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CRISIS ENERGETICA, PROCESOS INVESTIGATIVOS

El pasado miércoles 18 de julio, en horas de la noche se averió con alarmantes explosiones en el sistema del soterrado eléctrico del Casco Histórico de la Ciudad, en los sucesivos días jueves 19 y viernes 20 se repitieron estos accidentes, produciendo alarma en la población, aún más por la población flotante con el agravante de estar disfrutando del periodo vacacional. La afectación, en un principio se localizó en el perímetro de las calles Industria, Avenida del Puerto, Malecón y Monte, posteriormente alcanzó en su totalidad al municipio Habana Vieja y la parte colindante de Centro-Habana. Las Direcciones Especializadas del Ministerio de la Industria Básica y del Ministerio del Interior analizan las causas y efectos del suceso.

La afectación provocada por este hecho se mantiene al paso de dos meses, atenta contra la población, una cantidad considerable de Organismos de la Administración Central del Estado, incluyendo el Banco Central de Cuba, los Ministerios de Finanzas y Precios, de Comercio Interior, de la Industria Ligera, entidades empresariales, sedes diplomáticas, gerencias de marcada actividad financiera y de relaciones públicas, asistencia al turismo, etc. muchas de estas instituciones poseen el sistema de grupos electrógenos, pero deben reestructurar su consumo y no utilizar el sistema de climatización, la computación y otros equipos de alto gasto energético.

Es de destacar que este sistema soterrado de electricidad no es objeto de revisión, ni mantenimiento, máxime cuando su explotación es de la primera mitad del siglo pasado, a esto se le unen las indisciplinas de entidades estatales y de la población en general, con una probada ilegalidad de acciones de reconstrucción de inmuebles, incluyendo acciones de remodelación de conductoras eléctricas y del acueducto, para lograr una estabilidad habitacional en el saturado segmento poblacional, máxime cuando la zona enmarcada como Casco Histórico, cuenta con un sistema administrativo-patrimonial, en cumplimiento de un Decreto Presidencial, adoptado por el Consejo de Ministros, que faculta al Director de la Oficina del Historiador para tomar las determinación le que resulte procedentes a fin de preservar la precitada Zona Patrimonio de la Humanidad, a este criterio se unió la posibilidad de responder a un sabotaje premeditado, por las carencias de vida de una población marcada por las necesidades materiales. Autoridades del Ministerio de la Industria Básica informaron que el marco financiero-material para ejecutar la reparación del soterrado es millonario, el estado de las finanzas interna del país no pueden afrontar esta emergencia.

La Unión Nacional Eléctrica, subordinada al Ministerio de la Industria Básica informó que el domingo 9 de septiembre, a las 20:08 horas se afecto parcialmente el servicio eléctrico en las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila y Sancti Spiritus, y en su totalidad a las provincias desde Villa Clara hasta Pinar del Rio. La entidad estatal informó que se investigan las causas de la avería, desde un principio la población, como escape del malestar por los apagones, el calor y los mosquitos, comentaban que el hecho respondía a un sabotaje.

El proceso de restablecimiento comenzó en la madrugada del día siguiente, a una semana de este evento, en distintas provincias, en especial en La Habana, se mantienen afectaciones, y continúa el pronunciamiento oficial que avanzan las investigaciones de las circunstancias que provocaron el hecho, se tiene previsto ir incorporando 158MW de la Termoeléctrica de Cienfuegos, 100MW de la Termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y 300MW de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, permitiendo en lo posible estabilizar las operaciones del Sistema Eléctrico Nacional.

El pasado jueves 13, se conoció por una información no confirmada, que la afectación eléctrica no respondió a un sabotaje, se debió a un error humano, y que continúan las investigaciones a cargo de Direcciones Especializadas de los Ministerios del Interior y de la Industria Básica, en su momento se harán públicas las conclusiones de las investigaciones, así como de la presunción de acciones penales culposas o dolosas. Cabe señalar que los más experimentados especialistas en temas químico-energéticos son transferidos a la cooperación cubana en Venezuela, quedando en el país al parecer, personal técnico-profesional con poca capacidad de respuesta ante estos hechos.

En ambos hechos, se ha puesto de manifiesto que el Instituto Nacional de las Reservas Estatal, subordinado al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y bajo la estrecha determinación del Presidente del Consejo de Estado, en su dualidad de Presidente del Consejo Nacional de Defensa Nacional, ha sido incapaz de enfrentar la magnitud de estos dos accidentes energéticos.

Es procedente, recalcar los criterios de la alta dirección del Gobierno en relación a las indisciplinas sociales que atentan sustancialmente contra estas actividades centrales, como la energética, las comunicaciones y el transporte, para lo cual se determinó en su momento, la designación del General de División Antonio Enrique Luzón Batlle, para ocupar el cargo de Vicepresidente del Consejo de Ministros a cargo de la Recuperación de la Infraestructura Básica de la Economía Nacional. Hasta el momento de esta designación, el General Luzón ocupaba el cargo de Jefe de la Dirección de Tropas Especiales del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, adoptó el Acuerdo-Circular No.25 sobre la sustracción o apropiación de cables de líneas de transmisión y distribución de electricidad, angulares de las torres de alta tensión y otros componentes del sistema eléctrico nacional o del sistema de comunicaciones, con la consiguiente afectación a la población en general y a las entidades económicas y de los servicios, se suma a lo anterior, hechos delictivos como el robo de las traviesas y otros componentes de las líneas férreas, con la afectación del Programa Nacional de Recuperación del Ferrocarril, las instalaciones telefónicas, el robo de los contenedores de recogida de basura, los componentes de terminación de los puentes a nivel de las autopistas nacionales, etc.

Atendiendo a lo anterior y en cumplimiento de la política penal trazada por el Estado, el Consejo de Gobierno del tribunal Supremo Popular, en uso de las facultades que le confiere el inciso h) del artículo 19, apartado primero de la Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares, dispuso:

PRIMERO: Los Tribunales actuarán con el consecuente rigor en los casos en que juzguen por delitos asociados a la apropiación, sustracción, desvío o destrucción de cables, angulares de las torres y otros componentes asociados al Sistema Eléctrico Nacional, los elementos similares del Sistema de Comunicaciones, así como las traviesas y otros componentes de las vías férreas. A los responsables directos e indirectos de estos delitos les será aplicada sanciones que impliquen la debida severidad en la respuesta penal que corresponda, con la aludida gravedad de los hechos y sus consecuencias.

SEGUNDO: Los Tribunales deben estar atentos al momento en que la Fiscalía presente acusaciones por estos hechos, para evaluar si la calificación del delito imputado se ha tenido en cuenta los elementos antes señalados y en especial si se tratan casos en que resulte procedente considerar que los hechos son constitutivos de figuras agravadas de sabotaje, robo con fuerza, hurto o receptación.

TERCERO: Siempre que resulte procedente, además de las correspondientes sanciones principales, a los responsables de los mencionados delitos, les será impuesta sanciones accesorias como comiso o confiscación de bienes.

En todos los casos se aplicará lo preceptuado por la Ley No. 62, Código Penal, La Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal, y así como el Decreto-Ley No. 149, de Enriquecimiento Indebido, así como las normas complementarias o de interpretación procesal dictadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

En las Sesiones Ampliadas del Consejo de Ministros y en las Reuniones Ordinarias de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se analiza el estado de cumplimiento de estas regulaciones para enfrentar las indisciplinas sociales, para lo cual los Presidentes de los Tribunales Municipales y Provinciales mantendrán actualizado el control, remitiendo al Tribunal Supremo Popular mensualmente la partida estadística sobre el tema en cuestión. La Fiscalía General de la República, dicta las instrucciones para hacer cumplir la legalidad y preservar los bienes de la economía nacional y de los ciudadanos.

Dos accidentes que continúan afectando el desgastado nivel de vida de la población y el normal desarrollo a nivel nacional, y en especial la actividad que genera esta zona preferencial de La Habana Vieja.

Teniendo en cuenta la ocurrencia de los dos eventos de serias afectaciones al sistema eléctrico nacional, y por la repercusión en sectores de la población, del estado y del gobierno, con la presunción de una acción premeditada de sabotaje, resulto bastante y suficiente para la interpretación de la norma penal con la toma del Acuerdo por parte del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, el que en la actualidad llama poderosamente la atención y se está al tanto de las conclusiones de las investigaciones oficiales.

LEGISLACION A SU DISPOSICION

Ley NO. 62, Código Penal, actualizado y concordado con las modificaciones, Acuerdos, Instrucciones y Circulares dictadas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.

Ley No. 5, De Procedimiento Penal, actualizada

Decreto-Ley No. 149, Del Enriquecimiento Indebido, complementaria

Acuerdo- Circular No. 25,del Tribunal Supremo Popular

14.09.2012

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