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Consideraciones sobre el Derecho de Asilo en Cuba

La Constitución de la República de Cuba de 24 de febrero de 1976 establece  en su Artículo 13 “La República de Cuba concede asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo,  contra la discriminación y el racismo por la liberación nacional, por los derechos y reivindicaciones  de los trabajadores, campesinos y estudiantes, por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas por el socialismo y la paz”. No se ha dictado normativa procesal complementarias de este precepto constitucional, la ejecutoria se fundamenta  en virtud de la interpretación y  determinación unilateral  del gobierno.

 

Los asuntos puntales sobre el reconocimiento del derecho de asilo, el gobierno lo resuelve con total hermetismo  en virtud de lo que dispone la Ley No 1313 Ley de Extranjería, de 20  de septiembre de 1976, sin que transcienda la solicitud, el otorgamiento, así como las consideraciones que se deriven de la sustanciación de un trámite migratorio donde se enmascara un reconocimiento a  una persona de  marcado interés.

 

Mediante la Ley No. 1226 de 16 de septiembre de 1969,  el gobierno revolucionario dispuso regulaciones sobre el desvió de naves y aeronaves, en lo puntual que:  “Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley, el Estado Cubano en el ejercicio de su soberanía, se reserva la prerrogativa de otorgar derecho de asilo, cuando lo estimare justificado, a aquellas personas que, por motivos de orden político, arriben a nuestro país habiéndose visto en la necesidad de utilizar la vía extrema para eludir un real peligro de muerte o grave represión”.

 

Algunos de los ciudadanos norteamericanos que ejecutaron acciones de desvió de naves y aeronaves con destino a Cuba, los Tribunales les aplicó  sanciones previstas en la Ley Penal, en los últimos tiempo varios de ellos  fueron repatriados y encausados por los tribunales estadounidense, logrando posteriormente  su total libertad e incorporado al seno familiar y nacional.

 

Los gobiernos de Cuba y del demócrata estadounidense  Jimmy Carter concertaron acuerdos históricos en 1977 relativos a  temas migratorios, y el establecimiento de las Secciones de Intereses en ambos países. En 1994 el ex presidente Clinton respondiendo a las amenazas de Fidel Castro de permitir una nueva oleada de migración ilegal de cubanos a Estados Unidos, repitiendo el Mariel-1980, interceptó  a los balseros y los remitió  a la Base Naval de Guantánamo, en ese mismo año ambos gobiernos alcanzaron  acuerdos migratorios  para lograr evitar el éxodo ilegal con una proyección del otorgamiento de 20mil visas a cubanos para emigrar a Estados Unidos.

Hasta esa fecha la penetración por la fuerza de cubanos en sedes diplomáticas con la marcada justificación de lograr asilo y salvoconducto era motivo justificado para viajar al exterior, al concretarse los tratados migratorios esas acciones dejaron de tener el estimulo potencial, además del pronunciamiento del gobierno cubano que no accedería a presiones internas y externas para lograr la salida del país por esta vía,  por lo que los responsables de esas acciones serían puestos a disposición de los Tribunales y sancionados en virtud de la Ley Penal vigente.

 

Actualmente los cubanos acceden a los procedimientos migratorios establecidos para el otorgamiento de visas de viaje temporal o definitivo, por parte de gobiernos extranjeros teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales a la política migratoria dispuestas mediante el Decreto-Ley 302 de  11 de octubre del 2012 y su complementaria, Decreto No. 305, Modificativo del Reglamento de la Ley  de Migración, de 19 de julio de 1978,  estimula los trámites legales, aún cuando en los últimos días el Periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba y blogueros oficialistas malintencionados   denuncian acciones del gobierno de Estados Unidos para entorpecer esos trámites,  lo que prueba el total desconocimiento de las estadísticas  de atención a ciudadanos cubanos que asisten a la Sección de Intereses para tramitación de visas con un alarmante incremento,  información  desmentida  con todo fundamento de causa por el Departamento de Estado , en su momento el Jefe de la Sección Consular de la Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba  formuló declaraciones dejando clara y determinante la política de otorgamiento de visas a cubanos que pretenden viajar a su país. Estas declaraciones aparecieron publicadas en el Periódico Granma, con gran cobertura en la prensa internacional.

 

Para los cubanos queda expedita la vía del reconocimiento de Refugiado Político que en virtud de Proclamas Anuales  Presidenciales por parte del gobierno de Estados Unidos, las que articulan sin contratiempo, con cifras vinculadas al programa en cuestión.

                     

En un tiempo, Cuba fue el destino  para miembros de los Movimientos Revolucionarios de Liberación Nacional de América Latina y del Caribe, así como de otros continentes, tiempo que era utilizado para la preparación física-combativa-ideológica por parte de los órganos especializados  del Ministerio del Interior y del Partido Comunista,  para en el momento en que resultaba oportuno reintegrarse a su país de origen o a otro asignado para desarrollar la   lucha clandestina, independiente esto, el destino cubano fue utilizado por personas sin un proyecto social ni compromiso político, alegando ser perseguidos políticos para tomar vacaciones o residir temporalmente en el país  para cursar estudios universitarios, la prueba de ello  fueron  los miles de refugiados chilenos que arribaron a Cuba al producirse el golpe de estado del General Pinochet, (11 de septiembre de 1972), cuando el Partido Comunista de Cuba depuró los llamados refugiados (1981-85) y los llamó a tomar un compromiso social y revolucionario, optaron por viajar a europea para hacer su vida,  algunos de ellos regresaron en los últimos años  a Chile. Son muchos los ejemplos de  una solidaridad extrema del gobierno revolucionario cubanos con esos  refugiados políticos  a expensa de carencias y sacrificios del pueblo, no son pocos los casos en que después tomaron partido contra la revolución cubana.

 

Lo anterior se justifica,  en  la década del 60 hasta finales de los 70 el gobierno revolucionario adoptó otorgar asilo político a personas que invocaban ser perseguidos políticos por parte de su gobiernos, puntualmente  en el caso de algunos norteamericanos la acción venia supeditada al desvió de naves y   aeronaves, poniendo en peligro la vida de ellos y la de los pasajeros, con elementos bastantes y suficientes que prueban graves delitos criminales, entre ellos asesinato, robos millonarios, atentar contra la integridad de ciudadanos y del gobierno, etc. al paso de los años aún, el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba desde hace más de veinte años en la Lista de Países vinculados al Terrorismo de Estado.

 

En el precitado informe consta más de cien norteamericanos que residen en Cuba bajo el  amparo del gobierno y el Partido Comunista, entre ellos los más connotados son la Sra. Joanne Chesimard, Víctor Manuel Gerena, Carlie Hill y Michael Finney, otros de origen colombiano, dominicanos, italianos y algunos de origen desconocido. Miembros de grupos terroristas como ETA, ira, Los Macheteros, narcos-guerrilleros de Colombia, y muchos otros residen en Cuba bajo un  diferenciado estatus migratorio y con otra identidad. Actualmente se denuncia por parte de las autoridades estadounidense que el gobierno de Cuba acepta el regreso al país de ciudadanos cubanos vinculados a delitos criminales como estafas a programas de gobierno y gerenciales, sin que se pueda lograr información del Banco Central de Cuba  relativa a depósitos y envíos de sumas millonarias mediante cadenas de bancos implicados en la acción delictiva.

 

En el caso puntual del ciudadano norteamericano Edward Snowden, ex técnico-contratista  de los servicios secretos de Estados Unidos, (CIA), el gobierno  estadounidense insto a gobiernos  de Ecuador, Cuba, Venezuela y otros,  a no otorgar asilo al referido evadido del control. El gobierno de cubano no se ha manifestado en relación al asunto, tampoco es tiempo ni condiciones para incorporarse a un pleito, cuando ambos países están vinculados a una nueva ronda de conversaciones donde se abordarán temas de interés mutuo,  no así los otros dos gobiernos mencionados, los que se encuentran en consultas y análisis  sobre el particular. Según el Sr. Jen Psaki, funcionario del Departamento de Estado confirmó que el pasaporte de Snowden fue anulado, teniendo en cuenta que la justicia estadounidense lo reclama por diversos delitos, extremo de rutina como parte del procedimiento legal en cualquier país.

 

LEGISLACION CONSULTADA

Solicitudes mediante https://referenciajuridica.wordpress.com  y

dr.renelopez@yahoo.es

05.07-2013

Proceso penal contra el español Ángel Francisco Carromero Barrios, estrategia política del gobierno cubano

El Tribunal Provincial Popular de Granma, con sede en Bayamo, fijó para el 5 de octubre próximo,  la celebración de la vista oral del proceso seguido contra el ciudadano español Angel Carromero, Vicesecretario General  del Proyecto Nuevas Generaciones del Partido Popular Español, NNGG,  el que conducía el auto accidentado, donde fallecieron los ciudadanos cubanos  Oswaldo Paya Sardinas, Presidente del Movimiento  Cristiano de Liberación,  y su asistente el joven Harold  Cepero, el ciudadano sueco  Jens Aron Modig  resultó ileso.

El Sr. Aron Modig  no aporto elementos de peso en el inicial proceso investigativo,  fue retenido por las autoridades cubanas del territorio a cargo de las investigaciones  extremo que fue impugnado  por la representación diplomática de Suecia en Cuba.  al plantear que dicha categoría-retenido,  no consta en la Ley de procedimiento Penal, por tanto al disponer la Dirección de Investigaciones Criminales  y la Dirección de Seguridad del Estado, ambas del Ministerio del Interior  su libertad sin restricciones, pudo viajar de regreso a Suecia.

En el proceso el  ciudadano sueco fue  objeto de interrogatorios por parte de la Seguridad del Estado Cubano, a fin de conocer los motivos del viaje a las provincias orientales, la relación entre ambos extranjeros español-sueco y sus vínculos con el destacado líder de la oposición Oswaldo Paya y su asistente. Como resultado de esta investigación, el gobierno cubano dispuso la publicación en la televisión y la radio nacional, así otros medios de difusión masiva, y la prensa internacional acreditada,  la conferencia de prensa, preparada por  especialistas  de la Seguridad del Estado y del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, para reconocer los vínculos profesionales con la disidencia cubana,  la  que fue denunciada por el gobierno como injerencia en sus  asuntos internos, agotada la agenda de instrucción, el sueco en cuestión no representaba ningún otro elemento importante en el proceso penal.   Al arribar a su país declaró  que no haría pronunciamientos para no afectar el proceso  investigativo en cuestión que se sigue en La Habana  contra el Sr. Carromero.

Los familiares de los dos  cubanos fallecidos en el accidente no han sido llamados al proceso penal como perjudicados, en Cuba está vigente el precepto constitucional   que  la Fiscalía General de la República representa los intereses de los ciudadanos como parte de la desgastada concepción  de la Legalidad Socialista, los objetos personales de ambos fallecidos no han sido entregados a sus familiares, aun cuando fueron reclamados, lo que se presume que en su momento estos objetos serán utilizados como elementos de  prueba en las denuncias de carácter político que sustentan el vínculo entre los   dos extranjeros y los dos cubanos.

Familiares del Sr. Paya solicitaron a las autoridades cubanas tener acceso a los dos extranjeros, para conocer de primera mano y en un gesto de humanidad, los últimos momentos en la vida de sus allegados familiares, la Ley de Procedimiento Penal no permite este tipo de acciones, máxime cuando inicialmente los jóvenes extranjeros estaban incomunicados, por tal motivo, los familiares de Paya Sardinas declararon que no quedarán sujetos a indemnización alguna, y que no sostienen como ciertos los hechos como son expuestos por las autoridades,  se desconoce si han sido citados para que asistan a la vista oral, aún cuando no son parte de la causa, se espera que una vez concluida la vista y notificada a las partes la sentencia,  se pronunciarán públicamente ante la prensa extranjera sobre el tema que nos ocupa.  La indemnización por los daños causados a  la Compañía RENCAD será dispuesta como responsabilidad civil, según la sentencia que será dictada en su momento.

Desde el exterior se promovieron solicitudes al gobierno de Cuba a que accediera a la reiterada realización de una investigación independiente, extremo no previsto en la legislación, aún cuando la vista del juicio oral es público, en estos casos solo tienen acceso las personas autorizadas por el alto mando del Ministerio del Interior, en Cuba el poder judicial  se subordina constitucionalmente  en la ejecutoria de  sus   funciones a las determinaciones gubernamentales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Colaboración , reconoció que  por intermedio de la Embajada española en Cuba, contrataron los servicios de representación letrada,  a cargo del Bufete  Especializado  que dirige la Dra. Niurys Piñero, Asesora Legal en el proceso seguido en Estados Unidos contra los cinco espías cubanos  que cumplen sentencia en aquel país. La legislación cubana no permite la representación letrada de abogados extranjeros, aunque  los mismos pueden integrar un equipo de asesoría legal, a cargo de la defensa,  recaerá la personería en un letrado cubano, inscripto en el Registro de Abogados del Ministerio de Justicia y miembro de un Bufete o Consultoría Jurídica  cubana.

El sábado 28 de julio, el periódico Granma, Órgano Oficial del Partido Comunista de Cuba, publicó una Nota Oficial del Ministerio del Interior, informando preliminarmente en detalles  lo  sucedido, basándose en el informe de testigos y  peritos con una larga experiencia en la actividad, la que ha sido cuestionada por relacionar años de experiencia profesional a los pocos accidentes que se suceden en un territorio tan poco transitado como el oriental, desde un inicio los elementos expuestos carecieron de objetividad, como  el exceso de velocidad, no atender a la conducción del vehículo, manipulaciones erróneas, no se han publicado otros elementos  de la fase de investigación. Según la Ley Procesal los dictámenes y conclusiones preliminares de un proceso no son públicos, en la vista oral, los abogados de la defensa pueden cuestionar los elementos probatorios propuestos en las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal.

Los gobiernos de Cuba y España mantienen vigentes  protocolos de repatriación de sancionados, por lo que en virtud de lo dispuesto por el Código Penal y la Instrucción Especial No. 9-2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,  mediante sentencia firme, se deben iniciar los trámites de repatriación. En su momento, el Sr.Carromero accedió a declarar ante la presenta nacional e internacional sobre los vínculos con la disidencia cubana, la que teniendo en cuenta el proyecto que dirige en su país, lo vinculan de promover la oposición al régimen oficialista, resultando dicha comparecencia elemento de denuncia del gobierno cubano por atentar contra su integridad nacional y demás fundamentos que se utilizan para este tipo de ocasión.

Desde  el momento de producirse el accidente en cuestión, la  asistencia consular, integrada por un  Cónsul Honorario y el Cónsul General  de España en Cuba,  puso de manifiesto la prioridad de su gobierno, manteniendo un monitoreo discreto que permitió conocer las formalidades  del proceso investigativo y de instrucción, fruto de esa representación para hacer valer los derechos del ciudadano español sujeto al proceso, el acusado fue trasladado al Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, situado en la intersección de las calles 100 y Aldabó, municipio Boyeros, en La Habana, fue recluido en una zona preferencial, hasta el mismo Ministro español tuvo frases de elogio por el trato dispensado, en un momento la celebración de la vista oral fue pospuesta por inclemencias atmosféricas en las provincias orientales.  El Sr. Carromero no ha conocido las infrahumanas condiciones de las cárceles cubanas.

En el marco de la celebración del actual periodo de sesiones de la Organizaciones de Naciones Unidas, se tiene previsto un encuentro entre los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla y su homologo español José Manuel García-Margallo, entre los temas tratar pudiera estar  el proceso penal seguido  contra el Sr. Carromero, por lo que prueba el marcado interés del gobierno español en la solución del proceso penal, justificando tratándose de un ciudadano español,  especialmente por estar  tan cercano a la Presidencia  del Partido Popular en el poder.

Teniendo en cuenta el proceso con las características del acusado y de la causas, efectos y demás elementos sujetos al proceso investigativo y de instrucción, con una marcada relación con la prensa, con fuertes  elementos llamados de atención por destacados políticos, gobernantes, dignatarios religiosos y de organizaciones sociales, otros a título personal o en representación de organizaciones opositoras al  régimen castrista, a lo que se le une la sociedad civil ilegalizada en Cuba,  todas ellas expusieron sus denuncias o preocupaciones sobre la presunción premeditada de elementos planificados por las autoridades cubanas para interrumpir  el viaje en cuestión, aún con todos estos indicios, el Ministerio Fiscal pudo haber dispuesto una fianza económica o que la representación diplomática en Cuba se convirtiera en fiadora moral, afín de que el detenido se presentara ante los requerimientos y emplazamientos legales, y no continuara en condición de detenido en prisión preventiva. A toda luz, los Órganos del Ministerio del Interior -Seguridad del Estado, Inmigración y Extranjería, Orden Interior y otras tantas Direcciones afines-,  tenían la orden de impedir la salida del país del procesado.

La Fiscalía solicita   la sanción de siete años de privación de libertad,  fundamentándose en falta de acción en la conducción del automóvil, exceso de velocidad, incorrecta manipulaciones de los sistemas de freno en una superficie deteriorada, a esto se le suma la información publicada en su país,  haciendo referencia a que la licencia de conducción había sido retenida por puntos como resultado de notificaciones por violación de la legislación de conducción vial.

Se presume por tanto, el próximo viernes el Tribunal Provincial Popular de Granma al dictar sentencia, dispondrá una sanción  contra el Sr. Carromero, la que no debe ser recurrida en proceso de Casación ante la correspondiente Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, para lograr ventaja en el tiempo, iniciándose el proceso de repatriación del español a su país, después se conocerán en detalles la verdadera historia del accidente, el fallecimiento de dos cubanos y la participación de dos jóvenes amantes  de la democracia.

Quedarán en el recuerdo el destacado político Oswaldo Payá,  con su Proyecto Varela y posteriormente el Heredia, con la pretensión de hacer valer los derechos civiles en la lucha por la democracia, Harold, el joven que con su sonrisa y espíritu fuerte supo llegar a otros jóvenes para inculcarles la posibilidad de un cambio democrático en Cuba, para lograr sueños y  hacerlos realidad.

Como resultado de este proceso, el gobierno cubano logró denunciar con pruebas aportadas por los ciudadanos español y sueco, respectivamente, la injerencia externa en política interna, en relación con el gobierno de España, utilizó el proceso penal para lograr un acercamiento político-económico, prueba de ello es que las expectativas de mano dura del gobierno del Presidente Rajoy en relación con Cuba se disiparon.

El pasado 27 de septiembre se inauguró en La Habana el XVIII Encuentro del Comité de Cooperación Empresarial Cubano – Español ,  después de dos años sin sesionar, ahora presentan perspectivas de recuperación. Son fuertes los lazos que unen a estos dos países,  Cuba adeuda a España una suma millonaria, el futuro del pago de  créditos, inversiones, préstamos y otras iniciativas  financieras quedan en la incertidumbre. La crisis de impagos a España se inicio desde los primeros años de poder revolucionario, cuando Cuba intervino, confisco, nacionalizó las propiedades de españoles residentes en el país, para alcanzar  un entendimiento, las partes lograron el pago simbólico de la deuda y la efectividad de acuerdos migratorios o de repatriación de los naturales afectados por la ofensiva revolucionaria contra la propiedad privada.

En la actualidad el gobierno cubano está promoviendo modificaciones a la  Ley de Inversión Extranjera, para lograr actualizar conceptos de intereses mutuos, el gobierno de Cuba adeuda a empresarios españoles  por concepto de retenciones de sus finanzas en bancos cubanos, como resultado del corralito,  dispuesto como estrategia para depurar en aquel momento el estado de sus cuentas y lograr refinanciamiento para compras impostergables, esto afectó sustancialmente la imagen de Cuba en el sector de las inversiones extranjeras.

El Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España declaró que las relaciones entre Cuba y España se han caracterizado por ser inmunes a cambios y coyunturas, superando siempre problemas y obstáculos que pueden presentarse.

01.10.2012

ALAN GROSS, Reitera Gobierno Cubano propuesta de negociación

La Sra. Josefina Vidal, Directora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo pública en su  declaración de fecha  12  de septiembre del 2012, el interés del Gobierno de Cuba de establecer negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América, a fin de resolver el caso del Sr. Alan Gross,  sancionado a quince años de prisión por atentar contra los poderes del estado cubano, lo anterior reafirma el reiterado propósito de lograr el  canje del Sr. Gross en relación con los cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos por delitos de espionaje.

El gobierno de Estados Unidos, así como otras instituciones, desestiman las propuestas cubanas del canje, sustentando  el fundamento que el Sr. Alan Gross, actuaba con apego a libertades democráticas, en la  práctica internacional de ayuda a Organizaciones No Gubernamentales. El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Dr. Ricardo Alarcón de Quezada, con un lenguaje gastado e incoherente, resultado de su   avanzado  deterioro  estado físico-metal generacional, reitera la negativa de la parte  cubana de liberar a Alan, sin llegar a un entendimiento que beneficie a los cinco espías cubanos.

La Sra. de  Gross,  visitó a su esposo en los últimos días en tres oportunidades, en condiciones propiciadas por el gobierno cubano, al término del encuentro ratificó la situación alarmante de pérdida de peso y afectaciones considerables a la salud (pérdida de 47.7kilos y ha desarrollado artritis degenerativa y una masa detrás del omoplato derecho, puntualizó que su espíritu es fuerte),  así como hizo pedidos, en condición de esposo y padre de familia,  al General de Ejército Raúl Castro de liberar a Alan, para que vuelva a su hogar en el seno familiar.

El actual equipo de defensa estadounidense, el que no ostenta la representación letrada ante los tribunales cubanos, extremo que lo impide la legislación cubana, adelantó  la determinación de presentar el caso ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para Detenciones Arbitrarias, para que dictamine sobre el proceso legal seguido contra Gross, este mismo Grupo conoció en su momento una reclamación interpuesta por los abogados a favor  de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.

Refiriéndonos al tiempo transcurrido, hasta el propio Gross y su familia, acceden al canje, el  gobierno cubano no reconoce las demandas de liberación a favor del penado, justificando una cuestión internacionalmente reconocida como humanitaria, después que el proceso legal está concluido por sentencia firme de los tribunales, sin ulteriores recursos, solo un proceso extraordinario  de revisión de la causa, de lo cual no se presume  que prospere. El gobierno de Estados Unidos ha interpretado que el proceso es injusto,  reiterando  la inmediata e incondicional  liberación.

Con fecha 18 de septiembre, la Sra. Vidal, declaró que no se había recibido respuesta alguna  referente a la propuesta introducida por ella en representación del gobierno cubano, reiterando las buenas pretensiones de lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, según comentó,  algunas declaraciones no oficiales, pero  que provienen del gobierno de Estados Unidos, hacen referencia a no tener nada que conversar al respecto¨. La funcionaria cubana hizo un especial pronunciamiento a que el estado de salud de Gross sigue siendo normal y realiza regularmente intensos ejercicios físicos.

El 27 de septiembre del 2012, fuentes de las Oficinas del Senador Republicano Jerry Morán, llamaron la atención sobre  la solicitud interpuesta por cuarenta y cuatro senadores republicanos y demócratas,  interesando al Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros,  la liberación de Alan Gross, extremo que representa en la actualidad el principal obstáculo para normalizar las relaciones bilaterales, el documento en cuestión hace público que la solicitud fue refrendada por casi la mitad de los miembros del Senado, conformado por cien ejecutivos

El Gobierno de Cuba, cuenta con el precepto  legal que dispone el artículo  46.3 de la Ley No. 62, Código Penal,  modificado por el Decreto-Ley No. 175, así como  la Instrucción Especial No. 9 de fecha 23 de noviembre del2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular se ajusta a derecho   para ejecutar legalmente la salida de Gross hacia Estados Unidos, teniendo en cuenta lo anterior y con este fundamento legal están sentadas las bases para responder positivamente las  solicitudes de la Sra. de Gross y del Senado así como un considerable número de personas de todas las latitudes para lograr la excarcelación,  pero  a toda luz, al no existir entendimiento por parte de las autoridades cubanas, Gross continuará cumpliendo la sanción impuesta por los Tribunales Cubanos.

El Sr. Alan Gross, no fue incluido en el Indulto Presidencial, dispuesto  por el Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno cubanos, en acto de buena voluntad atendiendo a la proximidad de la visita del Sumo Pontífice a Cuba, prueba el poco interés  para acceder a su liberación.

Instituciones reconocidas como oficialistas de la Sociedad Civil Cubana, interceden por la liberación de los cinco cubanos presos en Estados Unidos, aún cuando el Sr. Gross, visitaba Cuba para brindar asistencia a grupos religiosos y otras  instituciones sociales, no ha habido la debida declaración intercediendo por su excarcelación, la voz de la Santa Iglesia Católica Cubana  y del Consejo de Iglesias, no pronuncian  al respecto.

En el mes de junio del 2012, después de una controversial autorización de visa, viajó a Estados Unidos la Dra. Mariela Castro Espín, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual, subordinado a la Federación de Mujeres Cubanas, en el marco de la celebración del Evento LASA, en sus  declaraciones a la periodista Christiane Amanpour, de la CNN, fundamento “A Alan Gross se le ha facilitado todo lo que ha solicitado, el ha podido ver a su esposa, se le ha permitido  tener visitas conyugales, la visita de amigos y se le ha atendido con toda dignidad y respeto, en cambio, no hemos recibido el mismo trato para nuestros compañeros prisioneros, injustamente cumpliendo con altas condenas que no se corresponden”, “Alan Gross debe ser liberado y nuestros cinco ejemplares cubanos también” evidentemente estaba trasladando de esta forma el mensaje de su padre, llamando la atención a la propuesta cubana del canje de prisioneros.

En los últimos días ha circulado la noticia del delicado estado de salud de Fidel Castro,  el proceso  contra los cinco espías cubanos y otros procesados que  llegaron a acuerdos con la Fiscalía, el tema  forma parte de la herencia que  asumió el actual Presidente, siendo una cuestión de honor resolver favorablemente el asunto, aún cuando con la prepotencia que lo garantiza, Fidel reiteró en todo momento ¨volverán y venceremos con nuestra verdad, Raúl nunca ha retomado este concepto, al contrario, utilizando el proceso seguido contra Gross, intercede por  el tantas veces mencionado canje de prisioneros.

Ya, en el último trimestre de este 2012, marcado con una crisis internacional y la ya acostumbrada crisis cubana, con un tono de responsabilidad sobre el embargo económico que dura más de cincuenta años de instaurado por el Gobierno de Estados Unidos, ahora esa  responsabilidad se comparte con el reconocimiento a la ineficiencia,  descontrol, corrupción administrativa, y tantas figuras que prueban no haber sabido trazar estrategias económicas, políticas y sociales y una mirada que se pierde en un futuro incierto, cuando al paso de dos años, los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, parecen haber teniendo  el mismo destino que los acuerdos y resoluciones adoptadas por los anteriores congresos partidistas,  ojalá las fiestas de fin de año sean momento propicio para que el Sr. Alan Gross celebre el Día de Acción de Gracias en Familia,

Se adjuntan,

los artículos: Alan Gross, Nuevos elementos en el proceso seguido en su contra, 18.06.2012 y Antecedentes y Consideraciones sobre el proceso seguido contra Alan Gross. Los Cinco Espías Cubanos, 04.01.2012, de la    autoría  del  Dr. René  López Benítez,   publicado  en  su    Blog

http:­­­­­­­­//referenciajuridica.wordpress.com

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:

Ley No. 62, Código Penal, actualizado y concordado con los Acuerdo, Instrucciones y Dictámenes del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Texto del artículo 46.3 del Código Penal vigente, modificado por el Decreto-Ley No. 175, así como la Instrucción No. 9-2009, del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

 

 

27.09.2012

Detenciones arbitrarias contra la sociedad civil independiente. Consideraciones legales según la Ley de Procedimiento Penal

Dr. René López Benítez.

La Habana.- Reiteradamente la Sociedad Civil Independiente denuncia acciones del gobierno, por intermedio de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, con el apoyo de tropas paramilitares, denominadas de acción y respuesta rápida.

Movimientos y partidos ilegales demandan el respeto a los derechos humanos y la democracia en Cuba, con una marcada represión en los últimos meses, como fuente de información que prueba lo anterior,  el compendio de las denuncias publicadas por la Agencia de Prensa Hablemos Press.

Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2010/1499
  Arrestos por motivos políticos registrados por CIHPRESS en 2011/3835

 

Mes Cantidad de arrestos por meses Acumulado Total
Enero/2012                     428  
Febrero                     387 815
Marzo                      760 1575

Las acciones de los órganos encargados de la represión ciudadana están destinadas a detenciones domiciliarias, en Unidades de la Policía Nacional Revolucionaria previa citación con obligación de personarse,  secuestros en la vía pública y posteriormente ser abandonados en lugares distantes a su domicilio sin acceso al transporte que permite su regreso al hogar, esas acciones por un término de horas-días, con el resultado de imposibilitar la asistencia a eventos o actos sociales convocados por organizaciones contestatarias al régimen.

Los procedimientos antes señalados son ilegales. No están amparados en lo dispuesto por la vigente Ley No. 5, de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151.

El precepto constitucional, referido al Capítulo III, Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales, en su artículo 58 dispone que “La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional, nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma  y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, modificada por el Decreto-Ley No. 151, en su Título IV “De la Detención y Aseguramiento del Imputado”, Capítulo I, “de la Detención” establece que ningún ciudadano  puede ser detenido, sino en los casos y con las formalidades que las Leyes prescriben.

La autoridad o agente de la policía, tiene a obligación de detener:

A cualquier detenido por haber cometido una acción delictiva y fuera conducido a la autoridad policial y entregado a esta, además el  que se haya fugado encontrándose detenido o en prisión provisional, o  exista contra él orden de detención.

Acusado por un delito de atentar contra la seguridad del estado:

Acusado de un delito cuya sanción imponible sea superior a seis años de privación de libertad.

Acusado de haber cometido delito, siempre que las circunstancias concurrentes sean:

Que los hechos hayan producido alarma o sean de los que se cometen con frecuencia en el territorio del municipio.

Que existan  elementos bastantes para estimar fundamentalmente que el acusado trata de evadir la acción de la justicia.

A los efectos de la detención, se extenderá de inmediato un acta en que se consigne la fecha, hora, motivo de la detención, así como cualquier otro particular que resulte de interés.

El acta será firmada por el oficial actuante y el detenido. A instancia del detenido o de sus familiares, la Policía o la  autoridad que lo tenga a su disposición informarán la detención, así como facilitará la comunicación entre ellos en los plazos y en la  forma establecida en las correspondientes disposiciones.

Estos requisitos iníciales de la detención se violan, teniendo en cuenta que los detenidos se someten a un régimen de incomunicación. La autoridad policial o de otro órgano de investigación o instrucción no ofrece la posibilidad de comunicarse con los familiares o amigos, a fin de poder lograr en un corto plazo la representación letrada.

El Capítulo II, Aseguramiento del Acusado, establece procedimientos  procesales que justifiquen la detención del ciudadano. La Policía no podrá mantener a una persona por más de veinticuatro horas, dentro de este término estará obligada a adoptar alguna de las determinaciones siguientes.

Poner en libertad al detenido:

Imponerle alguna de las medidas cautelares previstas en la Ley, excepto la de prisión provisional, que solo podrá aplicarse por el Fiscal que corresponda.

Dar cuenta al Instructor con el detenido y las actuaciones:

La medida cautelar impuesta al acusado, le será notificada de inmediato por la Policía, mediante la propia resolución que la dispuso, teniendo por ejecutada dicha notificación, con la consignación de la fecha y firmas del oficial actuante y el acusado.

El Instructor, una vez recibida las actuaciones que le remite la Policía, o conocido directamente el hecho, adoptará en un término que no excedan las setenta y dos horas, alguna de las decisiones siguientes.

Dejar sin efecto la detención:

Imponer alguna de las medidas cautelares no retentivas, o revocar o modificar las que haya impuesto la policía.

Proponer al Fiscal la imposición de una medida cautelar de prisión provisional.

El Fiscal, recibida la propuesta del Instructor respecto a la imposición de la medida cautelar de prisión provisional, adoptará, dentro del término de setenta y dos horas, la decisión  que corresponda, mediante auto fundado, estando facultado para aplicar cualquiera de las medidas cautelares previstas en la Ley o disponer la libertad del acusado.

Para adoptar su decisión, el Fiscal podrá entrevistar al acusado y practicar cualquier otra diligencia necesaria.

El Fiscal comunicará su decisión, de inmediato, al instructor a los efectos de su notificación al acusado.

La prisión provisional se cumple en establecimiento distinto al destinado a la extinción de sanciones privativas de libertad.

Si en fase preparatoria surgen elementos que aconsejen la adopción de una medida cautelar de las previstas en la Ley, el Instructor o el Fiscal, según los casos.

Desde el momento en que se dicte la resolución  decretando cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley Procesal Penal, el acusado será parte en el proceso y podrá proponer pruebas a su favor.

El defensor, a partir del momento procesal en que se pronuncie el Fiscal.

Establecer comunicación con su representado y entrevistarse con el mismo con la debida privacidad, si se hallare detenido.

Examinar las actuaciones correspondientes al expediente de fase preparatoria, excepto en los casos en que se reservan elementos para las conclusiones definitivas.

Proponer pruebas y presentar documentos a favor de su representado.

Solicitar la revocación o modificación de la medida cautelar impuesta a su representado:

Si el Instructor deniega la práctica de alguna prueba por el defensor o la solicitud de revocación o modificación de la  medida cautelar, se le notificara a este, en el término de cinco días hábiles a partir de la presentación de la solicitud del defensor, quien podrá recurrir en queja ante el fiscal.

El Defensor tiene las facultades legales necesarias para contribuir efectivamente al esclarecimiento de la verdad material y para ello está obligado a proponer o presentar todas las pruebas a su alcance que favorezcan a su defendido.

El Defensor vendrá obligado a comunicar a la brevedad posible a su representado, el contenido de aquellas notificaciones que reciba.

Cuando se trate de sentencias definitivas, si el acusado se encuentra en prisión provisional por cualquier proceso y a su Defensor le resulta materialmente  imposible comunicarle lo resuelto antes de que decurse el termino para establecer el recurso correspondiente, podrá el Abogado comunicárselo a un familiar allegado o a una persona de la confianza del sancionado, mayores de edad, previamente indicados por este.

El defensor firmará las diligencias en que participe, como constancia de su intervención en ellas.

Los Abogados que representan a los acusados podrán delegar, mediante escrito, en u técnico auxiliar la práctica de las diligencias de presentación de escritos, asimismo aceptar notificaciones, recibir despachos y cualquier otra de mero trámite, las que surtirán los mismos efectos que si se realizan por el Abogado.

La prisión provisional o cualquier otra medida cautelar solo puede mantenerse mientras subsistan los motivos que la originaron.  Durante la tramitación del expediente en fase preparatoria la modificación de la medida se decreta por el Fiscal o el Instructor, según los casos, y abierto el proceso a juicio oral, se dispone por el tribunal.

El acusado o su defensor podrán solicitar en cualquier momento la modificación de la medida cautelar aplicad. Durante la sustanciación de la fase preparatoria la solicitud se presentará a la autoridad que la haya dispuesto o que este conociendo el proceso, según corresponda.

La Policía, el Instructor, el Fiscal o el Tribunal, según los casos, decidirán respecto a la solicitud de modificación de la medida cautelar en un término que no exceda de cinco días hábiles contados a partir del momento de dicha solicitud. En caso de que se deniegue la notificación de la medida cautelar de prisión provisional dispuesta por el Fiscal se notificará inmediatamente al acusado o su Defensor, pudiendo el solicitante establecer el recurso correspondiente.

Procede la prisión provisional, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

Que conste en las actuaciones la existencia de un hecho que revista caracteres de delito.

Que aparezcan motivos bastantes para suponer responsable penalmente del delito al acusado, independientemente de la extensión y calidad de la prueba que se requiere para que el tribunal pueda conformar su convicción en el acto de dictar sentencias.

No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, puede decretarse cualquier otra de las medidas cautelares que establece la Ley, de apreciarse en la persona del acusado buenos antecedentes personales y de conducta, y siempre que:

El delito que se le imputa no haya producido alarma.

El delito no sea de los que se cometen con frecuencia en el territorio de la respectiva provincia o municipio.

No existan elementos suficientes para estimular fundamentalmente que el acusado tratara de evadir la acción de la justicia.

Cuando el fiscal formule conclusiones provisionales contra una persona que no haya sido objeto de medida cautelar alguna y existan motivos suficientes para presumir que tratará de evadir la acción de la justicia, el tribunal puede disponer la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares que autoriza la Ley.

Si el que fue objeto de medida cautelar se halla en libertad  y existen en cuanto al motivo suficientes para presumir que tratará de eludir la acción de la justicia, el Tribunal puede sustituir la medida dispuesta por otra más adecuada que la de prisión provisional.

Las medidas cautelares a aplicar pudieran ser:

Fianza en efectivo.

Fianza moral por la empresa o entidad donde trabaje el acusado o el sindicato u otra organización social o de masas a la que pertenezca.

Reclusión domiciliaria.

Obligación contraída en acta de presentarse periódicamente ante la autoridad que se señale.

En los casos en que se dispongan cualquiera de las medidas cautelares señaladas, el acusado tendrá la obligación de comunicar sus cambios de domicilio al Instructor o al Tribunal, en su caso.

La reclusión domiciliaria consiste en la obligación del acusado de no salir de su domicilio sin la autorización del Instructor o del Tribunal, según, a fase en que se halle el proceso, a no ser para asistir de su centro de trabajo o de estudio, en el horario habitual, o para atender su salud.

Mientras el acusado no constituya la fianza que se le haya fijado para gozar de libertad provisional sufrirá prisión provisional.

Están excluidos del beneficio de gozar de la libertad provisional bajo fianza los acusados,

En delitos contra la seguridad del Estado,

En los delitos para los cuales la ley establece sanción de muerte o la máxima de privación de libertad,

Quien preste fianza moral se compromete a asegurar la comparecencia del acusado y asume también la obligación de presentarlo a requerimiento del Instructor o del tribunal, según sea la fase en que se encuentre el proceso, o de ofrecer dato suficiente que permitan su detención.

Si el acusado a quien se haya impuesto alguna medida cautelar la quebrantada, se sustituye por una más severa, si la medida quebrantada es de fianza en efectivo, esta, además se incauta.

Cuando el quebrantamiento se produce en la fase preparatoria, la modificación de la medida la dispone el Fiscal, con la aprobación del Tribunal. En caso de ocurrir después de la apertura a juicio oral, la modifica el Tribunal.

Legislación a su disposición

Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal

Modificaciones

Decreto-Ley No. 151, de 10 de junio de 1994

Decreto-Ley No. 128, de 18 de junio de 1991

Decreto-Ley No. 87, de 22 de julio de 1985, Sobre Procedimiento de Revisión en materia penal.

 

Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. Max Marambio

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de La Habana, mediante Providencia de fecha 1ero. de marzo del 2012, dispuso publicar en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición extraordinaria No. 11,  el Aviso, disponiendo que en el expediente No. 194-2010, radicado en proceso ordinario sobre la Disolución y Liquidación de la Empresa Mixta Río Zaza S.A. establecido por la Corporación Alimentaria S.A. perteneciente al Ministerio de la Industria Alimenticia.

En atención a lo interesado, la Sala dispuso emplazar a la demandada Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A.  para que se persone y responda a la demanda, en el término de sesenta días hábiles contados a partir de la publicación del Aviso en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, por ser  desconocido el domicilio legal, de conformidad con lo que establece el artículo 169 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tendrá como conforme con los hechos de la demanda, sin necesidad de la práctica de pruebas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 768 de la citada Ley, del mismo modo, se notifica a la demandada, Sociedad Mercantil de nacionalidad Panameña Ingelco S.A. el Auto de fecha 13 de julio del 2011 que dispuso la modificación de las medidas cautelares. A la vez, convoca a las partes para la vista para analizar la modificación de las medidas cautelares, la que se celebrará el 30 de julio del 2012, a las diez de la mañana. No se determina el lugar de la vista, grave error procesal, que impide la asistencia de los convocados.

El proceso en cuestión viene a resolver  la provisionalidad de las medidas cautelares, en virtud de lo que dispone la Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, teniendo en cuenta que el Sr. Max Marambio, en el mes de mayo del 2011, fue sancionado, en ausencia, declarado en rebeldía de conformidad con lo que establece el artículo 442 y siguientes de la Ley No. 5, de Procedimiento Penal, en un proceso seguido por corrupción administrativa, tipificado de cohecho, estafa y falsificación de documentos bancarios.

La sentencia que dispone sanción de veinte años de privación de libertad, dictada por el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala del Tribunal Supremo.

Las autoridades dispusieron además la búsqueda y captura internacional, como prófugo de la justicia cubana. Marambio, por su parte, interpuso demanda ante la Organización Internacional de Comercio, la que aún se encuentra en proceso, sin pronunciamiento procesal. Como sanción accesoria el Tribunal se pronunció por la confiscación de todos los bienes, derechos y acciones de los bienes patrimonio personal del precitado Marambio.

La Corporación Alimentaria S.A. conforma el patrimonio del estado cubano representado por el Ministerio de la Industria Alimenticia, organismo que quedó fusionado con el Ministerio de la Pesca,  después  de haber sido reestructurado, con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y verificaciones fiscales por parte de la Fiscalía General de la República, al organismo central y todo su sistema empresarial, resultando sancionado Alejandro Roca, quien ocupaba el cargo de Ministro de la Industria Alimenticia, y  otros  funcionarios cubanos  por delitos asociados a la corrupción administrativa.

Max y su hermano Marcell, sancionado en ausencia por los tribunales cubanos, a quince años de prisión por delitos asociados a la corrupción administrativa, también estuvieron vinculados a esta tipificación delictiva en la gestión de inversiones y negocios con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, en especial su Empresa Cubana de Aviación y la Empresa Mixta Comercializadora Sol y Son, donde resultaron sancionados un grupo de funcionarios y empleados. El General de División Rogelio Acevedo, Presidente del referido Instituto no fue procesado penalmente.

En este proceso no se había hecho referencia a los vínculos financieros-comerciales de Max con el Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para apoyar la actividad técnica específica, así como la propiamente derivada de sus proyectos de inversión, hace tres meses, fueron detenidos y encausados altos oficiales que dirigían la Empresa TECNOTEX-GAESA-MINFAR, por corrupción administrativa, vinculados a los hermanos Marambio, se desconoce la sustanciación del proceso penal.

En el año 2008, el gobierno dispuso la adopción del llamado corralito económico, congelando todos los fondos y activos de las inversiones extranjeras que operaban en el país, con la adopción de  estas medidas que impidieron operar las cuentas bancarias, las inversiones quedaron bloqueadas en sus indicadores según las licencias otorgadas por la Cámara de Comercio, el Banco Central y el objeto empresarial aprobado para las instituciones estatales cubanas.

El gobierno ha dado instrucciones al Banco Central de estructurar formas de pago con compensación para el reintegró de los referidos fondos. Es significativo que varios de los inversionistas extranjeros con fuertes negocios en Cuba, fueron sancionados por corrupción administrativa, confiscando  sus bienes, en virtud de lo dispuesto por la Ley penal, y posteriormente  expulsados del país, por lo que todo el capital pasó al patrimonio del gobierno cubano.

Uno de los hechos más significativos fue la salida ilegal del país de Pedro Álvarez, el que había ocupado el cargo de Director de la Empresa ALIMPORT, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, posteriormente promovido a Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, el que se encontraba en proceso de investigación por graves delitos de corrupción administrativa, se radicó en Estados Unidos, en Cuba se abrió un proceso investigativo dentro del Ministerio del Interior para conocer el móvil utilizado para burlar los operativos de vigilancia que habían sido activados para evitar que evadiera la justicia. Marambio pudo haber estado detrás de este significativo hecho donde primó la estrategia con la consolidación de la acción.

La empresa ALIMPORT es la única comercializadora con facultades para invertir en Estados Unidos, según acuerdos entre ambos países, previa aprobación de licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.

Max Marambio. Chile, Santa Cruz, 1947.

Max conoció a Fidel Castro en el año 1966, de visita a Cuba con su padre, el ex diputado socialista Joel Marambio. Fidel apadrinó al muchacho y lo alista en las Tropas Especiales. A principio de los setenta lo envía a Chile para dirigir el Grupo de Amigos del Presidente Salvador Allende, a cargo de la seguridad presidencial. La confianza se puso a prueba al defender a tiros la embajada de Cuba en Santiago. En septiembre de 1973 se establece definitivamente en la isla. Asciende a cargos preferenciales en la Jefatura de la Dirección de Inteligencia Cubana, fundamentalmente en el apoyo  logístico y financiero a los movimientos revolucionarios que proliferaban en América Latina, y que apoyaba el Partido Comunista de Cuba, con la estrategia aprobada por  Fidel Castro,  y junto a los hermanos La Guardia, participó en misiones directamente encomendadas por el Comandante en Jefe.

A finales de la década del 70, Marambio liquidó los bienes patrimoniales de Cuba en Chile, como parte de la Inmobiliaria Santa Cruz, con buenos resultados y excelentes comisiones, este hecho lo hizo público al acceder a declaraciones periodísticas al ex canciller cubano Alcibiades Hidalgo, el que logró evadir el control de la seguridad cubana y radicarse posteriormente en Estados Unidos.

La consagración al vínculo Max Marambio con Cuba se destacan en el libro autobiográfico Las Armas de Ayer, con el prólogo a cargo del escritor Gabriel García Márquez y criterios positivos de Fidel Castro.

 

Max colaboró como productor ejecutivo, por instrucciones de Fidel, en la filmación de la serie televisiva Nazca–1990 y en  la película Me alquilo para Soñar-1992,  basadas ambas en textos del Gabo, colaboró con la logística y el financiamiento de la constitución de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, como forma de estimular los vínculos con la insurgencia de los movimientos revolucionarios, ya en estado de decadencia como paso al proceso de democratización.

Posteriormente, integra la Corporación Cimex con resultados muy positivos en burlar el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, separado del cargo por corrupción administrativa, es designado a cargo de la técnica automovilística de la Seguridad del Estado.

Después de un período de tiempo es rehabilitado personalmente por Fidel, este le encomienda la misión de estructurar la inversión extranjera en Cuba, al aprobarse  el Decreto-Ley No. 50, como antecedente de la vigente Ley No.77, le entregan un millonario capital para abrir el  camino a las inversiones extranjeras, crean entidades fantasmas con sede en Panamá, donde radicó inicialmente la Corporación Cimex y el  Banco Internacional Financiero S.A. Habanatur ejecutó acciones en Miami, con la fachada de una gerencia panameña, con la presidencia de Carlos Alfonso González, identidad falsa de Max.

El ex general José Abrante Fernández, Ministro del Interior. El Coronel Tony la Guardia y otros Oficiales conformaron el Departamento MC estructurando   las actividades de comercio ilegal, para evadir el embargo económico dispuesto por el gobierno de Estados Unidos, como tuvieron éxito, el negocio proliferó a Europa, este desempeño que a finales de la década del 80 los llevaron a comercializar el oro y la plata en poder de la población cubana,  desarrollaron el turismo extranjero con varias alternativas, se enrolaron en el mercado de la droga y  corrupción administrativa, la que tuvo como resultado el proceso penal, radicado la Causa No. 1-89, siendo sancionados a la pena máxima el General de División Ochoa y el Coronel La Guardia, así como los ayudantes de ambos, los demás oficiales recibieron sanciones de privación de libertad, posteriormente fueron liberados en licencia extrapenal y condicional. Marambio fue investigado pero  no fue instruido de cargos.

Max es el hombre que conoce y domina los secretos de la revolución cubana en múltiples variantes históricas, todas ellas en las que Fidel había tenido el papel protagónico de las estrategias. Fidel se ha sentido comprometido con Max.

En el proceso penal seguido contra Max, inicialmente, por orden de Fidel, se propuso el sobreseimiento parcial de la causa, determinación que fue revocada por Raúl, atendiendo al extremo que Marambio nunca tuvo vínculos con el General-Presidente.

Regulaciones de control monetario, dispuestas por el Banco Central de Cuba

Por: Dr. René López Benítez

El Control Monetario por parte del gobierno,  fue analizado  en la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros, celebrada en el mes de 27 de febrero pasado. Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar el tema en cuestión, se recomendó al Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, dictar normas de procedimiento al respecto:

a.- Mediante la Resolución No. 17-2012, dictada con fecha 1ero. de marzo del 2012, deroga su Resolución No. 235 de 3 de octubre de 1994 y establece que la importación de moneda libremente convertible, en lo adelante MLC, por personas naturales es libre, en efectivo, cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.

b.- Las personas naturales que a su entrada al territorio nacional porten una cantidad superior a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000.USD, o su equivalente en MLC, en efectivo , quedan obligados a declararlo ante los funcionarios de la Aduana General de la República.

c.- Las personas naturales a su salida del país pueden exportar libremente hasta cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC en efectivo o mediante cheques u otros medios de pago utilizados en la práctica bancaria internacional.

d.- El Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, podrá autorizar a las personas naturales que soliciten exportar sumas superiores a la establecida, previa la presentación por el interesado de documentos que acrediten su lícita adquisición. Las personas naturales que exporten a su salida del país sumas superiores a la establecida en el acápite c, deben proceder a declararlo ante el funcionario de la Aduana General de la República, mediante la prueba que acredite lo lícito.

e.- Las personas naturales extranjeras residentes en Cuba, con permiso de trabajo y que perciban ingresos en MLC, podrán remesar, vía bancaria MLC al exterior, y para exportar en efectivo cantidades superiores a su equivalente a los cinco mil dólares estadounidenses, $5000USD, o su equivalente en otras MLC, deberán presentar ante los funcionarios de la Aduana General de la República, la prueba de lo lícito de la importación, o la autorización expedida por el Banco Central de Cuba, según proceda.

f.- La Secretaría del Banco Central de Cuba, tramitará en un término de  de siete, 7, días hábiles, las solicitudes de exportación de MLC, mediante Resolución, notificada al promovente y a la Aduana General de la República, el otorgamiento o la denegación de autorización.

La Resolución No. 18-2012, de 1ero. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga  su Resolución No. 75, de 2 de septiembre de 1999, y establece,

a.- Los ciudadanos cubanos y extranjeros resientes en Cuba, pueden exportar e importar a su salida o entrada, sumas que no excedan de dos mil pesos cubanos (CUP) de curso legal, en efectivo y en cualquier denominación,

b.- Queda prohibida la exportación del medio de pago denominado pesos convertibles de curso legal (CUC) en cualquiera de sus denominaciones, así como la exportación de pesos cubanos mediante envíos sin carácter comercial.

c.- La exportación e importación de piezas desmonetizadas y especímenes de pesos cubanos o pesos convertibles, con carácter numismático o patrimonial, serán sometidas a las regulaciones actuales específicas dictadas al efecto.

d.- La Aduana General de la República queda obligada al cumplimiento de lo dispuesto para su ejecución en frontera,

Otras regulaciones e interpretaciones en materia de control monetario,

Nuevas Regulaciones del Servicio Bancario, no se publican en la Gaceta Oficial de la República.  Los Bancos Metropolitanos y Popular de Ahorro, que brindan servicio a la población, ciudadanos cubanos y extranjeros residentes en Cuba, titulares de cuentas bancarias de cualquier denominación (de ahorro, a plazos fijos, etc., están siendo controlados con formularios enmascarados en “conocer al cliente” con una serie de datos personales y financieros, a fin de dominar la fuente de sus  ingresos legales, como fuente  de información primaria para procesos de investigación  e instrucción al amparo de lo que establece el Decreto-Ley No. 149, Sobre Enriquecimiento Indebido.

Resolución No. 19, de 1ero,. de marzo del 2012, del Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba, deroga su Resolución No. 51’de 8 de marzo del 2003 y dispone que  el Banco Central, atendiendo a los niveles de corrupción administrativa, relacionados con recursos monetarios en entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, como respuesta a las críticas de la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República, dispuso “que trimestralmente (primera quincena de los meses de enero, abril, julio, octubre de cada ano) estas entidades vienen obligadas a presentar una conciliación-certificada , según la pro-forma de certificación aprobada, por el Jefe de la entidad y el Contador. Los bancos conservaran esta documentación  por el término de tres anos a partir de su emisión, en caso de incumplimiento, los bancos se reservan el derecho de interrumpir el servicio  hasta que se cumpla lo indicado, ante incumplimientos reiterados, los bancos podrán  cerrar las cuentas operacionales, acreditando su saldo  favor del Presupuesto Nacional, en casos de los CUP, en efectivo en CUC o moneda libremente convertible, se transfiere a la cuenta de Financiamiento Central. Adjunto a la conciliación trimestral, se adjuntará copia certificada del Balance que se presenta ante la Oficina de Administración Tributaria, así como al Organismo de la Administración Central del Estado al que está subordinado.

Actualmente el Banco Central de Cuba,  en coordinación con órganos especializados del Ministerio del Interior y la Aduana General de la República,  depuran el modus-operandi de falsificaciones de efectivo y otros soportes dispuestos para la práctica de la banca internacional.

Legislación a su disposición, Disposiciones dictadas por el Ministro-Presidente del Banco Central de Cuba.

Resolución No. 107, de 1ero. de marzo del 2012

Resolución No. 108, de 1ero. de marzo del 2012

Resolución No. 109, de 1ero. de marzo del 2012.

Movimientos de cuadros del Ejército para el Gobierno. General de División Samuel Rodiles Planas

Por: Dr. René López Benítez

En la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros, celebrada el pasado 30 de marzo, el General-Presidente presentó al General de División Samuel Rodiles Planas, para ocupar el cargo de Presidente del Instituto de Planificación Física.

Esta designación no es nomenclatura del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que el Instituto de Planificación Física (IPF) no es un Organismo de la Administración Central del Estado, con la denominación de Instituto, está subordinado al Ministerio de Economía y Planificación, que dirige el ex coronel de las FAR, Abel Yzquierdo, simultaneando con las funciones de Vicepresidente del Gobierno.

El General Rodiles Planas, uno de los principales combatientes de la lucha insurreccional, miembro del Movimiento 26 de julio en Guantánamo, Jefe de la Columna No. 6 del II Frente Oriental al mando del Comandante Raúl Castro, en 1961-Girón, dirigió el Batallón de la Policía Nacional Revolucionaria, continuo estudios y ocupo cargos en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, desde 1975 a 1989 designado Segundo Jefe de Misión, Jefe de Estado Mayor y Jefe de la  Misión Militar de Cuba en Angola, formó parte de las conversaciones Cuba-África-ONU para la retirada Cubana del continente africano, posteriormente designado Jefe del Ejército Occidental, Inspector Principal y Jefe del Órgano de Inspección del MINFAR, subordinado directamente al Ministro, actualmente Preside la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana, ratificado miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba, con otros tantos reconocimientos, medallas y ordenes.

Esta designación,  sin experiencia técnico-profesional en un tema tan específico, al margen de estar priorizado como Lineamiento de la Economía, aprobado en el VI Congreso del Partido , para lograr un orden urbanístico y de planificación de construcciones, como necesidad de estructurar el Plan de Inversiones como complemento a los Planes de la Economía Nacional, no se justifica, por cuando se impone promover a dos altos oficiales con experiencia y confianza extrema  para reemplazarlo como Jefe del Órgano de Inspección del MINFAR y como Presidente de la Asociación Nacional de Combatientes de la República de Cuba.

En los últimos tiempos, el Proyecto Académico Sats, muy acertadamente dirigido por Antonio Rodiles, pudiera haber sido el detonante para el final de una vida tan profesional  y con experiencia extrema y confianza absoluta, como militar del General Rodiles Planas.

La Dirección de Contra-inteligencia Militar, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias controla no solo a Jefes y Oficiales, sino también a familiares, amigos  y allegados.

Consideraciones sobre la Libertad Condicional, segun la norma legal, legislacion complementaria

El Consejo de Estado, dispuso la excarcelación mediante indulto Presidencial de fecha  23 de diciembre del 2011, segun  el  Decreto No. 1-2011, en virtud de lo que dispone la Ley de Indultos de 15 de agosto de 1919, modificada por el Decreto-Ley No. 18 de 6 de diciembre de 1978,   favoreciendo a más de 2900 sancionados y otros 60 ciudadanos extranjeros que cumplían  sanciones en el país, con  una población penal en extremo sobredimensionada, la determinación en cuestión resulta ínfima, por lo que los sancionados, sus familiares y personas afines están promoviendo la reconsideración gubernamental de indultar  a sancionados por delitos políticos o comunes, otra alternativa sería el otorgamiento de libertad condicional, con los fundamentos procesales que establece la Ley, en casos de enfermos procediera la licencia extrapenal.

LIBERTAD CONDICIONAL.

“Todo sancionado tiene derecho a promover ante la autoridad penitenciaria, los beneficios que dispone el caso que nos ocupa, la Dirección del Centro Penitenciario no tiene la obligación de acceder, los fundamentos están regulados por la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 22 “Ley de los Delitos Militares”.

La Ley No. 62, Código Penal dispone procedimientos sobre el tema, definiendo que el tribunal puede disponer la libertad condicional del sancionado a privación  temporal de libertad si, apreciando sus características individuales y su comportamiento durante el tiempo de reclusión, existen razones fundadas para considerar que se ha enmendado y que el fin de la punición se ha alcanzado sin necesidad de ejecutarse totalmente la sanción, siempre que se haya extinguido, por lo menos, uno de los términos siguientes:

a)     la tercera parte de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados que no hayan arribado a los veinte anos de edad al comenzar a cumplir la sanción,

b)     la mitad del término de la sanción impuesta, cuando se trate de sancionados primarios,

c)     las dos terceras partes de la sanción impuesta, cuando se trate de reincidentes o multi-reincidentes.

En aquellos casos extraordinarios  el Ministro de Justicia, oyendo previamente el parecer del Ministro del Interior, puede proponer a las salas correspondientes del Tribunal Supremo Popular y éstas otorgar la libertad condicional aunque no se haya extinguido la parte de la sanción a que se hace referencia anteriormente

La Libertad condicional se otorga previa evaluación de la  conducta del sancionado a propuesta del Establecimiento Penitenciario donde se cumple la sanción, con la aprobación del órgano del Ministerio del Interior, según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, el que no se publica en la Gaceta Oficial de la República por ser un documento restringido, En todo caso se oirá el parecer del Fiscal. Aunque no está previsto en la legislación, los sancionados comisores de delitos contra la seguridad del estado o vinculados a éstos, se requerirá la aprobación definitiva del Departamento XXI de la Seguridad del Estado.

La libertad condicional implica un período de prueba por un término igual al resto de la sanción que al liberarlo le quede por extinguir,  El tribunal, en la resolución que disponga la libertad condicional, señalará las obligaciones que el beneficiario tiene que cumplir, especialmente las relaciones con las actividades laborales que puede desarrollar durante el período de prueba, así como cualq2uier otra de carácter de restricciones e actividades que contribuya a evitar que incurra en un nuevo delito.

El Tribunal puede supeditar la concesión de la libertad condicional del sancionado al hecho que alguna organización política, de masas o social, o unidad militar a que éste pertenezca, o su colectivo de trabajo, asuma el compromiso de que  orienta su conducta y adoptará las medidas apropiadas para que en lo sucesivo no incurra en un nuevo delito.

El Tribunal ordenará la ejecución de la parte incumplida de la sanción si durante el período de prueba el que disfrute de libertad condicional es sancionado a privación de libertad por un nuevo delito u observa una conducta antisocial, o la organización política, de masas o social, el colectivo de trabajo o la unidad militar que ofrecieron la garantía, la retiran. En caso de revocación de la libertad condicional, el tiempo durante el cual el liberado disfrutó de dicha libertad se abonará al cumplimiento de la sanción.

La Ley No. 22, Ley de los Delitos Militares, dispone  que los Tribunales Militares pueden disminuir hasta la mitad el límite mínimo de la sanción prevista para el delito en aquellos casos en que, por las circunstancias excepcionales del hecho y las condiciones personales del acusado, lo aconsejen, lo cual hacen constan fundamentalmente en sus sentencias. En ningún caso, el Tribunal Militar puede aumentar el límite máximo de la sanción prevista para el delito. A su vez establece que al dictar la sentencia, pueden disponer la remisión condicional de cualquier sanción de privación de libertad impuesta, si apreciando las circunstancias excepcionales del hecho y las condiciones personales del autor, existen razones fundadas para considerar que el objeto de la sanción puede ser alcanzado con la reeducación ejemplarizante del sancionado en el medio social circundante y no con internamiento, lo que se hará contar en la sentencia, la precitada remisión condicional no es aplicable cuando por el delito cometido se haya causado la pérdida de alguna vida, ni consecuencias graves, ni los elementos de su comisión sean repulsivos a la conciencia jurídica socialista y esta acción condicional puede extender sus efectos a todas o algunas de las sanciones impuestas. Los Tribunales que determinen estos beneficios, podrán  pronunciarse a solicitud del jefe militar o el colectivo a que pertenezca o perteneció el sancionado  o del fiscal o de oficio. En todos los casos se tiene en cuenta si el sancionado se enmendó en su acción delictiva.

Legislación a su consideración

Ley No. 62, Código Penal

Ley No. 5, De Procedimiento Penal, modificada según el Decreto-Ley No. 175

Ley No. 22, Ley de los Delitos Militares

Ley de Indultos y su modificacion

Dictámenes, Instrucciones y Acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Instrucción No. 125, de 12 de abril de 1968. Condicional, reincidencia.

Instrucción N. 137, de 1ero. De noviembre de 1990, Otorgamiento de la condicional.

Instrucción No. 156, de 30 de abril de 1997, Ejecución, Control de la Policía Nacional Revolucionaria

Instrucción No.  162, de  12 de octubre de 2000, Procesal por el Ministro de Justicia

Instrucción No. 163, de 24 de abril del 2002, Ejecución, Procedimiento Juez de Ejecución

Instrucción No. 170, de 11 de diciembre del 2002, Procesal, Drogas

Instrucción No. 175, de 21 de julio del 2004, Procesal, Otorgamiento

Dictamen No. 106, Acuerdo No. 327 de 5 de agosto de 1980, Otorgamiento, requisitos procesales

Dictamen No. 225, Acuerdo No. 71, de 14 de mayo de 1985, Tramitación del Tribunal competente en caso de sentencia a ciudadano extranjero

Dictamen No. 243, Acuerdo No. 243, de 11 de marzo de 1986, Términos, Bonos de rebaja

Dictamen No. 293, Acuerdo No. 90, de 29 de agosto de 1988, Otorgamiento, menores de 20 anos de edad, Reincidencia y Multirreincidencia, Requisitos procesales.

Dictamen No. 316, Acuerdo No. 6, de 19 de febrero de 1991, Informe de conducta, contenido, traslado al Fiscal.

Dictamen No. 409, Acuerdo No. 168, de 6 de septiembre del 2001, Términos Bonos de Rabajas. Reitera el Dictamen No. 243.

Dictamen No. 410, Acuerdo No. 169, de 6 de septiembre del 2001, Otorgamiento, reincidencia.

Acuerdo No. 204, de 24 de mayo de 1980, Promoción.

Acuerdo No. 166, de 30 de diciembre de 1986, Ampliación del Dictamen No. 106-1980.

Acuerdo No. 61, de 30 de junio de 1987, Ejecución, control.

Acuerdo No. 92, de 30 de septiembre de 1987, Inpugnabilidad.

Acuerdo No. 52. De 26 de octubre de 1992, Tramitación Otorgamiento.

Circular No. 245, de 9 de marzo del 2009, Nuevo Reglamento de Establecimiento0s Penitenciarios (no se publica en la Gaceta Oficial de la República

Consideraciones sobre procesos de modificaciones propuestas por el Partido y el Gobierno

En la sesión plenaria del séptimo período de sesiones de la VII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentó a la consideración de los diputados la Propuesta de aprobación de la Comisión encargada de la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del Partido, la misma está presidida por el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Marino Murillo Jorge, el documento en cuestión fue aprobado previo el dictámen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Legislativo con las consideraciones sobre el tema, fundamentalmente sobre el ordenamiento de los subgrupos, la plantilla total de cargos de estos, quedando otros subgrupos no profesionales que trabajarán desde sus propios organismos, ejemplo de ello es el de Legislación integrado por 30 abogados subordinados a la Ministra de Justicia .

Esta nueva estructura organizativa no suplanta las obligaciones y funciones de los Organismos de la Administración Central del Estado, a su vez se conoció que en el mes de septiembre próximo se presentará a la dirección del gobierno el cronograma de trabajo, dirigido a implementar los lineamientos y aquellos temas que se presenten a su consideración no previsto en los referidos lineamientos para el período 2011-2015. Es de senalar que en no exíste un Plan Legislativo en la Asamblea Nacional ni en el Gobierno encargado del estudio sistemático de la legislación

Especialmente significativo fue el reconocimiento del General-Presidente al senalar que
“El mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos del Sexto Congreso es la barrera sicológica formada por la incercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que estamos obligados a rebazar con constancia y firmeza”. Es importante significar que las medidas propuestas de modificaciones forman parte de los derechos ciudadanos que han sido violentados con normas legales y fundamentos ideológicos en estos cincuenta anos de poder revolucionario, es evidente que algunos dirigentes históricos ven con apatía y recelos esta minima apertura democrática de derecho, de los resultados de estas transformaciones no se puden incluir por ley natural de la vida a la actual dirección política y de gobierno.

Las modificaciones a la Ley No. 65 Segunda Ley General de la Vivienda de 27 de diciembre de 1987, el traspaso de vehículos (autos y motos), y la Ley No. 73, Ley Tributaria deben aprobarse en la sesión de diciembre, salvo que se convoque por el Consejo de Estado una sesión extraordinaria, ya que está previsto para esa sesión la aprobación de las Leyes de Presupuesto y del Plan de la Economía, con el importante Plan de Inversiones, asunto que trató las indicaciones-lineamientos generales para su preparación, dispuestas en la Reunión ampliada del Consejo de Ministros, el que debe superar incoherencias y deficiencias de conciliación que aún persisten, además de la preparación de la Conferencia Nacional del Partido a convocada para el 28 de enero del 2012, la que aprobará cambios sustanciales en la política interna en en sus relaciones con el estado y el gobierno, así como modificaciones a sus documentos rectores aprobados en congresos anteriores y que el VI no tomó en cuenta por dedicarse a temas de la economía nacional.

Los anuncios presentados por Raúl Castro, incluídos la reforma a la legislación migratoria ha causado grandes expectativas en los cubanos y hasta de los cubanos residentes en el exterior, los que han visto afectado sus derechos por el solo hecho de haber emigrado.

De los precitados anunciones, se ha iniciado un período de reorganización de bancos particulares de permutas y corredores de compra-ventas de viviendas, gestores de trámites legales, etc, al margen de los oficios aprobados, los que deben ser objeto de análisis para incorporarlos a lo dispuesto por la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo referente a trabajo por cuenta propia, para que en el futuro no sean objeto de medidas administrativas o penales que atenten contra el normal desarrollo de las precitadas apertures de cambio como ha sucedido en anteriores ocasiones.

Otros temas objeto de análisis es lo dispuesto por la Resolución No. 37-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo referente a la disponibilidad de más de un millón y medio de trabajadores excedentes de la economía estatal a otras funciones como el cuentapropismo, con modificaciones en el régimen tributario, comercialización de equipos diversos cuya venta no estaba permitida a nacionales, etc. La fundamentación y procedimiento que estableció el Decreto-Ley No. 259 sobre tierras ociosas y que será modificada por estar viciada de orígen, entre otros temas por la burocracia y la corrupción administrativa etc, se ratificó por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros “necesarias para mantener la estabilidad y desarrollo del sistema socialista cubano”.

Está pendiente presentar las modificaciones a la Constitución de la República y la Ley No. 52 “Ley Electoral” en lo referente al término propuesto por Raúl Castro para ocupar la Presidencia del Consejo de Estado y otros cargos públicos en dos períodos consecutivos de cinco anos, sobre este tema no ha habido pronunciamientos recientes, se impone que la apertura de propuestas y consideraciones ciudadanas que aporten criterios positivos sobre el asunto, sobre el tema es permitido releer el planteamiento de Raúl que “conociendo a los cubanos y por su importancia repito: todas las opiniones deben ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancies se elevarán a las instancias superiors facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo”.

Todo indica que el General-Presidente está determinado con sus propuestas de modificaciones a herradicar las normas instauradas por el poder revolucionario en cincuenta anos, pero Cuba necesita muchos más que una apertura legal, el proceso de cambio hacía un período de transición democrática se impone.

Procesos penales por corrupción administrativa

La Fiscalía General de la República, en cumplimiento por la Ley No. 83 de 11 de Julio de 1987 y su Reglamento, dispuso la ejecución de una verificación fiscal a la empresa estatal “Cubana de Aviación”, teniendo en cuenta los elementos de hecho y de derecho que referían graves violaciones de las normas legales, con interconexión con el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, Organismo de la Administración Central del Estado, los elementos aportados en el informe-conclusiones de la verificación fiscal, conllevó al gobierno a disponer que la Contraloría General de la República, a tenor de lo que establece la Ley No. 107 de fecha 1ero. De agosto del 2009, y con el total apoyo del General-Presidente Raúl Castro a la inmediata intervención de la administración interna de ambas entidades.

De esta acción se detectaron graves violaciones de las normas de contabilidad, finanzas y economía (recursos financieros y materiales así como recursos humanos) y con un especial pronunciamiento a la contratación económica vinculada con la economía nacional y con entidades mixtas y extranjeras, en especial con la Empresa Mixta Sol y Son, copropiedad del estado cubano y del inversionista extranjero chileno Max Marambio.

El elemento detonante fue la utilización reiterada del parque aéreo de Cubana de Aviación para operaciones al margen de las reglamentarias con el consiguiente afectación financiera a la línea aérea y por tanto al servicio previsto a los usuarios, pasajeros y cargas, como actividad prevista por la Resolución-Objeto Social de la Entidad aprobada por el Ministerio de Economía y Planificación, para lograr lo anterior se falseaba la información y se reportaban reparaciones en el exterior, la pretensión era adquirir naves se segunda mano para esta utilización, con la consiguiente afectación millonaria al presupuesto estatal, estas naves estarían a nombre de personas naturales.

Los hechos se desarrollaron en lo fundamental después de la determinación del gobierno cubano de disponer el llamado “Corralito” como resultado de la escasez de divisas, lo que trajo consigo la inamobilidad de pagos, afectándose sustancialmente la ejecución del cumplimiento de los contratos económicos concertados, por lo que los inversionistas extranjeros y los funcionarios cubanos, al margen de lo dispuesto comenzaron a promover iniciativas propias para lograr ganancias, que no eran recogidas en los controles contables, en este caso, la Embajada de Chile en Cuba recibió a sus ciudadanos pidiendo resguardo a sus inversiones afectadas, teniendo en cuenta que el gobierno cubano había priorizado $800 millones USD para compra de alimentos a Estados Unidos. Es cuando en enero del 2010 la embajada chilena en La Habana tiene conocimiento extraoficial de una profunda investigación fiscal a la entidad mixta Río Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, se realizan contactos con el gerente Roberto Braudrand, de esta investigación-fiscal se relacionan otras en la Empresa Mixta Sol y Son, inversionista de la Empresa Estatal ”Cubana de Aviación” también copropiedad del antes mencionado Sr. Marambio. Desde un principio se definieron las acciones como violaciones de lo preceptuado por la Ley No. 62, Código Penal que se consideraban como constitutivas de delitos de corrupción administrativa.

Se produce el fallecimiento del Sr. Braudrand, en condiciones muy confusas , pero el gobierno chileno, luego de exigir claridad en el proceso de investigaciones necrológicas, aceptó las conclusiones, el cadáver fue incinerado y las cenizas trasladas a Chile, quedando cerrado el incidente en cuestión.

Avanzada la investigación, el General de División ® Rogelio Acevedo solicitó vacaciones o licencia para ser atendido por sus dolencias de enfermedad cardiovascular, la esposa de este Sra. Ofelia

se desempenaba como una de las principales funcionarias de la entidad mixta Sol y Son, vinculada a la empresa estatal Cubana de Aviación, manteniendo estrechos vínculos con la tambíen entidad mixta Rio Zaza, inversionista del Ministerio de la Industria Alimenticia, la referida esposa se mantuvo con limitación de libertad desde el mismo início de la investigación hasta la celebración del juicio, donde resultó sancionada, El hecho de acceder al pedido de vacaciones al General Acevedo, se le mantuvo un total control de sus acciones, fundamentalmente por el hecho de tomar medidas para impedir una salida ilegal del país, luego de haberse producido la salida ilegal del país del empresario Pedro Alvarez, Presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sujeto a proceso penal, sin que hasta la fecha se tenga por esclarecida la forma utilizada en que burló a la seguridad cubana para lograr ingresar en Estados Unidos, extremo objeto de análisis y determinaciones para la sustitución de los altos mandos de la Seguridad del Estado, lo que ha sido utilizado por el General-Presidente para promover a otros oficiales de su entera confianza e intereses..

En un informe denominado “El reino de los come candelas millonarios” en relación a altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno, así como de empresarios cubanos, texto que el gobierno cubano desmintió, hace relación a las millonarias cuentas bancarias que altos funcionarios y empresarios estatales cubanos mantienen en el exterior, entre ellos el General de División Acevedo y el exministro del Ministerio de la Industria Alimenticia Alejandro Roca, lo que en este proceso ha resultado probado lo detallado en la información señalada, la pretensión de mantener un caudal en el exterior se fundamenta el respaldo para cuando llegue el momento del final del actual sistema gubernamental cubano.

Como resultado de estas procesos investigativos, se dispuso la instrucción penal de directivos y funcionarios cubanos y de los hermanos Max y Marcell Marambio, inversionistas chilenos. El Teniente Coronel Francisco Miguel Estrada Portales, Instructor Penal del Organo de Instrucción del Ministerio del Interior envió los requerimientos por intermedio de la Fiscalía General de la República de Chile, al decursar el término establecidos, ambos ciudadanos no respondieron ni se personaron a los requerimientos del proceso, fueron declarados en rebeldía. El Sr. Max Marambio promovió una demanda ante la Organización Mundial de Comercio en contra del Gobierno de Cuba por afectaciones a su patrimonio.

Fidel Castro propuso, atendiendo el desarrollo de la instrucción el sobreseimiento parcial de la causa a favor de Max, en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 5 de Procedimiento Penal fundamentando los estrechos vínculos y los servicios prestados por este a la política oficial del gobierno revolucionario, el General-Presidente desconoce la iniciativa de Fidel y dispone que continúe el proceso penal, declarados ambos en rebeldía, como establece la antes mencionada Ley de Procedimiento Penal, sujeto a las conclusiones provisionales dictadas por el Fiscal actuante.

Todo indica que el Sr. Marambio fue separando sus intereses personales como inversionista extranjero afectado de la política del gobierno cubano, realmente el referido Max fue catalogado como “el hombre de confianza de Fidel Castro” desde finales de la década del 60 a principios del 70, cuando la jefatura de la seguridad personal del expresidente chileno Salvador Allende, una vez radicado en cuba, llegó a ocupar importantes cargos en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, con una marcada participación en la firma comercial Cimex del Ministerio del Interior y de su Departamento MC, vinculado a los dramáticos hechos probados de narcotráfico, donde fueron sancionados y ejecutados varios altos militares, entre ellos el General Ochoa y el Coronel Tony La Guardia, este último muy vinculado a Max, después de la sustanciación del juicio manipulado por Fidel Castro. Un gran escándalo relacionado con la comercialización del oro y la plata a ciudadanos cubanos en los anos 1987-1989 por la financiera Cimex-MC-MININT, con destino de las valiosas joyas a altos dirigentes y militares cubanos y para el financiamiento de los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ahora la situación creada, con un interés marcado por la izquierda y la derecha, el gobierno y los organos de la Fiscalía y los Tribunales chilenos en esclarecer los hechos concurrentes del fallecimiento de Salvador Allende, desmintiendo de hecho la versión del gobierno de Cuba, con la posibilidad real de una ejecución de crimen político por parte de oficiales de la inteligencia cubana siguiendo instrucciones directas de Fidel Castro.

Celebrada la vista del juicio oral, público pero controlada la asistencia a los intereses de la Seguridad del Estado, la Sala Segunda del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana dictó sentencia contra el ex-ministro del Ministerio de la Industria Alimentícia Alejandro Roca Iglesias y el empresario chileno Max Marambio Rodríguez. sancionados a quince y veinte anos de privación de libertad, respectivamente, por delitos asociados a corrupción administrativa, en el caso del inversionista extranjero el proceso continúo en su contra al declararse en rebeldía, al incumplir los requerimientos de personaría del investigador-instructor y del propio tribunal.

Con fecha del 2011, la precitada Sala Segunda dictó sentencia contra los directivos y funcionarios de la empresa estatal Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol y Son, por delitos asociados a corrupción administrativa, atentando contra la economía nacional y los valores que establece el Código de Etica Profesional que debe primar en el desempeno de sus funciones, como sigue:

Oscar Pau leyva y Miguel Angel Almaguer, a diez anos de privación de libertad,

Ramón Valdivia Acosta, Oscar González Rodríguez y Reinaldo Torres Hernández a ocho anos de privación de libertad,

Roberto Hernández Iglesia a siete anos de privación de libertad

Lucy Hortensia Leal Díaz a seis anos de privación de libertad,

Francisco Lázaro Márquez Granda y Javier Sánchez Egozcue a cinco anos de privación de libertad,

Lourdes Esmeralda Fernández Díaz, Elio Hildo Mora Despaigne, Dagoberto Guerrero Cabrera y Sonia Alpizar López a cinco anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad,

Eugenio Serapio Civille Mejías a cuatro anos de privación de libertad, subsidiada por limitación de libertad

Y a Bárbara Alina Barrios Cabdevila a tres anos de privación de libertad, subsidiada por trabajo correccional sin internamiento

Al ciudadano chileno-inversionista extranjero en Cuba Marcell Marambio Rodríguez a quince anos de privación de libertad

La Sentencia fue notificada y fue recurrida ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular en recurso de casación, en la actualidad se encuentra en trámite.

Con fecha 9 de junio del 2011 la antes nombrada Sala de lo Penal dictó sentencia contra exdirectivos y exfuncionarios del Ministerio de la Industria Alimenticia y la empresa mixta Rio Zaza, sancionando a los mismos como sigue, por delitos relacionados con la corrupción administrativa como sigue:

Cecilio Hernández Rodríguez, exviceministro del Ministerio de la Industria Alimenticia, Maritza Ramos Hernández, Ofelia Grisell Lipak Rubí y a Rtafael Alonso Gutierrez, a cinco anos de privación de libertad,

Natividad Gisela Sánchez González, Alvadio Rafael Ruíz Vaquero y Jorge Luis Galván Pérez a cuatro anos de privación de libertad

Y a Lucy Hortensia Leal Díaz a tres anos de privación de libertad.

Asimismo resultaron sancionados Jorge Cabrera Torres a cinco anos de privación de libertad, subsidiado por trabajo correccional con internamiento,

Jesús Ignacio Montes Oliva y Juan Clemente Morgado Cancio a cuatro anos de privación de libertad, subsidiado por limitación de libertad.

En los tres procesos relacionados con la corrupción administrativa, quedan probados, según el Tribunal Provincial delitos de soborno en efectivo y otras dádivas ilegales, desviaron o permitieron la desviación de recursos de la economía nacional, falsificación de documentos públicos, privados, bancarios y de comercio, informacionales o documentos estatales, abuso de atribuciones y el ejercicio de los contenidos propios de los cargos que ocupaban para beneficios de intereses lucrativos, etc

En la información brindada por el Tribunal, teniendo en cuenta que las sentencias se notifican a las partes y a los representantes legales de estos, no se pronuncia sobre la confiscación de bienes y la pérdida de derechos ciudadanos, las sentencias en cuestión fueron recurridas dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, en recurso de casación está pendiente de ser resuelto.

En las notas informativas expedidas por el Tribunal no se hace referencia a las cuentas bancarias depositadas en el exterior, tampoco a los cuantiosos bienes materiales.

En el proceso investigativo-instrucción y en el propiamente penal seguido contra los inculpados, no constan acciones contra el General de División ® Rogelio Acevedo expresidente del Instituto de Aeronáutica Civil, el que fue liberado de sus funciones mediante Acuerdo del Consejo de Estado, a propuesta del General-Presidente Raúl Castro.

Lo anterior es el resultado del curriculum del General Acevedo con más de cincuenta y tantos anos como alto oficial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fue liberado de sus funciones militares para desempeñar el cargo de Presidente del Instituto de Aeronática Civil, un cargo de confianza y seguridad al régimen. Los dos hermanos Rogelio y Enrique Acevedo fueron dignos de la confianza de Fidel y de Raúl hasta este momento .

Tampoco fueron procesados otros funcionarios, dirigentes y cuadros de la empresa estatal Cubana de Aviación, los Vicepresidentes y demás directivos del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, los que tienen su obligación, entre otros, de controlar la gestión empresarial de Cuba de Aviación, así como los dirigentes del Departamento de Transporte del Comité Central y Provincial del Partido Comunista de Cuba en su obligación como Instructores de vincularse al Comité, los Núcleos y los propios militantes del Partido de la entidad, y los oficiales de control y seguridad que deben velar por el cumplimiento de las normas legales y políticas, así como las propias de la contrainteligencia militar, esto se justifica porque ninguno de ellos hubiera podido promover elementos contra el hombre de toda la confianza del General-Presidente y de Fidel, todos proceden del Ejercito rebelde y por tanto del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Es significativo estos procesos penales ejemplarizantes, y en especial donde se tienen como parte a inversionistas extranjeros, se analizan en detalles en el marco de las reuniones mensuales del Consejo de Ministros presididas por el General Raúl Castro, donde asisten además los miembros del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido, de las Presidencia de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General, así como los máximos dirigentes de las organizaciones política e invitados. Se presenta en cada sesión un informe-análisis promovido por la Controladora General de la República sobre la corrupción administrativa, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo informan sobre los procesos de investigación-instrucción penal y la sustanciación de los procesos en cuestión, respectivamente.

En los últimos días se presenta con marcada atención la ejecución de los contratos concertados entre los Gobiernos de Cuba y de Brasil del expresidente Lula, para el desarrollo del Puerto de El Mariel, hay informes que llaman la atención a que el origen de estos vínculos contractuales están fundamentado en intereses y acciones personales del expresidente Lula y de la familia Castro-Callejas, este ultimo condominio salta a la luz, con los traspasos de todo lo eficiente y con eficacia de resultados empresariales de entidades de la economía nacional al Sistema Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que dirige el Coronel Luis Alberto López Callejas y que su ejecutivo antecesor fue el General de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, actual Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombre de confianza del General-Presidente