Legislativo tuvo incidencias, aunque fue sustituido de los cargo, se mantiene haciendo vida social y publica de apoyo al gobierno. Ninguna organización internacional se pronuncio o reclamo su vinculación con el hecho ni con los sancionados, elemento que indica que el sumario de las investigaciones no ha concluido y que el gobierno cubano puede utilizar en el momento propicio contra terceras personas o gobiernos involucrados.

 

En el sistema penitenciario cubano cumplen severas sanciones impuestas por Tribunales varios cubanos por la comisión de delitos de espionaje y otros conexos vinculados a este, sin que exista un reclamo internacional sobre ellos. Por la causal de espionaje en reiteradas ocasiones estos sancionados son excluidos de las Listas de Presos Políticos que emiten las organizaciones no gubernamentales (de oposición) demandando respaldo y apoyo.

 

Teniendo en cuenta las publicaciones de este Analista en relación en el tema Terrorismo de Estado, adjuntamos Algunas consideraciones, la información publicada en el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com referente Terrorismo de Estado I y Terrorismo de Estado II, con total vigencia, recomendando su relectura.

 

A su consideración, Bibliografía, Asesoría y Consultoría mediante dr.renelopez@yahoo.es dr.renelazaro@gmail.com y el Blog https://referenciajuridica.wordpress.com

01-05-2014

Terrorismo de Estado (I)

El Departamento de Estado del  Gobierno de Estados Unidos circulo el Informe sobre países vinculados a prácticas terroristas,  por trigésimo año consecutivo, desde el año 1982,  el Gobierno de Cuba conforma, según el documento, el indicativo que lo relaciona con el terrorismo de estado.

El informe  en cuestión vincula al gobierno cubano de brindar solidaridad y apoyo a gobiernos como  el de Siria, Corea del Norte, Iraq y en su momento Libia, prueba de ello es que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, desde que accedió al cargo  en febrero del  2008, ha recibido  a enviados especiales de esos gobiernos terroristas con fines no justificados  ante  la opinión pública internacional, sin  representar ganancia alguna para el desarrollo económico y social del país.

Uno de los hechos más significativos del Informe es  el apoyo que Cuba brinda a ciudadanos norteamericanos con graves antecedentes criminales y  mantienen causas radicadas en las cortes estadounidenses,   ejemplo de ello es Joanne Chesimard, la más connotada fugitiva residente en Cuba,   también los señores Victor Manuel Gerena,  Charlie Hill y Michael Finney, entre otros  conforman una lista de casi ochenta delincuentes y criminales que son buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de origen estadounidense, cubanos, colombianos, dominicanos, italianos, y de origen desconocido.

En los últimos tiempos, aparte de los vínculos con el terrorismo, otros ciudadanos norteamericanos, cubanos-norteamericanos cubanos con residencia o sin este estatus migratorio, reciben autorización y apoyo de las autoridades cubanas,  después de haber gestado grandes robos y estafas a entidades oficiales, gerenciales y de propiedad personal en territorio de Estados Unidos, para radicarse en la Isla,  antes con una licencia discrecional, ahora legalmente, al amparo de lo que dispone el Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976, prueba de ello es la investigación que realiza el Departamento del Tesoro y  que vincula estos sujetos  a  millonarios depósitos y trasferencias  a Bancos que conforman el Sistema Bancario Cubano,  violando lo dispuesto por el Presidente del Banco Central de Cuba, mediante su Resolución No. 17-2012, de fecha 1ero. de marzo del 2012.

De las investigaciones practicadas por el Departamento del Tesoro y el Grupo Especial de Acción Financiera, (ALD/CFT) resulto que las entidades bancarias cubanas tienen serias deficiencias procesales en sus  controles de activos depositados, el gobierno cubano se niega a participar de conjunto con entidades  estadounidenses, tampoco se compromete a responder formulaciones para no llamarla investigaciones entandares. Las Direcciones de Investigaciones de lo Criminal del Ministerio del Interior de Cuba se apartan de verificar e investigar el alto nivel de vida de extranjeros, norteamericanos y cubanos con diferentes categorías migratorias repatriados de Estados Unidos, que por lo anterior se deciden  a  residir definitivamente en el país.

La legislación vigente, Ley No. 62, Código Penal de fecha 29 de diciembre de 1987, modificado y actualizado,  tipifica delitos sujetos a severas sanciones para su aplicación,  a toda luz las autoridades cubanas enmascaran estas conductas criminales para no encausar a los delincuentes internacionales, porque utilizan no solo territorios de Estados Unidos y Cuba, sino a su vez, de América, el Caribe y de otros continentes.

No hay ningún procedimiento concertado entre ambas partes  para lograr investigaciones que permitan acceder a los elementos probatorios para incriminar a los responsables, mucho menos recursos de deportaciones y otras figuras jurídicas que permitan que las cortes estadounidenses puedan aplicar la ley quebrantada.

Desde la década del 60, el gobierno revolucionario cubano brindó apoyo logístico, financiero, de asesoría e integración militar a los movimientos revolucionarios en América Latina, el Caribe y otras latitudes, estos movimientos o grupos dentro de su marcada agresividad tenían tendencia al terrorismo, como los ETA, IRA,  los Macheteros, puertorriqueños,  narcos-guerrilleros  de Colombia,  remanentes de esta nefasta política  se mantienen residiendo permanentemente en Cuba, con identidad falsa y con el estricto control del Comité Central del Partido Comunista de Cuba,

Ejemplo de estos terroristas residentes en Cuba es el caso del Sr. José Ignacio Echarte, fugitivo de la ley española, vinculo a la ETA,   y se presume que por sus vínculos  con el gobierno cubano, se relaciono directamente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo extremadamente terrorista, eso justifica en parte, el manifiesto intereses del gobierno cubano en monitorear el actual proceso de negociaciones entre esa fracción de tendencia terrorista y el gobierno colombiano.

Desde los últimos años  de la década del 90, el gobierno cubano trato de distanciarse públicamente de algunos vínculos con grupos terroristas, ejemplo de ello fue que  tres  miembros de la ETA que residen en Cuba,  trataron de emigrar ilegalmente a Estados Unidos y fueron detenidos en Venezuela, posteriormente entregados a las autoridades cubanas, los motivos por los cuales   el gobierno cubano los mantiene como rehenes y no les ofrece autorización de salida del país no está definido. Para los extranjeros residentes en Cuba, se mantiene vigente la Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, la que se ejecuta en virtud de la legislación complementaria que establece la Dirección de Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior, y que no se publica en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

El gobierno de Estados Unidos mantiene cumpliendo sentencias a cinco espías cubanos que actuaban ilegalmente en ese país, el gobierno cubano ha reiterado su disposición de un canje humanitario de los cinco espías con el ciudadano  norteamericano  Alan Gross, sentenciado en Cuba por atentar contra los poderes del estado, el gobierno del General-Presidente  nunca ha propuesto  a los sujetos que residen bajo su autorización y amparo en el país  y que son reclamados por la justicia estadounidense como parte del referido canje,  cabe la interrogante, hasta donde llega el compromiso concertado con estos delincuentes y cuál fue el acuerdo de estos con el Comandante en jefe Fidel Castro­­, aunque muy puntualmente el General-Presidente ha asumido conductas que posibilitan la entrega de prófugos a la justicia estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos a su vez,  no se ha pronunciado por un canje entre los cinco espías cubanos y estos delincuentes criminales, han sido infructuosas los reclamos a las autoridades cubanas sobre la entrega de estos prófugos, extremo que tampoco  resulto positivo  al ser interpuesta una solicitud de la  gobernadora de New Jersey al Santo Padre Juan Pablo II, para que gestionara durante su visita a Cuba el retorno de la fugitiva Chesimard,  las autoridades de ese estado norteamericano elevaron la suma de la recompensa por la su entrega de 150 mil a un millón de USD, fiel prueba de la lucha contra el terrorismo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba ha demandado reiteradamente  al gobierno de Estados Unidos se abstenga de continuar relacionado a Cuba con las practicas del terrorismo.

Es hora que ambos gobiernos intercambien fórmulas  de entendimiento para asuntos de interés mutuos o particulares, sin una agenda predeterminada con temas  desgastados en estos cincuenta y tantos años de férrea lucha de poderes.  El General de Ejercito Raúl Castro manifestó como ultimo de su mandato presidencial el  periodo legislativo 2013-2018, que no fue elegido en el 2008 para entregar al capitalismo las conquistas de la Revolución,  pero debe interpretar de lo anterior, dejar libre el camino de las relaciones pueblo a pueblo, el Presidente Barac Obama ha manifestado reiteradamente su mayor interés en lograr un total y definitivo acercamiento de ambos pueblos. SOLO FALTA ABRIR LOS OJOS A LA ESPERANZA Y A LA FELICIDAD, recordar siempre las palabras de nuestro querido Papa Juan Pablo II, QUE CUBA SE ABRA AL MUNDO, COMO EL MUNDO SE ABRA A CUBA.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION

–         Decreto-Ley No. 302, Modificativo de la Ley No. 1312, de 20 de septiembre de 1976.

–         Ley No. 1313, de 20 de septiembre de 1976, Ley de Extranjería

–         Ley No. 62, Código Penal

–         Constitución de la República de Cuba

04.03.2013

Terrorismo de Estado (II)

El gobierno cubano mediante una declaración de fecha 30 de mayo del 2013 de su Ministerio de Relaciones Exteriores protestó por la inclusión reiterada desde la década del 80 en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo Internacional, en su conclusión hace referencia a la pretensión del Gobierno de Estados Unidos de continuar promoviendo la contradictoria Lista al ejecutar el embargo económico que afecta sustancialmente la economía del país y en especial a la población civil, extremo que es repudiado por la comunidad internacional, con una marcada y significada mancha en atentar contra los principios del pueblo y gobierno cubanos.
La lista en cuestión reitera elementos probatorios contra la parte cubana consistentes en el apoyo injustificado pero consistente y reiterado a los gobiernos tiránicos de Siria, Corea del Norte, Irán y Sudán, y otros, continúa manteniendo el apoyo a miembros de grupos terroristas como los Macheteros, IRA y ETA, aunque en la práctica se ha tratado de deslindar de sus compromisos históricos, apoyo logístico, financiero y político a miembros de los Narcos-Guerrilleros colombianos, devenido en copatrocinador de un Dialogo Gobierno-Guerrilla con perspectivas de avance. Asunto de extrema gravedad es el apoyo que brinda desde la década del 70 a prófugos por graves delitos criminales de la justicia norteamericana, todos ellos pactados en su momento por el Comandante en Jefe Fidel Castro, y en los últimos tiempos no colaborar con investigaciones de elementos que prueban el desvió al sistema bancario cubano de millonarias cuentas que provienen de estafas.
Inicialmente el Sr. Jonh Kerry, Secretario de Estado se había pronunciado por la posibilidad funcional de eliminar al gobierno cubano de la lista, finalmente, aún con cambios y modificaciones en la situación actual del gobierno del General-Presidente Raúl Castro, persisten elementos de peso que finalmente determinaron la permanencia en el cuestionado documento, fundamentos de destacados hombres de la política norteamericana, pudiera en el futuro modificar la política hacia Cuba del gobierno del Presidente Barck Obama, “ pero los fundamentos tienen que ser consistentes y justificados y no se ve claro el cambio de este rumbo”.
El autor- del presente análisis hizo referencia al tema en su artículo ´´El Gobierno Cubano vinculado al terrorismo de estado” publicado con fecha 4 de marzo del 2013 en su Blog Referencia Jurídica – Abogado Independiente https://referenciajuridica.wordpress.com.

El Banco Central del Estado dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013 y publicada en la Gaceta Oficial de la República en edición ordinaria No. 29 de 7 de junio del 2013, un texto tan importante, con repercusión nacional e internacional, y con una demora injustificada en su publicación, “Las normas generales para la detención y prevención de operaciones en el enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y del movimiento de capitales ilícitos” con el fundamento de evitar el uso indebido de los servicios bancarios cubanos, aunque en la práctica los elementos procesales de la normativa pudieran ampliarse en la colaboración bilateral con gobiernos interesados en esclarecer presuntas operaciones criminales. Ver http://gacetaoficial.cu
La aprobación de la precitada Resolución Bancaria es traída a colación como resultado de los Informes y las Listas de Países Patrocinadores del Terrorismo de Estado, Cuba ha dado muestra de acceder a restringir, aunque sea teóricamente a los servicios bancarios de capital de dudosa o probada procedencia ilegal, pudiera dar pruebas de elemento de rectificación en una conducta unilateral, vinculándose al menos a las Normativas de la Organización de Naciones Unidas, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y demás entidades regionales e internacionales, así como la colaboración bilateral o multilateral en el tema. Existen elementos probatorios en informaciones promovidas por el Departamento del Tesoro y del Grupo Especial de Acciones Financieras (ALD/CFT).
La determinación del gobierno cubano de repatriar en el menor término posible a dos menores que habían sido secuestrados por sus padres y trasladados a Cuba, así como la entrega a las autoridades de los dos responsables del hecho en cuestión, en el marco de un exitoso entendimiento entre ambos gobiernos. Ver análisis sobre el tema publicado con fecha 9 de abril del 2013 con el título “Cuba responde a pedido del Gobierno de Estados Unidos en relación con el secuestro de menores norteamericanos” en el Blog Referencia Legislativa-Abogados Independientes, http://referencialegislatica.wordpress.com
Estos temas pudieran quedar resueltos dentro del marco del mejor entendimiento, en los últimos días la Sra. Josefina Vidal, Directora de América del Norte de la Cancillería Cubana realizó una visita para conversar con altos funcionarios del Departamento de Estado, logrando “algunos acuerdos y consideraciones” el más significativo fue la determinación el gobierno de Cuba de acceder a la verificación de los resultados de investigaciones clínicas realizadas al Sr. Alan Gross. Al menos, la reapertura de las Conversaciones Migratorias pudieran ser sin lugar a dudas el comienzo de las tantas veces propuestas del General de Ejercito Raúl Castro de sostener intercambios bilaterales, aunque para esto se necesita despejar el camino de agendas con temas que solo vendrían a entorpecer las nuevas intenciones.

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Establece el Consejo de Estado modificaciones a la Ley Penal y Ley de Procedimiento Penal

Dr. René López Benítez

 

El Consejo de Estado mediante el Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo del 2013, “Modificativo del Código Penal y de la Ley de Procedimiento Penal, dispuso  que el Consejo de Ministros establecerá  el procedimiento para su cumplimiento en lo concerniente a determinar sobre  comercialización de los bienes decomisados o confiscados en procesos penales abonando al Presupuesto del Estado el resultado de la operación financiera.

 

 El precitado Decreto-Ley No. 310 entrará en vigor el 1ro. de octubre, con los fundamentos modificados,  quedando pendiente aun  la promulgación de las normas complementarias a cargo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior, cada cual en el marco de su competencia en lo referente a la ejecutoria.

 

El Consejo de Gobierno del  Tribunal Supremo Popular adoptó con fecha 9 de octubre del 2012 el Acuerdo No. 309, actualizando la Instrucción No. 201, refiriendo al Taller sobre Técnicas de  Derecho Penal en Cuba, el gobierno reconoció  la existencia de 55mil sancionados  internados  en instalaciones de  Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior, la Sociedad Civil Independiente (Opositora al Gobierno) denuncio  la existencia de más de 80mil, a toda luz se requiere un procedimiento para agilizar  ambas cifras para alcanzar estándares internacionales de población penal en comparación  con la  población nacional. Independientemente de ello los niveles de vida en prisiones y otros centros penitenciarios son atentatorios a los derechos para penados.

 

En el recién concluido Segundo Período de Sesiones de la 8va. Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno esbozó un alto nivel de indisciplinas sociales que atentan sustancialmente contra la sociedad y el progreso desmedido de acciones delictivas, en menos de veinte años la población cubana ha retrocedido en un desnivel entre educación y cultura, la falta de valores a cargo de la familia  y que la escuela viene  a profundizar en conocimientos técnicos-profesionales en favor de la sociedad,  es el resultado de la pérdida de valores humanos y divinos que caracterizó la idiosincrasia del cubano, llamó a emprender proyectos para recuperar lo perdido.

 

Sin enmarcarlo dentro de una despenalización, con independencia de lo anterior, el Consejo de Estado dispuso la modificación de la Ley Penal, en lo referente a:

 

a)     Apartado 3 del artículo 8

b)    Inciso b) apartado 3 del artículo 43

c)     Se adiciona al artículo 47, un apartado que será el 4

d)    Apartado 3 del  artículo 56

e)    Apartado 1 del artículo 87

f)      Disposición Especial

g)     Se derogan los incisos b) y c) del artículo 71.

 

Referente a lo modificado  en aquellos delitos dispone en  que el límite máximo no exceda de tres años de privación de libertad o multa de hasta mil cuotas o ambas, la autoridad facultada para remitir el conocimiento al Tribunal, está facultada para imponer al infractor una multa administrativa siempre que la comisión del delito sea de escasa peligrosidad social, las características del infractor y las consecuencias del delito, requiriendo la aprobación del Fiscal. En los casos en que el Tribunal considere que la sanción mínima  prevista resulta excesiva, puede adecuar excepcionalmente la sanción dentro del marco actual. Aplicar la sanción conjunta a los sancionados que  se hallen extinguiendo dos o más sanciones, para lo cual el Tribunal Provincial del territorio donde se encuentre cumpliendo, reclamará los antecedentes de las causas y procederá. Los sancionados que repentinamente sufran enajenación mental, se decretará su internamiento en un hospital psiquiátrico que determine el Tribunal Provincial, quedando expedita la determinación final  de conformidad con lo que establece la Ley de Procedimiento Penal.   Establecer un procedimiento  referente al comiso de los bienes,  de la forma que establece el  Decreto No. 313.

 

Referente a  la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal:

 

a)     Se modifican los Artículos 7, 8 y 9, 378, 382 y 384, 416, 492 y 495

 

 

 

 

 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión ordinaria celebrada el 15 de junio del 2011, dispuso la aprobación de la Instrucción No. 211, poniendo en vigor la Guía metodológica para la realización del juicio oral en el procedimiento ordinario, con aplicación de la supletoria para el resto de los procedimientos especiales previstos por la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, esta norma carece de la  divulgación y conocimiento de los tribunales, así como para los letrados representantes de los procesados.

 

De esta modificación penal, llama la atención el nivel de determinación de los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria para dar traslado al Fiscal actuante, se requiere de un control para evitar hechos de corrupción. El procedimiento de quejas de la población por violación de procedimientos de orden interior por parte de la Policía Nacional revolucionario, de los Órganos de la Seguridad del Estado y otras instituciones afines no cumplen con los objetivos previstos.

 

El  Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 313, de 18 de junio del  2013, “Sobre el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos” regulando puntualmente.

 

De acuerdo a la norma, con la naturaleza de los bienes ocupados, el Banco Central de Cuba y los Organismos de la Administración Central del Estado, constituidos como autoridad facultada. Estos organismos dispondrán “el destino final de los bienes depositados” así como determinar cuál de sus organizaciones subordinadas se constituyen en entidades  depositarias de los bienes. El procedimiento dispuesto se ajusta a bienes muebles.  

 

En el presente procedimiento el Ministerio de Finanzas y Precios tiene un peso determinante, teniendo en cuenta que se vincula directamente al Presupuesto del Estado. El Estado y el Gobierno ha proveído a ese Ministerio de amplias facultades para el control de las finanzas de la nación, extremo nunca ante reconocido y resuelto para el desenvolvimiento de sus facultades. En las Reuniones Ampliadas del Consejo de Ministros, el General-Presidente le otorga a la Ministra un papel determinante en la política del estado y del gobierno dentro del marco de su desempeño.

 

Otras facultades por Organismos:

 

a)     El Banco Central de Cuba, Resolución No. 71-2013, de 15 de julio  del 2013, “Actualización de la legislación bancaria para depósitos de valores y bienes  en custodia y administración”.  Dinero en efectivo, títulos-valores, instrumentos de créditos y otros documentos representativos de valor, oro, plata u otros metales preciosos, amonedados o no, o cualquier bien confeccionado con metales preciosos, piedras preciosas, así como prendas, joyas, alhajas u objetos confeccionados con piedras y metales preciosos o con alguno de estos materiales solamente.

 

b)    El Ministerio de Finanzas y Precios, Resolución No. 283-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento contable, de precios y financiamiento de los bienes  ocupados en procesos penales o confiscatorios administrativos”. (1) Destino e ingreso al Presupuesto del Estado, (2) Tratamiento Financiero, De la planificación de los gastos anuales por el depósito, almacenaje, custodia, mantenimiento y tasación de los bienes ocupados. Registro y Procedimiento Contable. (3) Formación de Precios. (4)  Indemnización financiera. (5) Control Interno.

 

c)     El Ministerio del interior, pendiente de disponer su complementaria, la que se fundamenta en armamento, explosivos, medios de iniciación y pirotécnicos, drogas ilícitas, cajas de seguridad, alarmas y similares, así como medios tecnológicos de interés para la Seguridad del estado y el orden Interior.

 

d)    Ministerio de Energía y Minas, Resolución No. 202-2013, de 19 de julio del 2013, “Procedimiento en relación con el depósito, conservación y destino de los bienes muebles que se ocupen en procesos penales o confiscatorios administrativos”.  Plantas eléctricas de emergencia, cilindros de gas licuado,  de petróleo, combustibles y lubricantes, cables eléctricos de alta tensión y angulares de torres de transmisión eléctrica.

 

e)    Ministerio de Comunicaciones, Resolución No. 252-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la recepción, conservación, entrega, comercialización y destrucción de bienes en depósito que controla la Agencia de Control y Supervisión”.  Equipos y medios de cómputo, de comunicaciones y sus accesorios.

 

f)      Ministerio de Cultura. Resolución No. 60-2013, de 15 de julio del 2013, “Reglamento para el depósito, la custodia, conservación y destino final de los bienes culturales, muebles con valor patrimonial y museable y de otros bienes muebles de interés cultural para la nación, decomisados o confiscados en procesos penales o confiscatorios administrativos”.  Bienes culturales y otras de arte de valor patrimonial o museable u otros bienes de interés cultural para la nación.

 

g)     Ministerio de Salud Pública, Resolución No. 405-2013, de 15 de julio del 2013,  “Procedimiento para la recepción, control sanitario, conservación, entrega, comercialización y destino final de los bienes en depósito en el Ministerio de Salud Pública, y regulaciones higiénico-sanitarias a aplicar con los bienes que se van a depositar que no sean para el consumo humano”.  Medicamentos, productos y sustancias para la salud.

 

h)    Ministerio de Industrias, Resolución No. 57-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la ejecución del Decreto-Ley No. 313, designación de entidades subordinadas como depositarias y comercializadoras de bienes sujetos a procesos penales y confiscatorios administrativos”.  Vehículos de motor, remolques y semirremolques, cuñas, partes,  piezas,  accesorios y cilindros de gases industriales.

 

i)        Ministerio de la Agricultura, Resolución No. 473-2013, de 15 de julio del 2013, “Regulaciones para la ejecución del decreto-Ley No. 313 y designación de entidades depositarias y determinación del uso de bienes confiscados”. Animales, producciones agrícolas y forestales, carretas de tracción, carretones, insumos y maquinarias agrícolas, partes y piezas.

 

j)       Ministerio del Comercio Interior, Resolución No. 261-2013, de 15 de julio del 2013, “Procedimiento para la recepción, conservación, entrega, comercialización de los bienes en depósito” Destino final de otros bienes no especificados con anterioridad.

 

 

 Reglas  para el Depósito, Conservación y Disposición de los Bienes, así como

 

Con la Disposición Transitoria que los depósitos efectuados con anterioridad a la entrada en vigencia de Decreto, se ajustará de conformidad con lo esté establece.

 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias queda facultado para adecuar la aplicación de la norma que nos ocupa, atendiendo a las características estructurales y funcionales de la institución.

 

Es de destacar el nivel de organización y perfección  legislativa presentada en la edición extraordinaria No. 21 de la Gaceta Oficial de la  República de Cuba, publicada el 21 de agosto del 2013, donde aparece la norma del Consejo de Ministros  y las complementarias del Banco Central de Cuba y demás  Organismos de la Administración Central del Estado, cada cual dentro de sus facultades sobre el asunto.

 

Llama la atención, independientemente de la necesidad de lograr el orden de procedimiento legal, que se disponga reglamentar sobre un tema tan recurrente vinculado a operaciones policiales y  de investigaciones-técnicas  criminales  como consecuencia de la política del estado y del gobierno contra la corrupción administrativa en especial y las indisciplinas sociales reseñadas por el General-Presidente en el discurso de clausura del Segundo Período de Sesiones de la actual Legislatura, se ha conocido que recientemente se han  dispuesto  operativos policiales, procesos penales sujetos  a la legislación penal y las correspondientes confiscaciones y multas por infracciones del objeto y perfil de las licencias otorgadas de conformidad con la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el sistema del trabajo por cuenta propia.

 

La Disposición Final Cuarta establece que  “se derogan cuantas disposiciones legales y reglamentos, de igual o inferior jerarquía, se opongan a lo que por la presente se establece”, esta disposición carece  de     profesionalidad dentro de la especialidad del Derecho Administrativo, debe ser suplantada por dejar claro, determinante y sin lugar a interpretación alguna la derogatoria del Decreto-Ley, así se resguardan los derechos ciudadanos.  

 

 

 

Bibliografía, asesoría y  consultas, mediante https://referenciajuridica.wordpress.com y dr.renelopez@yahoo.es

29.08.2013

 

 

 

 

 

Detenciones arbitrarias contra miembros de la Sociedad Civil Independiente

Miembros de la Sociedad Civil Independiente, Opositores al Gobierno, denunciaron en el curso del mes de agosto acciones de detenciones ejecutadas por la Seguridad del Estado y por otras fuerzas del Ministerio del Interior, con el fin de impedir la asistencia a eventos contestatarios pacíficos, a estas personas no se les instruyen de cargos,  ni son trasladados a las Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria para que quede sustanciada la detención, la acción se concreta una vez impedidos de asistir a las convocatorias,  quedan abandonados  en lugares distantes de la capital, sin acceso a medios de transporte que les permita en un tiempo prudencial  el  regreso  a sus domicilios.

 

La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal de 13 de agosto de 1977, establece según el Título IV “De la detención y aseguramiento del imputado” Capítulo I, “De la detención” del  artículos 241 al 244, ambos inclusive y Capítulo II, “Del aseguramiento del acusado”, del artículo 245 al 60, ambos inclusive, las formalidades para ejecutar una detención, las que en ningún caso de avienen a lo que operan contra los disidentes al oficialismo.

 

Al mismo tiempo, la Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976,  en su articulado 53 al 55, ambos inclusive, reconoce el derecho ciudadano  de  libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista, los derechos de reunión, manifestación y asociación, libertad de conciencia y religión, generalizando lo regulado por disposiciones complementarias, ejemplo de ello es la Ley No. 54, Ley de Asociaciones y su Reglamento, Resolución No. 53-86 del Ministro de Justicia, por lo que en los casos en que nos ocupa la convocatoria y celebración de un evento contestatario es catalogado como una acción ilegal, atentatoria contra los poderes del estado socialista.

 

Teniendo en cuenta la denuncia de los ciudadanos afectados por la escalada de los Órganos de la Seguridad del Estado y el análisis de lo dispuesto por la Ley invocada, lo ejecutado contra los opositores se tipifica como una acción ilegal de detención arbitraria  atentatoria de los derechos ciudadanos.

 

El Consejo de Estado dispuso mediante su Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo del 2013, Modificativo de la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal, sin establecer una despenalización, un procedimiento alternativo de sanciones de privación de libertad por multas,  para lograr una estabilidad comparativa con estándares internacionales de referencia de población total y población penal, esta norma con sus complementarias entró en vigencia en el día de hoy 1ro. de octubre del 2013, por lo que la acción denunciada viene a corroborar la política oficialista de no encausar.

 

 

Bibliografía, consultas y asesoría, mediante dr.renelopez@yahoo.es o

 https://referenciajuridica.wordpress.com

a)    Constitución de la República de Cuba

b)   Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

c)    Ley No. 54  de Asociaciones y su Reglamento

d)   Decreto-Ley No. 310 de 29 de mayo del 2013, Modificativo de la Ley Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Decreto No. 312, y normas complementarias dictadas por OACE y el Banco Central de Cuba.

GOBIERNOS DE CUBA Y ESPAÑA CULMINAN NEGOCIACION SOBRE EL CASO CARROMERO

Los Gobiernos de Cuba y España, en conversaciones sostenidas en La Habana, los días 11 y 12 de diciembre, acordaron que el ciudadano español Angel Carromero, Vicesecretario General del Proyecto Nuevas Generaciones del Partido Popular Español (NNGG), cumpla en su país, el resto de la sanción de cuatro años de privación de libertad, impuesta por la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Granma, en la Causa No 455-2012, por un delito de homicidio en ocasión de conducir un vehículo por la vía pública, en que fallecieron los ciudadanos cubanos Oswaldo Payá Sardiñas , Presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, y su asistente el joven Harold Cepero, Ejecutivo del Frente Juvenil del precitado Movimiento, ambos miembros de la sociedad civil independiente opositora al gobierno.

Lo anterior se fundamenta en el convenio bilateral sobre Ejecución de Sentencias Penales, de 23 de julio de 1998, regula que los condenados puedan cumplir la sanción impuesta en el país de su nacionalidad, primando el reconocimiento del gobierno español de un proceso legal a que fue sometido el Sr.Carromero, con apego de la legislación cubana, con trato justo y adecuado en el proceso de investigación, de instrucción, en el juicio y durante el período de cumplimiento de la sanción, una vez que la sentencia cobró firmeza y que no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.

Según la letra del convenio invocado, la parte española según interesó en el caso que nos ocupa, se compromete a garantizar el cumplimiento de la sanción, así como de informar a las autoridades cubanas los requerimientos procesales que se interesen.

Los señores Angel Carromero y Aron Modig, indistintamente prestaron declaraciones ante un auditorio conformado por periodistas nacionales y extranjeros, en la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos asumieron su responsabilidad en el apoyo material y financiero a miembros de la sociedad civil opositora, a toda luz, el libreto fue preparado por la Seguridad del Estado, los Tribunales no se pronunciaron por la presunción de delito de atentar contra los poderes del estado, funcionarios gubernamentales cubanos no se pronunciaron por la injerencia en asuntos internos por parte de los gobiernos de España y de Suecia, pero aprovecharon la oportunidad para hacer pública la participación de sus ciudadanos.

EL Sr. Modig que había sido retenido inicialmente en proceso de investigación, al no aportar elementos de peso sobre el accidente en cuestión, con una valiente y determinante gestión por parte de la representación diplomática, le fue entregado a su embajada y viajó inmediatamente a Suecia. La categoría de retenido no consta en la Ley de Procedimiento Penal, por lo que su permanencia en la Dirección de Investigaciones Criminales no se ajustaba a derecho.

Desde el mismo comienzo del proceso, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla mantuvo contactos con el Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España Sr. José Manuel García-Morgallo, logrando entendimiento y solo a la espera de que el proceso en cuestión quedara sustanciado ante los tribunales.

Indiscutiblemente el gobierno cubano logró ganancias, cuando se esperaba que después de asumir el gobierno del Presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, las relaciones entre ambos países sufrieran afectaciones, principalmente por las demandas y exigencias del gobierno español al cubano referente al cese de violaciones manifiestas en materia de derechos humanos y democracia.

Interpretando lo anterior, el gobierno de Cuba y las representaciones diplomáticas de los ciudadanos extranjeros que cumplen sanciones en Cuba, mantienen una carga material y financiera por la estadía en prisión de estos sancionados, algunos de ellos con serias afectaciones de salud al extremo de haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, por lo que el costo es insostenible, por otra parte, los familiares de estos sancionados no cuentan con recursos económicos para realizar viajes ni enviar remezas o similares que ayuden al sostenimiento de los mismos en el cumplimiento de las penas impuestas. El gobierno cubano tiene diseñado un sistema carcelario para extranjeros, debido al exceso de sancionados, estos se localizan en todo el sistema de establecimientos penitenciarios, afectándose por las pésimas condiciones infrahumanas de convivencia.

El gobierno de Cuba por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores debe interesar a las representaciones diplomáticas que mantienen sancionados en Cuba, la propuesta de expulsión, previa la modificación de lo que establece el Capítulo Cuarto, Sección Décima, artículos 46.1 y 46.2 del vigente Código penal, con prioridad para los casos de enfermedad irreversible, siempre que las sentencias cobren firmeza. Por lo general los sancionados no interponen recurso de revisión que la Ley de Procedimiento Penal establece. Las tarifas por concepto de representación letrada a cargo de la Consultoría Jurídica Internacional y Bufetes Especializados son excesivas, la defensa se asume de oficio. Los sancionados extranjeros no transitan por correccionales de libertad condicional, licencia extrapenal, etc., previstos en la legislación.

Como complementaria de lo anterior, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó la Instrucción Especial No. 9 de fecha 11 de noviembre del 2009, logrando proporcionar la excarcelación anticipada o el normal cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de la sanción en cuestión para los extranjeros que delinquen en Cuba. Esta norma no se ejecuta con sistematicidad.

La inmensa mayoría de los extranjeros encausados y sancionados responden por delitos de tráfico de personas, de drogas y otros estupefacientes, corrupción de menores-atentar contra el normal desarrollo del menor, accidentes del tránsito, actos de violencia incluyendo acciones asesinato y otros delitos conexos. En los últimos tiempos, la corrupción administrativa, vinculando especialmente a funcionarios e inversionistas extranjeros ha proliferado, para todos está claro que en la mayoría de estos sancionados no les asiste índices de rehabilitación, y a su vez, otros se relacionan con sancionados cubanos que los vinculan con organizaciones disidentes, creándose un problema mayor para todas las partes involucradas.

El único caso en que el gobierno cubano no accede a lo anterior, es el proceso penal seguido contra el ciudadano norteamericano Alan Gross, sancionado a quince años de prisión, del cual ha interesado un canje por razones humanitarias donde se incluyan a los cinco cubanos sancionados en Estados Unidos por espionaje y otros delitos conexos, el gobierno estadounidense rechaza la oferta de la parte cubana.

El gobierno cubano le asistiría el derecho, y por tanto, no proceder sobre aquellos sancionados por delitos que considere proclive a los intereses nacionales, tales como terrorismo.

Resultaría procedente coordinar con agencias especializadas como INTERPOL, de Control sobre la Droga, sobre el Control y Rastreo de delitos de Corrupción Administrativa, Financiera, Fiscal, Bancario y otras. Cuba aportaría toda la documentación procesal, antecedentes y otros indicativos de investigación e instrucción penal de los sancionados en estas causas.

En la década del 80, Cuba concertó convenios con países europeos del desaparecido bloque socialista, algunos de ellos vigentes pero sin el alcance ejecutivo, la actual Delegación de la Unión Europea en Cuba pudiera servir de intermediaria para lograr los convenios en cuestión, la propuesta inicial seria un convenio marco para en el menor plazo posible expuesta.

 17.12.2012

Proceso penal contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios, estrategia política del gobierno cubano

El Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en Bayamo, fijó para el 5 de octubre próximo,  la celebración de la vista oral del proceso seguido contra el ciudadano español Angel Carromero, Vicesecretario General  del Proyecto Nuevas Generaciones del Partido Popular Español, NNGG,  el que conducía el auto accidentado, donde fallecieron los ciudadanos cubanos  Oswaldo Paya Sardinas, Presidente del Movimiento  Cristiano de Liberación,  y su asistente el joven Harold  Cepero, el ciudadano sueco  Jens Aron Modig  resultó ileso.

El Sr. Aron Modig  no aporto elementos de peso en el inicial proceso investigativo,  fue retenido por las autoridades cubanas del territorio a cargo de las investigaciones  extremo que fue impugnado  por la representación diplomática de Suecia en Cuba.  al plantear que dicha categoría-retenido,  no consta en la Ley de procedimiento Penal, por tanto al disponer la Dirección de Investigaciones Criminales  y la Dirección de Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior  su libertad sin restricciones, pudo viajar de regreso a Suecia.

En el proceso el  ciudadano sueco fue  objeto de interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado Cubano, a fin de conocer los motivos del viaje a las provincias orientales, la relación entre ambos extranjeros español-sueco y sus vínculos con el destacado líder de la oposición Oswaldo Paya y su asistente. Como resultado de esta investigación, el gobierno cubano dispuso la publicación en la televisión y la radio nacional, así otros medios de difusión masiva, y la prensa internacional acreditada,  la conferencia de prensa, preparada por  especialistas  de la Seguridad del Estado y del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, para reconocer los vínculos profesionales con la disidencia cubana,  la  que fue denunciada por el gobierno como injerencia en sus  asuntos internos, agotada la agenda de instrucción, el sueco en cuestión no representaba ningún otro elemento importante en el proceso penal.   Al arribar a su país declaró  que no haría pronunciamientos para no afectar el proceso  investigativo en cuestión que se sigue en La Habana  contra el Sr. Carromero.

Los familiares de los dos  cubanos fallecidos en el accidente no han sido llamados al proceso penal como perjudicados, en Cuba está vigente el precepto constitucional   que  la Fiscalía General de la República representa los intereses de los ciudadanos como parte de la desgastada concepción  de la Legalidad Socialista, los objetos personales de ambos fallecidos no han sido entregados a sus familiares, aun cuando fueron reclamados, lo que se presume que en su momento estos objetos serán utilizados como elementos de  prueba en las denuncias de carácter político que sustentan el vínculo entre los   dos extranjeros y los dos cubanos.

Familiares del Sr. Paya solicitaron a las autoridades cubanas tener acceso a los dos extranjeros, para conocer de primera mano y en un gesto de humanidad, los últimos momentos en la vida de sus allegados familiares, la Ley de Procedimiento Penal no permite este tipo de acciones, máxime cuando inicialmente los jóvenes extranjeros estaban incomunicados, por tal motivo, los familiares de Paya Sardinas declararon que no quedarán sujetos a indemnización alguna, y que no sostienen como ciertos los hechos como son expuestos por las autoridades,  se desconoce si han sido citados para que asistan a la vista oral, aún cuando no son parte de la causa, se espera que una vez concluida la vista y notificada a las partes la sentencia,  se pronunciarán públicamente ante la prensa extranjera sobre el tema que nos ocupa.  La indemnización por los daños causados a  la Compañía RENCAD será dispuesta como responsabilidad civil, según la sentencia que será dictada en su momento.

Desde el exterior se promovieron solicitudes al gobierno de Cuba a que accediera a la reiterada realización de una investigación independiente, extremo no previsto en la legislación, aún cuando la vista del juicio oral es público, en estos casos solo tienen acceso las personas autorizadas por el alto mando del Ministerio del Interior, en Cuba el poder judicial  se subordina constitucionalmente  en la ejecutoria de  sus   funciones a las determinaciones gubernamentales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración , reconoció que  por intermedio de la Embajada española en Cuba, contrataron los servicios de representación letrada,  a cargo del Bufete  Especializado  que dirige la Dra. Niurys Piñero, Asesora Legal en el proceso seguido en Estados Unidos contra los cinco espías cubanos  que cumplen sentencia en aquel país. La legislación cubana no permite la representación letrada de abogados extranjeros, aunque  los mismos pueden integrar un equipo de asesoría legal, a cargo de la defensa,  recaerá la personería en un letrado cubano, inscripto en el Registro de Abogados del Ministerio de Justicia y miembro de un Bufete o Consultoría Jurídica  cubana.

El sábado 28 de julio, el periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó una Nota Oficial del Ministerio del Interior, informando preliminarmente en detalles  lo  sucedido, basándose en el informe de testigos y  peritos con una larga experiencia en la actividad, la que ha sido cuestionada por relacionar años de experiencia profesional a los pocos accidentes que se suceden en un territorio tan poco transitado como el oriental, desde un inicio los elementos expuestos carecieron de objetividad, como  el exceso de velocidad, no atender a la conducción del vehículo, manipulaciones erróneas, no se han publicado otros elementos  de la fase de investigación. Según la Ley Procesal los dictámenes y conclusiones preliminares de un proceso no son públicos, en la vista oral, los abogados de la defensa pueden cuestionar los elementos probatorios propuestos en las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.

Los gobiernos de Cuba y España mantienen vigentes  protocolos de repatriación de sancionados, por lo que en virtud de lo dispuesto por el Código Penal y la Instrucción Especial No. 9-2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,  mediante sentencia firme, se deben iniciar los trámites de repatriación. En su momento, el Sr.Carromero accedió a declarar ante la presenta nacional e internacional sobre los vínculos con la disidencia cubana, la que teniendo en cuenta el proyecto que dirige en su país, lo vinculan de promover la oposición al régimen oficialista, resultando dicha comparecencia elemento de denuncia del gobierno cubano por atentar contra su integridad nacional y demás fundamentos que se utilizan para este tipo de ocasión.

Desde  el momento de producirse el accidente en cuestión, la  asistencia consular, integrada por un  Cónsul Honorario y el Cónsul General  de España en Cuba,  puso de manifiesto la prioridad de su gobierno, manteniendo un monitoreo discreto que permitió conocer las formalidades  del proceso investigativo y de instrucción, fruto de esa representación para hacer valer los derechos del ciudadano español sujeto al proceso, el acusado fue trasladado al Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, situado en la intersección de las calles 100 y Aldabó, municipio Boyeros, en La Habana, fue recluido en una zona preferencial, hasta el mismo Ministro español tuvo frases de elogio por el trato dispensado, en un momento la celebración de la vista oral fue pospuesta por inclemencias atmosféricas en las provincias orientales.  El Sr. Carromero no ha conocido las infrahumanas condiciones de las cárceles cubanas.

En el marco de la celebración del actual periodo de sesiones de la Organizaciones de Naciones Unidas, se tiene previsto un encuentro entre los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla y su homologo español José Manuel García-Margallo, entre los temas tratar pudiera estar  el proceso penal seguido  contra el Sr. Carromero, por lo que prueba el marcado interés del gobierno español en la solución del proceso penal, justificando tratándose de un ciudadano español,  especialmente por estar  tan cercano a la Presidencia  del Partido Popular en el poder.

Teniendo en cuenta el proceso con las características del acusado y de la causas, efectos y demás elementos sujetos al proceso investigativo y de instrucción, con una marcada relación con la prensa, con fuertes  elementos llamados de atención por destacados políticos, gobernantes, dignatarios religiosos y de organizaciones sociales, otros a título personal o en representación de organizaciones opositoras al  régimen castrista, a lo que se le une la sociedad civil ilegalizada en Cuba,  todas ellas expusieron sus denuncias o preocupaciones sobre la presunción premeditada de elementos planificados por las autoridades cubanas para interrumpir  el viaje en cuestión, aún con todos estos indicios, el Ministerio Fiscal pudo haber dispuesto una fianza económica o que la representación diplomática en Cuba se convirtiera en fiadora moral, afín de que el detenido se presentara ante los requerimientos y emplazamientos legales, y no continuara en condición de detenido en prisión preventiva. A toda luz, los Órganos del Ministerio del Interior -Seguridad del Estado, Inmigración y Extranjería, Orden Interior y otras tantas Direcciones afines-,  tenían la orden de impedir la salida del país del procesado.

La Fiscalía solicita   la sanción de siete años de privación de libertad,  fundamentándose en falta de acción en la conducción del automóvil, exceso de velocidad, incorrecta manipulaciones de los sistemas de freno en una superficie deteriorada, a esto se le suma la información publicada en su país,  haciendo referencia a que la licencia de conducción había sido retenida por puntos como resultado de notificaciones por violación de la legislación de conducción vial.

Se presume por tanto, el próximo viernes el Tribunal Provincial Popular de Granma al dictar sentencia, dispondrá una sanción  contra el Sr. Carromero, la que no debe ser recurrida en proceso de Casación ante la correspondiente Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, para lograr ventaja en el tiempo, iniciándose el proceso de repatriación del español a su país, después se conocerán en detalles la verdadera historia del accidente, el fallecimiento de dos cubanos y la participación de dos jóvenes amantes  de la democracia.

Quedarán en el recuerdo el destacado político Oswaldo Payá,  con su Proyecto Varela y posteriormente el Heredia, con la pretensión de hacer valer los derechos civiles en la lucha por la democracia, Harold, el joven que con su sonrisa y espíritu fuerte supo llegar a otros jóvenes para inculcarles la posibilidad de un cambio democrático en Cuba, para lograr sueños y  hacerlos realidad.

Como resultado de este proceso, el gobierno cubano logró denunciar con pruebas aportadas por los ciudadanos español y sueco, respectivamente, la injerencia externa en política interna, en relación con el gobierno de España, utilizó el proceso penal para lograr un acercamiento político-económico, prueba de ello es que las expectativas de mano dura del gobierno del Presidente Rajoy en relación con Cuba se disiparon.

El pasado 27 de septiembre se inauguró en La Habana el XVIII Encuentro del Comité de Cooperación Empresarial Cubano – Español ,  después de dos años sin sesionar, ahora presentan perspectivas de recuperación. Son fuertes los lazos que unen a estos dos países,  Cuba adeuda a España una suma millonaria, el futuro del pago de  créditos, inversiones, préstamos y otras iniciativas  financieras quedan en la incertidumbre. La crisis de impagos a España se inicio desde los primeros años de poder revolucionario, cuando Cuba intervino, confisco, nacionalizó las propiedades de españoles residentes en el país, para alcanzar  un entendimiento, las partes lograron el pago simbólico de la deuda y la efectividad de acuerdos migratorios o de repatriación de los naturales afectados por la ofensiva revolucionaria contra la propiedad privada.

En la actualidad el gobierno cubano está promoviendo modificaciones a la  Ley de Inversión Extranjera, para lograr actualizar conceptos de intereses mutuos, el gobierno de Cuba adeuda a empresarios españoles  por concepto de retenciones de sus finanzas en bancos cubanos, como resultado del corralito,  dispuesto como estrategia para depurar en aquel momento el estado de sus cuentas y lograr refinanciamiento para compras impostergables, esto afectó sustancialmente la imagen de Cuba en el sector de las inversiones extranjeras.

El Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España declaró que las relaciones entre Cuba y España se han caracterizado por ser inmunes a cambios y coyunturas, superando siempre problemas y obstáculos que pueden presentarse.

01.10.2012

ALAN GROSS, Reitera Gobierno Cubano propuesta de negociación

La Sra. Josefina Vidal, Directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo pública en su  declaración de fecha  12  de septiembre del 2012, el interés del Gobierno de Cuba de establecer negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América, a fin de resolver el caso del Sr. Alan Gross,  sancionado a quince años de prisión por atentar contra los poderes del estado cubano, lo anterior reafirma el reiterado propósito de lograr el  canje del Sr. Gross en relación con los cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos por delitos de espionaje.

El gobierno de Estados Unidos, así como otras instituciones, desestiman las propuestas cubanas del canje, sustentando  el fundamento que el Sr. Alan Gross, actuaba con apego a libertades democráticas, en la  práctica internacional de ayuda a Organizaciones No Gubernamentales. El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Dr. Ricardo Alarcón de Quezada, con un lenguaje gastado e incoherente, resultado de su   avanzado  deterioro  estado físico-metal generacional, reitera la negativa de la parte  cubana de liberar a Alan, sin llegar a un entendimiento que beneficie a los cinco espías cubanos.

La Sra. de  Gross,  visitó a su esposo en los últimos días en tres oportunidades, en condiciones propiciadas por el gobierno cubano, al término del encuentro ratificó la situación alarmante de pérdida de peso y afectaciones considerables a la salud (pérdida de 47.7kilos y ha desarrollado artritis degenerativa y una masa detrás del omoplato derecho, puntualizó que su espíritu es fuerte),  así como hizo pedidos, en condición de esposo y padre de familia,  al General de Ejército Raúl Castro de liberar a Alan, para que vuelva a su hogar en el seno familiar.

El actual equipo de defensa estadounidense, el que no ostenta la representación letrada ante los tribunales cubanos, extremo que lo impide la legislación cubana, adelantó  la determinación de presentar el caso ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Detenciones Arbitrarias, para que dictamine sobre el proceso legal seguido contra Gross, este mismo Grupo conoció en su momento una reclamación interpuesta por los abogados a favor  de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.

Refiriéndonos al tiempo transcurrido, hasta el propio Gross y su familia, acceden al canje, el  gobierno cubano no reconoce las demandas de liberación a favor del penado, justificando una cuestión internacionalmente reconocida como humanitaria, después que el proceso legal está concluido por sentencia firme de los tribunales, sin ulteriores recursos, solo un proceso extraordinario  de revisión de la causa, de lo cual no se presume  que prospere. El gobierno de Estados Unidos ha interpretado que el proceso es injusto,  reiterando  la inmediata e incondicional  liberación.

Con fecha 18 de septiembre, la Sra. Vidal, declaró que no se había recibido respuesta alguna  referente a la propuesta introducida por ella en representación del gobierno cubano, reiterando las buenas pretensiones de lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, según comentó,  algunas declaraciones no oficiales, pero  que provienen del gobierno de Estados Unidos, hacen referencia a no tener nada que conversar al respecto¨. La funcionaria cubana hizo un especial pronunciamiento a que el estado de salud de Gross sigue siendo normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos.

El 27 de septiembre del 2012, fuentes de las Oficinas del Senador Republicano Jerry Morán, llamaron la atención sobre  la solicitud interpuesta por cuarenta y cuatro senadores republicanos y demócratas,  interesando al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,  la liberación de Alan Gross, extremo que representa en la actualidad el principal obstáculo para normalizar las relaciones bilaterales, el documento en cuestión hace público que la solicitud fue refrendada por casi la mitad de los miembros del Senado, conformado por cien ejecutivos

El Gobierno de Cuba, cuenta con el precepto  legal que dispone el artículo  46.3 de la Ley No. 62, Código Penal,  modificado por el Decreto-Ley No. 175, así como  la Instrucción Especial No. 9 de fecha 23 de noviembre del2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se ajusta a derecho   para ejecutar legalmente la salida de Gross hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta lo anterior y con este fundamento legal están sentadas las bases para responder positivamente las  solicitudes de la Sra. de Gross y del Senado así como un considerable número de personas de todas las latitudes para lograr la excarcelación,  pero  a toda luz, al no existir entendimiento por parte de las autoridades cubanas, Gross continuará cumpliendo la sanción impuesta por los Tribunales Cubanos.

El Sr. Alan Gross, no fue incluido en el Indulto Presidencial, dispuesto  por el Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno cubanos, en acto de buena voluntad atendiendo a la proximidad de la visita del Sumo Pontífice a Cuba, prueba el poco interés  para acceder a su liberación.

Instituciones reconocidas como oficialistas de la Sociedad Civil Cubana, interceden por la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos, aún cuando el Sr. Gross, visitaba Cuba para brindar asistencia a grupos religiosos y otras  instituciones sociales, no ha habido la debida declaración intercediendo por su excarcelación, la voz de la Santa Iglesia Católica Cubana  y del Consejo de Iglesias, no pronuncian  al respecto.

En el mes de junio del 2012, después de una controversial autorización de visa, viajó a Estados Unidos la Dra. Mariela Castro Espín, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual, subordinado a la Federación de Mujeres Cubanas, en el marco de la celebración del Evento LASA, en sus  declaraciones a la periodista Christiane Amanpour, de la CNN, fundamento “A Alan Gross se le ha facilitado todo lo que ha solicitado, el ha podido ver a su esposa, se le ha permitido  tener visitas conyugales, la visita de amigos y se le ha atendido con toda dignidad y respeto, en cambio, no hemos recibido el mismo trato para nuestros compañeros prisioneros, injustamente cumpliendo con altas condenas que no se corresponden”, “Alan Gross debe ser liberado y nuestros cinco ejemplares cubanos también” evidentemente estaba trasladando de esta forma el mensaje de su padre, llamando la atención a la propuesta cubana del canje de prisioneros.

En los últimos días ha circulado la noticia del delicado estado de salud de Fidel Castro,  el proceso  contra los cinco espías cubanos y otros procesados que  llegaron a acuerdos con la Fiscalía, el tema  forma parte de la herencia que  asumió el actual Presidente, siendo una cuestión de honor resolver favorablemente el asunto, aún cuando con la prepotencia que lo garantiza, Fidel reiteró en todo momento ¨volverán y venceremos con nuestra verdad, Raúl nunca ha retomado este concepto, al contrario, utilizando el proceso seguido contra Gross, intercede por  el tantas veces mencionado canje de prisioneros.

Ya, en el último trimestre de este 2012, marcado con una crisis internacional y la ya acostumbrada crisis cubana, con un tono de responsabilidad sobre el embargo económico que dura más de cincuenta años de instaurado por el Gobierno de Estados Unidos, ahora esa  responsabilidad se comparte con el reconocimiento a la ineficiencia,  descontrol, corrupción administrativa, y tantas figuras que prueban no haber sabido trazar estrategias económicas, políticas y sociales y una mirada que se pierde en un futuro incierto, cuando al paso de dos años, los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, parecen haber teniendo  el mismo destino que los acuerdos y resoluciones adoptadas por los anteriores congresos partidistas,  ojalá las fiestas de fin de año sean momento propicio para que el Sr. Alan Gross celebre el Día de Acción de Gracias en Familia,

Se adjuntan,

los artículos: Alan Gross, Nuevos elementos en el proceso seguido en su contra, 18.06.2012 y Antecedentes y Consideraciones sobre el proceso seguido contra Alan Gross. Los Cinco Espías Cubanos, 04.01.2012, de la    autoría  del  Dr. René  López Benítez,   publicado  en  su    Blog

http:­­­­­­­­//referenciajuridica.wordpress.com

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:

Ley No. 62, Código Penal, actualizado y concordado con los Acuerdo, Instrucciones y Dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Texto del artículo 46.3 del Código Penal vigente, modificado por el Decreto-Ley No. 175, así como la Instrucción No. 9-2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

 

 

27.09.2012

Alan Gross, nuevos elementos en el proceso seguido en su contra

Alan Gross, ciudadano norteamericano,  cumple una sanción  de quince años de prisión, impuesta por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado,  del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, ratificada por la correspondiente Sala del Tribunal Supremo Popular. Aún cuando un procedimiento de revisión pudiera ser interpuesto ante el Presidente del Tribunal Supremo Popular, el Fiscal General de la República o el Ministro de Justicia.

 

Al ser detenido el Sr. Gross, el proceso investigativo y de instrucción se ejecutó en Villa Maristas, sede de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior, se dispuso el cumplimiento de la sanción  en la Sala de Penados del Hospital Militar Dr. Carlos J. Finlay, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, con un status muy diferenciado al resto de los penados que cumplen sanciones en cárceles.

 

El Dr. Peter Kahn, Abogado de la familia, quien no pudo ostentar la representación letrada en el proceso penal, por no ser miembro de la Organización de Bufetes Colectivos de la República de Cuba,  (Organización no gubernamental, subordinada al Ministerio de Justicia), ha denunciado, con fecha 14 de junio del 2012, que el estado de salud del Sr. Gross se deteriora progresivamente, sin que las autoridades cubanas informen a la familia, por conducto diplomático, el resultado de las investigaciones clínicas que le han practicado. Según el letrado, Gross manifiesta serias dificultades para caminar (locomoción), con alteraciones de inflamación en varias partes del cuerpo, así como irregularidades digestivas y de circulación sanguínea, ha perdido más de 45 kilogramos (100 libras).

 

Las muestras de  preocupación, al no recibir la debida información médica referente al actual estado de salud de Gross, lo justifica a que toda la información relacionada con Alan, debe ser aprobada por el Presidente del Consejo de Estado  y de Ministros, por considerarla caso secreto de interés de gobierno, sin percatarse que son los responsables de la integridad personal del sancionado. La violación de los derechos que le asisten el sancionado, ateniendo a que el mismo ha mantenido una conducta intachable en el cumplimiento de la sanción, aún sin reconocer su responsabilidad, se siguen los acontecimientos con especial atención.

 

Gross, tiene autorizado el recibo de  la correspondencia, fotografías,  literatura  (libros y folletos), que le envían familiares, amigos, diplomáticos y otros debidamente acreditados, les  son chequeados por las autoridades de la prisión,  no le es permitido el acceso a  periódicos y revistas extranjeras, le está prohibido el acceso a internet,  por intermedio de   los periódicos Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores se mantiene informado de las noticias oficiales, periódicamente recibe visitas familiares, consulares y de personalidades que así lo solicitan, los que interceden por el sancionado ante las autoridades, el local destinado  al sancionado, es compartido con tres penados más, desconociendo los antecedentes de estos, los que pudieran ser agentes de la seguridad cubana.

Es política oficial del Gobierno de Estados Unidos, por intermedio de Presidente Barack Obama, de la Sra. Hilary Rodham  Clinton, Secretaria  de Estado,  y demás  funcionarios, así como de dirigentes de otras fracciones partidistas y sectores de la sociedad, demandar al Gobierno de Cuba, la inmediata liberación del Sr. Gross, por considerar que el proceso penal seguido en su contra viola normas internacionales, las acciones tipificadas como delitos se vinculan con la asistencia tecnológica a segmentos religiosos, asociaciones y otros ciudadanos, que en el caso que nos ocupan son cubanos.

 

Los Senadores Jerry  Morán, Republicano y Dick Durbin, Demócrata, condicionaron continuar apoyando las propuestas de modificación de la relación comercial entre Estados Unidos y Cuba, al margen de la legislación que dispuso el embargo comercial, de hecho lograron facilitar que el gobierno cubano pudiera comprar directamente alimentos y otros productos agrícolas por valor de $347 millones de pesos en el 2011. Ambos Senadores reclaman la liberación de Alan Gross, así como el cese de la violación de normas y procedimientos legales que pudieran resolver la litis. El gobierno de Cuba no se ha pronunciado por estas declaraciones.

 

La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, establece el procedimiento para el otorgamiento de la Licencia Extra-Penal, atendiendo el estado de salud de sancionado, le pudiera ser aplicado

 

La Instrucción Especial No. 9, dictada  por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo, dispone la exención del cumplimiento de la en sanción en Cuba, de común acuerdo con el gobierno del país del extranjero sancionado,  extremo que se corresponde con el proceso penal donde el Sr. Gross resultó sancionado.

 

La Jueza Federal de la Corte de Miami, Joan Lenard, otorgó el permiso de viajar a Cuba, por el término  de dos semanas al agente cubano, sancionado por espionaje, René González, en gesto humanitario, para visitar a su hermano el Dr. Roberto González, el que padecía de enfermedad de cáncer en estado muy avanzado.

 

El Departamento de Justicia se había pronunciado en contra de la solicitud de permiso de viaje, en su caso, la Fiscalía indicó que de otorgarse el permiso, René González quedaría obligado a presentar oficial encargado de supervisar su régimen de libertad condicional un itinerario de su viaje detallado, y que debería abstenerse de cualquier tipo de comunicación con agentes de la inteligencia cubana.

 

Cumplidas las regulaciones del viaje, René González regresó a Estados Unidos, el pasado viernes 22 de junio, el Dr. Roberto González falleció, la justicia de estados Unidos dio muestras de entendimiento y flexibilidad ante un caso como el que nos ocupa.

 

La Sra. Judy Gross, esposa de Alan, ha interesado al gobierno cubano, reciprocidad con el mandato judicial que favoreció al Sr. González, para que su esposo viaje a Estados Unidos, atendiendo al extremo humanitario que pueda visitar a  su señora madre e hija, diagnosticadas ambas de cáncer.

 

Al igual que la política del pueblo cubano a favor de los cinco cubanos espías presos, en Estados Unidos, su pueblo, las Iglesias de muchas denominaciones, entre múltiples instituciones sociales no gubernamentales solicitan la liberación de Alan, y al menos demandan  brindar el gesto humanitario de acceder viajar, el gobierno de Cuba prueba no escuchar.

 

El gobierno de Cuba, reincidentemente ha manifestado su propuesta de un intercambio humanitario de prisioneros que favorezca al Sr. Gross en reciprocidad con los cinco espías cubanos presos en ese país,

Desde finales de la década de los 90, representantes del gobierno, partidistas, del Congreso y del Senado estadounidenses se niegan acceder, teniendo en cuenta que los procesos no guardan similitud.

 

Con fecha  15 de junio del 2012, el gobierno de Cuba, mediante Declaración Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores,  aseguró que el estado de salud de Alan Gross es normal, padece de enfermedades crónicas propias de su edad, para las cuales recibe tratamiento médico, tiene una alimentación balanceada, mantiene un régimen de ejercicios, que demuestran un buen  estado de salud, referente a que cumple la sanción en la Sala de Penados del Hospital Finlay, pudiera estar cumpliéndola en cualquier centro penitenciario, pues su situación no es incompatible con ello, se mantiene en ese lugar, no porque lo requiera, sino para asegurar las mejores condiciones de internamiento.

 

Con independencia de lo anterior, del gobierno cubano debe respetar los derechos que le asisten al sancionado,  en lo referente a la licencia extrapenal , autorización de viajar por  un término a Estados Unidos , o definitivamente en virtud de la precitada Instrucción No. 9, aún cuando esas es una prerrogativas del gobierno, no una obligación.  La comunidad internacional, amante de la paz y del respeto a los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Naciones Unidas, donde Cuba es signataria, están atentos al estado de denuncias del caso que nos ocupa.

 

18.06.2012

 

ANTECEDENTES, CONSIDERACIONES SOBRE  LOS PROCESOS  SEGUIDOS CONTRA ALAN  GROSS Y LOS CINCO ESPIAS CUBANOS. (publicado en el Blog http://referenciajuridida.wordpress.con el 4 de enero del 2012)

Por Dr. René López Benítez

 

El General-Presidente Raúl Castro, en la clausura del VIII Periodo  Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder  Popular, celebrado el pasado  23 de diciembre, anuncio la determinación  del Consejo de Estado, “en un gesto humanitario y soberano’’, de indultar a más de 2900 sancionados, entre ellos 86 ciudadanos extranjeros que cumplían sanciones en Cuba, fundamentándose entre otros extremos, las múltiples solicitudes de familiares y de diversas instituciones religiosas, entre ellas  el Consejo de Iglesias de Cuba y la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Inmediatamente se pensó que la determinación del gobierno cubano alcanzaba al ciudadano norteamericano Alan Gross. La Dirección de América del Norte de la Cancillería aclaro que el anuncio no se relacionaba de manera alguna con el Sr. Gross.

 

Al día siguiente, 24 de diciembre, el Sr, Mark Toner, Portavoz en funciones del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos declaro que nos decepciona profundamente y deploramos el hecho que el gobierno de Cuba haya decidido no aprovechar esta oportunidad para extender la liberación, con carácter  humanitario del Sr.  Gross, durante la temporada festiva, especialmente sabiendo que su salud se está deteriorando, así como para dar fin a la larga duración de ruegos de la familia Gross. Continuaremos solicitando a las autoridades cubanas que liberen a Alan Gross y le permitan regresar con su familia, donde debe estar.

 

Destacadas personalidades estadounidense han interesado al gobierno cubano la excarcelación del Sr. Gross, entre ellos el Secretario General  del Consejo de Iglesias de Cristo, Reverendo Michael Kinnamon, y el ex presidente Jimmy Carter, ambos sostuvieron encuentros con el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro y con Fidel Castro. La situación familiar que presenta la familia Gross es alarmante, su madre e hija están diagnosticadas de cáncer,  el estado económico  las ha llevado a tener que vender su casa y arrendar un apartamento.

 

El Sr. Gross fue detenido, procesado y sancionado por las autoridades  de investigación e  instrucción penal,  la Sala  de los Delitos Contra la Seguridad del Estado   del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana al dictar sentencia   lo sancionó  a  quince anos de privación de libertad, la sentencia  fue recurrida en proceso de casación ante la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, la que fue  ratificada,   desde su detención y hasta la actualidad cumple la precitada sanción en la Sala de Penados del Hospital Militar Carlos J. Finley, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

 

El Gobierno de Cuba, atendiendo a la letra de la sentencia, dio por probado el carácter de atentar contra la seguridad del estado, tipificado según la Ley No. 62, Código Penal vigente como Atentar contra la independencia o la integridad del estado,  impulsado por logar la desestabilización del gobierno, la Seguridad Cubana  dice tiene pruebas que el Sr. Groos realizó siete viajes entre los años 2004 al 2009, para ingresar equipos electrónicos sofisticados de telecomunicaciones destinados a la Comunidades Judías  (Comunidades Hebreas de La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba) y Logias Masónicas, sin ser detectado, burlando  las normas de la Aduana o mediante vías alternativas, que pudiera ser la corrupción administrativa imperante en ese órgano estatal. En la sentencia consta además como elemento probatorio los múltiples contactos de Groos con miembros de la disidencia cubana.

 

En el acto del juicio público, restringido al solo acceso de familiares, abogados-acompañantes, funcionarios de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba, la  representación de Gross estuvo a cargo de  la Dra.  Nurys Pinero,  Directora del Bufete Internacional, por determinación de su familia, coincidiendo que la misma letrada ostenta la asesoría legal del proceso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos, durante  la vista accedieron a testificar a favor de los alegatos de la instrucción penal, los agentes  encubiertos de la seguridad del estado Dr. Collera Vento y Raúl Antonio Capote Fernández, hasta ese momento infiltrados en las organizaciones de oposición al gobierno, con acceso a la gestión de Gross en Cuba y en Estados Unidos, por lo que tomó la determinación de ‘’destaparlos’’, hacerlos públicos  en programas televisivos llamados las Razones de Cuba, sin que tuvieran repercusión en la población.

 

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en sesión ordinaria celebrada el 11 de noviembre del 2009, en virtud de lo preceptuado por el artículo 19, apartado 1, inciso h, de la vigente Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares, aprobó la Instrucción Especial No. 9, no publicada en la gaceta Oficial de la República, disponiendo el procedimiento para la excarcelación de extranjeros, cuando concurran condiciones como la del Sr. Gross, este procedimiento es una facultad discrecional, a toda luz, no es del interés del gobierno para resolver el caso que nos ocupa.

 

Referente a los cinco cubanos presos en Estados Unidos, el Gobierno de Cuba reconoce que sus agentes sancionados por Tribunales de Estados Unidos estaban destinados  a vigilar a grupos anticastristas radicados en ese territorio, fueron detenidos en 1998 y condenados a largas penas de prisión, bajo cargos de espionaje y otros delitos mayores. Anteriormente a la detención de los cubanos se produjeron encuentros entre el gobierno cubano y el FBI-Estados Unidos, donde la Inteligencia Cubana aportó pruebas como videos, grabaciones, material impreso y otros sobre la ejecución de planes contra la revolución, elementos que se tomaron en cuenta para la investigación de cubanos residente  en ese país y posteriormente se ejecuta la detención y  proceso penal. Aunque el gobierno cubano no ha expresado públicamente los errores cometidos, este hecho  de aportar pruebas, denota la poca profesionalidad de las Direcciones de Inteligencia Cubana y de la  Seguridad del Estado,  los múltiples encuentros  con los federales estadounidenses con el entonces Comandante en Jefe Fidel Castro, utilizados por este último para  lograr el protagonismo acostumbrado, lo responsabilizan de este error.

 

Fidel Castro, en sus discursos y reflexiones, en el tono de prepotencia y autoridad sin límites, insultando de palabra al Presidente  Obama y a otros representantes del gobierno de Estados Unidos asegura que los cinco cubanos presos en Estados Unidos, sancionados de espiar en ese territorio,  ¨volverán¨ triunfantes   a Cuba, existe una campana internacional promocionada por  el gobierno y el Partido Comunista de Cuba llamando a la solidaridad con  los Cinco, alegando graves violaciones del procedimiento, y de haber actuado en legítima defensa patriótica,  En Cuba es muy difícil entender  el sistema imperante en Estados Unidos de los tres poderes independientes, (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), desde el mismo triunfo revolucionario de enero de 1959,  los tres poderes se supeditan a la cúpula de poder,  dentro de esa campaña de solidaridad  exigen  al Presidente de Estados para que indulte a los cinco cubanos. En múltiples ocasiones se  vinculan los procesos de los Cinco cubanos y el de Alan Gross, tratando de lograr un canje, el vicio de ambas partes, haciendo declaraciones políticas y con la herencia de más de cincuenta y tantos años de diferendo entre Cuba y Estados Unidos.

 

La semana pasada, (enero del 2012), el Segundo Jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Estados Unidos, Sr. Juan Lamigueiro, respondió a un editorial de un diario estadounidense, expresando  que el gobierno cubano esta dispuesto a lograr una solución humanitaria para el caso del Sr. Groos, sobre la base de la reciprocidad,  entendiéndose con los cinco agentes cubanos presos en ese país que cumplen largas condenas en ese país

 

El Sr. William Ostick, Portavoz para América Latina del Departamento de Estado, emitió declaraciones el 19 del corriente, referente a que ¨un intercambio entre el contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba, por alguno de los cinco agentes cubanos condenados en Estados Unidos no es posible, sus casos no son comparables,  el indicado pronunciamiento cierra la propuesta reiterada de la cancillería cubana de una recíproca liberación de los sancionados. La negativa del gobierno norteamericano de acceder a la iniciativa cubana, había sido rechazada por la Secretaria  de Estado Sra. Hillary Clinton a finales del pasado 2011.

 

Ambos procesos, el del Sr. Groos y el de los cinco espías cubanos no tienen perspectivas procesales, las sentencias son firmes y contra ellas no cabe recurso alguno,  la única vía de excarcelación sería por indulto o alguna de las alternativas vinculadas al indulto, por facultad presidencial en ambos casos.

 

Legislación a su disposición

Constitución de la República

Ley No. 82 de los Tribunales Populares

Ley No. 62, Código Penal

Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

Ley No. 88

Instrucción Especial No. 9 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular

Discurso del General de Ejercito Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros

en la clausura del VIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 23 de diciembre del 2011.

Detenciones arbitrarias contra la sociedad civil independiente. Consideraciones legales según la Ley de Procedimiento Penal

Dr. René López Benítez.

La Habana.- Reiteradamente la Sociedad Civil Independiente denuncia acciones del gobierno, por intermedio de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con el apoyo de tropas paramilitares, denominadas de acción y respuesta rápida.

Movimientos y partidos ilegales demandan el respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba, con una marcada represión en los últimos meses, como fuente de información que prueba lo anterior,  el compendio de las denuncias publicadas por la Agencia de Prensa Hablemos Press.

Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2010/1499
  Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2011/3835

 

Mes Cantidad de arrestos por meses Acumulado Total
Enero/2012                     428  
Febrero                     387 815
Marzo                      760 1575

Las acciones de los órganos encargados de la represión ciudadana están destinadas a detenciones domiciliarias, en Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria previa citación con obligación de personarse,  secuestros en la vía pública y posteriormente ser abandonados en lugares distantes a su domicilio sin acceso al transporte que permite su regreso al hogar, esas acciones por un término de horas-días, con el resultado de imposibilitar la asistencia a eventos o actos sociales convocados por organizaciones contestatarias al régimen.

Los procedimientos antes señalados son ilegales. No están amparados en lo dispuesto por la vigente Ley No. 5, de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151.

El precepto constitucional, referido al Capítulo III, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, en su artículo 58 dispone que “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma  y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, en su Título IV “De la Detención y Aseguramiento del Imputado”, Capítulo I, “de la Detención” establece que ningún ciudadano  puede ser detenido, sino en los casos y con las formalidades que las Leyes prescriben.

La autoridad o agente de la policía, tiene a obligación de detener:

A cualquier detenido por haber cometido una acción delictiva y fuera conducido a la autoridad policial y entregado a esta, además el  que se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional, o  exista contra él orden de detención.

Acusado por un delito de atentar contra la seguridad del estado:

Acusado de un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad.

Acusado de haber cometido delito, siempre que las circunstancias concurrentes sean:

Que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio.

Que existan  elementos bastantes para estimar fundamentalmente que el acusado trata de evadir la acción de la justicia.

A los efectos de la detención, se extenderá de inmediato un acta en que se consigne la fecha, hora, motivo de la detención, así como cualquier otro particular que resulte de interés.

El acta será firmada por el oficial actuante y el detenido. A instancia del detenido o de sus familiares, la Policía o la  autoridad que lo tenga a su disposición informarán la detención, así como facilitará la comunicación entre ellos en los plazos y en la  forma establecida en las correspondientes disposiciones.

Estos requisitos iníciales de la detención se violan, teniendo en cuenta que los detenidos se someten a un régimen de incomunicación. La autoridad policial o de otro órgano de investigación o instrucción no ofrece la posibilidad de comunicarse con los familiares o amigos, a fin de poder lograr en un corto plazo la representación letrada.

El Capítulo II, Aseguramiento del Acusado, establece procedimientos  procesales que justifiquen la detención del ciudadano. La Policía no podrá mantener a una persona por más de veinticuatro horas, dentro de este término estará obligada a adoptar alguna de las determinaciones siguientes.

Poner en libertad al detenido:

Imponerle alguna de las medidas cautelares previstas en la Ley, excepto la de prisión provisional, que solo podrá aplicarse por el Fiscal que corresponda.

Dar cuenta al Instructor con el detenido y las actuaciones:

La medida cautelar impuesta al acusado, le será notificada de inmediato por la Policía, mediante la propia resolución que la dispuso, teniendo por ejecutada dicha notificación, con la consignación de la fecha y firmas del oficial actuante y el acusado.

El Instructor, una vez recibida las actuaciones que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adoptará en un término que no excedan las setenta y dos horas, alguna de las decisiones siguientes.

Dejar sin efecto la detención:

Imponer alguna de las medidas cautelares no retentivas, o revocar o modificar las que haya impuesto la policía.

Proponer al Fiscal la imposición de una medida cautelar de prisión provisional.

El Fiscal, recibida la propuesta del Instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, adoptará, dentro del término de setenta y dos horas, la decisión  que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley o disponer la libertad del acusado.

Para adoptar su decisión, el Fiscal podrá entrevistar al acusado y practicar cualquier otra diligencia necesaria.

El Fiscal comunicará su decisión, de inmediato, al instructor a los efectos de su notificación al acusado.

La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de sanciones privativas de libertad.

Si en fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar de las previstas en la Ley, el Instructor o el Fiscal, según los casos.

Desde el momento en que se dicte la resolución  decretando cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley Procesal Penal, el acusado será parte en el proceso y podrá proponer pruebas a su favor.

El defensor, a partir del momento procesal en que se pronuncie el Fiscal.

Establecer comunicación con su representado y entrevistarse con el mismo con la debida privacidad, si se hallare detenido.

Examinar las actuaciones correspondientes al expediente de fase preparatoria, excepto en los casos en que se reservan elementos para las conclusiones definitivas.

Proponer pruebas y presentar documentos a favor de su representado.

Solicitar la revocación o modificación de la medida cautelar impuesta a su representado:

Si el Instructor deniega la práctica de alguna prueba por el defensor o la solicitud de revocación o modificación de la  medida cautelar, se le notificara a este, en el término de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud del defensor, quien podrá recurrir en queja ante el fiscal.

El Defensor tiene las facultades legales necesarias para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad material y para ello está obligado a proponer o presentar todas las pruebas a su alcance que favorezcan a su defendido.

El Defensor vendrá obligado a comunicar a la brevedad posible a su representado, el contenido de aquellas notificaciones que reciba.

Cuando se trate de sentencias definitivas, si el acusado se encuentra en prisión provisional por cualquier proceso y a su Defensor le resulta materialmente  imposible comunicarle lo resuelto antes de que decurse el termino para establecer el recurso correspondiente, podrá el Abogado comunicárselo a un familiar allegado o a una persona de la confianza del sancionado, mayores de edad, previamente indicados por este.

El defensor firmará las diligencias en que participe, como constancia de su intervención en ellas.

Los Abogados que representan a los acusados podrán delegar, mediante escrito, en u técnico auxiliar la práctica de las diligencias de presentación de escritos, asimismo aceptar notificaciones, recibir despachos y cualquier otra de mero trámite, las que surtirán los mismos efectos que si se realizan por el Abogado.

La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar solo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que la originaron.  Durante la tramitación del expediente en fase preparatoria la modificación de la medida se decreta por el Fiscal o el Instructor, según los casos, y abierto el proceso a juicio oral, se dispone por el tribunal.

El acusado o su defensor podrán solicitar en cualquier momento la modificación de la medida cautelar aplicad. Durante la sustanciación de la fase preparatoria la solicitud se presentará a la autoridad que la haya dispuesto o que este conociendo el proceso, según corresponda.

La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no exceda de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud. En caso de que se deniegue la notificación de la medida cautelar de prisión provisional dispuesta por el Fiscal se notificará inmediatamente al acusado o su Defensor, pudiendo el solicitante establecer el recurso correspondiente.

Procede la prisión provisional, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Que conste en las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito.

Que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el tribunal pueda conformar su convicción en el acto de dictar sentencias.

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares que establece la Ley, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que:

El delito que se le imputa no haya producido alarma.

El delito no sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio.

No existan elementos suficientes para estimular fundamentalmente que el acusado tratara de evadir la acción de la justicia.

Cuando el fiscal formule conclusiones provisionales contra una persona que no haya sido objeto de medida cautelar alguna y existan motivos suficientes para presumir que tratará de evadir la acción de la justicia, el tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley.

Si el que fue objeto de medida cautelar se halla en libertad  y existen en cuanto al motivo suficientes para presumir que tratará de eludir la acción de la justicia, el Tribunal puede sustituir la medida dispuesta por otra más adecuada que la de prisión provisional.

Las medidas cautelares a aplicar pudieran ser:

Fianza en efectivo.

Fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a la que pertenezca.

Reclusión domiciliaria.

Obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale.

En los casos en que se dispongan cualquiera de las medidas cautelares señaladas, el acusado tendrá la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al Instructor o al Tribunal, en su caso.

La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal, según, a fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir de su centro de trabajo o de estudio, en el horario habitual, o para atender su salud.

Mientras el acusado no constituya la fianza que se le haya fijado para gozar de libertad provisional sufrirá prisión provisional.

Están excluidos del beneficio de gozar de la libertad provisional bajo fianza los acusados,

En delitos contra la seguridad del Estado,

En los delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad,

Quien preste fianza moral se compromete a asegurar la comparecencia del acusado y asume también la obligación de presentarlo a requerimiento del Instructor o del tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer dato suficiente que permitan su detención.

Si el acusado a quien se haya impuesto alguna medida cautelar la quebrantada, se sustituye por una más severa, si la medida quebrantada es de fianza en efectivo, esta, además se incauta.

Cuando el quebrantamiento se produce en la fase preparatoria, la modificación de la medida la dispone el Fiscal, con la aprobación del Tribunal. En caso de ocurrir después de la apertura a juicio oral, la modifica el Tribunal.

Legislación a su disposición

Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

Modificaciones

Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994

Decreto-Ley No. 128, de 18 de junio de 1991

Decreto-Ley No. 87, de 22 de julio de 1985, Sobre Procedimiento de Revisión en materia penal.

 

Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. Max Marambio

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, mediante Providencia de fecha 1ero. de marzo del 2012, dispuso publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No. 11,  el Aviso, disponiendo que en el expediente No. 194-2010, radicado en proceso ordinario sobre la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. establecido por la Corporación Alimentaria S.A. perteneciente al Ministerio de la Industria Alimenticia.

En atención a lo interesado, la Sala dispuso emplazar a la demandada Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A.  para que se persone y responda a la demanda, en el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación del Aviso en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, por ser  desconocido el domicilio legal, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá como conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 768 de la citada Ley, del mismo modo, se notifica a la demandada, Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A. el Auto de fecha 13 de julio del 2011 que dispuso la modificación de las medidas cautelares. A la vez, convoca a las partes para la vista para analizar la modificación de las medidas cautelares, la que se celebrará el 30 de julio del 2012, a las diez de la mañana. No se determina el lugar de la vista, grave error procesal, que impide la asistencia de los convocados.

El proceso en cuestión viene a resolver  la provisionalidad de las medidas cautelares, en virtud de lo que dispone la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, teniendo en cuenta que el Sr. Max Marambio, en el mes de mayo del 2011, fue sancionado, en ausencia, declarado en rebeldía de conformidad con lo que establece el artículo 442 y siguientes de la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, en un proceso seguido por corrupción administrativa, tipificado de cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios.

La sentencia que dispone sanción de veinte años de privación de libertad, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.

Las autoridades dispusieron además la búsqueda y captura internacional, como prófugo de la justicia cubana. Marambio, por su parte, interpuso demanda ante la Organización Internacional de Comercio, la que aún se encuentra en proceso, sin pronunciamiento procesal. Como sanción accesoria el Tribunal se pronunció por la confiscación de todos los bienes, derechos y acciones de los bienes patrimonio personal del precitado Marambio.

La Corporación Alimentaria S.A. conforma el patrimonio del estado cubano representado por el Ministerio de la Industria Alimenticia, organismo que quedó fusionado con el Ministerio de la Pesca,  después  de haber sido reestructurado, con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y verificaciones fiscales por parte de la Fiscalía General de la República, al organismo central y todo su sistema empresarial, resultando sancionado Alejandro Roca, quien ocupaba el cargo de Ministro de la Industria Alimenticia, y  otros  funcionarios cubanos  por delitos asociados a la corrupción administrativa.

Max y su hermano Marcell, sancionado en ausencia por los tribunales cubanos, a quince años de prisión por delitos asociados a la corrupción administrativa, también estuvieron vinculados a esta tipificación delictiva en la gestión de inversiones y negocios con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, en especial su Empresa Cubana de Aviación y la Empresa Mixta Comercializadora Sol y Son, donde resultaron sancionados un grupo de funcionarios y empleados. El General de División Rogelio Acevedo, Presidente del referido Instituto no fue procesado penalmente.

En este proceso no se había hecho referencia a los vínculos financieros-comerciales de Max con el Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para apoyar la actividad técnica específica, así como la propiamente derivada de sus proyectos de inversión, hace tres meses, fueron detenidos y encausados altos oficiales que dirigían la Empresa TECNOTEX-GAESA-MINFAR, por corrupción administrativa, vinculados a los hermanos Marambio, se desconoce la sustanciación del proceso penal.

En el año 2008, el gobierno dispuso la adopción del llamado corralito económico, congelando todos los fondos y activos de las inversiones extranjeras que operaban en el país, con la adopción de  estas medidas que impidieron operar las cuentas bancarias, las inversiones quedaron bloqueadas en sus indicadores según las licencias otorgadas por la Cámara de Comercio, el Banco Central y el objeto empresarial aprobado para las instituciones estatales cubanas.

El gobierno ha dado instrucciones al Banco Central de estructurar formas de pago con compensación para el reintegró de los referidos fondos. Es significativo que varios de los inversionistas extranjeros con fuertes negocios en Cuba, fueron sancionados por corrupción administrativa, confiscando  sus bienes, en virtud de lo dispuesto por la Ley penal, y posteriormente  expulsados del país, por lo que todo el capital pasó al patrimonio del gobierno cubano.

Uno de los hechos más significativos fue la salida ilegal del país de Pedro Álvarez, el que había ocupado el cargo de Director de la Empresa ALIMPORT, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, posteriormente promovido a Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que se encontraba en proceso de investigación por graves delitos de corrupción administrativa, se radicó en Estados Unidos, en Cuba se abrió un proceso investigativo dentro del Ministerio del Interior para conocer el móvil utilizado para burlar los operativos de vigilancia que habían sido activados para evitar que evadiera la justicia. Marambio pudo haber estado detrás de este significativo hecho donde primó la estrategia con la consolidación de la acción.

La empresa ALIMPORT es la única comercializadora con facultades para invertir en Estados Unidos, según acuerdos entre ambos países, previa aprobación de licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.

Max Marambio. Chile, Santa Cruz, 1947.

Max conoció a Fidel Castro en el año 1966, de visita a Cuba con su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Fidel apadrinó al muchacho y lo alista en las Tropas Especiales. A principio de los setenta lo envía a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, a cargo de la seguridad presidencial. La confianza se puso a prueba al defender a tiros la embajada de Cuba en Santiago. En septiembre de 1973 se establece definitivamente en la isla. Asciende a cargos preferenciales en la Jefatura de la Dirección de Inteligencia Cubana, fundamentalmente en el apoyo  logístico y financiero a los movimientos revolucionarios que proliferaban en América Latina, y que apoyaba el Partido Comunista de Cuba, con la estrategia aprobada por  Fidel Castro,  y junto a los hermanos La Guardia, participó en misiones directamente encomendadas por el Comandante en Jefe.

A finales de la década del 70, Marambio liquidó los bienes patrimoniales de Cuba en Chile, como parte de la Inmobiliaria Santa Cruz, con buenos resultados y excelentes comisiones, este hecho lo hizo público al acceder a declaraciones periodísticas al ex canciller cubano Alcibiades Hidalgo, el que logró evadir el control de la seguridad cubana y radicarse posteriormente en Estados Unidos.

La consagración al vínculo Max Marambio con Cuba se destacan en el libro autobiográfico Las Armas de Ayer, con el prólogo a cargo del escritor Gabriel García Márquez y criterios positivos de Fidel Castro.

 

Max colaboró como productor ejecutivo, por instrucciones de Fidel, en la filmación de la serie televisiva Nazca–1990 y en  la película Me alquilo para Soñar-1992,  basadas ambas en textos del Gabo, colaboró con la logística y el financiamiento de la constitución de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, como forma de estimular los vínculos con la insurgencia de los movimientos revolucionarios, ya en estado de decadencia como paso al proceso de democratización.

Posteriormente, integra la Corporación Cimex con resultados muy positivos en burlar el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, separado del cargo por corrupción administrativa, es designado a cargo de la técnica automovilística de la Seguridad del Estado.

Después de un período de tiempo es rehabilitado personalmente por Fidel, este le encomienda la misión de estructurar la inversión extranjera en Cuba, al aprobarse  el Decreto-Ley No. 50, como antecedente de la vigente Ley No.77, le entregan un millonario capital para abrir el  camino a las inversiones extranjeras, crean entidades fantasmas con sede en Panamá, donde radicó inicialmente la Corporación Cimex y el  Banco Internacional Financiero S.A. Habanatur ejecutó acciones en Miami, con la fachada de una gerencia panameña, con la presidencia de Carlos Alfonso González, identidad falsa de Max.

El ex general José Abrante Fernández, Ministro del Interior. El Coronel Tony la Guardia y otros Oficiales conformaron el Departamento MC estructurando   las actividades de comercio ilegal, para evadir el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, como tuvieron éxito, el negocio proliferó a Europa, este desempeño que a finales de la década del 80 los llevaron a comercializar el oro y la plata en poder de la población cubana,  desarrollaron el turismo extranjero con varias alternativas, se enrolaron en el mercado de la droga y  corrupción administrativa, la que tuvo como resultado el proceso penal, radicado la Causa No. 1-89, siendo sancionados a la pena máxima el General de División Ochoa y el Coronel La Guardia, así como los ayudantes de ambos, los demás oficiales recibieron sanciones de privación de libertad, posteriormente fueron liberados en licencia extrapenal y condicional. Marambio fue investigado pero  no fue instruido de cargos.

Max es el hombre que conoce y domina los secretos de la revolución cubana en múltiples variantes históricas, todas ellas en las que Fidel había tenido el papel protagónico de las estrategias. Fidel se ha sentido comprometido con Max.

En el proceso penal seguido contra Max, inicialmente, por orden de Fidel, se propuso el sobreseimiento parcial de la causa, determinación que fue revocada por Raúl, atendiendo al extremo que Marambio nunca tuvo vínculos con el General-Presidente.

Entrada y Registro en domicilio privado

Por Dr. Rene Lopez Benitez

Teniendo en cuenta las reiteradas denuncias y consultas sobre la ejecución de registros en domicilio privado, por parte de la Policía Nacional Revolucionaria, la Seguridad del Estado y otros órganos de investigación e instrucción, según la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994, tratamos sobre los preceptos procesales para su ejecución. El desconocimiento de la Ley por parte de la ciudadanía en relación con sus derechos fundamentales, así como del procedimiento para la implementacion de lo dispuesto por la legislación por la autoridad, unido a los actos de acoso, violencia y otras tendencias afines en la violación de los derechos civiles y de la democracia, justifican por nuestra parte la interpretación de lo legislado y la asesoría a los sujetos de la Ley.

La Constitución de la República, en su Capitulo VII, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, articulo 56, establece que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la Ley.

Según el articulo 215 de la Ley de Procedimiento Penal, el Instructor o el Fiscal pueden decretar la entrada y registro de día o de noche en todos los edificios y lugares públicos, cualquiera que sea su localización en el territorio nacional, cuando existan indicios de encontrarse en ellos el acusado, los efectos o instrumentos del delito y otros objetos que puedan ser útiles a los fines de la investigación.

Se consideran edificios o lugares públicos, en atención a lo que establece el articulo 216, para la observancia de lo anterior.

1.- Los destinados a cualquier servicio oficial, civil o militar del Estado, de la provincia o del municipio, aunque habiten en ellos los encargados del servicio o de la conservación y custodia del edificio o lugar. Para la ejecución del registro, en el acto de practicarlo, el funcionario de rango superior que se desempeñé será notificado, si se trata de edificio o instalación militar, se requerirá el auxilio de su Jefe a fin de que se lleve a efecto la diligencia o que autorice su práctica,

2.- Los que estén destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo,

3.- Cualquier otro edificio o lugar cerrado que no contribuya domicilio de un particular,

4.- Las naves marítimas y aéreas cubanas,

Para la entrada y registro en templo u otro lugar destinado al culto religioso, según el articulo 217, bastará pasar recado de atención a la persona a cuyo cargo estuviere.

De suma importancia es lo dispuesto por el articulo 218, cuando dispone que en el domicilio de ciudadanos cubanos o extranjeros residentes en Cuba, se practicará la entrada y registro de día o de noche, si la urgencia lo requiere, pero con el consentimiento del titular, a falta de este consentimiento, se requiere el mandato mediante Resolución fundada, con aprobación del Fiscal, copia del documento será notificado al propietario o persona interesada en conocer del requerimiento, con el especial pronunciamiento que este registro no puede ejecutarse fuera de las horas comprendidas entre las cinco de la mañana y las diez de la noche. Según la Ley, se garantiza el derecho constitucional de la inviolabilidad del domicilio.

Los Artículos 219 y 220, establece que La Resolución disponiendo la entrada y registro, contendrá los elementos de razones que justifiquen la acción,la identidad de los funcionarios o agentes designados para la práctica, ejecutándose de la forma menos gravosa, evitando diligencias inútiles, así como extenderlo a particulares ajenos.

Los agentes de la policía, pueden de propia autoridad al registro de un domicilio cuando haya orden de detención o mandato de prisión contra una persona y al tratar de llevar a efectos su captura se refugia en el inmueble en cuestión, cuando un individuo sea sorprendido en flagrante delito, o cuando un delincuente o presunto delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes, se oculte y refugie en alguna vivienda, como queda establecido por el articulo 221.

Cumplido lo anterior, se procede a la entrada y registro, empleando para ello, de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública. Se ejecuta con la presencia del propietario o del morador principal, si no es habido o se rehúsa concurrir a la diligencia, puede nombrar una persona que lo represente, en su defecto con la presencia de una persona mayor de edad y en todos los casos, asistidos por testigos, en especial de vecinos próximos, extendiéndose un acta con todas las incidencias de la ejecución, en especial de la ocupación de bienes. La legislación no expresa la procedencia de estos testigos, queda descartada la obligatoriedad de miembros del partido o de la juventud comunista o de organizaciones oficialistas como los Comités de Defensa o la Federación de Mujeres, por lo que el afectado del mandato puede proponer y hacerse valer de sus testigos.

De la entrada y registro, lo mas importante es el acta de la actuación, así como de la ejecución, evitando en todo momento que la autoridad actuante pueda ejecutar acciones contra el ciudadano, como la aplicación de técnicas de escuchas o introducir objetos que puedan afectar la integridad del ejecutado.

En todos los casos, el titular de la vivienda objeto de entrada y registro, en su defecto, las personas a cargo de su representación en la diligencia, serán notificados de una copia del acta, la que será firmada por los presentes, de no ser notificado, el documento en cuestión será reclamado y la autoridad actuante está en la obligación de acceder a la demanda en el momento, bajo ningún concepto esa notificación puede ser postergada.

Cualquier violación de la norma interpretada, pude ser objeto de reclamación ante el Órgano superior del que ejecutó la entrada y registro, así como en la Fiscalía General de la República y sus estructuras provinciales y municipales, atendiendo al precepto constitucional invocado.

Los establecimientos comerciales no se consideran domicilios, según establece el articulo 223

El articulo 224 dispone que a los inmuebles que ocupan las misiones diplomáticas acreditadas en Cuba, no es permitido ejercer acciones del tema, sin el consentimiento de del Jefe de la Misión, las mismas gozan de inviolabilidad al igual que las residencias de diplomáticos. Las misiones especiales, las consulares y las demás organismos internacionales acreditadas en Cuba, gozaran de inviolabilidad que le reconozcan las convenciones internacionales respectivas, de las que el gobierno cubano sea parte.

Otras regulaciones según el articulo 225, son las referidas para las naves, aeronaves civiles y militares extranjeras, en territorio nacional, incluidas las aguas jurisdiccionales cubanas.

Este tema, conforma la prueba documental en los expedientes en fase de investigación y de instrucciones en procesos penales y los testigos pueden ser llamados en los procesos como testigos, por lo que de la acción de lo dispuesto por la Ley, es parte del resultado de un proceso que puede llevarse con apego a la Ley o en condiciones sumamente violatorias a sus derechos.

Legislación a su disposición

  1. Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

  2. Decreto-Ley No. 151. Modificativo de la Ley de Procedimiento Penal

  3. Constitución de la República de Cuba