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Regulaciones contractuales, crítica situación ejecutiva en la economía nacional

Los Lineamientos Económicos aprobados por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, consignan la importancia de las relaciones económicas-mercantiles mediante contratos económicos. Reiteradamente en las Reuniones Ampliadas del Consejo de Ministros se analiza la crítica situación a nivel nacional sobre la ineficacia de los contratos económicos y en la mayoría de las entidades no se vinculan contractualmente las relaciones, por lo que esta indisciplina se vinculada directamente a ser proclive a la corrupción administrativa y otros delitos conexos, así como una incalculable pérdida a las finanzas estatales.

Los controles por parte del Consejo de Ministros, la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y otras dependencias especializadas recogen en sus conclusiones la crítica situación relacionada con la concertación de contratos económicos, las relaciones de entidades nacionales en la ejecución del plan nacional de inversiones, y con firmas extranjeras suministradoras llegaron a ser tan deficientes que el monto de las afectaciones a la economía nacional es catalogada de millonarias, con las consiguientes afectaciones al Plan de la Economía, no se controla y las partidas del Presupuesto Nacional eran suplantadas de oficio o a instancia de funcionarios sin capacidad legal para la modificación de la Ley aprobada. En la actualidad la vigente Ley No. 113, Ley del Sistema Tributario, de 23 de julio del 2012, y su complementaria Decreto No. 308, Reglamento de las Normas Generales y de los Procedimientos Tributarios, de 31 de octubre del 2012, establecen procedimientos para tramitar incumplimientos y subsanación de partidas presupuestadas, elevando las propuestas de modificación a nivel del Consejo de Ministros y de la propia Asamblea Nacional, la que tiene la capacidad legal única de aprobar el Plan de la Economía y el Presupuesto. Lo anterior indica que se están implementando recursos de disciplina ejecutiva dentro del Consejo de Ministros.

El Consejo de Estado dispuso mediante su Decreto-Ley No. 304 “De la Contratación Económica” de 1ero. de noviembre del 2012, y como complementaria de la referida norma, el Consejo de Ministros estableció su Decreto No. 310, de 17 de diciembre del 2012, que reordenan las relaciones contractuales y reúnen todas las normativas en la materia. Se impone que estas reglas, así como las normas complementarias y si procedieran modificaciones, fueran objeto de la divulgación necesaria al alcance del sistema empresarial, extremo que afecta sensiblemente a este sector de la economía, con alcance también para el sistema no estatal, los que tienen previsto vincularse contractualmente al sistema empresarial y a los inversionistas extranjeros radicados en Cuba.

La contratación económica estaba vinculada al Plan de la Economía Nacional, la Junta Central de Planificación, antecesora del actual Ministerio de Economía y Planificación, disponía un periodo obligatorio para la concertación de contratos, mediante proformas o proyectos rígidos, donde los temas recurrentes se contemplaban en los anexos. En aquellos casos en que las relaciones eran estables y singulares, se procedía a la concertación de Bases Permanentes de Contratación Económica para un término e cinco años, en los casos de relaciones de escasa entidad económica se previa la contratación verbal. Es de destacar que en el periodo 1983 hasta la concurrencia del llamado periodo especial, existió una disciplina contractual en todos los niveles de la economía y vinculada esta a las relaciones económicas del desaparecido Consejo de Ayuda Mutua Económica. (CAME-Socialismo).

La constitución del Sistema de Arbitraje Estatal, en el año 1976, estructurado en el Órgano de Arbitraje Estatal Nacional y los Órganos Provinciales, en los Organismos de la Administración Central del Estado con peso en la economía se establecieron Órganos de Arbitraje subordinados a los Ministerios. Estaba previsto el Arbitraje de Oficio para suplantar la ausencia de recursos de las partes involucradas en los incumplimientos, y en aquellos casos donde el objeto social era las inversiones priorizadas, la contratación económica se chequeaba en las Reuniones de Ministros y conciliada con los suministradores extranjeros vinculados al CAME por intermedio del Comité Estatal de Colaboración Económica.

Al desaparecer el socialismo la legislación vigente quedo derogada mediante el Decreto-Ley No. 129 de 21 de agosto de 1991, no fue hasta la promulgación del Decreto-Ley No. 241, de 26 de septiembre del 2006, quedando modificada la Ley No. 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativa y Laboral, incorporando el procedimiento de “lo económico” con la constitución de las Salas de lo Económico en los Tribunales Provinciales y en el Supremo , aún así teniendo en cuenta la falta de una norma específica la inercia de promoción de litigios era casi absoluta, la que vino a llenar el vació el precitado Decreto-Ley No. 304.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, en virtud de lo dispuesto por la Ley No. 82, “Ley de los Tribunales Populares” dispuso su instrucción No. 181, de 16 de octubre del 2006, para resolver los procesos pendientes en el momento de la aprobación del precitado Decreto-Ley No. 241, posteriormente fijo montos para interponer demandas ante los Tribunales contra las entidades incumplidoras.

En la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros del mes de febrero, el Vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo Jorge, argumentó “que se está estudiando la factibilidad de derogar lo referente al Objeto Social o Empresarial, teniendo en cuenta la actualización de todo el sistema estructural de la economía que dispone el Decreto-Ley No. 252, de ¨Sobre la continuidad y el fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano¨ y su complementaria el Decreto No. 281 ´´Para la implantación y consolidación del Sistema de Dirección y Gestión Empresarial Cubano”. Sobre el tema aún se mantienen criterios referidos al control y desarrollo de la autogestión empresarial, estos fundamentos se vienen desarrollando con la experiencia lograda desde el año 1987 en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, mediante la implementación del Decreto-Ley No. 187 de 18 de agosto de 1998.

Una vez más se reitera la necesidad de ir codificando el sistema del Código Civil, el que es inoperante para las relaciones contractuales, prueba de ello es la aprobación de la legislación sustantiva aprobada por los Consejos de Estado y de Ministros y la modificación de la Ley de Procedimiento. Referente al Código de Comercio español del año 1885, vigente en Cuba, afortunadamente en fecha reciente se publicó por la Editora Ciencias Sociales del Instituto Cubano del Libro-Ministerio de Cultura, el voluminoso y necesario libro “Derecho Comercial” del Dr. Diego Fernando Cañizares Abeledo, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y Especialista de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Justicia, el texto publicado viene a llenar un gran vacío entre especialista y estudiantes de derecho. Es imperiosa la actualización de la Ley Hipotecaria, vigente en Cuba a partir del 1ro. de enero de 1899, la que debe ser actualizada, teniendo en cuenta que el proyecto de reapertura de esta figura jurídica.

Probamos una vez más lo ineficiente a la legislación cubana, estos temas deben ser resueltos antes de la modificación de la Ley de Inversión Extranjera, la que debe conllevar un capítulo para las licitaciones, vació en nuestra legislación que viene a resolverse ejecutivamente, proclive a la corrupción administrativa, aunque la Contraloría General de la República, no se ha pronunciado por el vació en la Ley.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:
Compendio de Legislación Contractual, antecedentes y legislación actualizada.
Código Civil, Ley No. 59
Código de Comercio
Ley Hipotecaria y su Reglamento
Ley No. 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico
Decreto-Ley No. 241, Modifica la Ley No. 7 en lo referente al procedimiento de lo Económico.
Compendio de Instrucciones y Acuerdos del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Disponible mediante http://referenciajurídica.wordpress.com o el correo
dr.renelopez@yahoo.es

29.04.2013

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