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OCTAVO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR

El Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en virtud de lo dispuesto por el articulo 81, inciso b) de la Constitución de la República, convocó a los diputados para la celebración del Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura, a celebrarse el próximo 23 de diciembre, la agenda esta disenada para la realización en un solo día, los únicos dos temas de análisis se centran en la economía y asuntos jurídicos. Para los días 21 y 22 está prevista las sesiones a nivel de Comisiones Permanentes para tratar asuntos afines.

“La Asamblea Nacional del Poder Popular se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones al ano y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la convoque el Consejo de Estado, según establece el artículo 78 de la Constitución de la República”

El Orden del día para el plenario, considera la aprobación del Presupuesto y el Plan de la Economía Nacional para el año 2012, así como el análisis de la ejecución del Presupuesto del presente ano, este ultimo trámite con vista a la adopción de la liquidación del mismo que se aprobará en la sesión de julio del 2012, todos estos documentos fueron revisados y aprobados en principio en la Reunión ampliada del Consejo de Ministros celebrada el 27 y 28 de noviembre, momento en que el General-Presidente se pronuncio, porque una vez aprobada la Ley del Presupuesto no se modificaciones por sobregiros y modificaciones de partidas presupuestarias, algunos Ministros se acostumbraron a demandar del Ministerio de Finanzas y Precios y este automáticamente lo aprobaba, se mantendrá una verificación de la ejecución del Presupuesto, la Contraloría General de la República queda encargada de verificar e informar a la Presidencia del Consejo de Ministros cualquier índice de manifestaciones de indisciplina financiera. Para modificar alguna partida del presupuesto el Consejo de Estado, procederá previa reunión, acuerdos y por Decreto-Ley dispondrá sobre el particular de forma excepcional,

Referente a los ingresos previstos, hay que cumplir con lo planificado, con una verificación mensual, aún cuando los índices por conceptos de impuestos crecerán sustancialmente, en nuestro país no hay experiencia de aportar al fisco dentro de los cronogramas-plazos que dispone la legislación, se impone además lograr el cobro de más de 400millones de pesos en el próximo ano, de los 800millones por concepto de deudas por el incumplimiento de pagos de los efectos electrodomésticos que fueron entregados a la población como parte de la Batalla de Ideas, así como de otros millones de pesos por conceptos de créditos otorgados por el Banco Popular de Ahorro por transferencia de la propiedad de la vivienda y la compraventa del derecho perpetuo de superficie, que desde 1984 aun tienen adeudos, y otros créditos, en la actual situación económica del país no se permite llevar a pérdida en los sistemas contables, si es preciso, los Tribunales de Justicia resolverán estas indisciplinas, conforme a la legislación penal por considerarse un incumplimiento de la obligación, si la legislación penal no tiene previsto encausar por incumplir obligaciones con el estado, se modificara y se aplicara conforme a la necesidad que impere la disciplina ciudadana, tan deteriorada en estos tiempos.

Para Julio próximo está prevista la aprobación de la nueva Ley Tributaria, derogando la actual No. 73, la que en su decursar está obsoleta, con los procedimientos impositivos dispuestos de transferencia de la propiedad de la vivienda, transporte automotor, trabajo por cuenta propia, etc, Los créditos que en la actualidad está generando el Banco a las cooperativas, cuentapropistas y ciudadanos demandando invertir en construcción de viviendas por esfuerzo propio y mantenimiento constructivos, entre otros, siempre y cuando exista seguridad de cobro a los beneficiarios, la situación que confrontamos actualmente no se puede volver a repetir, existen procedimientos que al triunfo de la revolución quedaron inoperantes, afortunadamente no derogadas, como la Ley Hipotecaria de y su reglamento , estos vigentes desde la época de ocupación espanola en Cuba, que solo se tuvo en cuenta en el sector de las inversiones Extranjeras, pero que tampoco se ejecutó.

Referente al Plan de Inversiones, a cargo del Vicepresidente del Consejo de Ministros Ramiro Valdés Menéndez, fue depurado, revisado y aprobado como ante-proyecto en la precitada Reunión Ampliada del Consejo de Ministros ultima, teniendo en cuenta las pretensiones, ahora se aprobará por Ley, con la seguridad que existen todas las capacidades de ejecución, previstas en contratos donde se pueda reclamar los incumplimientos de todo tipo. En tiempo pasados se aprobaban las inversiones, se incumplía su ejecución y el presupuesto era desviado para otros temas o en el peor de los casos se desconocía el destino de los fondos financieros, una vez más la Contraloría General debe constituirse en controladora de los cronogramas de ejecución y de los recursos financieros, materiales y humanos, de todas estas indisciplinas se derivan graves delitos de corrupción administrativa con la participación en algunos casos de importantes empresarios extranjeros radicados en Cuba.

La Contraloría General de la República, como un órgano estatal, estructurado verticalmente en todo el país, con el objetivo y misión fundamental de auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución y fiscalización sobre los Organos del Estado y del Gobierno, a razón de ello se define esencialmente en preservar el control de las finanzas publica y el control económico-administrativo una vez aprobada por Ley u otro imperativo.

En el tema jurídico se tiene prevista la Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, dando cumplimiento al Reglamento de la Asamblea Nacional de Poder Popular .

Para el caso que nos ocupa hay que tener en cuenta que “Los Tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado Capitulo XIII de la Constitución de la República”.

La Ley No. 82 ¨De los Tribunales Populares¨ de fecha 11 de julio de 1997, y su Reglamento adoptado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispone el marco legal para ejercer sus funciones, siempre subordinados a los Órganos legislativo y ejecutivo, por lo que para constituyen un poder nada independiente, en la Reunión ampliada del Consejo de Ministros antes citada, se presentó por parte del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General un análisis-informe de la crítica situación delictiva por territorios, y el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros dio instrucciones precisas al Presidente del Tribunal Supremo y al Fiscal General para hacer cumplir con la vigente Ley No. 62, Código Penal, a su vez acotó la necesidad de modificar el precitado Código Penal para lograr su actualización, ejemplo de ello es la tipificación de delitos como los de corrupción administrativa con sanciones acorde a los tiempos, esta situación no es solo en Cuba, es un delito a instancia internacional. Hay otras acciones delictivas que también tienen que ser objeto de reconsideración en su condición de delito, así como otros que por su escasa entidad pudieran constituirse como contravenciones con sanciones administrativas.

Teniendo en cuenta la proliferación de delitos, se hace necesario la reorganización de las estructuras de los Tribunales, algo así como una especialización por temas, tenemos la experiencia de las Salas de Familia , que antes se sometían a las Salas de lo Civil y lo Administrativo, pudiera tomarse en cuenta la posibilidad de especialidad dentro de la Sala de lo Penal para los casos de corrupción administrativa y otros delitos de corte financiero-mercantil-económico, en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, la Sala Segunda de lo Penal se ocupa del conocimiento de los delitos contra el patrimonio estatal, ganando en experiencia. Las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales y del Supremo tienen que cumplir con lo preceptuado, en la práctica es casi total de inercia empresarial en demandar los incumplimientos, especialmente por cuentas por cobrar, plazos de entrega, calidad, etc.

El sistema de Tribunales, según la organización judicial, esta conformado también por los Tribunales Militares, con salas de justicia propias (Ley No. 97, de 21 de diciembre de del 2002) en función de la Ley de Delitos Militares (Ley No.

Todas estas ideas discutidas en la Reunión Ampliada, se trasladaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional para su análisis, y mediante Dictamen se pronuncie de conjunto con el Informe que presentara el Presidente del Supremo al Legislativo, “Raúl exigió de los Tribunales, sin apartarse de la Ley, aplicar la Ley con todo rigor profesional”

La Fiscalía General de la República está estructurada vertificalmente por Fiscalía General, Provinciales y Municipales, (Ley No. 83 de 11 de julio de 1997) con su Reglamento, dispuesto mediante Acuerdo del Consejo de Estado de fecha 11 de julio de 1997, a su vez, le esta subordinada como parte de la precitada Ley la Fiscalia Militar.(Ley No. 101 de 10 de junio del 2006, así como su Reglamento, Resolución No. 104 de 6 de junio del 2007, del Fiscal General de la República).

Referente al Informe de Rendición de Cuentas de la Fiscalía General se debatió la necesidad de definición sobre la Atención a la Población, desde hace anos se esta recalcando en las Sesiones de la Asamblea, así como en los organos provinciales y municipales del Poder Popular, la necesidad de adoptar el procedimiento sobre el particular, la población en Cuba se queja a todos los niveles, a la Asamblea Nacional., al Consejo de Estado, a la Fiscalía General, al Tribunal Supremo y los ciudadanos no reciben ni la orientación y mucho menos solución al asunto planteado. Hasta la fecha con el sentido heredado de la sociedad socialista , la Fiscalía General ejerce la atención al derecho Ciudadano y con esa visión tiene estructurada la Dirección de Derechos Ciudadanos que no responde a los indicativos de la Constitución de la República. Ni a los requerimientos de la población. (Titulo III, Control y Preservación de la Legalidad, Capitulo III, articulo 24.1 al 24. 4 de la Ley No. 83)

Otro tema de importancia es la violación de los procedimientos y términos procesales que establece la Ley No. 5 Ley de Procedimiento Penal, otros sin garantías procesales y en los casos de sancionados quedan en estado de indefensión al incumplirse por parte del Ministerio del Interior el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la Dirección de Causas penales, y la Dirección de Instrucción Penal de la precitada Fiscalía no toman en cuenta estos elementos de peso. La referida Dirección de Establecimientos Penitenciarios muchas veces no ejecutan los mandatos de los Tribunales y de la Fiscalía por no contar con la aprobación de la Seguridad del Estado, este extremo es ilegal por no contar con respaldo de procedimientos.

Existe una dualidad de funciones en la Contraloría general de la República y la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General, aún cuando la misión de enfrentamiento al delito es parte de la Fiscalía. (Ley No. 83, Titulo II, Control y Preservación del derecho, Capitulo II, Verificaciones Fiscales, Artículos 22 y 23).

Se definió la necesidad que la Fiscalía ejerza su autoridad en función de preservar los derechos patrimoniales estatales y ciudadanos, y muy especialmente los de la familia, la ninez y la juventud y con este sentido se trasladó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea su valoración y el anteproyecto de informe, para su análisis y la propuesta de Dictamen que deberán aprobar los Diputados en el evento legislativo.

A toda luz ha quedado probado que la Ley No. 62, Código Penal, y la Ley No. 5, Ley de Procedimiento Penal debe ser revisada y actualizada.

En el contexto de las Comisiones Permanentes, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos conocerá la ejecución de lo dispuesto por
a) Decreto-Ley No. 259, sobre arrendamiento de tierras ociosas
b) Decreto-Ley No. 288, modificativo de la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda
c) Decreto No. 292, Regulación para la transmisión de la propiedad de vehículos de motor
así como las perspectivas de lo dispuesto por el Decreto-Ley No. 289 el otorgamiento de créditos.

De conjunto con la Comisión de Asuntos Económicos controlaran la ejecución de la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sobre el trabajo por cuenta propia, y la contratación económica en entidades estatales y otras modalidades de la inversión extranjera, así como el Decreto-Ley No. 259 sobre el arrendamiento de tierras ociosas.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba promoverán las ideas para conformar el ante-proyecto del nuevo Código de Trabajo, elemento que fue discutido y enriquecido con planteamientos de los asistentes a la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros. El actual Código en inoperante, teniendo en cuenta las múltiples normas aprobadas y que no modificaban o derogaban lo que debió ser el texto fundamental que norme las relaciones de empleo. Para finales del ano 2012 se presentará al legislativo el proyecto.

Esta prevista la presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Instituto de Deporte, Educación Física y Recreación (INDER), organismo que desde hace anos esta propuesto para insertarse en un ministerio que fusione a los Ministerios de Educación y Educación Superior, y en una fase mas avanzada al Ministerio de Cultura, esta etapa aún no está en el cronograma, con el fin de ir logrando una nueva restructuración de los Organismos de la Administración Central del Estado con una visión desentralizada. El Informe del INDER presentará además una visión de la restructuración del Instituto Superior de Educación Física disenado como Universidad del Deporte, dándole termino a la nomenclatura de la desaparecida comunidad socialista, con la lógica subordinación al sistema de educación superior, presentara además una valoración de logros y deficiencias en eventos nacionales e internacionales, con una marcada resena al deterioro técnico-constructivos de las instalaciones.

La Comisión de Atención a los Servicios conocerá una información circulada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre el proceso de reducción de plantillas en los organismos de
La Administración Central del Estado y su sistema empresarial. Sobre este tema que las Reuniones Mensuales del Consejo de Ministros toma nota de su ejecución, se analizará la ejecución de la Resolución No. 32-2010 en los Ministerios de Comercio Interior y de Transporte, el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba que tiende a fusionarse con el Ministerio del Transporte, se tiene previsto la fusión de los Ministerios de la Industria Básica, Ligera y Sideromecánica, quedando disponibles miles de trabajadores, los que al carecer de nuevas propuestas, la única posibilidad será la de transitar por lo vincularse al cuentapropismo. El Ministerio de Cultura ajustará su plantilla a principios del nuevo ano, con el resultado de miles de empleados cesantes,

En esta oportunidad no se verificará el estado de ejecución del Trabajo por Cuentapropia, teniendo en cuenta que para fin de ano se tendrá la información fundamental de licencias otorgadas, revocadas y canceladas, así como el estado de cuenta del pago de impuestos, extremo que se presentará a la consideración de la Reunión Ampliada del Consejo de Ministros a celebrarse a finales de enero próximo.

La Comisión de Relaciones Internacionales ajustara sus debates al proceso de los cinco espías presos en Estados Unidos, así como los recursos interpuestos ante la Administración de Justicia, otro tema será el análisis de una información sobre la propuesta de eliminar los viajes y remezas a cubanos desde Estados Unidos.

El periodo de sesiones ordinario no aportara nuevos elementos sobre la aprobación de las modificaciones a la Ley No. 1312, Ley de Migración de fecha 20 de septiembre de 1976, las que serán promulgadas mediante Decreto-Ley, teniendo en cuenta que el Asamblea Nacional no es el marco apropiado para análisis y determinaciones de un tema con tanta expectativas.

Legislación a su disposición
1. Constitución de la República
2. Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular
3. Ley No. 82, Ley de los Tribunales Populares
4. Reglamento de la Ley de Tribunales Populares, Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
5. Ley No. 83, Ley de la Fiscalía General de la República
6. Reglamento de la Fiscalía General de la República, Acuerdo del Consejo de Estado
7. Ley No. 101, de la Fiscalía Militar
8. Resolución No. 104-07, de la Fiscalía General, Reglamento de la Ley No. 101
9. Ley No. 5 Ley de Procedimiento Penal
10. Ley No. 62, Código Penal
11. Decreto-Ley No. 259
12. Decreto-Ley No. 288
13. Decreto-Ley No. 289
14. Decreto No. 292
15. Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
16. Ley No. 1312, Ley de Migración
17. Ley No. 1313, Ley de Extranjería

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