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Perfeccionamiento del Sistema de Contravenciones

Dr. René López Benítez
La Dra. María Esther Reus, Ministra de Justicia presentó la información referente al Proyecto de Ley sobre Contravenciones, la que debe ser objeto de análisis y aprobación en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esta Ley vendrá a codificar las acciones no constitutivas de delitos, con sanciones impositivas de multas, con un esquema preferencial para las personas que abonan dentro de los términos previstos.
Introdujo el asunto con la imperiosa necesidad de eliminar el flagelo de la corrupción, extremo que ha proliferado en la sociedad cubana, erradicando los 15mil Inspectores que integran los Grupos subordinados a Organismos de la Administración Central del Estado y de los Órganos Locales del Poder Popular, los que serán declarados disponibles en virtud de lo que establece la Resolución No. 32-2010, de fecha 7 de octubre del 2010, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, con la única opción de incorporarse al ejercicio del trabajo por cuenta-propia, según tiene previsto el Reglamento del ejercicio del Trabajo por Cuenta-Propia, mediante la Resolución No. 35-2010 de 7 de octubre del 2010, con el personal dirigentes y cuadros, técnicos-administrativos y de servicios que sirven de apoyo a la Inspección Estatal no estaban previstos en las cifras propuestas por el gobierno como disponibilidad laboral, les será aplicable el Tratamiento Laboral y Salarial aplicable a los trabajadores disponibles e interruptos .
La Oficina Nacional de Estadísticas no cuenta con la información estadística de una relación entre trabajadores declarados disponibles y el incremento de cuenta-propistas, se prueba el notable incremento del desempleo, teniendo en cuenta que las profesiones que desempeñaban los sujetos afectados no se avienen con los oficios que imponen habilidad y conocimientos para la realización de un nuevo empeño laboral.
Una vez aprobado en principio, el proyecto de Ley se le da traslado a los Organismos de la Administración Central del Estado y a los Órganos del Poder Popular para lograr criterios y una versión definitiva, la que debe ser dictaminada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular recomendación la promulgación de la Ley. Es de destacar que el tema en cuestión no será aprobado mediante Decreto-Ley como es práctica en el gobierno del General-Presidente Raúl Castro.
La Inspección Estatal como elemento fundamental para erradicar manifestaciones de indisciplina social, no constitutiva de delitos, tiene el fundamento de “ la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones y normas jurídicas vigentes, llevadas a cabo por los Organismos de la Administración Central del Estado, dentro de su propio sistema en el ejercicio de la función rectora o por los Órganos Locales del Poder Popular, estos últimos a través de sus dependencias administrativas, sobre las actividades de producción, los servicios y propiamente de la administración con respecto a las personas naturales y jurídicas”
En virtud de lo dispuesto por el Decreto No. 100, dictado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros con fecha 28 de enero de 1982, se establecieron los objetivos, estructuras, atribuciones, funciones, derechos y obligaciones de los sujetos, posteriormente se dispusieron otras tantas regulaciones hasta ir desvirtuando el sentido original de la inspección estatal, incorporando determinaciones y procedimientos sin fundamentos ni respaldo legal, como la proliferación de los inspectores estatales con categorías de profesionales, eventuales, populares y los colaboradores, careciendo de instrucción técnica y en no pocos casos falta de elementos morales, con el nefasto resultado de la proliferación de la corrupción y el descredito social.
Al aprobarse el Reglamento del Trabajo por Cuenta-Propia, los inspectores se apropiaron de un espacio propicio para la corrupción administrativa, delitos como cohecho, prevaricación, falsificación de documentos públicos, privados y bancarios y otros conexos fueron probados ante los Tribunales, resultando sancionados los responsables, pero sin arribar a conclusiones definitivas en la eliminación de este flagelo social. Esta desagradable manifestación antisocial llegó al extremo de extenderse a entidades estatales, donde los directivos responsables de violaciones accedían a las reclamaciones de los inspectores, para evitar el imperativo de la Ley, convirtiéndose por tanto de autores y cómplices de estas acciones delictivas.
La inmensa mayoría de los procesos de apelación y reclamación de las medidas adoptadas contra la ciudadanía por los inspectores no prosperaban, por los niveles de corrupción, y el desconocimiento de la práctica procesal por el bajo nivel de los inspectores y superiores, en los casos en que prosperaba la demanda por inconformidad, los referidos inspectores tomaban represalias contra los ciudadanos litigantes, careciendo de un Órgano superior de verificación y control.
La Contraloría General, la Fiscalía General y demás entidades de control llamaron la atención de los niveles de descontrol y corrupción, así como del descredito de los llamados inspectores estatales, según consta en las informaciones publicadas en los órganos de prensa, con esta determinación de modificar el sistema de contravenciones y eliminar el corrompido sistema de inspectores estatales viene a dar respuesta a un sensible tema que afecta a la ciudadanía.
La Contraloría General de la República debe asumir las funciones de la Inspección a personas naturales y jurídicas, verificando el normal desarrollo de los preceptos que deben establecerse para lograr erradicar en lo posible los altos niveles de corrupción que se han apropiado de la sociedad cubana, sin excluir la inversión extranjera.
LEGISLACIÓN A SU DISPOSICION:
Compendio legislativo sobre Inspección Estatal
20.05.2013

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