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El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular establece procedimientos para el control de sentencias firmes en lo penal

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, adoptó en sesión extraordinaria celebrada el 9 de octubre del 2012 el Acuerdo No. 309, actualizando la Instrucción No. 201, referente a la obligación de los Tribunales , garantizando la actividad jurídica, de ejecutar efectivamente los fallos firmes que se dicten y vigilar el cumplimento de estos por los organismos encargados de intervenir en el proceso de ejecución de sentencias, actualizando en cumplimiento de la Ley, cuando la ejecución le corresponda a los Organismos de la Administración Central del Estado, en virtud de lo que dispone la Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares de 11 de julio de 1997.

Teniendo en cuenta el análisis del tema sancionados en centros de establecimientos penitenciarios, con una población penal que supera los 55mil y que la sociedad civil independiente (oposion al gobierno) refleja superior a 80mil, una de las principales determinaciones es la revisión de la Ley No. 62, Código Penal y la Ley No. 5 de Procedimiento Penal, a fin de depurar sanciones, que se mantienen con privación de libertad y pudieran transitar a otras de privativas de libertad sin internamiento, sin perjuicio de mantener la sanción de privación de libertad con internamiento, con trabajo corrección en labores como la agricultura, la construcción y otras demandadas por las entidades empleadoras territoriales.

El gobierno no vincula lo anterior a una despenalización del vigente Código Penal, pero estudia medidas alternativas para resolver indicadores de población total-sancionados en centros penitenciarios, para lograr un cambio de imagen en los datos de referencia que se atienen a los Informes sobre Violación de Derechos Humanos y Democracia en el país. Esta iniciativa se une a las modificaciones a la legislación introducidas en los últimos anos, tales como Traspaso de la Propiedad de Viviendas y Equipos Automotores y del Servicio Telefónico, Trabajo por Cuenta Propia, Migración, Usufructo de la Tierra, etc.

En los últimos tiempos, la estrategia de la Seguridad del Estado en relación con los opositores al gobierno ha cambiado, se ha establecido un sistema de secuestro y son trasladados a unidades de la Policía Nacional Revolucionaria por corto plazo, para impedir la asistencia a eventos contestatarios, esto implica que no conste como radicada la detención-secuestro en los perfiles informativos oficiales, aunque la incidencia se controla dentro de la información mensual de violación de Derechos Humanos y Democracia, con el especial pronunciamiento de incremento en los referidos índices.

Se impone por el Ministerio del Interior, la modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y que el mismo sea publicado en la Gaceta Oficial de la República para general conocimiento, teniendo en cuenta que el mismo se considera complementaria del Código Penal, limitado su acceso solo para el precitado Ministerio y la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, con total estado de indefensión para los afectados por dicha regulación. En el caso de aprobarse un Reglamento Marco de la Dirección General y otorgarle facultades a los Jefes de los Establecimientos Penitenciarios para modificarlos en función de condiciones especificas, también se requerirá hacer pública la norma aprobada, con el visto bueno del Jefe de la Dirección General, a fin de lograr erradicar la impunidad de acciones contra los sancionados, muchas veces los abogados defensores se ven imposibilitados de accionar por la imposibilidad de lograr los reglamentos procesales de prisiones.

En un principio, el Acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno a que se hace referencia, será el resultado del control, influencia y atención a quienes cumplen sanciones en libertad, para lograr el respaldo institucional de sus derechos y deberes, quedan sujetos:

a) Los sancionados a:
Trabajo correccional sin internamiento,
Limitación de libertad y
Privación de libertad remitida condicionalmente.

b) Los beneficiados con:
Libertad condicional,
Suspensión del trabajo correccional con internamiento y
Licencia extrapenal

c) Los sujetos de medidas de seguridad predelictiva de:
Entrega a un colectivo de trabajo y
Vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria

d) Los que le hayan sustituido la sanción originalmente impuesta de privación de libertad por la de trabajo correccional sin internamiento o limitación de libertad, conforme a lo dispuesto por el artículo 30, apartado 13 del vigente Código Penal y otros que expresamente determine la Ley o el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Quedan encargados de esta actividad de control, influencia y atención sistemática hacia los sancionados de forma integral, los Jueces, los Asistentes Judiciales, la Policía Nacional Revolucionaria, las Direcciones Territoriales de Trabajo y las Asambleas Municipales del Poder Popular, los Consejos Populares, Delegados de Circunscripción, demás factores de la demarcación.

Asimismo se integran a este esquema, representantes designados del Ministerio del Interior, integrantes del Sistema de Prevención, Asistencia y Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Agricultores Pequeños y cuantas otras organizaciones o instituciones resulten necesarias para el cumplimiento de lo establecido, para lograr de esta forma integrar a los sancionados a la sociedad, teniendo en cuenta las características del territorio, se establecerán relaciones en coordinación con otras entidades, instituciones y organismos.

Los actos judiciales se deben realizar desprovistos de formalismos y burocratismo inútiles, sin obviar el componente punitiva que implica en ello evitar utilizar expresiones infames y peyorativas que no contribuyan al carácter educativo y socialmente inclusivo que pretende lograr, extremo que modifica sustancialmente los típicos métodos de conducta hacia estas personas sujetas a la norma., se establece de forma breve, sencilla, comprensible, informándole de sus derechos, obligaciones y restricciones que aquel estará sometido y los exhortara a que velen por su comportamiento, dejando constancia en un acta los que firmaran los que intervienen en el acto y quedara definido la persona que lo atenderá diferenciadamente.

Los Tribunales que dicten sentencia de privativa de libertad sin internamiento o se pronuncien por acceder a las acciones previstas en los indicativos sujetos a la norma dispuesta por el Consejo de Gobierno, con el especial pronunciamiento de la obligaciones personarse ante el Juez de Ejecución, con la mayor inmediatez, y dentro de un plazo que no exceda de veinte días siguientes a la notificación de la sentencia.

Se establece que los Tribunales que dicten sentencia, remitirán la misma al Juez de Ejecución del territorio del domicilio legal del sancionado, o copia del Auto que disponga los beneficios de la excarcelación anticipada, liquidación de la sanción o medida de seguridad aprobada para como provisional hasta la sustanciación del proceso penal, para su control según la norma en cuestión.

Se establece el análisis de la liquidación de la sanción, la obligación del otorgamiento de empleo, del chequeo de la inserción en la sociedad

Se dispone en el Acuerdo adoptado, la fundamentación procesal de los controlados, mediante libros de control de documentación, radicación de expediente individual con toda la documentación establecida para este proceso, debidamente actualizado con las actas de comparecencia con todos los pronunciamientos referente al proceso de inserción a la sociedad.

En el expediente se mantendrá archivado los indicativos de rasgos de personalidad más importantes, condiciones del entorno social y familiar, expectativas y preocupaciones fundamentales de que puedan incidir en el cumplimiento de los beneficios alcanzados

Excepcionalmente, cuando las características del controlado, del delito o del índice de peligrosidad, o de las propias comunidades donde resida, el Juez de Ejecución dispondrá realizar la presentación en el medio familiar y en el vecindario más próximo a la residencia del sujeto, con el fundamento de lograr apoyo.

La Norma no deja implícita, ante la carencia de empleo, si se ajustara lo procesal al trabajo por cuenta propia, aprobado mediante la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Bibliografía a su disposición:
Ley No. 62, Código Penal.
Ley No. 5, de Procedimiento Penal.
Ambas normas actualizadas y concordadas con los Acuerdos, Instrucciones y Circulares emitidas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Acuerdo No. 309, en relación con el No. 201, adoptados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

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