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Determinación del Ministerio de Justicia afecta a solicitantes de certificaciones de antecedentes penales

La simplificación de los trámites de la población y la organización del sistema de Registros de la nación figuran entre las prioridades  para el perfeccionamiento de los  sistemas de dirección,  el origen del tema es que no existe un cuerpo legal que regule el tema de la  Atención a la Población  y el Procedimiento sobre  los Trámites que la población tiene que ejecutar para encausar asuntos ante los Órganos Locales del Poder Popular, el Sistema Empresarial,  los  Organismos de la Administración Central del Estado,  instituciones del  Estado, el Gobierno y el Partido, así como  otras entidades destinadas fundamentalmente a la prestación de los servicios,  los Tribunales y la Fiscalía. La población se refiere con un alarmante estado de opinión muy desfavorable sobre la actividad de las Direcciones Municipales y Provinciales de la Vivienda, incluido el sistema del Arquitecto de la Comunidad y las Notarias, los Registros del Estado Civil, de la Propiedad y de Sancionados.

 

El General de División Leonardo Andoyo, Segundo Jefe  del esquema de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de  Cuba ha manifestado la necesidad de resolver esta problemática con los resultados que puedan arrojar la experiencia práctica en las provincias Artemisa y Mayabeque,  al paso de dos años no se prevé  la solución inmediata  a uno de los problemas más acuciantes del gobierno revolucionario y que prolifera desmedidamente contra la ciudadanía: La tramitación de certificaciones legales,

 

De los Antecedentes Penales:

 

Constituyen antecedentes penales las sanciones impuestas en sentencia firme por los Tribunales Populares con excepción de la amonestación, así como la multa inferior a doscientas cuotas. Las sanciones impuestas por los Tribunales Militares por delitos no militares con excepción de la amonestación, así como la multa inferior a las doscientas cuotas. Las sanciones impuestas por los Tribunales Militares por delitos militares  cuando expresamente así se dispongan en la propia sentencia. Las sanciones impuestas a ciudadanos cubanos por Tribunales Extranjeros en los casos y con las condiciones establecidas en la legislación.

 

El Registro  Central  de Sancionados, subordinado al Ministerio de Justicia, tiene tres objetivos, registrar los antecedentes penales, certificarlos y cancelarlos, todos ellos de conformidad con lo previsto por la Ley No. 62, Código Penal, de 29 de diciembre de 1987.

 

La tarifa para el pago de la prestación de la solicitud de antecedentes penales es de $5,00MN mediante un sello del timbre, en el caso de ser solicitado y será presentado para trámites nacionales, para trámites en el exterior y en sedes diplomáticas se requiere la legalización del documento en la dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Cuando la solicitud se tramita desde el exterior mediante la Consultoría Jurídica Internacional, el pago es de $100CUC,

 

El pago de la tarifa  referida al  impuesto sobre documentos que establece la Ley No.       Ley Tributaria, de

 

Para la prestación de servicios a la ciudadanía se estructuró inicialmente  19 oficinas de trámites a nivel nacional  para la solicitud de certificaciones que acreditan los antecedentes penales, en algunos territorios distantes procede la tramitación por intermedio de los Registros del Estado  Civil,   en La Habana con independencia del Registro Central de Sancionados, funcionan  4 localizados en:

 

a)    Avenida 51 esquina a calle 90, Marianao, Tlf. 2605271

b)   ORelly entre Aguacate y Compostela, la Habana Vieja, Tlf. 8660648

c)    Zona 1, Alamar, Tlf. 7652819

d)   Calle 100 y Avenida de Boyeros, Tlf. 6437412

 

El Ministerio de Justicia determinó en el mes de julio del presente año  que las solicitudes de certificaciones de antecedentes penales que  se tramiten en provincia La Habana  procederá desde las Oficinas de Trámite, eliminando la prestación de servicio que se brindaba desde la Oficina Central del Registro Central, sito en calle Línea esquina E. Vedado, la Habana, quedando la misma para la tramitación  Cancelación de Antecedentes Penales, la que procede:

 

a)    A instancia del sancionado mediante un escrito promocional dirigido al Ministerio de Justicia, interesando cancelarla, de conformidad con lo que establece la Ley No. 62, Código Penal.

b)   Haber extinguido el sancionado todas las sanciones impuestas, ya sea por cumplimiento o en el caso de indulto, remisión condicional, libertad condicional en los términos en que se estableció su cumplimiento.

c)    Haber observado el sancionado con posterioridad al cumplimiento de la sentencia o desde que fue indultado, o puesto en libertad  condicional, una conducta ajustada a las normas de convivencia social y una actitud positiva ante el trabajo.

d)   De los anterior se ajusta a los siguientes términos:

  1. 1.    El de diez años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de diez años y un día a treinta años,
  2. 2.    El de ocho años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de seis años y un día a diez años,
  3. 3.    El de cinco años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de tres años y un día a seis años,
  4. 4.    El de tres años cuando la sanción impuesta sea de privación de libertad de un a tres años,
  5. 5.    El de un año cuando se trate de cualquier otra sanción.

 

Para prestar el servicio de solicitud de antecedentes penales , las Oficinas Territoriales tienen que entrar en la Red del Ministerio de Justicia,  para llenar el indicativo que se envía al Registro Central, este en el término de tres días hábiles lo procesa y entrega al solicitante, si hay errores de procesos  registrales, se requiere la subsanación.

 

Diariamente en estas Oficinas de Trámites  atienden un promedio  de 300 personas, para solicitar y posteriormente volver a brindar la atención con vista a para recoger la certificación, por lo que se incrementa al doble la atención a promoventes,  sin respaldo técnico- profesional ni material, en condiciones laborales y de prestación de servicio carentes de las  mínimas condiciones.

Las entidades estatales hacen uso indebido y desmedido   de estas certificaciones  para cualquier trámite, incluyendo la solicitud de empleo, aún cuando los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Seguridad Social establecieron la Resolución Conjunta No. 1, de 12 de julio del 2001, regulando el proceder sobre el tema,  con la incidencia de modificarse la legislación migratoria mediante el Decreto-Ley No. 302, los antecedentes penales es documento imprescindible para la tramitación de visas temporales o salida definitiva del país. 

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