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Modificaciones a la legislación migratoria, en correspondencia con el Decreto-Ley No. 288

Por Dr. René López Benítez.

La Habana.- Las propuestas de modificación a la legislación migratoria se iniciaron en la década del 80, dentro del período de gobierno de Fidel Castro. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros,  circulaba  los  criterios emitidos por los Organismos de la Administración Central del Estado, la Asamblea Nacional, las Asambleas Provinciales del Poder Popular, y Organizaciones Políticas y de Masas, así como especialistas con experiencia  en el tema. Bajo la rectoría del Ministerio del Interior,  llegando hasta la versión No. 27 de propuestas al documento original,  quedaron archivadas, siempre con el criterio de que no era el momento apropiado, atendiendo a la agresividad del gobierno de Estados Unidos y grupos contrarrevolucionarios radicados en ese país. Esa primera pretensión sólo estaba dirigida a normar la emigración de cubanos residentes en el país.

El gobierno norteamericano, una vez creada la Sección de Intereses,  aprobó  modalidades  para el otorgamiento de visas por intermedio de  la Sección Consular, por conceptos de salidas temporales, definidas como:  reunificación familiar, casos humanitarios, otras causales y los Sorteos con cifras topes anuales, para el otorgamiento,  de 20 mil  visas, así como  el Programa para Refugiados, en virtud de las Proclamas Presidenciales-Derechos Humanos, siendo Estados Unidos el principal país receptor de la emigración cubana.

Los Tratados Migratorios, concertados entre Cuba y Estados Unidos, con las rondas de   conversaciones sobre el tema, así como muchos otros temas e intereses,  que por carecer de espacio de intercambio y reflexiones, utilizaban este marco, después del éxodo migratorio desordenado de cubanos por el Mariel, en el 80, y los Balseros en el 94, propició un estado de orden legal para la emigración. Posteriormente en Estados Unidos, se fueron aprobando normas migratorias, diseñadas  para cubanos que abandonaban el país de forma ilegal y bajo condiciones específicas.

Las salidas ilegales, se han comportado dentro de un marco irregular, aunque surgió una nueva y peligrosa modalidad: El tráfico de personas; no sólo para la emigración y la  reunificación familiar, sino también con fines de lucro, por ganancias económicas que, en no pocas veces, desencadenaron hechos criminales.  Tanto la salida ilegal como el tráfico de personas están sujetos a sanciones por la Ley No. 62 del Código Penal.

Existen pruebas que la justicia de Estados Unidos sanciona, con prisión y multas, el delito de tráfico de personas, así como dispone la repatriación de cubanos que intentan emigrar de forma ilegal y no cumplen con los requisitos previstos para ser aceptados.

El Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Ministerio de Relaciones Exteriores promovieron,  en la década del 90 y principios del 2000, eventos denominados Encuentros con Emigrados Cubanos, evidentemente con fines de apoyo a la revolución.  Los participantes,  plantearon la imperiosa  necesidad de lograr una sustancial modificación de la legislación migratoria, para acceder con todos sus derechos ciudadanos, y sin restricciones, al encuentro con su patria, su  familia,  su cultura, etc. que se resume en integración ciudadana. Con el decursar del tiempo, no hubo respuesta; siempre el gobierno reiteró  su desgastado alegato de: seguridad nacional.

En este mes de mayo,  se celebró una reunión en Estados Unidos,  promovida por la Sección de Intereses de Cuba en ese país, con la participación de un grupo de cubanos residentes en Estados Unidos  -con afinidad manifiesta desde diferentes puntos y un marcado apoyo a la revolución cubana-  y funcionarios de la Cancillería cubana,  con el fin de debatir sobre el tema migratorio.  No se llegaron a conclusiones definitorias, pero el encuentro concluyó con muchas perspectivas, a corto  plazo, de modificar las normas migratorias, vigentes en Cuba desde la década del 60.

Se volvió a retomar el  tema de la seguridad nacional, ahora con un marcado señalamiento a la crisis económica que impera internacionalmente, y a la posición de Cuba como víctima  de las políticas  ejecutadas por el imperialismo, pero que el gobierno de Raúl Castro estaba interesado en la precitada modificación.

El Presidente de la Asamblea Nacional -en declaraciones   formuladas el 13  de  abril   del  presente año, a la prensa nacional e internacional- se refirió al asunto, con tanta  seguridad y dominio de las precitadas modificaciones, que creó  un estado de expectativas dentro y fuera del país,  con una visión de nación  agredida; y ahora pretende “dar un duro golpe de democracia y derechos civiles  al enemigo”, en referencia directa al gobierno de Estados Unidos, olvidando que el Presidente Obama, en su campaña pre-electoral se pronunció  por mejorar las relaciones bilaterales,  y  después de asumir la presidencia -entre otras propuestas-  promulgó un pliego de medidas muy positivas a favor del pueblo de Cuba, las que fueron rechazadas por Fidel, quien en pública  respuesta,  exigió el cese del embargo económico, la indemnización por los daños causados contra la economía y la población civil, así como el compromiso y obligación de  no atentar contra la integridad nacional y la no injerencia en los asuntos internos. Un punto extremo, además, fue exigir la devolución de la Base Naval de Guantánamo.

La negativa sirvió para reintroducirse en una nueva guerra política, ahora concertada con el gobierno de Hugo Chávez-Venezuela y posteriormente con el bloque político regional del ALBA-CELAC  contra el gobierno de Estados Unidos.

Esta intención del gobierno de Cuba  de modificar la legislación migratoria, viene con un espectro mucho más amplio que la iniciativa anterior; no es el hecho de aprobar cambios que permitan al cubano viajar de forma definitiva  o viajar al exterior, y regresar, sin un permiso-autorización que debe otorgar la Dirección  de Inmigración del Ministerio del Interior, sino que se requiere derogar las restricciones por vínculo profesional relacionados con la salud, la educación y otros sectores de la economía y los servicios, justificando el gobierno, haber brindado la educación-calificación  gratuita, unido al robo de cerebro, se impone además eliminar el cobro excesivo en moneda convertible (cuc) por concepto de trámites  documentales, chequeos médicos, etc. aunque ya con la promulgación del Decreto-Ley No. 288 se eliminó el trámite del expediente migratorio para la aprobación del modelo V-6 a la que se  accedía a  la salida definitiva  del país. Este último punto, con una repercusión sin precedentes,  es extremadamente significativo desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana el 14 de octubre de 1960.

Un detalle de interés, sin precedente en el país, es que más de millón y medio de cubanos tiene reconocida,  o está en trámite de reconocimiento, la ciudadanía de otro país,  especialmente la de España, aunque también la de otros países de Europa y Latinoamérica, siendo ésta una vía para poder emigrar y regresar a Cuba, muchas veces con ventajas económicas al propiciar un mercado ilegal de artículos personales y domésticos que en la actualidad se comercializan en el mercado legalizado al amparo de lo dispuesto por la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que dispuso el trabajo por cuenta propia, por lo que la Aduana General de la República dispuso la promulgación de sus Resoluciones Nos. 320-2011 y 321-2011, Límites para determinar el carácter comercial de las importaciones y, Listado de valoraciones aduanales para la importación sin carácter comercial.

En Cuba no está regulada procesalmente la pérdida de la ciudadanía por haberse acogido a otra, aún cuando lo dispone el precepto Constitucional.

La pretensión de modificar la legislación migratoria  tiene otra connotación,  el  hecho significativo de cubanos residentes en el exterior, principalmente, muchos de ellos clasifican como posibles repatriados  definitivos,  tienen una edad avanzada y afectaría aún más el estado de planificación social de la proyección   del  envejecimiento  poblacional, requiriendo servicios específicos como el de la salud, y hasta respaldo económico.  Aún cuando esté modificado  por mandato del Decreto-Ley No. 288,  el tema de la vivienda,  por compraventa o arrendamiento, conlleva una preocupación oficial  la reubicación inmobiliaria, la readaptación a un país con una economía tan deprimida en relación con las necesidades esenciales de nivel de vida, con una reciente  modificación de la legislación sobre la  seguridad social que afectó a la población laboralmente activa, elevando en cinco años el derecho a la jubilación, con índices de incremento en el desempleo, mercado negro y corrupción.

La vigente Ley No. 77, Ley de la Inversión Extranjera, impidió a los cubanos residentes en el exterior el derecho  a invertir en el país, justificándolo como apátridas que abandonaron el país para refugiarse en el imperio, así como  el tantas veces  recurrente   tema de seguridad nacional. Fue una exigencia de  invertir, promover su capital en la isla, así como de acogerse a los fundamentos que establece el Decreto-Ley No. 288 sobre la transferencia de la propiedad de viviendas.

En este momento, muchos cubanos residentes en el exterior, tienen concertado compromisos de compra-venta de autos, inmuebles y otros bienes patrimoniales, conformando una asociación de intereses con familiares y amigos nacionales,  para el momento en que se permita el regreso tener un adelanto de gestión.

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente del Consejo de  Estado y del Gobierno, en la clausura del  VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, expresó: “Tras la autorización de la compraventa de autos particulares y viviendas, no pocos consideran urgente la aplicación de una nueva política migratoria, olvidándose de las circunstancias  excepcionales en que vive Cuba bajo el cerco que entraña la política injerencista y subversiva del gobierno de Estados Unidos, siempre a la caza de cualquier oportunidad para conseguir sus conocidos propósitos”,  y continúa la cita:

“El 1ro de agosto pasado, en este Parlamento abordé públicamente el tema y expuse que nos encontrábamos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente y que se avanza en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras, en correspondencia con las condiciones del presente y el futuro previsible. Hoy ratifico todos y cada uno de los planteamientos realizados en aquella oportunidad, al tiempo que reafirmo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su  integridad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos”.

La Ley No. 1312 Ley de Migración, y la Ley No. 1313, Ley de Extranjería, ambas de fecha  20 de septiembre de 1976, publicadas en la Gaceta Oficial de la República, Edición Ordinaria No. 19-1976, norman los elementos fundamentales sobre el tema, las normas complementarias no son públicas, por ser dictadas por la Dirección de Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, por lo que los ciudadanos cubanos y extranjeros vinculados a trámites, quedan en total estado de indefensión al ser denegadas o archivadas las solicitudes de salida temporal o definitiva del país.

A mediados de la década del 90 el Ministerio del Interior aprobó una tarifa para la tramitación de la documentación migratoria y gestiones, derivada de ésta, en moneda libremente convertible (CUC) afectándose la población que carece de estos recursos económicos para que quede sustanciado el expediente,  por lo que necesariamente  los promoventes tenían que recurrir en trámites ilegales dentro de la proliferación de la corrupción administrativa, como la compra-venta de viviendas y otros bienes patrimoniales.

Los  Organismos de la Administración del Estado, fuera de sus facultades,  dictan a su vez normas procesales para la tramitación de solicitudes de salida del país temporal o definitiva, atendiendo al perfil  académico o laboral de los promoventes, es el caso muy puntual  del Ministerio de Salud Pública que fundamenta su negativa ante el precepto oficial de resguardar la fuerza de trabajo especializada.

No existe un procedimiento para abonar el pago de los estudios cursados de forma gratuita, proclama de la Revolución, convirtiendo a los profesionales en rehenes en frontera impidiendo viajar al exterior. Muchos de estos profesionales se incorporan a misiones internacionalistas y desertan de la precitada misión, se les incorporan a una lista negra que les imposibilita viajar a Cuba, en el caso de lograr un pasaje, al llegar al aeropuerto son deportados con el especial pronunciamiento que de reintentar la acción serían procesados en virtud de lo que establece la Ley No. 62, Código Penal.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado dictó su Decreto-Ley No. 288 de fecha, 28 de octubre del 2011, disponiendo la modificación de la vigente Ley No. 65, Ley  General de la Vivienda, con el fundamento de erradicar la corrupción administrativa y brindar un estrecho marco a los ciudadanos que acceden al permiso de salida del país, de liquidar su patrimonio y lograr el financiamiento para los trámites migratorios.

Desde la promulgación de la Ley de Reforma Urbana de 14 de octubre de 1960, el Estado dispuso la nacionalización y confiscación de los bienes patrimoniales de cubanos y extranjeros en materia inmobiliaria, por lo que el traspaso de esos bienes quedaron bajo la dirección exclusiva de las Oficinas Territoriales de la Reforma Urbana, subordinadas al Ministerio de Justicia. En los casos de propietarios con salidas definitivas, se disponía además la confiscación de sus bienes al amparo de la Ley No. 989  de 5 de diciembre de 1961, la que se mantuvo vigente hasta la promulgación del Decreto-Ley No. 288, de 28  de octubre del 2011.

El artículo 81 de la derogada Ley No. 65, que ratificó el precepto de la Ley No. 48, disponía la confiscación de los bienes patrimoniales de las personas que abandonaban definitivamente el país o no regresaban dentro del término establecido de once meses y veintinueve días contados a partir de vencerse el permiso de salida temporal.

El trámite de confiscación de bienes inmobiliarios por salida del país definitiva del titular, requería el pago del precio legal de la vivienda por parte de sus ocupantes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o haber mantenido más de diez años de convivencia ininterrumpida, aún así cuando la vivienda tenía un interés social para el gobierno o se encontraba dentro de las denominadas Zonas Especialmente Protegidas, bajo el control de la Seguridad del Estado, los ocupantes con derecho a la transferencia de la propiedad de la vivienda original eran reubicados en otras, aún con una diferencia sustancial de dimensiones y localización.

Como complementaria de este precepto de la Ley No. 65, se dispuso el Decreto-Ley No. 253  y se  fijaron más restricciones para la transmisión de la propiedad de la vivienda, como la Resolución Conjunta Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular-Instituto Nacional de la Vivienda,  de 22 de agosto de 1995, declarando nulos todos los actos civiles y judiciales en relación con la transferencia de la propiedad de viviendas dentro del término de cuatro años, anteriores al inicio de los trámites migratorios. Esta norma fue derogada mediante Resolución Conjunta No. 01.2011 rubricada por los máximos funcionarios de los organismos que la dispusieron.

El artículo 4, inciso 8 del Decreto-Ley No. 288, dispone: “Son válidos los actos de transmisión de la propiedad de viviendas, realizado por sus propietarios, conforme a la Ley, antes de la salida definitiva del país”, pudiendo el titular disponer el precitado bien.

Teniendo en cuenta lo anterior, con un estado de discrecionalidad extrema, que la inmensa mayoría de la población y hasta funcionarios,  desconocen que   la promulgación del Decreto-Ley No. 288 es el inicio paulatino de las modificaciones de la Legislación Migratoria a que hacía referencia el General-Presidente Raúl Castro.

Legislación a su consideración

Ley de Reforma Urbana, de  14 de octubre de 1960

Ley No. 48, de 23 de diciembre de 1983, Primera Ley General de la Vivienda

Ley No. 65, de 27 de diciembre de 1988, Segunda Ley General de la Vivienda

Ley No. 1312  Ley de Migración, de 20 de septiembre de 1976

Ley No. 1313  Ley de Extranjería, 20 de septiembre de 1976

Decreto-Ley No. 288, de  de octubre del 2011, Modificativo de la Ley No. 65

Decreto-LEY no. 253, modificativo de la Ley General de la Vivienda,

Resolución Conjunta,  Ministerio del Interior-Ministerio de Justicia-Tribunal Supremo Popular, Instituto Nacional de la Vivienda, de fecha

Resolución No. 32-2010, de 7 de octubre del 2010, de la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, disponiendo el Reglamento del Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio de la Legislación de la Aduana General de la República.

Ley No. 105-2010, de Seguridad Social

LEY no. 77, de Inversión Extranjera

Discurso del General-Presidente Raúl Castro Ruz, VII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular,   de diciembre del 2011.

 

DR. RENÉ LÓPEZ BENITEZ

ABOGADO INDEPENIENTE.

CENTRO DE REFERENCIA LEGISLATIVA

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