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Consideraciones sobre procesos de modificaciones propuestas por el Partido y el Gobierno

En la sesión plenaria del séptimo período de sesiones de la VII legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular se presentó a la consideración de los diputados la Propuesta de aprobación de la Comisión encargada de la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados por el VI Congreso del Partido, la misma está presidida por el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Marino Murillo Jorge, el documento en cuestión fue aprobado previo el dictámen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Legislativo con las consideraciones sobre el tema, fundamentalmente sobre el ordenamiento de los subgrupos, la plantilla total de cargos de estos, quedando otros subgrupos no profesionales que trabajarán desde sus propios organismos, ejemplo de ello es el de Legislación integrado por 30 abogados subordinados a la Ministra de Justicia .

Esta nueva estructura organizativa no suplanta las obligaciones y funciones de los Organismos de la Administración Central del Estado, a su vez se conoció que en el mes de septiembre próximo se presentará a la dirección del gobierno el cronograma de trabajo, dirigido a implementar los lineamientos y aquellos temas que se presenten a su consideración no previsto en los referidos lineamientos para el período 2011-2015. Es de senalar que en no exíste un Plan Legislativo en la Asamblea Nacional ni en el Gobierno encargado del estudio sistemático de la legislación

Especialmente significativo fue el reconocimiento del General-Presidente al senalar que
“El mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos de los acuerdos del Sexto Congreso es la barrera sicológica formada por la incercia, el inmovilismo, la simulación o doble moral, la indiferencia e insensibilidad y que estamos obligados a rebazar con constancia y firmeza”. Es importante significar que las medidas propuestas de modificaciones forman parte de los derechos ciudadanos que han sido violentados con normas legales y fundamentos ideológicos en estos cincuenta anos de poder revolucionario, es evidente que algunos dirigentes históricos ven con apatía y recelos esta minima apertura democrática de derecho, de los resultados de estas transformaciones no se puden incluir por ley natural de la vida a la actual dirección política y de gobierno.

Las modificaciones a la Ley No. 65 Segunda Ley General de la Vivienda de 27 de diciembre de 1987, el traspaso de vehículos (autos y motos), y la Ley No. 73, Ley Tributaria deben aprobarse en la sesión de diciembre, salvo que se convoque por el Consejo de Estado una sesión extraordinaria, ya que está previsto para esa sesión la aprobación de las Leyes de Presupuesto y del Plan de la Economía, con el importante Plan de Inversiones, asunto que trató las indicaciones-lineamientos generales para su preparación, dispuestas en la Reunión ampliada del Consejo de Ministros, el que debe superar incoherencias y deficiencias de conciliación que aún persisten, además de la preparación de la Conferencia Nacional del Partido a convocada para el 28 de enero del 2012, la que aprobará cambios sustanciales en la política interna en en sus relaciones con el estado y el gobierno, así como modificaciones a sus documentos rectores aprobados en congresos anteriores y que el VI no tomó en cuenta por dedicarse a temas de la economía nacional.

Los anuncios presentados por Raúl Castro, incluídos la reforma a la legislación migratoria ha causado grandes expectativas en los cubanos y hasta de los cubanos residentes en el exterior, los que han visto afectado sus derechos por el solo hecho de haber emigrado.

De los precitados anunciones, se ha iniciado un período de reorganización de bancos particulares de permutas y corredores de compra-ventas de viviendas, gestores de trámites legales, etc, al margen de los oficios aprobados, los que deben ser objeto de análisis para incorporarlos a lo dispuesto por la Resolución No. 32-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo referente a trabajo por cuenta propia, para que en el futuro no sean objeto de medidas administrativas o penales que atenten contra el normal desarrollo de las precitadas apertures de cambio como ha sucedido en anteriores ocasiones.

Otros temas objeto de análisis es lo dispuesto por la Resolución No. 37-2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en lo referente a la disponibilidad de más de un millón y medio de trabajadores excedentes de la economía estatal a otras funciones como el cuentapropismo, con modificaciones en el régimen tributario, comercialización de equipos diversos cuya venta no estaba permitida a nacionales, etc. La fundamentación y procedimiento que estableció el Decreto-Ley No. 259 sobre tierras ociosas y que será modificada por estar viciada de orígen, entre otros temas por la burocracia y la corrupción administrativa etc, se ratificó por el Presidente del Consejo de Estado y de Ministros “necesarias para mantener la estabilidad y desarrollo del sistema socialista cubano”.

Está pendiente presentar las modificaciones a la Constitución de la República y la Ley No. 52 “Ley Electoral” en lo referente al término propuesto por Raúl Castro para ocupar la Presidencia del Consejo de Estado y otros cargos públicos en dos períodos consecutivos de cinco anos, sobre este tema no ha habido pronunciamientos recientes, se impone que la apertura de propuestas y consideraciones ciudadanas que aporten criterios positivos sobre el asunto, sobre el tema es permitido releer el planteamiento de Raúl que “conociendo a los cubanos y por su importancia repito: todas las opiniones deben ser analizadas y cuando no se alcance el consenso, las discrepancies se elevarán a las instancias superiors facultadas para decidir y además nadie está mandatado para impedirlo”.

Todo indica que el General-Presidente está determinado con sus propuestas de modificaciones a herradicar las normas instauradas por el poder revolucionario en cincuenta anos, pero Cuba necesita muchos más que una apertura legal, el proceso de cambio hacía un período de transición democrática se impone.

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