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Archivos en la Categoría: Código de Familia

Algunas consideraciones sobre las Relaciones ciudadanas

Por  Dr. René López Benítez.

La Unión Europea, a  propuesta del Gobierno de España, dispuso  la instauración de la Posición Común, en el marco de sus relaciones con el Gobierno de Cuba, en respuesta a los índices de violación de derechos humanos y democracia.

El procedimiento de Posición Común, establece y deja definido como política de relaciones del bloque europeo con el gobierno de Cuba, mantener vínculos con las  autoridades del legislativo, del estado y del gobierno cubanos,  así como con la Sociedad Civil Independiente, ilegalizada por las autoridades oficiales.

En todo momento, el gobierno cubano ha denunciado la determinación del marco de posición común como injerencia en asuntos internos, constitutivo de violaciones de las normas internacionales, a toda luz, se mantiene la vigencia de la política europea, y los gobiernos deben instruir a sus sedes diplomáticas que actúen conforme a derecho. Con independencia de lo anterior, se formalizan acuerdos y convenios de colaboración científico-técnica y de asistencia en casos de desastres naturales,  eventos con la asistencia de profesionales y académicos, etc.  a nivel de Unión Europea como institución, como bilateralmente entre los gobiernos miembros del bloque.

En otro sentido muy positivo de cosas, se une en el estricto marco de relaciones ciudadanas con instituciones como la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba,  con resultados positivos en la tramitación  de encuentros, como el recién concluido  LASA, la ya reiterada participación de artistas cubanos en Estados Unidos,  en reciprocidad de los profesionales del arte estadounidense en Cuba,  relaciones de organizaciones fraternales y religiosas, científico-técnico,  eventos multidisciplinarios  bilaterales e internacionales,  la apertura de visitas privadas de cubanos-norteamericanos y norteamericanos a Cuba, etc.,  aún enmarcadas dentro de las normas del embargo económico Estados Unidos-Cuba, con un programa de Licencias operadas por el gobierno del Presidente Obama, a favor del Pueblo de Cuba.

En ambos casos,  se desarrollan entre otras, las actividades consulares,  de cultura y prensa, etc., estas últimas constituyen un espacio público con fines educacionales e investigativos donde los ciudadanos cubanos, sin discriminación alguna o filiación política, respetando el derecho a la libertad de expresión, privacidad y confiabilidad en los recursos que utilicen, pueden comunicarse por correos electrónicos, así como mediante redes de comunicaciones sociales, publicar el resultado de los criterios,  e investigaciones, etc. usando diversas plataformas gratuitas que ofrece Internet, atendiendo a las restricciones de acceso a este servicio en Cuba.  En los últimos tiempos, muchos jóvenes hacen uso de cursos de instrucción y desarrollo profesional, así como la participación en concursos nacionales e internacionales, dentro de las relaciones internacionales amantes de la paz y del progreso.

Las autoridades cubanas han tomado serias medidas para enfrentar este nivel de relaciones culturales, así como en algunos casos han procedido a detener por cortos períodos a los cubanos que asisten a estas actividades de instrucción y desarrollo personal.

La Ley No. 1312 Ley de Migración y la No. 1313  Ley de Extranjería y sus Reglamentos,  no disponen tácitamente las relaciones de  turistas con los nacionales cubanos, teniendo en cuenta que en el momento en que fueron aprobados ambas normas legales, no existía la proliferación de viajes turísticos a Cuba en distintas modalidades. El Reglamento en cuestión establece procedimientos para disponer la expulsión del territorio nacional a un extranjero, cuando el mismo atente contra la integridad de la nación.  En la práctica los pronunciamientos y ejecuciones de la Dirección de Inmigración y Extranjería, se fundamentan en acciones propias de la Dirección de Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior.

La Ley No. 62, Código Penal  vigente no prohíbe las relaciones de ciudadanos cubanos con turistas, cubanos y extranjeros se deben al estricto cumplimiento de la Ley, la flexibilidad aparece cuando al amparo de lo dispuesto por la legislación complementaria de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, tiene  previsto el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios a turistas extranjeros, con la obligación de  consignarlos en los libros-registros de arrendatarios, de lo cual queda expedita la vía de control por parte de la Dirección de Inmigración y Extranjería y otras dependencias especializadas del Ministerio del Interior.

Las autoridades de instrucción policial promueven sus conclusiones y los Tribunales Municipales, sancionan a cubanos por la causal de peligrosidad social por acoso al turismo, como modo de frenar el nivel de deterioro de la sociedad cubana, fundamentalmente entre segmentos de la juventud. La actividad delictiva  asociada al turismo ha proliferado, casos de  turistas que  son encausados por la comisión de actos criminales. A  su vez, se pueden tipificar acciones delictivas, vinculadas al turismo, todas aquellas causales reguladas por la Ley Penal, las mismas quedan sustanciadas de conformidad con lo previsto por la Ley de Procedimiento Penal.

El Gobierno no hace uso de la Instrucción Especial No. 9  adoptada por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, para la repatriación por causales de índole procesal penal, según el caso,  de extranjeros que delinquen en Cuba, elemento muy desfavorable, atendiendo a la firmeza de la sentencia,  se convierte en  carga general  para las instituciones penitenciarias, se pudiera  proceder de conformidad con la precitada Instrucción, como sucede con turistas que atentan contra la moral, las buenas conductas, así como el desarrollo integral de la niñez y la juventud, tal y como prevé la legislación, así como por otras causales como accidente de tránsito, alteración del orden, corrupción administrativa,  etc.   Al quedar  el proceso  sustanciado, los sancionados a su vez se convierten en carga adicional para el personal consular de las sedes diplomáticas, que los aparta de sus funciones fundamentales.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, reiteró en el recién concluido   Período de Sesiones Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que serán reguladas las normas migratorias paulatinamente, pudiendo quedar el tema del desarrollo turístico dentro de esas regulaciones. El espíritu del orden militar del actual gobierno,  de controlar la vida social y personal de los ciudadanos cubanos, sería ser susceptible de regulaciones.

En los últimos tiempos, profesionales y académicos de cualquier país, acceden a Cuba para asistir a eventos, cursos de desarrollo, colaboración y otras modalidades, sin restricciones de relacionarse con los cubanos y sus familias, de tal relación se desarrollan vínculos afectivos que en reiteradas ocasiones estos extranjeros cursan cartas de invitación a cubanos para visita a sus respectivos países.

De lo anterior, y otras causales, múltiples extranjeros con visas de turistas viajan a Cuba, sin que tengan relación alguna con las sedes diplomáticas de sus respectivos países, desconociendo estos funcionarios el programa de visita, el nivel de  relaciones con cubanos,  promoción de  proyectos de colaboración como los reseñados que son organizado por entidades no  gubernamentales, académicas, religiosas,  los interpersonales  y de otra índole. Estos turistas no mantienen contactos con los diplomáticos, salvo por algunas emergencias que requieran la asistencia consular.

El presente artículo deja sentado  el criterio personal sobre las relaciones de ciudadanos cubanos con extranjeros, incluyendo turistas.

03.08.2012

Modificaciones del contrato de uso de servicio telefónico. Corrupción administrativa

Por Dr. René López Benítez.

El Consejo de Ministros, otorgó mediante el Decreto No. 275, de fecha 16 de diciembre del 2003 la concesión administrativa de servicios públicos de telecomunicaciones a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (ETECSA) facultada para establecer los procedimientos y normativas para el desarrollo de la telefonía en el país. 

Anteriormente ETECSA había transitado como parte de las inversiones extranjeras, en virtud de lo que establece la Ley No. 77, “De la Inversión Extranjera”,  con un alto nivel de desarrollo tecnológico y logístico.

El otorgamiento de la titularidad del servicio telefónico a personas naturales, es un proceso en el que participan y deciden los factores, (Poder Popular, Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres de Cuba, Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y otras organizaciones afines) de la comunidad,  donde reside el ciudadano candidato para  el otorgamiento,  se requiere el voto favorable que prueba su capacidad política a favor del gobierno.

Teniendo en cuenta las bajas capacidades de instalación de nuevos equipos para el sector residencial, en los últimos años proliferaron serias manifestaciones de corrupción administrativa, por esta causal fueron sancionados penal y administrativamente funcionarios y empleados de ETECSA, así como miembros de las Comisiones de Otorgamiento comentada anteriormente.

El  Ministro de la Informática y las Comunicaciones dispuso mediante su Resolución No. 82-2012,  de fecha 21 de mayo del 2012, estableciendo  la aprobación de un Contrato Tipo para la prestación de servicios de telefonía básica que se le brinda al segmento residencial nacional, con el fin de flexibilizar las condiciones de contrato del servicio, autorizando el traspaso de la titularidad del servicio a favor de terceras personas naturales y reconocer el derecho del titular a solicitar el traslado hacia un nuevo domicilio en el momento en que lo considere oportuno (permutas) por lo que estas disposiciones están destinadas a erradicar acciones delictivas, entre ellas las derivadas de la corrupción administrativa. 

Es de destacar que el gobierno dispone de miles de capacidades destinada al sector estatal que afectan sustancialmente el sistema residencial. 

La concesión de los contratos de servicio de telefonía móvil (Celulares) vino a resolver las necesidades de la población,  aún cuando se comercializa en divisa (CUC) y durante años estuvo prohibida y  la posesión de un equipo móvil era objeto  de sanciones penales de multas o privación de libertad.

En  casos de fallecimiento, presunción de muerte o ausencia definitiva del país de su titular, se dispuso por la Resolución No. 82-2012 a favor de la persona natural previamente designada por éste. De no existir tal declaración, se trasmitirá la titularidad a los familiares, en el siguiente orden.

Cónyuge, hijos y demás descendientes.

Padres, abuelos y demás ascendientes.

Hermanos y sobrinos. Tíos

Primos Los cónyuges y  los hijos concurren con igual derecho.

De no existir las  personas reconocidas anteriormente, el servicio se transmitirá a quien se le otorgue la vivienda, cuando existan personas con iguales derecho y no se alcance acuerdo, dentro del término de treinta días (30), ETECSA dispondrá la baja del servicio. Fuera de estas modificaciones, el servicio telefónico es intransferible.

Como puede apreciarse, la pretensión de poseer un teléfono fijo en Cuba, aún con necesidades priorizadas,  después de cincuenta y tantos años de Revolución, está lejos de la realización del cubano, aún cuando en la información oficial de indicadores de desarrollo se refleja un incremento del servicio.

Las modificaciones comentadas no se fundamentan en el derecho ciudadano a disponer del bien, vienen a resolver lo que el gobierno cataloga como indisciplinas sociales.

Una vez más, el gobierno vincula la pretensión ciudadana de poseer un teléfono y  la incapacidad de brindar el contrato de servicio, así como la falta de equipos, piezas de repuestos, cables y demás implementos de tecnología, al embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos desde la década del 60, pero en el período 1995-2003 en que ETECSA estuvo vinculada a la inversión extranjera, primó el derroche, robo y desviación de recursos, así como la determinación oficial para la prestación del precitado servicio.

El Consejo de Estado, en uso de las facultades que le están conferidas por el artículo 90 de la Constitución de la República, y a propuesta de su Presidente, ha adoptado el Acuerdo de fecha 12 de junio del presente año, de liberar al General de Brigada Medardo Díaz Toledo, del cargo de Ministro de la Informática y las Comunicaciones, designando para ocupar el cargo al Ingeniero Maimir Mesa Ramos, el que se venía desempeñando en el cargo de Viceministro Primero del precitado Ministerio. El General de Brigada Díaz Toledo se reincorporó  al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

La Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, teniendo en cuenta los resultados de las auditorías, controles y verificaciones fiscales al Ministerio de la Informática y las Comunicaciones, y a  su sistema empresarial, detectaron graves violaciones de las normas y procedimientos.

En la actualidad están pendientes de concluir procesos de investigación e instrucción, así como la celebración de juicios a funcionarios y empleados de ETECSA, y de otras entidades; el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones  y  Gerencias de Inversiones Extranjeras  vinculadas al cable que permitiría el acceso de Cuba  a Internet, que alcanza a importantes empresarios cubanos y extranjeros.

Los daños a la economía  nacional por esta causal  rebasan miles de millones de dólares y atenta contra las perspectivas de una conexión de alta tecnología y seguridad. El gobierno se escuda en este hecho para justificar su negativa de una apertura a la tecnología digital.

El General de División Rogelio Acevedo, ex-Presidente del Instituto de  Aeronáutica Civil  de Cuba (IACC) no fue procesado penalmente  por corrupción administrativa, estando vinculado,  como  uno de los principales responsables,  donde resultaron sancionados a severas penas en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 62, Código Penal, dirigentes, cuadros y funcionarios del precitado organismo,  así como inversionistas extranjeros y personal vinculados a estos.   

Acevedo fue separado del cargo y a propuesta de los militantes del núcleo del Partido Comunista de Cuba fue expulsado de la organización política.

Con la determinación de liberar del cargo de Ministro de la Informática y las Comunicaciones al General de Brigada Medardo Díaz Toledo,  todo indica que a los jefes militares no se le exige responsabilidad penal por la comisión de delitos, aún cuando el propio General de Ejército indicó, en el marco de la VIII Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular,  que el peso de la ley le sería aplicada a los que atenten contra la economía nacional.

Legislación a su disposición

Decreto No. 275, Concesión a ETECSA.

Resolución  No.82-2012,  Traspaso del contrato de servicio telefónico

Acuerdo del Consejo de Estado sustitución del Ministro y designación del sustituto.

Ley No. 62, Código Penal

Ley No. 59, Código Civil

Compendio de instrucciones para el otorgamiento del servicio telefónico al sector residencial

18.06.2012

Consideraciones sobre el ejercicio de la patria potestad, denuncia de organizaciones independientes

Organizaciones independientes han presentado denuncias de las amenazas del gobierno por intermedio de la Seguridad del Estado, de iniciar procesos penales contra mujeres-madres de hijos menores con el fin de despojarles de la patria potestad, por el solo hecho de participar en las actividades contestatarias al régimen. Hasta la fecha no existen antecedentes de radicación de procesos legales por esta causal, sin embargo, el Código de Familia, Ley No. 1289 de 14 de febrero de 1975 dispone entre sus instituciones las relaciones paterno-filiales, y en especial la normativa de la patria potestad y la guarda y custodio de los hijos menores, que pudiera ser utilizado para lograr este propósito.

Para disponer el cese de la patria potestad, el precitado Código de Familia en su artículo 94 y siguientes, dispone que la patria potestad se suspende por incapacidad o ausencia de los padres,. declarada judicialmente, el artículo 95 dispone que los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, podrán privar a los padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o suspenderlos en el ejercicio de esta, en los casos previstos en los artículos 93 y 94, o mediante sentencia dictada en el proceso promovido a instancia del otro o del fiscal, cuando los padres incumplan gravemente los deberes previstos en el artículo 85, directamente en el caso que nos ocupa el artículo 85,3) llama la atención.

El artículo 85,3) establece el deber de los padres de dirigir la formación de sus hijos para la vida social, inculcarles el amor a la patria, el respeto a los valores, el espíritu internacionalista, las normas de convivencia y de la moral socialista y el respeto a los bienes y derechos personales de los demás, inspirarles con su actitud y con su trabajo el respeto que le deben y ensenarles a respetar a las autoridades, a sus maestros y a las demás personas.

La interpretación que el gobierno le otorga a la patria potestad esta dada en el artículo 85 del antes mencionado Código de Familia y lo vincula a la Constitución de la República, modificada por Acuerdo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que establece el carácter irrevocable de la ideología socialista.

Despojar a los padres o a uno de ellos, miembros de organizaciones independientes de lo expresado en el referente artículo 85,3) del Código, de un derecho tan elemental como la patria potestad y la guarda y custodio de los hijos menores, violaría abiertamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las normas en material de Derecho de la familia, la ninez y la juventud.

Este Nuevo caso de chantaje se fundamenta en querer poner freno a las crecientes actividades de oposición al gobierno, aún cuando estos hijos menores no participan de las mismas. Es obvio que en los últimos tiempos la postura gubernamental es reprimir sin dejar huellas de procesos penales con sanciones de privación de libertad. El propósito de este artículo es llamar la atención al hecho de que el régimen realmente dispone de medios legales para cumplir sus amenazas, ya que en la legislación invocada exíge a los padres dar a sus hijos una educación ideológica socialista.

Legislación a su disposición: Solicitud mediante correo electrónico
1.- Código de Familia,
2.- Código Penal, Ley No. 62