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GOBIERNOS DE CUBA Y ESPAÑA CULMINAN NEGOCIACION SOBRE EL CASO CARROMERO

Los Gobiernos de Cuba y España, en conversaciones sostenidas en La Habana, los días 11 y 12 de diciembre, acordaron que el ciudadano español Angel Carromero, Vicesecretario General del Proyecto Nuevas Generaciones del Partido Popular Español (NNGG), cumpla en su país, el resto de la sanción de cuatro años de privación de libertad, impuesta por la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Granma, en la Causa No 455-2012, por un delito de homicidio en ocasión de conducir un vehículo por la vía pública, en que fallecieron los ciudadanos cubanos Oswaldo Payá Sardiñas , Presidente del Movimiento Cristiano de Liberación, y su asistente el joven Harold Cepero, Ejecutivo del Frente Juvenil del precitado Movimiento, ambos miembros de la sociedad civil independiente opositora al gobierno.

Lo anterior se fundamenta en el convenio bilateral sobre Ejecución de Sentencias Penales, de 23 de julio de 1998, regula que los condenados puedan cumplir la sanción impuesta en el país de su nacionalidad, primando el reconocimiento del gobierno español de un proceso legal a que fue sometido el Sr.Carromero, con apego de la legislación cubana, con trato justo y adecuado en el proceso de investigación, de instrucción, en el juicio y durante el período de cumplimiento de la sanción, una vez que la sentencia cobró firmeza y que no fue recurrida en casación ante la correspondiente Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.

Según la letra del convenio invocado, la parte española según interesó en el caso que nos ocupa, se compromete a garantizar el cumplimiento de la sanción, así como de informar a las autoridades cubanas los requerimientos procesales que se interesen.

Los señores Angel Carromero y Aron Modig, indistintamente prestaron declaraciones ante un auditorio conformado por periodistas nacionales y extranjeros, en la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos asumieron su responsabilidad en el apoyo material y financiero a miembros de la sociedad civil opositora, a toda luz, el libreto fue preparado por la Seguridad del Estado, los Tribunales no se pronunciaron por la presunción de delito de atentar contra los poderes del estado, funcionarios gubernamentales cubanos no se pronunciaron por la injerencia en asuntos internos por parte de los gobiernos de España y de Suecia, pero aprovecharon la oportunidad para hacer pública la participación de sus ciudadanos.

EL Sr. Modig que había sido retenido inicialmente en proceso de investigación, al no aportar elementos de peso sobre el accidente en cuestión, con una valiente y determinante gestión por parte de la representación diplomática, le fue entregado a su embajada y viajó inmediatamente a Suecia. La categoría de retenido no consta en la Ley de Procedimiento Penal, por lo que su permanencia en la Dirección de Investigaciones Criminales no se ajustaba a derecho.

Desde el mismo comienzo del proceso, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla mantuvo contactos con el Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de España Sr. José Manuel García-Morgallo, logrando entendimiento y solo a la espera de que el proceso en cuestión quedara sustanciado ante los tribunales.

Indiscutiblemente el gobierno cubano logró ganancias, cuando se esperaba que después de asumir el gobierno del Presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, las relaciones entre ambos países sufrieran afectaciones, principalmente por las demandas y exigencias del gobierno español al cubano referente al cese de violaciones manifiestas en materia de derechos humanos y democracia.

Interpretando lo anterior, el gobierno de Cuba y las representaciones diplomáticas de los ciudadanos extranjeros que cumplen sanciones en Cuba, mantienen una carga material y financiera por la estadía en prisión de estos sancionados, algunos de ellos con serias afectaciones de salud al extremo de haber sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, por lo que el costo es insostenible, por otra parte, los familiares de estos sancionados no cuentan con recursos económicos para realizar viajes ni enviar remezas o similares que ayuden al sostenimiento de los mismos en el cumplimiento de las penas impuestas. El gobierno cubano tiene diseñado un sistema carcelario para extranjeros, debido al exceso de sancionados, estos se localizan en todo el sistema de establecimientos penitenciarios, afectándose por las pésimas condiciones infrahumanas de convivencia.

El gobierno de Cuba por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores debe interesar a las representaciones diplomáticas que mantienen sancionados en Cuba, la propuesta de expulsión, previa la modificación de lo que establece el Capítulo Cuarto, Sección Décima, artículos 46.1 y 46.2 del vigente Código penal, con prioridad para los casos de enfermedad irreversible, siempre que las sentencias cobren firmeza. Por lo general los sancionados no interponen recurso de revisión que la Ley de Procedimiento Penal establece. Las tarifas por concepto de representación letrada a cargo de la Consultoría Jurídica Internacional y Bufetes Especializados son excesivas, la defensa se asume de oficio. Los sancionados extranjeros no transitan por correccionales de libertad condicional, licencia extrapenal, etc., previstos en la legislación.

Como complementaria de lo anterior, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular aprobó la Instrucción Especial No. 9 de fecha 11 de noviembre del 2009, logrando proporcionar la excarcelación anticipada o el normal cumplimiento de las obligaciones de cumplimiento de la sanción en cuestión para los extranjeros que delinquen en Cuba. Esta norma no se ejecuta con sistematicidad.

La inmensa mayoría de los extranjeros encausados y sancionados responden por delitos de tráfico de personas, de drogas y otros estupefacientes, corrupción de menores-atentar contra el normal desarrollo del menor, accidentes del tránsito, actos de violencia incluyendo acciones asesinato y otros delitos conexos. En los últimos tiempos, la corrupción administrativa, vinculando especialmente a funcionarios e inversionistas extranjeros ha proliferado, para todos está claro que en la mayoría de estos sancionados no les asiste índices de rehabilitación, y a su vez, otros se relacionan con sancionados cubanos que los vinculan con organizaciones disidentes, creándose un problema mayor para todas las partes involucradas.

El único caso en que el gobierno cubano no accede a lo anterior, es el proceso penal seguido contra el ciudadano norteamericano Alan Gross, sancionado a quince años de prisión, del cual ha interesado un canje por razones humanitarias donde se incluyan a los cinco cubanos sancionados en Estados Unidos por espionaje y otros delitos conexos, el gobierno estadounidense rechaza la oferta de la parte cubana.

El gobierno cubano le asistiría el derecho, y por tanto, no proceder sobre aquellos sancionados por delitos que considere proclive a los intereses nacionales, tales como terrorismo.

Resultaría procedente coordinar con agencias especializadas como INTERPOL, de Control sobre la Droga, sobre el Control y Rastreo de delitos de Corrupción Administrativa, Financiera, Fiscal, Bancario y otras. Cuba aportaría toda la documentación procesal, antecedentes y otros indicativos de investigación e instrucción penal de los sancionados en estas causas.

En la década del 80, Cuba concertó convenios con países europeos del desaparecido bloque socialista, algunos de ellos vigentes pero sin el alcance ejecutivo, la actual Delegación de la Unión Europea en Cuba pudiera servir de intermediaria para lograr los convenios en cuestión, la propuesta inicial seria un convenio marco para en el menor plazo posible expuesta.

 17.12.2012

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