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Decreto No. 217, Regulaciones Migratorias en La Habana

Por  Dr. René López Benítez.

El Decreto No. 217, de fecha 22 de abril de 1997, Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana, y sus contravenciones, estableció el procedimiento  atendiendo a la imposición  del gobierno de regular el movimiento migratorio interno hacia la capital, fundamentándolo en la grave situación habitacional y la dificultad de lograr empleo, además de la crisis del transporte, abasto de agua, electricidad, combustible doméstico y el índice de calidad en la prestación de los servicios.

En la nueva estructura de la  División Político- Administrativa del país, la antigua provincia de Ciudad de La Habana se denomina La Habana, por lo que el anterior territorio provincial de  La Habana se dividió en Artemisa y Mayabeque.

El promotor  y  ponente de este Decreto fue el  ex- Vicepresidente del Consejo de Estado, Dr. Carlos Lage Dávila, quien instrumentó el procedimiento, en coordinación con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de la Vivienda disponiendo, además, la erradicación de los asentamientos ilegales en los municipios de la periferia de la capital.  Se ejecutaron cientos de  mandatos de desahucio;  los afectados promovían recurso de amparo -ante el Gobierno y el Partido Comunista-  que no era atendido, por mandato del ex Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

Las graves afectaciones de estas ejecuciones atentaron contra la integridad de  familias completas, incluyendo niños y personas de la tercera edad que con el decursar del tiempo habían logrado la estabilidad social y personal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el General-Presidente ha dado prioridad al orden y disciplina urbanística, principalmente en La Habana,  para lo cual nombró Presidente del Instituto de Planificación Física al General de División Samuel Rodiles Planas, con un equipo de altos oficiales y personal con calificación técnico-profesional de extrema confianza, para lograr una estrategia donde no impere la corrupción administrativa. En la actualidad, se iniciaron investigaciones sobre el desarrollo  urbanístico, y se plantea la necesidad de incrementar la construcción  de viviendas de forma organizada, fundamentalmente por esfuerzo propio de la población  y con respaldo material-técnico-constructivo, partiendo de planos y asesoría por parte de profesionales. Se aprobaron programas de créditos bancarios y subsidios, para las personas necesitadas de vivienda y que no cuentan con respaldo económico.

En los asentamientos ilegales que fueron demolidos, y otros  que están controlados por parte de la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana, las construcciones eran sólidas, respondiendo a los intereses de los ocupantes,  pero bajo condiciones urbanísticas inadecuadas, al no contar con respaldo de servicios propios, (servicios médicos, de abastecimiento-gastronomía, recreación, agua, electricidad, etc.) los ocupantes se proveían de agua y electricidad  conectándose de forma ilegal al  suministro  de las conexiones maestras.  Muchos de  los ocupantes habían tramitado su legalidad de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley N o. 65 , Ley  General de la Vivienda, previo Dictamen Técnico de Habitabilidad, expedido por el Arquitecto de la Comunidad y con el resultado-aprobación  de la Inspección Técnico-Legal por parte del funcionario actuante,  siendo notificados de la Resolución-Título de Propiedad al amparo de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 9na c) de la precitada Ley, por haber construido en terreno de ajeno o desconocido titular, a expensas propias.

Otra de las opciones de los ocupantes era recurrir a la corrupción administrativa que proliferó a niveles incalculables y lograr el reconocimiento mediante Resolución-Título de Propiedad.

El precitado Decreto No. 217, estableció el procedimiento para promover la solicitud de residencia permanente en la capital, con los requisitos que lo justifiquen, quedando a la determinación del Presidente del Consejo de la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular  la facultad de aprobar o denegar la pretensión, aún cuando el promovente contara  con la autorización del propietario de la vivienda en cuestión. Entre los índices a analizar, previa verificación de los antecedentes presentados por el solicitante, se encuentran los índices políticos-morales que establece el sistema oficialista.

El gobierno, anualmente ha diseñado -desde la década de los años 70 a la fecha-  movilizaciones, por el término de hasta cinco  años,  de residentes en provincias centrales y  orientales para que apoyen y laboren en tareas de la construcción y agropecuarias; maestros de escuelas primarias y secundarias; policías, etc.,  con el compromiso de retornar a su lugar de origen una vez concluido el período pactado. De esos miles de movilizados, retornan a sus provincias un número mínimo, logrando el resto -en cifra muy superior a los que retornan-  legalizarse; algunos, para lograrlo, se sirven de la corrupción administrativa; otros, obtienen la legalidad cumpliendo formalidades de excepcionalidad, aprobadas por los gobiernos municipales, y otros muchos, quedándose ilegales en viviendas de residentes legales o ilegales; y la inmensa mayoría, mediante la construcción, por esfuerzo propio, con materiales logrados de forma ilegal y en  espacios que no cuentan con las mínimas condiciones  de habitabilidad. Cuando estos ilegales son detectados por funcionarios de las Direcciones Municipales de la Vivienda y del  Instituto de Planificación Física se dispone la ejecución de la  demolición de lo construido, con la obligación de reintegrarse al lugar de origen. Muchos de ellos no cuentan con ese lugar de origen, atendiendo a que han creado una familia y procreado. De lo anterior se infiere que, de una gestión de gobierno, se derivan casos sociales que no se resuelven. Teniendo en cuenta lo expuesto -de la determinación del gobierno de movilizar fuerza de trabajo- se deriva un cúmulo incalculable de violaciones de las normas establecidas.

Una especial atención ha sido diseñada para las Zonas Especialmente Protegidas; éstas, son controladas por la Seguridad del Estado. Los oficiales encargados del tema tienen la obligación de  expedir la autorización de residencia, al verificar que el solicitante cumple con los requisitos establecidos al efecto. No basta la determinación del propietario del inmueble para quedar sustanciado el expediente en cuestión de residencia.

La Ley No. 1234 del  15 de junio de 1971, estableció el Carné de Identidad y el Registro de Direcciones, y posteriormente esta ley fue modificada por la Ley No. 1278 de 11 de septiembre de 1974 y su Reglamento. Este documento, y la base de datos que consta en el  Registro Único de Información del Gobierno, establecido por el Decreto-Ley No.  281, de 8 de febrero del 2011,  es el fundamento para detectar los ciudadanos ilegales en la capital.

Con fecha 7 de octubre de 2010, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, dictó su Resolución No. 32-2010, disponiendo la aprobación del Reglamento del Ejercicio de Trabajo por Cuenta Propia, así como la legislación complementaria que aprueba ejercer una ocupación; por lo que  las restricciones que conllevaron a la implementación del precitado Decreto No. 217 -entre otras causales por la falta de empleo-  no tienen justificación. De otros territorios, acuden a la capital personas  para ejercer el trabajo por cuenta propia, fundamentalmente en el  trabajo y el  suministro agropecuario, teniendo en cuenta que un requisito para el otorgamiento de licencias es probar la legalidad en una vivienda dentro del territorio de la demarcación del empleo.

Una cifra considerable de ciudadanos ejercen el trabajo por cuenta propia -al margen de la Ley- en empleos marginales, como la comercialización de artículos en la vía pública y otros lugares como parques, portales de viviendas, etc.; otros, en la prestación de servicios como: La construcción, plomería, limpieza de casas, cuidado de niños menores, etc.,  logrando un espacio dentro de la  economía participativa, aún cuando por parte de los Inspectores Integrales de las Direcciones Municipales y Provinciales de Trabajo, con el apoyo de la Policía, operan para dar por terminada estas acciones de trabajo, aplicándoles  una multa, en virtud de las Contravenciones dispuestas por el gobierno.

En el caso de los ilegales dentro de la capital  -que representan una cantidad considerable-  estos, son deportados a sus lugares de origen.

Con fecha 28 de octubre del 2011  se dispuso, mediante el Decreto-Ley No. 288, Modificaciones a la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, en lo referente a la transmisión de la propiedad de inmuebles, ratificando el concepto de arrendamiento de viviendas, cuartos, habitaciones y espacios. Este Decreto-Ley no derogó ni modificó la legislación complementaria de la Ley No. 65, que derogaba el Decreto-Ley en cuestión; por lo que, de hecho, al tramitar ante Notario Público una transferencia de la propiedad por concepto de compra-venta, permuta o donación se contradecía con lo preceptuado por el Decreto-Ley No. 217, entrando en total contraposición en lo referente a la ocupación de la vivienda adquirida en La Habana por personas con residencia legal en otras provincias, por lo que se dispuso modificar el tantas veces nombrado Decreto-Ley No. 217, por el Decreto-Ley No. 293, de 29 de octubre del 2011, con un mínimo de adecuaciones a favor de personas que comprenden al cónyuge, los hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos del titular; hijos menores del cónyuge no titular; personas declaradas jurídicamente con incapacidad, y el núcleo familiar de la persona a quien se le asigne un inmueble por interés estatal. Esta ley, mantuvo  las restricciones que atentan contra las proyecciones ciudadanas de lograr un mejor nivel de vida en la capital, considerando las crisis que se han creado en otras provincias. Atendiendo a la promulgación de este Decreto-Ley, no existen fundamentos para impedir la aprobación de la migración interna a la capital.

Es significativo, que en la actualidad se aplica  lo preceptuado por el Decreto No. 217, en la modalidad de destierro forzoso, a los opositores  cuando visitan la capital para mantener contacto con el resto de los miembros de la sociedad civil independiente, y a otras personas que  a la autoridad policial les llama la atención por sus características, y al solicitarles la identificación -carnet de identidad-, y comprobar que su lugar de residencia está ubicado en el interior del país, se procede  al traslado a su lugar de origen.

Está establecido por la Policía disponer,  mediante Acta de Advertencia, la prohibición de visitar la capital por un término de hasta tres años, así como la imposición de una multa.

Cifras no oficiales señalan, como  promedio, que más de 300 personas son trasladadas semanalmente  a su lugar de residencia oficial, en transporte automotor o por ferrocarril, con custodia policial.

Una vez más, queda probada la violación de los derechos ciudadanos.

Legislación a su disposición

Decreto No. 217 Regulaciones Migratorias Internas para La  Ciudad de La Habana y sus contravenciones.

Decreto-Ley No. 293, modificativo del Decreto No. 217.

Decreto-Ley No. 281, Sistema de Información de Gobierno, deroga la legislación referente al Carnét de Identidad y Registro de Direcciones.

Decreto-Ley No. 288, Modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda.

Resolución No. 32-2010, del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, Reglamento sobre el Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio legislativo de la complementaria del Trabajo por Cuenta Propia.

Compendio legislativo del Banco Central de Cuba, sobre el otorgamiento de créditos y subsidios para la construcción y reparación de viviendas por esfuerzo propio.

Anexo, Breve información estadística sobre la  aplicación del Decreto-Ley No. 217, Fuente: Centro de Información Hablemos Press.

 

 

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