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Se establece el Decreto-Ley No. 309, sobre la seguridad química

El Consejo de Estado, mediante su Decreto-Ley No. 309, de 1ro. de marzo del 2013, dispuso la reglamentación sobre la SEGURIDAD QUIMICA, fijando el término de seis meses a partir de la entrada en vigor del referido Decreto-Ley, para que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dictará el Reglamento del Registro Nacional de Productos Químicos Peligrosos y el Reglamento sobre la Gestión de Riesgos a la Seguridad de los procesos en instalaciones industriales con Peligro Mayor. Es de destacar que esta importante regulación no fuera asignado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como rector del tema, teniendo en cuenta que al Estado Mayor de la Defensa Civil le está asignado funciones muy específicas en lo referente a la salud humana y riesgos al medio ambiente.

Los Ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias adecuaran las normas del presente Decreto-Ley, a sus intereses relacionados con la defensa, el orden interior y la seguridad, pero en principio asumen las responsabilidad que les tiene prevista la norma legal.

El Decreto-Ley No. 309 es complementario de la Ley No. 81, Ley del Medio Ambiente, de 11 de julio de 1997, y a su vez de la Estrategia Ambiental Nacional 2010-2015, no se hace referencia al precepto constitucional del Estado de Emergencia, el que ha quedado supeditado al Consejo Nacional de Defensa, por su importancia debe tener la pretensión de ser objeto de análisis para la implementación de convenios bilaterales o multilaterales con los países de la región, especialmente por la cercanía, sin excluir al gobierno de Estados Unidos, los que se pudieran verse afectados por accidentes de productos sujetos a las regulaciones que por la precitada norma legal deben sustentarse métodos de entendimiento sobre el particular, con la experiencia alcanzada derivado del derrame de petróleo en el Caribe el pasado año, cabe recordar que en ese preciso momento existieron planteamientos de buenas intenciones sobre colaboración reclamadas por congresistas, senadores, entidades oficiales del gobierno estadounidense para brindar colaboración y asesoría al gobierno cubano.

El gobierno cubano muestra interés en proteger la salud humana de la ciudadanía y el medio ambiente, de los efectos adversos que se derivan del manejo inadecuado de los productos y desechos químicos peligrosos, a fin de contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado en la materia, aún cuando se expresa que el mismo no es objeto sobre las sustancias y los desechos radioactivos y los de uso militar, con el propósito de reducir los riesgos a la salud humana, el medio ambiente y la integridad de las instalaciones; verificar que las instalaciones sean diseñadas y funcionen de acuerdo con la norma y los requisitos aplicables vigentes; y evaluar los procedimientos y prácticas relativos al cumplimiento de las condiciones de seguridad.

Se establece que el Sistema está conformado bajo la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como por autoridades competentes, otros Organismos de la Administración Central del Estado que se relacionan a continuación, y los Órganos Locales del Poder Popular, integrando además por los operadores e instituciones especificas que ejecutan el manejo de los productos, todos con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las regulaciones especificas.

a) Ministerio de la Agricultura
b) Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
c) Ministerio de Salud Pública
d) Ministerio del Comercio Interior
e) Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
f) Ministerio del Interior
g) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
h) Ministerio del Transporte
i) Aduana General de la República de Cuba
j) Estado Mayor de la Defensa Civil (MINFAR)
k) Instituto de Planificación Física

Para garantizar el funcionamiento del Sistema de Seguridad Química se establecen los mecanismos siguientes:

a) El Registro Nacional de productos químicos peligrosos
b) Las autorizaciones para las diferentes fases del ciclo de vida de los productos químicos peligrosos y las instalaciones
c) La Inspección Estatal
d) La información y la participación pública

El Registro Nacional de Productos Químicos y la Autorización sobre ejecución del procedimiento:
Es una entidad de carácter público donde se inscriben los productos químicos peligrosos que se utilizan por parte de los Organismos de la Administración Central del Estado y del Gobierno, de los Sistemas Ministerial y Empresarial, no hace referencia a las producciones independientes del recién creado Sistema de Trabajo por Cuenta Propia. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el encargado de la organización, instrumentación y ejecución, para lo cual aprobará el Reglamento del Registro, estableciéndose la obligación de solicitar la inscripción del uso de los productos en el precitado Registro, quedando expedita la autorización para el manejo de los mismos. En el Reglamento se determinarán los productos que quedan sujeto a os procedimientos.

La Inspección Estatal:
Son objeto de inspección en materia de seguridad química, las instalaciones y las actividades que se realicen con la utilización de los productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida. La inspección comprobará el cumplimiento de los objetivos de la seguridad química, los inspectores pertenecen a las autoridades que conforman el Sistema, se delega en los Inspectores Integrales pertenecientes a la Administración Provincial, pero estos no cumplen con los requisitos de conocimiento y dominio del tema, por lo que la inspección no cumplirá con la pretensión del importante control de los productos, lo anterior justifica los objetivos de las inspecciones:
a) Verificar el cumplimiento de las regulaciones vigentes relacionadas con los productos y desechos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida.
b) Verificar la inscripción en el registro Nacional de Productos Químicos Peligrosos, según corresponda
c) Detectar y analizar las deficiencias y violaciones de las exigencias de seguridad en las instalaciones, así como verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas para su erradicación.
d) Dar seguimiento al estado de ejecución de las inversiones involucradas con el manejo de productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida.
e) Comprobar la veracidad de las declaraciones formuladas acerca del manejo de productos químicos a lo largo de su ciclo de vida
f) Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones otorgadas.

De la información y la participación pública:
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de recibir información sobre la naturaleza y los riesgos que representa el manejo de los productos químicos peligrosos a lo largo de su ciclo de vida, así como el plan de medidas a adoptar en caso de emergencia química, esta información es documental según de un sistema de etiquetado, teniendo en cuenta que estos sujetos aportan seguridad e información sobre hechos violatorios, emergencias y violaciones de la norma, para lo cual se dispone de los siguientes mecanismos
a) Audiencias y asambleas establecidas para información y consultas públicas.
b) Talleres de sensibilización, capacitación y comunicación, también sobre el manejo de esos productos.
c) Campañas de comunicación y concientización a través de los medios masivos de difusión.
d) Convenios, contratos o cualquier instrumento jurídico que vincule la comunidad en riesgo con la ejecución de los planes de riesgo.

lo que permite.
a) El diseño, aprobación y ejecución de políticas, estrategias, planes, programas e instrumentos normativos correspondientes a las diferentes autoridades competentes.
b) La adopción de decisiones que admitan o autoricen el inicio de una actividad de riesgo asociada al manejo de productos químicos peligrosos
c) En cualquier momento que las autoridades competentes lo consideren o la población lo demande, como consecuencia del aumento del riesgo, por dificultades tecnológicas, mal manejo o incumplimiento de las medidas de seguridad que hagan peligrar la salud humana, la instalación de las propias instalaciones o el medio ambiente.

Las instalaciones con peligro mayor, del manejo de los desechos químicos peligrosos y la prevención y respuesta a emergencias químicas:

Los operadores de las instalaciones con peligro mayor, deben presentar un informe de seguridad mediante el cual demuestren que se están cumpliendo las medidas necesarias para prevenir accidentes mayores y limitar por tanto afectaciones a la salud humana, la integridad de las instalaciones y el medio ambiente. Este informe es un requisito necesario para operar las instalaciones con peligro de accidente mayor. Los intereses que debe recoger cada informe, indistintamente por entidad, es prioridad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, según el Reglamento.

El manejo integral de los desechos químicos peligrosos es la ejecución de todas las operaciones asociadas a cada una de las etapas del ciclo de vida de los desechos, que incluyen la prevención de su generación, las manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final, con el fin de preservar el medio ambiente, la calidad de la población, asegurando su bienestar y la seguridad de las generaciones presente y futuras.

Se requiere de una licencia ambiental para todo el manejo de desechos químicos peligrosos, la licencia está a cargo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las entidades generadoras de estos desechos químicos peligrosos, deben prever los recursos económicos necesarios para prevenir afectaciones.

La prevención y respuesta a emergencias químicas:
El tema viene dado en la obligación de prevención y las medidas derivadas de estudios sobre peligrosidad, riesgos y vulnerabilidad. Toda persona natural o jurídica, asociada o no al Reglamento que tenga conocimiento o posea información que pueda originar un accidente químico, está en la obligación de informarlo al Cuerpo de Bomberos de la República de Cuba, en primera instancia o a cualquier institución de los Ministerios del Interior o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La respuesta es responsabilidad de las instituciones involucradas, y de inmediato se procederá de manera conjunta y oportuna en coordinación con el estado Mayor de la Defensa Civil, posteriormente se ejecutan procesos investigativos y de sus conclusiones s procede a la toma de medidas procedentes.

La Responsabilidad Civil:
Toda persona natural o jurídica que por la acción u omisión en el manejo de productos y desechos químicos que dañe la salud humana, el medio ambiente o el patrimonio, está obligada a cesar de inmediato en su conducta y a reparar los daños e indemnizar los perjuicios que ocasione, con independencia de negligencia o culpabilidad que haya obrado. , los daños los asume el causante del daño.

Están facultados para exigir la responsabilidad que corresponda acorde al Decreto-Ley y como referente la Ley, la Fiscalía General de la República, las instituciones que conforman el Sistema de Seguridad, así como cualquier persona natural o jurídica que se considere afectada, en todo caso se tendrá en cuenta los documentos procesales vinculantes al Decreto-Ley, muy especialmente lo pactado y la responsabilidad de las actividades que conllevan riesgos. Lo anterior se vincula a lo que dispone la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 59, Código Civil, en ambos casos la legislación procesal.

El término para reclamar daños es de cinco años, cuando se afecto el patrimonio personal y el medio ambiente, contados a partir del momento en que el afectado tuvo conocimiento del hecho. La acción para reclamar no prescribe cuando la afectación daña la salud de las personas.

Finalmente se define en un Anexo, los productos químicos según sus propiedades que quedan sujeto a esta normativa, quedando abierta la posibilidad de continuar incorporando otros.

El presente Decreto-Ley viene a llenar un vacío dentro de la legislación, pero el mismo no tiene la profundidad y extensión que requiere la pretensión del tema, se hace necesario una actualización de la vigente Ley del Medio Ambiente con detalles sobre afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas que no fueron previstos en su momento, como el ruido y emanación de sustancias que pudieran ser constitutivas de afectaciones, la ciudadanía se siente totalmente desprotegida de temas sustanciales, la falta de una cultura general sobre el tema afecta el desarrollo, en los planes de estudios no se incorporaron temas modulares como el medio ambiente y la legislación.

Aun cuando la vigente Ley Tributaria tiene previsto el tema del medio ambiente, el desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades y la ciudadanía afecta la prevención de un futuro libre de impurezas, el hecho de haber convivido con las concepciones socialistas que el pueblo es el dueño absoluto de todos los bienes, afecto sustancialmente el nivel de derechos y obligaciones ciudadanas e institucionales.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:
Decreto-Ley No. 309, DE 1ro. de marzo del 2013
Ley No. 81, Ley de Medio Ambiente, 11 de julio de 1997
Estrategia Ambiental Nacional, período 2010-2015
Constitución de la República de Cuba
Diversidad Biológica de Cuba, editora Pablo de la Torriente, 2012
Cambio Climático, RUTH-casa editorial, 2011
Derecho y Medio Ambiente, editora Pablo de la Torriente, 2012
Compendio legislativo sobre Medio Ambiente, Dr. Angel Fernández Rubio-Legrá.

Los que pueden ser solicitados mediante dr.renelopez@yahoo.es y al Blog
https://referenciajuridica.wordpress.com

25.03.2013

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