Referencia Juridica

Centro de referencia y consultoria jurídica.

CONFISCACIONES Y NACIONALIZACIONES, CONFLICTO HISTORICO CUBA-ESTADOS UNIDOS

Por Dr. René López Benítez.

El Gobierno Revolucionario dispuso  al triunfo del 1ro. de  enero de 1959 un esquema  de  confiscaciones y nacionalizaciones,  en tres etapas,  como sigue:

Primera etapa:  Se desarrollo  durante el propio 1959, tuvo como objetivo esencial  la confiscación de los bienes propiedad de las personas vinculadas al anterior gobierno, se justificaba en los crímenes cometidos contra la población civil y en enriquecimiento indebido provenientes  del caudal público,

Segunda etapa: En los meses de junio y octubre de 1960 se dispuso la nacionalización de las principales entidades norteamericanas, así como los bienes patrimoniales o administrados por ciudadanos norteamericanos, justificando la necesidad de su recuperación para encausar el desarrollo económico del país,

Tercera etapa:  Como resultado de la profundización de un programa de nuevas relaciones de propiedad personal y de plena configuración a la economía estatal socialista, se ejecutó de octubre de 1960 a marzo de 1968 la nacionalización de grandes, mediadas y pequeñas empresas hasta el momento de propiedad privad, a esta etapa se le llamó  ofensiva revolucionaria.

El caso que nos ocupa en el presente análisis se refiere a la ejecución de la segunda etapa, destinada a la confiscación y/o nacionalización de bienes de entidades extranjeras, no solo las norteamericanas radicadas en el país.

Este plan se fundamentó en:

–          Confiscación de bienes

–          Nacionalización mediante expropiación forzosa, por vía  judicial o administrativa, con indemnización y por compra,

–          Por intervención directa de los organismos estatales, como paso previo a la confiscación, nacionalización o la liquidación de la misma.

La Ley Fundamental del Gobierno Revolucionario de 10 de enero de 1959,  justificando lo anterior en la concepción que la confiscación y nacionalización de las propiedades privadas en el país posibilitó el surgimiento de la propiedad estatal socialista, así como el régimen de propiedad que estableció la Constitución de la República de 24 de febrero de 1976.

Según el legislador, el proceso de nacionalización es un acto de reivindicación económico social, por causa de interés nacional, de beneficio popular y si lleva aparejada, como  se establece  una apropiada indemnización. La nacionalización no considera al sujeto expropiado comisor de delito y por consiguiente no es penado por la Ley, reiterando el ponente que la  Ley No. 851 de 6 de julio de 1960, relativa a las propiedades norteamericanas fue un proceso de nacionalización por vía de expropiación  forzosa, de conformidad como se expresó anteriormente.

La precitada Ley No. 851 autorizó al Presidente de la República y al Primer Ministro, para que, conjuntamente, mediante resolución, decretaran la nacionalización de los bienes o empresas de propiedad de personas naturales o jurídicas  de Estados Unidos de Norteamérica, o de las entidades en que tuvieran interés o participación dichas personas, aunque las mismas hubieran sido constituidas con arreglo a las leyes cubanas, por lo que justifica la ejecución de expropiaciones en esta etapa de 1959 a 1968,

Posteriormente al triunfo revolucionario se inició un éxodo de ciudadanos norteamericanos  radicados en el país, así como de  cubanos que se vieron afectados por las leyes  que nos ocupa. así como un cúmulo de medidas que afectaron sustancialmente la estabilidad y seguridad con que se convivía en Cuba.

El término nacionales norteamericanos significa en el contexto del proceso, aquellas personas naturales que eran ciudadanos de Estados Unidos en el momento en que sus propiedades fueron confiscadas-nacionalizadas por el gobierno de Cuba, o aquellas entidades organizadas bajo las leyes de Estados Unidos y cuyas existencias u otro interés beneficioso fuera poseído en al menos el 50% de personas naturales que fueran ciudadanos de Estados Unidos en el momento de la ejecución de la Ley, estas personas catalogan para participar en el Programa de Demandas Cubanas, establecido por el Congreso de Estados Unidos en 1964 para determinar la cantidad y validez de sus reclamaciones contra el gobierno de Cuba.

Muchos nacionales cubanos, cuyas propiedades fueron expropiadas, posteriormente viajaron a Estados Unidos y se constituyeron como ciudadanos norteamericanos, algunos de ellos han reclamado ser radicados como demandantes  en el registro constituido  al efecto, de tal manera que puedan ser incluidas en eventuales negociaciones o demandas del gobierno norteamericano, o demandas individuales, según el caso,

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) subordinada al  Departamento del Gobierno de Estados unidos mantiene la contabilidad de los activos de personas naturales (norteamericanas y cubanos-norteamericanos) y las jurídicas afectadas por la antes invocada Ley, partiendo de las reclamaciones y demandas interpuestas que en aquel momento ascendía a 1820 millones USD, más los intereses que han generado en la fecha que se valoran en más de 6000 millones USD. El Gobierno de Estados Unidos reconoce 5900 reclamaciones.

La legislación cubana dejó expedita la vía de compensación de los intereses patrimoniales de los estadounidenses afectados, la Ley No. 80, “Ley de Reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas” de 24 de noviembre de 1996, en su artículo 3 establece “que las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el derecho internacional, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de Estados Unidos de América y el Gobierno de Cuba, sobre la base de la igualdad y respeto mutuo. Las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente  con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubano tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos de América.

El Artículo 4 de la referida Ley dispone “Queda excluida de futuras posibles negociaciones referidas a lo expuesto anteriormente, cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América que utilice procedimientos y mecanismos de la Ley Helms-Burton

Teniendo en cuenta las cuantías que constan en los registros contables de la Oficina  de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC), el Gobierno Cubano en representación del pueblo de Cuba, interpuso demanda ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana, de fecha 31 de mayo de 1999, radicada al No. 88-99 de la Sala Segunda  de lo Civil y de lo Administrativo,  con la pretensión concreta que el Gobierno de Estados Unidos responda  civilmente por los daños ocasionados contra la población civil y el pago de la cifra que consta en la demanda en cuestión. El demandado no respondió al emplazamiento y conforme a lo que establece la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, el proceso continuo,  la Sala de referencia  del Tribunal en cuestión, dictó Sentencia No. 110-99 accediendo a la pretensión del demandante, por lo que se atempera la cuantía ascendente a $181 100 millones de dólares estadounidenses a lo reclamado por razón de confiscaciones y nacionalizaciones objeto de análisis.

El Gobierno de Estados Unidos impuso oficialmente el embargo comercial en febrero de 1962, previamente había suspendido la mayor parte de las licencias referente a comercio, industrialización y otros reglones de relaciones comerciales, posteriormente a esta medida, diferentes administraciones del gobierno se han pronunciado y aprobado normas legales para recrudecer el embargo.

Del mismo modo, el Gobierno de Cuba ha interesado de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la aprobación de la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Cuba” obteniendo votaciones  favorables  al tema.  Adicional a la demanda, se adjunta una valoración económica de los daños y perjuicios causados a la economía cubana.

El Presidente Obama durante su estrategia electoral propuso cambios sustanciales en sus relaciones con Cuba, momento de profunda significación se refiere a su determinación  de “Aumentar el contacto con el Pueblo de Cuba” de fecha 13 de abril del 2009 con una serie de medidas, las que fueron rechazadas por el gobierno de Fidel Castro, fundamentando las mismas como prueba de injerencia y falta de voluntad política, interesando un pliego de demanda con temas tan difíciles  e imposible de tratar en el actual estado en que se encuentran las relaciones Cuba-Estados Unidos. Si bien el documento del Presidente Obama no disponía el levantamiento del embargo, a toda luz probaba su capacidad de ir aprobando licencias con capacidad de comercio, trámites migratorios, intercambio científico-técnico, cultural, educacional, etc.,  prueba de ello es la estadística de valores de compras directas de Cuba a proveedores estadounidenses en la última década, de no ir en aumento se debe a la incapacidad de pago provocada por el deterioro de la economía cubana, así como el resultado de los demás intercambios citados.  Ante desastres naturales el gobierno de Estados Unidos propuso acceder a ayudas directas a la población afectada, con la consiguiente negativa cubana, justificando que esa ejecución de ayuda afectaba la ideología revolucionaria del pueblo.

El gobierno revolucionario de Fidel Castro (1959-2008) vinculó su política con el sistema socialista, especialmente con la URSS, su economía se fundamentó en la reciprocidad de  los Acuerdos del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y se desentendió de sus obligaciones legales por los daños causados por las confiscaciones y nacionalizaciones e impuso un método agresivo contra todas las Administraciones Norteamericanas. El actual gobierno de Raúl Castro iniciado en 2008 ha dado señales de iniciar conversaciones para un normal restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos, con las consiguientes condiciones de respeto mutuo y no  injerencia  en asuntos internos, pero ha teniendo el freno de las reflexiones de Fidel Castro, el que por mandato de la actual Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a propuesta del General-Presidente, Fidel  mantiene su condición de referente en política exterior lo que significa que,  con una lenguaje extremadamente agresivo el marcado en el rechazo a la presunción de  diálogo bilateral, pronunciamiento que fue ratificado en su discurso de clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.

Ciudadanos norteamericanos y grupos de negocios estadounidenses se han pronunciado por el interés en invertir en Cuba, en virtud de lo que establece la Ley No. 75 “De la inversión extranjera”, atendiendo a lo que establece la legislación del embargo, no es posible acceder a negociaciones con el gobierno cubano, sería una vía para ir compensando las confiscaciones y/o nacionalizaciones objeto de análisis. Con la aprobación de  modificaciones a la legislación de Trabajo por Cuenta Propia, así como traspaso de la propiedad de viviendas, autos, motos, disposiciones de créditos bancarios, etc.,  se pronuncian ciudadanos norteamericanos y cubanos-norteamericanos en ejecutar negocios y adquirir bienes, lo que el gobierno no dejó vías de realización, a lo que también se le suma la legislación del embargo.

Entidades financieras como  la Clarinbidge,  solicitó con fecha 17 de julio del 2009 a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro una licencia autorizada por el Gobierno de Estados Unidos para comprar las reclamaciones de compensaciones contra Cuba, por concepto de propiedades de estadounidenses confiscadas en la década del 60, a fin de negociarlas con La Habana en un intercambio de deuda por capital, propiedades, inversiones, etc. Representantes de la financiera expresaron que tienen conocimiento que el gobierno cubano tomó en serio y están a la espera de lo que pueda suceder, el Departamento del Tesoro no ha dado respuesta a lo interesado, con un alto nivel de dudas y consideraciones que el gobierno cubano vuelva a confiscar acciones

Esta propuesta de la Financiera al Gobierno de Estados Unidos, con la expectativa del Gobierno de Cuba da fuerza al criterio que no hay base moral o legal para arribar a acuerdos de compensación por las propiedades afectadas  a espalda de los que  han sufrido todos los agravios a manos del gobierno cubano, trabajo forzado o no compensado, encarcelamiento con crueles tratos, pérdida de la vida, abusos psíquicos y físicos, acoso y todos los elementos constitutivos de violación de derechos humanos y democracia, son estos sujetos los que deben tener el peso del procedimiento  para los trámites legales de reclamaciones, existen además muchos casos en que por fallecimiento de los titulares de la confiscación-nacionalización son los herederos los llamados a presentar las demandas por daños y perjuicios.

La política oficial del gobierno de Cuba coincide con los groseros pronunciamientos del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, por lo que se prueba que las relaciones Cuba-Estados Unidos han quedado supeditadas a políticas erróneas Fidel-Chávez, heredadas y ejecutadas por  Raúl-Chávez, con el resultado del estado de descontó y rechazo del pueblo cubano que vio la posibilidad del restablecimiento de las plenas relaciones Cuba-Estados Unidos con las propuestas del Presidente Obama, necesita de la recuperación de la crítica situación económica, política y social que ha afectado ya varias generaciones, probando una constante  violación de los derechos humanos y democracia.

La situación actual del gobierno cubano no da expectativas para una negociación del tema confiscaciones-nacionalizaciones, aún con la variante de indemnizaciones por daños y perjuicios a la economía y la población civil, la inversión extranjera y otras modalidades de negocios con la intervención de norteamericanos y cubanos-norteamericanos sería una vía de iniciar el proceso de negociaciones. Legislación a su disposición:

(1)   Compendio de Legislación en materia de Confiscaciones-Nacionalizaciones 1959-1968 por etapas, incluidas las Leyes 851 y 989.

(2)   Constitución de la República, 24 de febrero de 1976, compendio de legislación constitucional,

(3)   Compendio de legislación Civil  y Administrativo.

dr.renelopez@yahoo.es

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: