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DECRETO NO. 290 Estrategia del Gobierno de Cuba frente al embargo económico dispuesto por el Gobierno de Estados Unidos de América

Por Dr. René López Benítez.

El Gobierno de Cuba promueve anualmente el Proyecto de Resolución “Necesidad de poner fin al Bloqueo impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba” que se inscribe en el Período correspondiente de Sesiones anuales de la Asamblea General de Naciones Unidas, enmarcado en una promoción política. Como resultados del análisis y de los trabajos preparatorios, los estados miembros votan favorablemente a la pretensión del promovente, no así en lo referente al tema de violación de derechos Humanos y Democracia en la isla.

El Consejo de Ministros, dispuso mediante la promulgación de su Decreto No. 290, de 29 de marzo del 2012, las “Normas generales para el registro y control de los daños y perjuicios ocasionados por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos de América a la República de Cuba”.

El fundamento que estimula esta norma, es lo dispuesto por la Ley No. 80, “Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubana”, de 24 de diciembre de 1996, disponiendo que se mantendrá actualizado los datos sobre las indemnizaciones a que está obligado el Gobierno de Estados Unidos de América, por lo que resulta necesario sistematizar y mantener con la actualización y precisión requerida, el registro y control de dicha información, para la elaboración del referido informe Anual de Cuba a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), siendo la pretensión del gobierno cubano, “pasar a un estadío superior y más abarcador en el registro y control de la expresada reclamación”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores queda encargado de estructurar los procedimientos para que los Organismos de la Administración Central del Estado y Organizaciones que conforman la Sociedad Civil reconocidas oficialmente por el gobierno, informen los daños y perjuicios económicos ocasionados por el bloqueo, acompañado de la base legal y los cálculos utilizados para determinar la cuantía de los daños ocasionados, así como los elementos probatorios que lo justifiquen. Las Organizaciones Independientes no son tenidas en cuenta, al no contar con reconocimiento oficial.

A los efectos del cumplimiento del precitado Decreto No. 290, se consideran daños y perjuicios ocasionados por el bloqueo, los que resulten de la aplicación de medidas de carácter extraterritorial, presiones políticas o de cualquier otra naturaleza, ejercidas por el Gobierno de Estados Unidos de América para obstaculizar o impedir a Cuba la realización de operaciones comerciales y transacciones económicas derivadas de proyectos de colaboración e inversiones financieras, impidan el acceso a tecnología y conocimientos, provoquen afectaciones a la producción y los servicios u otra afectación.

El desglose de las especificaciones de daños, se consideran:

  1. Ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.

  2. Pérdidas por reubicación geográfica del comercio.

  3. Afectaciones a la producción y los servicios.

  4. Afectaciones monetario-financieras.

  5. Afectaciones al ejercicio de los derechos y los servicios que se prestan a la población.

  6. Afectaciones por bloqueo tecnológico.

  7. Incitación a la emigración y fuga de talentos.

La Disposición Especial Primera define que, “Los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, quedan exceptuados, teniendo en cuenta que dicha información, pudiera poner en peligro la seguridad nacional del país.

La Disposición Final Primera establece, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa coordinación con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, dicta las disposiciones complementarias para el cumplimiento de lo que establece el Decreto en cuestión. En la última reunión ampliada del Consejo de Ministros se presentó una información a cargo del Vicepresidente del Consejo de Ministros, Murillo Jorge, sobre los niveles de información que conforman el sitio de la referida Oficina.

En los últimos tiempos, los países miembros del Tratado Regional ALBA, con el reforzamiento de la integración CELAC, han promovido acciones en contra del gobierno de Estados Unidos y otros, encaminadas a reivindicaciones patrimoniales, pero enmascaradas en políticas de emancipación de los históricos vínculos Norteamericanos-Latinoamericanos, según el caso. El gobierno de Cuba se suma a estas acciones, prueba de ello es la aprobación de lo establecido por el Decreto No. 290, aún cuando han perdido el protagonismo y liderazgo a cargo del Comandante Fidel Castro, asumido actualmente por Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador.

El Departamento de Estado debe tomar nota de esta nueva determinación del gobierno del General-Presidente Raúl Castro, así como de conjunto con el Departamento del Tesoro, promover acciones legales que respondan a esta nueva escalada de la conjura cubana-latinoamericana. No se trata de equiparar estados de cuentas (confiscaciones y nacionalizaciones Vs. Indemnizaciones por daños) es lograr un acuerdo sobre el tema, sin estimular la continuidad de una guerra de desgaste.

El Departamento del Tesoro mantiene el estado de cuentas de las confiscaciones y nacionalizaciones dispuestas en su momento por el gobierno revolucionario, así como de otras afectaciones contra norteamericana.

BIBLIOGRAFIA A SU DISPOSICION:

  1. ALGUNOS ANTECEDENTES, Confiscaciones y Nacionalizaciones, Conflicto histórico Cuba-Estados Unidos. Dr. René López Benítez, publicado Blog htt://referenciajuridica.wordpress.com. (28-11-2011)
  2. Compendio de Confiscaciones y Nacionalizaciones dispuestas por el Gobierno Revolucionario, Editora del Ministerio de Justicia.

  3. Los Propietarios, 1858, Guillermo Jiménez, Editorial Ciencias Sociales.
  4. Los Empresarios, 1958, Guillermo Jiménez, Editorial Ciencias Sociales.
  5. Demanda interpuesta por el Gobierno de Cuba, interesando la indemnización por parte del Gobierno de Estados Unidos de América. Sentencia No. 110-99 dictada por la Sala de lo Civil y lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, en la Causa No. 88-99.

  6. Ley No. 7, Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico.

  7. Ley No. 59, Código Civil

  8. Ley No. 80, Ley
  9. Decreto No. 290
  10. Cronología y consecuencias del Bloqueo Económico

 

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